COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS ACCIONES DE NULIDAD DEL CONTRATO DE APORTACIÓN DE TIERRAS EJIDALES A UN FIDEICOMISO Y DEL DE NULIDAD DE LA COMPRAVENTA EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, SEXTO, DÉCIMO Y DÉCIMO CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE MAYO DE 2019. MAYORÍA DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO (VOTO CONCURRENTE), JOSÉ LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, ELISEO PUGA CERVANTES, FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ, ROBERTO RAMÍREZ RUIZ, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO (VOTO CONCURRENTE), FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN Y MANUEL ERNESTO SALOMA VERA. DISIDENTE: MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO. PONENTE: MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO. SECRETARIOS: ROBERTO SÁENZ GARCÍA Y JESÚS JULIO HINOJOSA CERÓN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, es competente para conocer de la denuncia de contradicción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se refiere a la posible contradicción de criterios, entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló la parte quejosa en los juicios de amparo en los que se pronunciaron los criterios contendientes, conforme a lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Posturas contendientes. Los Tribunales Colegiados contendientes sustentaron los criterios, materia de la contradicción de tesis, en las consideraciones de las ejecutorias que a continuación se precisan:
I. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver los juicios de amparo directo DC. 843/2018, DC. 844/2018, DC. 862/2018 y DC. 883/2018, de su índice, sostuvo en esencia que si el actor reclamaba la nulidad de un contrato de compraventa ad corpus en ejecución de un fideicomiso y la extinción parcial del mismo, así como la nulidad de la escritura pública que contenía dicho acto y, en consecuencia, la restitución de las parcelas mencionadas en su escrito de demanda, con base en que el contrato de aportación al fideicomiso se celebró en contravención a las disposiciones agrarias, era evidente que desde el momento en que se celebró el contrato de aportación al fideicomiso el actor transmitió la propiedad de las parcelas; por lo que, para establecer la competencia del órgano jurisdiccional que debía conocer de la enajenación de parcelas ejidales, era necesario atender al momento en que se celebró dicho contrato de aportación y no a la condición que privaba cuando se celebró la compraventa.
Premisa de la cual consideró correcta la determinación del tribunal de apelación señalado como responsable, en el sentido de que la competencia para conocer de ese tipo de asuntos debía recaer –por razón de materia– en los Tribunales Unitarios Agrarios, pues para determinar si la compraventa era nula o no, se debía analizar previamente la validez o no del fideicomiso de aportación de las tierras parcelarias, pues la eficacia del contrato de aportación incidiría en la compraventa; de forma tal que se debía atender a la condición que sobre las parcelas imperaba al momento en que se celebró el contrato de aportación al fideicomiso y no a la que regía con posterioridad, en que se celebró la compraventa cuya nulidad se reclamó.
Por lo que, si al momento en que se celebró el contrato de aportación al fideicomiso el demandante –en su calidad de ejidatario– no tenía dominio pleno sobre las parcelas ejidales materia del contrato, era evidente que los competentes para conocer de los conflictos suscitados por la enajenación de tales parcelas eran los Tribunales Unitarios Agrarios y no los tribunales comunes; independientemente de la condición que respecto de dichas tierras imperara al momento en que el ejidatario presentó su demanda, pues lo que debía considerarse era la situación que respecto de ellas regía al momento de celebrar el contrato de aportación al fideicomiso.
En efecto, las consideraciones que sustentaron las sentencias pronunciadas por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los juicios de amparo directo DC. 843/2018, DC. 844/2018, DC. 862/2018 y DC. 883/2018, son las mismas y son del tenor siguiente:
"... De lo antes asentado se advierte que si el demandante reclama la nulidad del contrato de compraventa ad corpus en ejecución del fideicomiso y la extinción parcial del mismo, así como la nulidad de la escritura pública que contiene dicho acto y, en consecuencia, la restitución de las parcelas mencionadas en su escrito inicial de demanda, con base en que el contrato de aportación al fideicomiso (cuya ejecución se llevó a cabo en el contrato de compraventa cuya nulidad se reclamó) se celebró en contravención a las disposiciones agrarias, es evidente que desde el momento en que se celebró el contrato de aportación al fideicomiso del que derivó la compraventa cuya nulidad se reclama, el actor transmitió la propiedad de las parcelas ahí descritas, de modo que para establecer la competencia del órgano jurisdiccional que conocerá de la enajenación de parcelas ejidales se debe atender a ese momento y no al posterior, en el que se celebró la compraventa ad corpus cuya nulidad reclamó.
"De esta forma, como correctamente lo determinó el tribunal responsable, si al momento en que se celebró el contrato de aportación al fideicomiso, del que deriva el contrato de compraventa cuya nulidad reclamó, el demandante, en su calidad de ejidatario, no tenía dominio pleno sobre las parcelas ejidales materia de dicho contrato –como lo expresó en su escrito inicial de demanda–, es evidente que es competente para conocer de los conflictos suscitados por la enajenación de tales parcelas los tribunales del derecho común y no los Tribunales Unitarios Agrarios (sic), en términos de la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el propio promovente invoca.
"Así, entonces, con independencia de si al presentar la demanda el ejidatario ya había adquirido el dominio pleno de sus parcelas, o bien, si actualmente éstas están inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Quintana Roo, lo trascendente es que al momento de celebrar el contrato de aportación, que es el antecedente inmediato que dio lugar al contrato de compraventa cuya nulidad se reclama, es decir, al enajenar los bienes, el ejidatario no había adquirido el pleno dominio de las parcelas, de modo que, por ese motivo, resultan competentes los tribunales agrarios ..."
II. Este criterio fue sustentado también por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DC. 854/2018, quien concluyó con las siguientes consideraciones:
"... De lo antes asentado se advierte que si el demandante reclama la nulidad del contrato de compraventa ad corpus en ejecución del fideicomiso y la extinción parcial del mismo, así como la nulidad de la escritura pública que contiene dicho acto y, en consecuencia, la restitución de las parcelas mencionadas en su escrito inicial de demanda, con base en que el contrato de aportación al fideicomiso (cuya ejecución se llevó a cabo en el contrato de compraventa cuya nulidad se reclamó) se celebró en contravención a las disposiciones agrarias, es evidente que desde el momento en que se celebró el contrato de aportación al fideicomiso del que derivó la compraventa cuya nulidad se reclama, el actor transmitió la propiedad de las parcelas ahí descritas, de modo que para establecer la competencia del órgano jurisdiccional que conocerá de la enajenación de parcelas ejidales se debe atender a ese momento y no al posterior, en el que se celebró la compraventa ad corpus cuya nulidad reclamó.
"De esta forma, como correctamente lo determinó el tribunal responsable, si al momento en que se celebró el contrato de aportación al fideicomiso, del que deriva el contrato de compraventa cuya nulidad reclamó, el demandante, en su calidad de ejidatario, no tenía dominio pleno sobre las parcelas ejidales materia de dicho contrato –como lo expresó en su escrito inicial de demanda–, es evidente que es competente para conocer de los conflictos suscitados por la enajenación de tales parcelas los tribunales del derecho común y no los Tribunales Unitarios Agrarios (sic), en términos de la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el propio promovente invoca.
"Así, entonces, con independencia de si al presentar la demanda el ejidatario ya había adquirido el dominio pleno de sus parcelas, o bien, si actualmente éstas están inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Quintana Roo, lo trascendente es que al momento de celebrar el contrato de aportación, que es el antecedente inmediato que dio lugar al contrato de compraventa cuya nulidad se reclama, es decir, al enajenar los bienes, el ejidatario no había adquirido el pleno dominio de las parcelas, de modo que, por ese motivo, resultan competentes los tribunales agrarios ..."
III. Asimismo, al resolver el juicio de amparo directo DC. 855/2018 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostuvo en esencia que la competencia para conocer de acciones que involucran la nulidad de aportación de derechos ejidales y la compraventa en ejecución de fideicomiso, debía recaer en un tribunal agrario, puesto que su análisis implica la aplicación de leyes sustantivas contenidas en la Ley Agraria; y si bien esa legislación permite la enajenación de parcelas, lo cierto es que ello, debe acontecer hasta que se ha expedido título de propiedad y una vez que los terrenos ejidales han salido del padrón agrario, pero no antes.
Por lo que, debido a la naturaleza de la acción ejercida en el juicio de origen, ésta incidía en el ámbito agrario, ya que la pretensión que subyace a la nulidad de compraventa en ejecución de fideicomiso es el de nulidad de aportación de derechos ejidales al fideicomiso; por lo que, tanto la acción de nulidad del contrato de aportación de derechos parcelarios y la de la compraventa en ejecución del fideicomiso, son de naturaleza agraria, pues si el propio actor mencionó que aportó sus derechos ejidales al fideicomiso y que las parcelas después fueron vendidas al ejecutarse el fideicomiso, es inconcuso que se trata de bienes sujetos al régimen previsto en la Ley Agraria.
La parte conducente de la ejecutoria del juicio de amparo directo DC. 855/2018, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dice a la letra:
"... Precisado lo anterior, tal y como fue advertido por el tribunal de alzada, se obtiene que el actor reclamó la nulidad del contrato de aportación de derechos ejidales al fideicomiso ********** y la nulidad del contrato de compraventa en ejecución del citado fideicomiso, en virtud de que consideró se conculcan disposiciones agrarias, dado que si bien esta legislación permite la enajenación de las parcelas, pero que ello debe acontecer hasta que se ha expedido título de propiedad y una vez que los terrenos ejidales han salido del padrón agrario, pero no antes, y en consideración a que estima que fue engañado y recibió un precio injusto, muy abajo del real, el cual debió fijarse conforme al avalúo que debiera rendir la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, hoy Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
"En este tenor, se tiene que debido a la naturaleza de la acción ejercida, ésta incide en el ámbito agrario, ya que la pretensión que subyace a la nulidad de compraventa en ejecución de fideicomiso es el de nulidad de aportación de derechos ejidales al fideicomiso.
"Así, tanto la acción de nulidad del contrato de aportación de derechos parcelarios y del (sic) compraventa en ejecución del fideicomiso, son de naturaleza agraria, toda vez que según refiere el actor, él aportó derechos ejidales al fideicomiso y las parcelas después fueron vendidas al ejecutarse el fideicomiso; por tanto se obtiene que se trata de bienes sujetos al régimen previsto en la Ley Agraria, lo cual implica el análisis y aplicación de normas sustantivas contenidas en esa ley.
"Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 125/99 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 23, que dice:
"‘COMPETENCIA EN MATERIA AGRARIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CONOCER DE LAS ACCIONES QUE SE EJERCITEN SOBRE LA POSESIÓN DE PREDIOS PRESUNTAMENTE EJIDALES.—Con el fin de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de una acción sobre posesión de predios, deben tomarse en cuenta el objeto de la demanda, los planteamientos formulados por las partes, los hechos narrados y los elementos probatorios con los que se cuente, por lo que si de las constancias de autos se desprende que una de las partes es un sujeto de derecho agrario y que la acción recae sobre un presunto predio ejidal, la materia sobre la que versa la pretensión, aunque en principio sea de naturaleza civil, pudiere quedar comprendida en la agraria y, por ende, el órgano a quien debe fincársele la competencia es al Tribunal Unitario Agrario del lugar donde se ubica el predio, en la inteligencia de que la resolución correspondiente no determina la naturaleza de éste.’
"De ahí que la naturaleza de las acciones involucran (nulidad de aportación de derechos ejidales y compraventa en ejecución de fideicomiso) el análisis y aplicación de leyes sustantivas contenidas en la Ley Agraria; entonces, el órgano jurisdiccional en materia civil carece de competencia para conocer de la acción ejercida en la vía mercantil, toda vez que ello corresponde al tribunal agrario.
"Sin que sea óbice para lo anterior, que el actor haya reclamado la nulidad de la compraventa realizada en ejecución del fideicomiso, y que estime que adolece de vicios propios, así como que considere que se le ocasionó el daño moral, establecido en el Código Civil Federal, y que cuando se celebró esta enajenación, ya se había obtenido el dominio pleno de las parcelas, por lo cual considera que las mismas dejaron de pertenecer al régimen agrario; razón por la cual estima que la demanda procede en la vía ordinaria mercantil y debe conocer y resolver el Juez federal en materia Civil.
"Empero, lo relevante es que la citada compraventa se dio en ejecución de un fideicomiso, en el cual el actor dice haber aportado sus derechos ejidales; es decir, el segundo acto impugnado de nulo, la compraventa en ejecución de fideicomiso, no puede desvincularse ni analizarse si antes no se estudian los derechos agrarios que el actor dice haber tenido respecto de las parcelas, vendidas por los fiduciarios; por ende en razón de la materia agraria que subyace y predomina aun a la compraventa, corresponderá al Tribunal Unitario Agrario la validación de la aportación de los derechos ejidales al multicitado fideicomiso; lo que evidencia que la competencia para conocer de las prestaciones reclamadas en el juicio natural, como se explicó previamente recae ante dicho órgano.
"Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIX, constitucional, el cual dispone lo siguiente:
"‘Artículo 27. ... XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de le (sic) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.—Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.—La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria."
"De lo anterior, se advierte que la justicia agraria tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, es decir, todas aquellas tierras que representan la propiedad rural y precisa en forma enunciativa, el ámbito específico de la justicia agraria que corresponde administrar a los tribunales allí previstos, dejando abierta la posibilidad para que el legislador ordinario, al reglamentar dicha norma constitucional, establezca con la mayor claridad posible cuáles son los asuntos que, además de los enunciados, corresponderá conocer a los tribunales que administren la justicia agraria.
"Esto es, fue voluntad del Poder Revisor de la Constitución crear una jurisdicción especializada en donde se ventilen todos aquellos conflictos que por su trascendencia puedan afectar la propiedad rural.
"Por su parte, el artículo 163 de la Ley Agraria, establece lo siguiente:
"‘Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley ..."
"En el citado precepto se establece el ámbito de la justicia agraria, lo cual comprende a los juicios que tengan por objeto sustanciar, dirimir y resolver controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la propia ley.
"Asimismo, el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios limita la competencia de dichos órganos en los siguientes términos:
"‘Artículo 18. Los Tribunales Unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo.—Los Tribunales Unitarios serán competentes para conocer: I. De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones; II. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares; III. Del reconocimiento del régimen comunal; IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; V.-De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; VII. De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales; VIII. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias; IX. De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas; X. De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; y XI. De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales, a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria; XII. De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria; XIII. De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran apegados a las disposiciones legales aplicables; y, XIV. De los demás asuntos que determinen las leyes.’
"De las diversas hipótesis que establecen la competencia material de los Tribunales Unitarios Agrarios destaca que conocerán de controversias que se susciten entre gobernados (fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, entre otras) pudiendo acudir a ellas aquellos que ordinariamente se han considerado como sujetos de derecho agrario –núcleos de población ejidal o comunal, ejidatarios o comuneros–, o bien pequeños propietarios o sociedades; inclusive, bastará que el gobernado pretenda la nulidad de un acto o contrato, por estimar que contraviene las ‘leyes agrarias’, para que se surta la competencia de los Tribunales Agrarios.
"Por otra parte, el legislador otorgó a los Tribunales Unitarios Agrarios una competencia análoga a la contenciosa administrativa, a través de la cual podrán declarar la nulidad de cualquier resolución dictada por una autoridad agraria, que altere, modifique o extinga un derecho o determine una obligación (fracción IV).
"De ahí que los juicios agrarios a que se refiere el artículo 163 de la Ley Agraria son todos aquellos en los que en la materia litigiosa, o de mera jurisdicción voluntaria, se involucra la aplicación o interpretación de las normas sustantivas que integran la Ley Agraria, con independencia de que los conflictos se susciten entre las autoridades agrarias y los gobernados, o entre estos últimos.
"Por tanto, el conocimiento del asunto compete, a un Tribunal Unitario Agrario, no así a la autoridad civil federal, toda vez que como se vio, la pretensión que subyace en la demanda de origen se sustenta en que el actor estima que no podía ceder los derechos ejidales a los fiduciarios, porque cuando celebró dicho acto todavía no había adquirido el dominio pleno ni se había expedido título de propiedad, porque conforme al artículo 82 de la Ley Agraria, el cambio de régimen jurídico al que quedan sujetas las parcelas opera a partir de que se cancela la inscripción agraria y se expide título de propiedad a favor del ejidatario.
"En diverso aspecto, resulta infundado el argumento, en el cual el quejoso dice que el Tribunal Unitario soslayó el contenido de la jurisprudencia de rubro: ‘PARCELA EJIDAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS POR SU ENAJENACIÓN CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS, SI AL MOMENTO DE LA ENAJENACIÓN EL EJIDATARIO NO HA ADQUIRIDO EL DOMINIO PLENO Y A LOS TRIBUNALES COMUNES SI LA ADQUISICIÓN YA ERA PLENA, SIN QUE PARA RESOLVERLO PUEDA ATENDERSE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.’
"Se estima que la autoridad no soslayó dicha jurisprudencia, porque al respecto expuso lo siguiente:
"‘En virtud de lo anterior, resulta infundado el argumento hecho valer por el recurrente, en cuanto a que el Juez omitió aplicar la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «PARCELA EJIDAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS POR SU ENAJENACIÓN CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS, SI AL MOMENTO DE LA ENAJENACIÓN EL EJIDATARIO NO HA ADQUIRIDO EL DOMINIO PLENO Y A LOS TRIBUNALES COMUNES SI LA ADQUISICIÓN YA ERA PLENA, SIN QUE PARA RESOLVERLO PUEDA ATENDERSE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.».—Es así, pues lo que el actor pretende es justificar la competencia del Juez de Distrito en Materia Civil aduciendo que, conforme al señalado criterio jurisprudencial, el conocimiento del asunto corresponde a los tribunales comunes, porque al momento en que se realizó la compraventa, la adquisición de la parcela ya era plena; sin embargo, conforme a lo expuesto, primeramente deberá analizarse la nulidad del contrato de aportación que reclama el accionante, mismo que según lo narrado por éste, al momento de su celebración ********** no tenía el dominio pleno sobre las parcelas aportadas al fideicomiso.—Por lo que, aun cuando se considerara que al llevarse a cabo la compraventa **********, ya tuviera el dominio pleno sobre las tierras, ello no justificaría que el criterio jurisprudencial señalado pueda ser aplicado, en el sentido de fincar la competencia a favor de los tribunales comunes, pues en primer término deberá verificarse la validez del contrato de aportación para posteriormente resolver sobre la nulidad del contrato de compraventa, tomando en cuenta que, según el recurrente, al momento en que se celebró el contrato de aportación el ejidatario no tenía el dominio pleno sobre las parcelas aportadas, porque el Registro Agrario Nacional no había hecho la cancelación de los derechos agrarios, ni le había expedido el título de propiedad respectivo en términos del artículo 82 de la Ley Agraria.’
"En ese tenor, la autoridad dio contestación al agravio respectivo, estableció por qué estimó que la citada jurisprudencia no favorecía al apelante, y este Tribunal Colegiado estima legal la consideración expresada por el tribunal de alzada, porque en la multicitada jurisprudencia, nuestro Máximo Tribunal del País estableció los dos supuestos siguientes:
"1. La competencia para conocer de conflictos suscitados por enajenación de parcelas corresponde a Tribunales Unitarios Agrarios, si al momento de realizar la enajenación el ejidatario no ha adquirido el dominio pleno.
"2. La competencia para conocer de conflictos suscitados por enajenación de parcelas corresponde a Tribunales Comunes, si al momento de realizar la enajenación el ejidatario ha adquirido el dominio pleno.
"En el caso, se reitera, según expuso el quejoso y actor, él cedió los derechos ejidales al fideicomiso citado cuando no había obtenido el dominio pleno de las parcelas, las cuales en forma posterior fueron vendidas por los fiduciarios; por ende, la competencia opera a favor del Tribunal Agrario, ya que aquella cesión se relaciona con derechos ejidales, y no obstante que el ahora inconforme dice que la compraventa se hizo cuando ya había adquirido el dominio pleno de las parcelas; empero, lo relevante es que la naturaleza de la primera nulidad que debe ser constatada es de materia agraria con aplicación de legislación agraria, y a partir de establecer si dicha cesión fue nula o no es que después procederá determinar lo relativo a la nulidad de la compraventa en ejecución de aquel fideicomiso.
"Aún más, no obstante que es verdad que el contrato de fideicomiso se regula en el artículo 75 del Código de Comercio y en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; sin embargo, estos aspectos son insuficientes para estimar que correspondiera conocer de la demanda al Juez de Distrito en Materia Civil, porque el actor sustentó la nulidad del contrato de aportación de derechos ejidales al fideicomiso, en virtud de que considera que se violentó la disposición normativa agraria y la aplicación de éstas corresponde a tribunales especializados en esa materia; ello con fundamento en el artículo 163 de la Ley Agraria.
"Así, en atención (sic) que el actor sustentó la nulidad del contrato de aportación de derechos ejidales a un fideicomiso, en consideración a que estima que se violentó la legislación agraria; por ende, corresponde por razón de materia conocer a una autoridad agraria, ya que la sola mención de que al tratarse de un fideicomiso y que éste se encuentra regulado en la legislación mercantil, no puede dar lugar a pensar que se ejerce una acción mercantil y que debiera conocer una autoridad civil, porque se reitera, para determinar a cuál autoridad en razón de la materia corresponde la competencia, se debe tomar en cuenta, entre otros elementos, cuál es la legislación que realmente se pretende aplicar y cuál es la naturaleza de los derechos controvertidos; y en este caso, se insiste, la acción se vincula con los derechos agrarios que el accionante estima haber tenido al realizar la aportación al fideicomiso, ya que así lo precisó el mismo actor en la demanda inicial y en la que dio origen al juicio constitucional y reclama la aplicación de la legislación agraria.
"Sin que con lo anterior se restrinja el derecho del gobernado a obtener impartición de justicia, toda vez que si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia –acceso a una tutela judicial efectiva–, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, entre los cuales se encuentra la competencia en razón de la materia.
"Lo anterior se estima, porque los tribunales no pueden dejar de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, y dejar al arbitrio del justiciable escoger cuál tribunal es competente en razón de la materia, porque estime que se trate de un procedimiento más rápido, ya que se provocaría con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.
"Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Tomo I, octubre de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28689-6d54c227/competencia-para-conocer-de-las-acciones-de-nulidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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