CRÉDITO NEGATIVO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. CONSTITUYE UN BENEFICIO FISCAL “NO ESTRUCTURAL”, POR LO QUE NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CRÉDITO NEGATIVO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. NO ES EXIGIBLE SU DEVOLUCIÓN COMO PAGO DE LO INDEBIDO NI COMO SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, AL NO TENER LA NATURALEZA DE CUENTA POR COBRAR.
AMPARO EN REVISIÓN 875/2016. ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE C.V. 21 DE JUNIO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.
III. Competencia
18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a lo previsto en los puntos primero, segundo, fracción III, y tercero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto, en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo décimo segundo transitorio del decreto que abrogó la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en relación con los artículos 11 y 21, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece.
19. Además, se estima pertinente aclarar que, aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que, en forma ordinaria, debe conocer esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el párrafo primero del artículo 86 del citado reglamento dispone que –al igual que los amparos directos en revisión– los amparos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros de ambas Salas, de manera que si el recurso que nos ocupa se turnó a un Ministro adscrito a esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro para que lo resuelva el Pleno, entonces, en términos de lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, esta Sala debe abocarse al mismo.
IV. Oportunidad
20. En virtud de que el Tribunal Colegiado no efectuó el análisis de la oportunidad del recurso de revisión, esta Primera Sala procede a su estudio.
21. En el caso, el recurso de revisión interpuesto por la quejosa fue oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias de autos se advierte que la sentencia de veintiocho de enero de dos mil quince, fue notificada a la parte quejosa, el jueves doce de febrero de dos mil quince,(11) surtiendo efectos legales el día hábil siguiente, es decir, el viernes trece del mismo mes y año, computándose por tanto el término, del lunes dieciséis al viernes veintisiete de febrero de dos mil quince, sin contar los días catorce, quince, veintiuno y veintidós del mismo mes y año, por ser sábados y domingos, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
22. En estas condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante la Oficialía de Partes del Juzgado ********** de Distrito en el **********, **********, el veintisiete de febrero de dos mil quince,(12) se puede colegir que se interpuso dentro del plazo legal.
V. Legitimación
23. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hace pronunciamiento al respecto, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento se ocupó de este tema concluyendo que el C. **********, apoderado legal de la quejosa, está legitimado para hacer valer el recurso de revisión.(13)
VI. Elementos necesarios para resolver
24. A fin de resolver el presente recurso de revisión, conviene resumir los conceptos de violación que hizo valer la quejosa en el amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida, los argumentos del recurso de revisión, así como lo resuelto por el Tribunal Colegiado:
25. Demanda de amparo. La quejosa en el amparo indirecto **********, relativo a la inconstitucionalidad del artículo décimo segundo transitorio del decreto que abrogó la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente en dos mil catorce, relacionado con los artículos 11 de la citada ley y 21, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece, formuló los siguientes conceptos de violación:
Único. Que se le debe conceder el amparo en contra de las normas reclamadas, en particular de los artículos 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 21, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece, toda vez que a partir de la abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y de la entrada en vigor del artículo décimo segundo transitorio del citado decreto, se viola el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Que se viola el principio de proporcionalidad tributaria, al impedir recuperar el crédito fiscal a que tiene derecho, lo que conlleva una tributación que no es acorde a su capacidad contributiva, al no ser reconocido su derecho de acreditar u obtener en devolución cantidades (crédito fiscal) que no representan un impuesto como tal, siendo que, en virtud de la mecánica de tributación, éstas debieran constituirse como saldos a favor en su beneficio.
Que al impedir a través de la aplicación de las normas reclamadas que se pueda acreditar u obtener en devolución los créditos fiscales a los que tiene derecho, se ocasiona que el fisco obtenga un beneficio indebido, en detrimento del patrimonio de los causantes, lo que transgrede los principios de legalidad, seguridad jurídica, y proporcionalidad tributaria, contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales.
A. Que los artículos 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 21, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece, violan el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
B. Que los artículos 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 21, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece, violan el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, ello a partir de la abrogación del impuesto empresarial a tasa única y de la entrada en vigor del artículo décimo segundo transitorio, se ocasiona que el fisco federal conserve cantidades a las cuales no tiene derecho, en detrimento directo de la capacidad contributiva, al perder el crédito fiscal del ejercicio dos mil trece y anteriores, por no poder acreditarlo en contra del impuesto sobre la renta ni solicitarlo en devolución.
Que a partir de la abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, se viola el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, ya que el crédito fiscal a que tiene derecho no puede ser recuperado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 21, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio dos mil trece.
Que en virtud de la abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y de la entrada en vigor del artículo décimo segundo transitorio del decreto combatido, se ocasiona que pierda de manera total y definitiva el crédito fiscal a que tiene derecho.
Que es un elemento novedoso y de gran relevancia la abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y el artículo transitorio que regula las consecuencias jurídicas y fiscales de su abrogación, el cual ocasiona que se tenga que soportar una sobrecarga tributaria imprevista y oculta, que viola lo previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna.
Que las prohibiciones contenidas en los artículos reclamados, ocasionan que pierda cantidades a las cuales tiene derecho, lo que se traduce en un impuesto imprevisible y oculto, resultando, en consecuencia, que el fisco obtenga un enriquecimiento ilegítimo en detrimento del patrimonio de los contribuyentes.
C. Que el derecho al crédito fiscal obtenido conforme al artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, es un saldo a favor, que debería ser restituido en su patrimonio por virtud de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, al resultar de la mecánica de tributación establecida en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, ya que las deducciones autorizadas, superaron los ingresos gravados, por lo que la diferencia obtenida (mayores deducciones que ingresos) constituye un saldo a favor que la autoridad no puede conservar, pues ello violaría las garantías de legalidad, seguridad jurídica, y proporcionalidad tributaria, previstas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales.
D. Que con la recuperación del crédito de referencia no se obtendría ningún beneficio indebido o un perjuicio al erario público, toda vez que en la medida que la autoridad percibió dichos ingresos (enriquecimiento), es en la que realizó las erogaciones (empobrecimiento) acumuladas por un tercero y percibidas por el fisco federal.
Que se advierte la legitimidad de la devolución, toda vez que el crédito fiscal constituye una cantidad que el fisco federal percibió en el ejercicio fiscal dos mil trece y anteriores, y que por virtud de la mecánica de tributación del impuesto empresarial a tasa única, resultaron en un saldo a favor.
Que los artículos 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 21, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece, prohíben el acreditamiento y la devolución de cantidades a las cuales legítimamente tiene derecho, ocasionando que el fisco federal obtenga un enriquecimiento ilegítimo, violando el principio de proporcionalidad, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 del citado ordenamiento legal.
E. Que con motivo de lo dispuesto en los artículos 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 21, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece, la autoridad fiscal se está enriqueciendo ilegítimamente en su detrimento, al prohibir la recuperación del crédito fiscal a que tiene derecho, ya sea mediante devolución o acreditamiento en contra del impuesto sobre la renta.
Que es un acto arbitrario e injustificado, violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que a partir de la abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y de la aplicación del artículo décimo segundo transitorio, en relación con los artículos 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 21, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece, se provoca que se pierda en definitiva el saldo a favor conformado por el crédito que la propia ley le reconocía por concepto de las erogaciones realizadas en el ejercicio dos mil trece y anteriores.
Que con motivo de la abrogación de la citada ley, el fisco federal conservará indebidamente cantidades que formaban parte del haber jurídico y económico, a saber, las derivadas del crédito fiscal obtenido al tenor de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley de la materia, lo cual se traduce en un enriquecimiento ilícito por parte del Estado y en su perjuicio, violando el principio de proporcionalidad tributaria, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
F. Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Federal, se solicita se ejerza un control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio de las normas contenidas en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece, conforme al cual, se contraste dicho ordenamiento con: a) los derechos humanos contenidos en la propia ley fundamental; b) los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte; c) la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; y, d) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Que una vez hecho lo anterior, de advertir que se viola algún derecho fundamental, se inaplique la norma correspondiente, en estricto cumplimiento del artículo 1o. constitucional.
26. Sentencia de amparo. Las consideraciones por las que el Juzgado ********** de Distrito del ********** de la **********, con residencia en **********, **********, mediante sentencia de veintiocho de enero de dos mil quince, sobreseyó el juicio de amparo y negó el amparo a la quejosa, fueron las siguientes:
En el considerando quinto, el Juzgado de Distrito determinó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 108 de la misma legislación, planteada por el secretario de Gobernación y el director general Adjunto del Diario Oficial de la Federación, al considerar que carecen de la calidad de autoridades responsables para efectos del juicio de garantías, toda vez que no se cuestionan por vicios propios.
Por otra parte, declaró infundadas las causales de improcedencia formuladas por las Cámaras de Diputados y Senadores, el presidente de la República y la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al juzgado auxiliado, previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con que la quejosa carece de interés jurídico para reclamar su constitucionalidad.
Lo anterior, porque las quejosas sí resienten una afectación, derivada de las consecuencias jurídicas que produce el dispositivo transitorio reclamado, porque el precepto transitorio reclamado es de naturaleza autoaplicativa y, en el caso, las quejosas acreditaron ser causantes del impuesto empresarial a tasa única a la fecha en que entró en vigor tal disposición legal y que cuentan con un crédito fiscal y no tienen derecho a devolución alguna; por ello, les asistió interés jurídico para acudir a la instancia constitucional.
Igualmente, desestimó el motivo de improcedencia que hizo valer el presidente de la República, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, toda vez que las impetrantes de garantías plantean una omisión legislativa.
Lo anterior, pues el reclamo de las peticionarias no es una omisión legislativa, sino que su impugnación esta encaminada a que el artículo décimo segundo transitorio impide aplicar los artículos 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 21, fracción II, numeral segundo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece, esto es, abonar el crédito fiscal obtenido al treinta y uno de diciembre de dos mil trece.
Además, precisó que no es posible analizar tal argumento bajo el examen de procedencia del juicio, puesto que implica calificar la constitucionalidad del artículo transitorio reclamado, al involucrar el estudio de fondo de la cuestión planteada.
De igual forma, desestimó las causales de improcedencia que planteó el presidente de la República, relativas a que se está en presencia de actos que han cesado en sus efectos, y que las peticionarias del amparo consintieron el acto reclamado, consistente en el artículo 21, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece.
Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable parte de una premisa equivocada, dado que la parte quejosa reclama de manera destaca el artículo décimo segundo transitorio del decreto impugnado, toda vez que los artículos 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y 21, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece, los refiere como consecuencia del transitorio que no permite acreditar el crédito fiscal ni solicitarlo en devolución.
De ahí que, insistió en que no puede hablarse de una cesación de efectos o de consentimiento de acto reclamado, porque no es la aplicación de los numerales 11 y 21 aludidos lo que les agravia a las impetrantes; por el contrario, su queja es que el artículo transitorio impugnado no les permite aplicar estos preceptos y, en consecuencia, están impedidas para acreditar el crédito fiscal que tienen a su favor al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; razones que hacen infundadas las causales de improcedencia en estudio.
Concluyó que, al no advertir la actualización de alguna causal de improcedencia diversa a las planteadas por las autoridades responsables, y al no haberse hecho valer por las partes ninguna diversa a las analizadas, procedería al estudio de fondo del asunto.
En el considerando sexto, el Juzgado de Distrito auxiliar en relación con la litis constitucional, señaló que son infundados los conceptos de violación que plantea la quejosa, consistentes en: 1) que el artículo décimo segundo de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única viola el principio de proporcionalidad tributaria, tutelado por el artículo 31, fracción IV, constitucional, al dejar insubsistente la ley que regula el impuesto empresarial a tasa única y cesar la vigencia del artículo 21, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil trece, provocando que el fisco federal conserve cantidades que no le corresponden, en detrimento de su capacidad contributiva, ya que pierde el crédito fiscal obtenido en dos mil trece y ejercicios anteriores, por no poder acreditarlo contra los impuestos sobre la renta ni poder solicitarlo en devolución; y, 2) que el decreto impugnado, en su artículo décimo segundo, viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que a partir de la abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, por la aplicación del precepto combatido, provoca que se pierda el saldo a favor y que el precepto reclamado la obliga a soportar una sobrecarga fiscal que no le corresponde, al no existir fundamento legal ni constitucional que avale el acto legislativo impugnado, porque a raíz de la abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, el fisco conservará cantidades que formaban parte del haber jurídico y económico de quien solicita el amparo, lo que se traduce en un enriquecimiento ilegítimo por parte del Estado.
Determinó que es infundado el concepto de violación sintetizado en el inciso 1), toda vez que el crédito al que se refiere el artículo 11, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única abrogada, afectado en su procedencia por el artículo 21, fracción II, numeral segundo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece, no se rige por el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, por lo que consideró que su posible incumplimiento no puede constituir una violación a tal principio.
En el mismo sentido, señaló que la subsistencia de la mecánica de acreditamiento, contra los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, del concepto calculado atendiendo a la base negativa de este último gravamen conforme a los artículos 8o. y 11 de la ley que lo reglamentaba, no es susceptible de ser analizada bajo el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
Refirió que en el presente caso se está ante un mecanismo promocional de la inversión, en relación con el cual, el legislador tiene una amplia libertad de configuración, y puede en cualquier momento determinar cambios trascendentes, como sucedió en la especie con la derogación de esta última legislación y la desaparición del crédito en cuestión, al considerar que se estaría ante un escenario perfectible sobre el aprovechamiento del beneficio, o bien, que debería acotarse en la medida en la que, si bien se estima deseable incentivar la inversión, ello no se da hasta el punto en el que se juzgue conveniente que el causante pueda contar con la deducción inmediata que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta y, adicionalmente, el acreditamiento correspondiente a la base negativa del impuesto empresarial a tasa única.
En tal virtud, destacó que los efectos del artículo décimo segundo transitorio, que desaparecen el crédito que permitía el artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, de cuya privación se duele la quejosa, no admitirían ser juzgados a la luz del artículo 31, fracción IV, constitucional, pues su otorgamiento no obedece a razones de justicia tributaria, ni al ajuste que corresponde para que el gravamen se determine de conformidad con la capacidad contributiva que dio lugar al establecimiento del tributo.
En materia de créditos que se otorgan por razones distintas a las que se han calificado de "estructurales", que son beneficios, el legislador –o el órgano encargado de su establecimiento– cuenta con una amplia libertad al momento de configurar el contenido y alcance del mismo, pues a él le corresponde primordialmente tomar la decisión acerca del tamaño del incentivo que intenta otorgar, o sobre la suficiencia de la medida otorgada, por lo que señaló que mal haría el órgano de control constitucional en emitir un juicio sobre la necesidad, supuestamente exigida por la propia Ley Fundamental, de que se establezca o conserve un beneficio para un determinado sector, particularmente, como un pronunciamiento de justicia tributaria.
Especificó, que la misma legislación que regulaba ese beneficio perdió su vigencia, pues entonces, el fallo constitucional conduciría a restituir un régimen jurídico fiscal abrogado.
En tal virtud, estimó que el crédito al que se refería el tercer párrafo del artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, afectado en su procedencia por lo dispuesto en el artículo décimo segundo transitorio del decreto combatido, no se rige por lo establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en materia de proporcionalidad tributaria, por lo que sus consecuencias jurídicas no pueden traducirse en una violación a ese derecho fundamental.
A igual conclusión arribó respecto del artículo 21, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil trece, en tanto establece una prohibición para el contribuyente de acreditar, contra el impuesto sobre la renta, el monto fiscal a que se refiere el artículo 11, primer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, porque la proporcionalidad tributaria no rige tratándose de disposiciones que proscriben el acreditamiento.
Por otra parte, determinó que es infundado el argumento de la quejosa resumido en el inciso 2), pues al no ser un elemento esencial del tributo, la supresión del crédito fundado en la ley derogada no perturba los derechos constitucionales de legalidad y de seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Indicó que, a partir de la abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, la quejosa no pierde un saldo a favor, reconocido primigeniamente en dicho cuerpo legal, por concepto de las erogaciones realizadas en dos mi trece y ejercicios anteriores; sino que ello es sencillamente el uso de la libertad configurativa del legislador a través de la cual se elimina un beneficio instaurado en favor de un sector industrial, el cual carece ahora de razón de ser en su existencia, al haberse suprimido el ordenamiento que le daba sustento al impuesto a cuyo cargo procedía el acreditamiento e, incluso, al beneficio mismo.
A mayor abundamiento, señaló que el principio de seguridad jurídica en materia tributaria que regulan los artículos 14 y 16 constitucionales, se ve salvaguardado en la especie por la lógica misma de la derogación de la citada ley, pues resultaba intrascendente que subsistiera dicho acreditamiento, si no persistía el gravamen que daba origen al crédito establecido en el artículo 11 de dicha ley.
Determinó, que la derogación del ordenamiento que regulaba el crédito acreditable no provoca incertidumbre jurídica alguna, pues resulta lógico que no podía pervivir cuando la ley que le daba origen fue derogada y el tributo contra el que se acreditaba ya no existiría.
En ese orden ideas, refirió que es inexacta la apreciación de la peticionaria, sintetizada en el inciso c) de antecedentes, en el sentido de que el precepto reclamado la obliga a soportar una sobrecarga fiscal que no le corresponde, al no existir fundamento legal ni constitucional que avale el acto legislativo impugnado, pues la fundamentación radica en la libre configuración legislativa de que es titular el creador de la norma, tratándose de mecanismos de beneficio como el que daba origen al crédito fiscal acreditable contra el impuesto empresarial a tasa única.
Asimismo, no le asistió la razón a la quejosa, con relación a que a raíz de la abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, el fisco conservará cantidades que formaban parte del haber jurídico y económico de quien solicita el amparo, pues lo cierto es que dicho monto era un acreditamiento permitido por base negativa en dicho tributo, en el marco de una política promocional de la inversión; pero nunca representó un pago de lo indebido, ni un entero fiscal en demasía, como ahora pretende el promovente del amparo.
Por ello, la derogación reclamada, como efecto derivado del artículo transitorio cuya constitucionalidad se cuestiona, no se traduce en un enriquecimiento ilegítimo por parte del Estado a costa del empobrecimiento de la quejosa.
Concluyó que, al ajustarse el precepto reclamado a los derechos fundamentales, resulta innecesario acudir a ordenamientos de corte internacional para reiterar infundadas las violaciones que se reclaman, ya que ello implicaría un doble estudio, dado que la normatividad nacional no sólo reconoce esa prerrogativa, sino que la desarrolla en forma mucho más completa que los tratados internacionales que el justiciable aduce conculcados. De ahí que determinó que basta el estudio de constitucionalidad realizado, para establecer que el artículo reclamado se ajusta a los postulados de la Carta Magna.
Ante lo infundado de los conceptos de violación, procedió a negar el amparo a la quejosa.
27. En el recurso de revisión la quejosa aduce:
Único. Que lo procedente es que se revoque la sentencia recurrida, ya que transgrede lo dispuesto por los artículos 74, 75, 77, fracciones I y II, 78 y 79 de la Ley de Amparo, al analizar indebidamente el perjuicio jurídico ocasionado con motivo de lo dispuesto en el artículo décimo segundo transitorio del decreto combatido, en relación con lo previsto en el artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en relación con los artículos 21, fracción II, numeral 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio dos mil trece, y 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales.
Que en la sentencia combatida se realizó un indebido análisis al principio de proporcionalidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, en relación con lo expuesto dentro de la iniciativa de ley que le dio origen, pues pasó por alto que a través de las normas reclamadas se otorga un trato totalmente desproporcional, ya que impiden que la quejosa tribute conforme a su verdadera capacidad contributiva, ocasionando que la autoridad hacendaria conserve cantidades respecto de las cuales no tiene legítimo derecho.
Que el a quo se encuentra realizando una indebida interpretación de las normas reclamadas, así como de lo efectivamente planteado en el escrito inicial de demanda, ya que en ningún momento señaló que la desaparición de los conceptos que generaban el crédito fiscal ocasionaban una afectación jurídica o que la imposibilidad de generar un nuevo crédito fiscal transgredía las garantías previstas en el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino que la afectación al principio de proporcionalidad tributaria derivaba de la imposibilidad de aplicar el crédito fiscal que ya tenía en su haber patrimonial contra el impuesto sobre la renta, o en su caso, obtenerlo en devolución.
Que perdió de vista el a quo que se duele de la imposibilidad de acreditar el crédito fiscal que ya tiene en su haber patrimonial al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, en contra del impuesto sobre la renta, o bien de obtenerlo en devolución, siendo que dicho crédito ya se encuentra en su esfera de derechos, al haber aplicado la mecánica de tributación contenida en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y que por virtud de las normas reclamadas, la autoridad fiscal conservará para sí, sin tener legítimo derecho.
Que en ningún momento se contrapone o pretende soslayar la libre configuración del legislador, en el sentido de poder incluir o eliminar exenciones, créditos fiscales, o beneficios a los contribuyentes, sino que en el presente caso, las normas reclamadas hacen nugatorio el derecho del contribuyente de obtener en devolución las cantidades que ya formaban parte de su haber patrimonial al haber aplicado la mecánica de tributación correspondiente, y respecto de la cual, sí le es aplicable el artículo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28713-4c558ce6/credito-negativo-del-impuesto-empresarial-a-tasa-unica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UNA TASA FIJA DEL 17.5%, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EMPRESARIAL (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CRÉDITO NEGATIVO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. CONSTITUYE UN BENEFICIO FISCAL "NO ESTRUCTURAL", POR LO QUE NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA PREVI (1a./J. 47/2019 (10a.))
- IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALID (2a. XX/2011)
- LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010. LA PROHIBICIÓN ESTABLECIDA EN SU ARTÍCULO 22, PÁRRAFO TERCERO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTAR (1a./J. 1/2013 (9a.))
- IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y (2a. XIX/2011)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis