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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TUXTILLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TUXTILLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, AL SER AJENO A LAS OMISIONES IMPUGNADAS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TUXTILLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TUXTILLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TUXTILLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TUXTILLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TUXTILLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE ENTERO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TUXTILLA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 194/2016. · Registro digital (IUS): 28734
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-06-14
Promovente: MUNICIPIO DE TUXTILLA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, Pág. 1472.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 194/2016. MUNICIPIO DE TUXTILLA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 13 DE JUNIO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN SE RESERVA EL DERECHO DE FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN SE RESERVA EL DERECHO DE FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN SE RESERVA EL DERECHO DE FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de junio de dos mil dieciocho, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 194/2016, promovida por el síndico municipal de Tuxtilla, Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y otras autoridades de esa entidad federativa.

I. Antecedentes y trámite del asunto

1. Promoción de la demanda. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis.(1)

2. En el escrito, el Municipio actor argumenta, en esencia, que resulta contraria a derecho la omisión de las autoridades demandadas de cumplir con sus obligaciones constitucionales de entregar el importe económico de las aportaciones federales del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF), correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, así como los recursos del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), de diciembre de dos mil quince y de enero a octubre de dos mil dieciséis.

3. Por lo anterior, el Municipio considera que las conductas omisas en que incurrieron las autoridades demandadas transgreden el orden constitucional, frente a lo dispuesto en el artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución Federal, en la que se establecen los principios constitucionales de la libre administración de la hacienda municipal, en razón que se dejó de percibir en forma puntual, efectiva y completa el importe económico de las aportaciones derivadas de los fondo citados, lo que le impidió disponer de los recursos.

4. Trámite de la demanda. Por auto de primero de diciembre de dos mil dieciséis, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el presente asunto bajo el expediente 194/2016, así como enviarlo al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como instructor del procedimiento, según el turno correspondiente.(2)

5. En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de esa fecha,(3) admitió la demanda, tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificación, la designación de delegados y admitió las pruebas aportadas por el Municipio actor.

6. Asimismo, consideró como demandado al Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave; sin embargo, no se le reconoció tal carácter al secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de esa entidad, en virtud de que se trataba de una dependencia subordinada a dicho poder, por lo que debía comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictara las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emitiera en el asunto.

7. Consecuentemente, emplazó al Poder Ejecutivo Local con copia simple de la demanda y sus anexos para que, por conducto de la persona que lo representara, manifestara lo que a su interés legal conviniera. De igual manera, requirió a la Procuraduría General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley manifestara lo que a su representación conviniera.

8. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el síndico municipal sostuvo los siguientes razonamientos de invasión de competencia:

a) Las autoridades, al retener indebidamente los fondos federales (FISMDF y FEFMPH, por ciertos meses), transgreden el principio de integridad de los recursos municipales, que consisten en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de sus participaciones.

b) La omisión de entrega de los recursos es ilegal dado que no existe norma o disposición general que permita o justifique que no se le entreguen en forma completa las participaciones, lo que redunda en perjuicio económico e impacta la autonomía, concretamente, la libertad de administración hacendaria de la que goza por disposición constitucional. Cita, al respecto, el artículo 115, fracción IV, constitucional.

c) Por otro lado, señala que de los artículos 2o.-A, antepenúltimo párrafo, 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, así como 3, 7, 8 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Veracruz, se advierte que las participaciones federales que reciban los Municipios forman parte de su hacienda, las que serán cubiertas en los términos que para su distribución determinen las Legislaturas Locales, mediante disposiciones de carácter general.

d) Además, que los Estados entregarán íntegramente a sus Municipios las cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las Legislaturas Locales. La Federación entregará las participaciones a los Municipios, por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba y el retraso dará lugar al pago de intereses a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión, para los casos de pago a plazos de contribuciones.

e) Añade que las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios, son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por aquellos, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, bien sea a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional o de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Asimismo, sostuvo que proceden las compensaciones que se requieran efectuar, cuando sean a consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones, o cuando exista entre las partes interesadas, o la Ley de Coordinación Fiscal así lo autorice.

f) Enfatiza que esta Suprema Corte ha establecido un cúmulo de garantías de carácter económico, tributario y financiero a favor de los Municipios, tendientes al fortalecimiento de su autonomía, los cuales son: el principio de libre administración de la hacienda municipal; el principio de ejercicio directo por parte del Ayuntamiento de los recursos que integran su hacienda pública municipal; principio de integridad de los recursos municipales; derecho de los Municipios a percibir las contribuciones; principio de reserva de fuentes de ingresos municipales; facultad de los Ayuntamientos para que propongan, a las Legislaturas Estatales, las cuotas y tarifas; facultad de los Municipios para proponer sus Leyes de Ingresos.

g) Señala que las participaciones federales están sujetas a un régimen de libre administración, cuya disposición y aplicación debe llevarse a cabo, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de los fines públicos de los propios Ayuntamientos.

h) Lo anterior se corrobora con el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual, además, señala que pueden haber casos de excepción en lo que resulte válida la afectación y retención de las participaciones federales que le corresponden a los Municipios y en ese sentido, enfatiza que esta Suprema Corte también ha establecido la posibilidad cuando se destinen a: i) pago de obligaciones contraídas por los Municipios, previa autorización de las Legislaturas Locales e inscripción en el registro correspondiente; y, ii) por voluntad manifiesta del Municipio de destinarlos a un determinado fin.

i) No obstante, enfatiza que el caso en específico no se encuentra en ninguna de las hipótesis detallas y, por ende, se debe considerar ilegal e injusto que las autoridades demandadas retengan sin justificación los fondos y participaciones federales que se reclamaron. Máxime que éstas fueron entregadas al Gobierno del Estado de Veracruz por parte del Gobierno Federal.

j) Sobre este punto, añade que esta Suprema Corte ha sustentado que las participaciones federales quedan comprendidas en el régimen de libre administración hacendaria de los Municipios, por lo que la Federación y los Estados no pueden imponer restricción alguna a su libre administración, tal como se desprende del criterio «P./J 9/2000», de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA."

k) Agrega que la omisión de entrega de los recursos implica una violación al principio de integridad de los recursos y violación del artículo 115 constitucional, que garantiza, entre otras cosas, que los Municipios reciban de forma puntual, efectiva y completa tales recursos.

l) Insiste que la intervención del Estado de Veracruz, respecto de los fondos de participaciones que por ley corresponden a los Municipios, es de simple mediación administrativa; en el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, control y supervisión, pero no de disposición, suspensión o retención. Por ende, reitera que la omisión en la entrega de recursos federales vulnera los principios constitucionales de libre administración hacendaria e integridad en los recursos municipales.

m) Añade que los actos y omisiones cuya invalidez se reclama son violatorios de los artículos 14, y en relación con el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal. Ello, pues la retención de recursos viola los principios de integridad y libre administración de los recursos económicos municipales; con ello, queda afectada la autonomía que garantiza la Constitución, el federalismo como sistema que articula la división territorial del poder y el sistema de coordinación fiscal.

n) Establece que el principio de libre administración de la hacienda municipal asegura a los Municipios la posibilidad de manejar, aplicar y priorizar libremente los recursos de los que disponen para satisfacer sus necesidades públicas, sin que tengan que sufrir una injerencia de intereses ajenos en ese respecto. El principio de libre administración de la hacienda municipal se proyecta sobre parte de los recursos que integran la hacienda municipal y no sobre la totalidad de los mismos.

o) Respecto al principio de integridad de los recursos económicos municipales, señala que éste asegura que los Municipios perciban efectiva y puntualmente los recursos a los que constitucionalmente tienen derecho y obliga a los Estados a pagar los intereses correspondientes cuando retardan la entrega de recursos federales a los Municipios.

p) Por ello, considera que los actos y omisiones reclamadas son inconstitucionales por vulnerar los principios de reserva de fuentes de ingreso a los Municipios, integridad de los recursos económicos municipales. Los recursos cuya entrega fue omitida en el caso son participaciones y aportaciones federales, conforme al primer párrafo del artículo 115 constitucional.

q) Concluye su escrito señalando que el Municipio cumple con los requisitos exigidos por la ley para conceder la suspensión de los actos que se reclaman ilegales y, por ende, la solicitó para el efecto de que i) las autoridades demandadas entreguen de forma inmediata los fondos federales retenidos, pues de no concederse en ese sentido, se pondría en riesgo la operación de todas las funciones municipales por falta de recursos, lo que pone en riesgo el derecho humano al desarrollo social de los ciudadanos que habitan en el Municipio.

9. Contestación de la demanda. El Poder Ejecutivo de Veracruz, a través del gobernador del Estado, mediante un escrito remitido por servicio postal a esta Suprema Corte,(4) señaló lo que sigue:

a) La controversia constitucional resultaba improcedente, porque los actos cuya invalidez se demandó, consistentes en la omisión de entrega de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (FISMDF) y Fondo para Entidades Federativas y Municipios productores de Hidrocarburos (FEFMPH-2016), fueron impugnados fuera del plazo de treinta días que dispone el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Añade que la omisión reclamada de entregar las participaciones federales se trata, en realidad, de una omisión derivada de un acto positivo ostensible a partir de la lectura de la demanda, la cual debe ser interpretada en su totalidad como acto jurídico. Cita la tesis P./J. 113/2010, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE."

c) En ese sentido, señala que la aludida omisión de entrega por conducto del, Gobierno del Estado de las participaciones federales que le corresponden al Municipio resulta ser una consecuencia directa de la recepción de dichas participación de la Federación por parte de la entidad veracruzana. Señala que se debe tomar en consideración que el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que la Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados y éstos a los Municipios dentro del plazo de cinco días; por ende, una vez que el Estado recibió los recursos, el Municipio debió ejercer las acciones procedentes para exigir su derecho, a partir del día siguiente en que feneció el plazo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.

d) Señala que el síndico municipal expresó en la demanda su pleno conocimiento de la entrega de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que estaba al tanto de los actos y debió hacer valer los medios de defensa relativos en forma oportuna; pues, como se desprende de las publicaciones de la Gaceta Oficial del, estado en las que se dio a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como montos estimados que recibirá cada Municipio del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, contenidos en los números extraordinarios 064 de trece de febrero de dos mil catorce, 064 de trece de febrero de dos mil quince, y 062, de doce de febrero de dos mil dieciséis.

e) En ese sentido, sostiene que la excepción a la regla que establece que, cuando se trate de omisiones, la oportunidad para su impugnación se actualiza día a día mientras aquellas subsistan, no se actualiza en la presente controversia constitucional, puesto que la omisión deriva de un acto positivo.

f) El Municipio actor conocía de antemano las fechas en las que debió recibir los recursos federales que ahora reclama, por lo que el cómputo para inconformarse inició y concluyó sin que el interesado hubiera hecho valer su reclamo. Por ello, se trata de la prescripción del derecho.

g) El acto es inexistente, porque en modo alguno la parte actora ha acreditado la existencia de la supuesta orden, instrucción, autorización o aprobación para llevar a cabo retenciones o descuentos de las participaciones reclamadas; acto que negó.

h) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, ya que la parte actora no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto respecto al pago de intereses, cuestión que se encuentra regulada en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. Además, el artículo 5o. de este último ordenamiento dispone que los Municipios podrán dirigir sus inconformidades a la Legislatura del Estado respecto de la aplicación de dicha ley. De este modo, a su parecer, no hay una afectación a las competencias del Municipio y, en caso de existir, no implica una violación directa e inmediata a la Constitución Federal.

i) Finalmente, se solicita el estudio oficioso de las causales de improcedencia que pudieran actualizarse, como lo dispone el criterio P./J. 31/96: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ORDEN PÚBLICO. TIENEN ESA NATURALEZA LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO INSTITUIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL."

10. Cabe destacar que, por acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecisiete, se determinó que el escrito de contestación fue presentado fuera del plazo legal previsto para ello. Sin embargo, en contra del proveído antes mencionado, el Poder Ejecutivo de Veracruz –por conducto de su delegado– interpuso recurso de reclamación 45/2017-CA, el cual fue resuelto en sesión de seis de septiembre de dos mil diecisiete, en el sentido de declararlo procedente y fundado. Por ello, se modificó la parte conducente al auto de ocho de marzo de dos mil diecisiete, en el sentido de considerar oportuna la contestación en razón de que se presentó dentro del plazo de los treinta días concedido para ello.

11. Por otro lado, el Poder Legislativo de Veracruz dio contestación a la demanda por medio de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz. En su escrito argumentó lo siguiente:

a) De la lectura integral de la demanda que da origen al juicio de controversia constitucional se advierte que la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Veracruz, órgano administrativo, es inexistente dentro de la estructura orgánica de esta Soberanía, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Por ello, el Congreso del Estado no puede ser llamado a juicio.

b) Así, sostiene que el Congreso del Estado de Veracruz no participó ni tuvo intervención alguna en los actos reclamados, por lo cual no existe acto reclamado que le dé el carácter de demandado, por lo que estima que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción III, de la ley que rige la materia, pues los actos reclamados no fueron emitidos por el Congreso ni tuvo intervención alguna de los órganos administrativos que conforman la estructura orgánica del Poder Legislativo.

c) Por cuanto hace a los hechos, señala que no se pueden negar o afirmar, pues, insiste, no existe intervención alguna del Congreso del Estado en los actos materia del juicio.

d) Respecto a los conceptos de invalidez, sostiene que el Congreso reconoce la autonomía de los Ayuntamientos que integran el Estado de Veracruz y respeta su personalidad jurídica, la forma en que manejan su patrimonio. Añade que el Congreso ha actuado bajo las facultades que le concede el artículo 33 de la Constitución Política Local y el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Finalmente, enfatiza que los actos reclamados no son de su competencia y, por ello, no ha ejecutado actos tendientes a retener, malversar o distribuir recursos.

12. Referencia a la opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.

13. Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el trece de marzo de dos mil dieciocho,(5) se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y se puso el expediente en estado de resolución.

14. Radicación. Mediante escrito de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho,(6) el Ministro instructor solicitó la radicación de la controversia constitucional en el índice de la Primera Sala, lo cual acordó de conformidad el presidente de este Alto Tribunal en acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciocho.(7) Consiguientemente, en proveído de siete siguiente, la presidenta de esta Primera Sala acordó el avocamiento para resolver el asunto en dicha sede.(8)

II. Competencia

15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Tuxtilla y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. Precisión de la litis

16. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I, y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados. En su escrito inicial de demanda, el Municipio actor señaló lo que sigue:

"1) De las autoridades señaladas se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se haya emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Tuxtilla, Veracruz, por el concepto de:

Ver concepto 1

"Así como los recursos correspondientes al concepto de:

Ver concepto 2

"Haciendo un total de los rubros mencionados de $604,829.00

"Mismos que hace meses ya fueron entregados la Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no han sido ministrados a ese honorable Ayuntamiento de Tuxtilla.

"2. Se reclama de todas las autoridades antes señaladas la invalidez de cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y retención indebidos de las participaciones federales que le corresponden al Municipio que de Tuxtilla represento (sic) por los conceptos y montos que he dejado señalado en el inciso inmediato anterior.

"3. Se reclama la omisión de las autoridades aquí señaladas como demandadas, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, así como a lo dispuesto en el numeral sexto, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que han sido omisas en entregar las participaciones federales por concepto de:

"1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., FISMDF $440,329.00.

"Así como los recursos pendientes correspondientes a:

"1. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, que corresponden a los meses de diciembre 2015, enero 2016, hasta octubre de 2016, con un monto total de $164,504.004.

"Haciendo un total de los rubros mencionados de $604,829.00, que le corresponden al Municipio que represento, no obstante que hace meses que estas le fueron transferidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"4. Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido a las participaciones que corresponden al Municipio que represento de los meses faltantes provenientes del fondo por el concepto de: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., FISMDF y Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.

"Así como también se les condene al pago de interés, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones, por el retraso injustificado en entregarlas a mi representada."

17. Valorando este texto transcrito con el resto de la demanda, se estima que, si bien el Municipio actor refirió que estaba en contra de las instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones llevadas a cabo para la indebida retención de ciertos recursos públicos, advirtiendo la causa de pedir, se llega a la conclusión que lo que realmente reclamó no fueron actos específicos de descuento o retención, sino la omisión en la entrega de los diferentes recursos mencionados.

18. Primero, porque el Municipio actor, recurrentemente, pone de manifiesto no tener conocimiento de que se hubiera realizado, hasta la fecha de la presentación de su demanda, la entrega de los mismos; y, segundo, debido a que el motivo principal para la presentación de la demanda es precisamente la ausencia de pago de esos recursos.

19. Así las cosas, con la finalidad de resolver lo efectivamente planteado, se considera que los actos impugnados en la presente controversia son:

a) La omisión en cumplir con la obligación constitucional de entregar el importe económico de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF), por la cantidad de $440,329.00 (cuatrocientos cuarenta mil trescientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis; así como los intereses por el retraso en su entrega.

b) La omisión en cumplir con su obligación constitucional de entregar el importe económico de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH-2016), correspondiente a diciembre de dos mil quince y enero a octubre de dos mil dieciséis; así como los intereses por el retraso en su entrega.

20. Para el Municipio, estas omisiones se traducen en los siguientes montos:

Ver montos 1

21. Cabe destacar que, al inicio de su escrito de demanda, el Municipio actor expuso una tabla los meses y montos adeudados del FEFMPH, en la que no incluyó el mes de abril de dos mil dieciséis. Empero, haciendo un examen integral de la demanda, en varios apartados de la misma se afirmó expresa y recurrentemente que se reclamaba la omisión de entrega de los recursos provenientes de ese fondo, por los meses que corresponde a diciembre de dos mil quince y "enero 2016 hasta octubre de 2016". Por ende, se estima que debe incluirse como cuestionado el acto omisivo respecto al mes de abril en la fijación de la litis, a pesar de que no se haya especificado un monto ni se haya sumado a la deuda total.

22. Por último, debe mencionarse que en relación con lo anterior, en ciertas partes de la contestación de la demanda, el Poder Ejecutivo implica que la retención o la consecuente falta de entrega de los fondos respectivos son inexistentes o no resultan actos propios, sino de la antigua administración, en tanto que el Municipio actor no ha probado que la actual administración del Ejecutivo Local no se encuentre regularizada en la entrega de las participaciones.

23. Sobre esta cuestión, esta Sala estima que el análisis de la existencia de las omisiones reclamadas debe estudiarse en el fondo, pues para determinar si se actualizan o no los aludidos actos omisivos y, consecuentemente, si los recursos fueron o no entregados, debe atenderse al marco legal aplicable, además de que, de ser cierta la ausencia de pago, ello por sí solo constituiría una violación a los principios de integridad, ejercicio directo y, en última instancia, la autonomía municipal, lo que denota que la cuestión es propiamente de fondo.

24. Finalmente, debe señalarse que el hecho que el actual gobernador hubiera alegado que inició su encargo con posterioridad a las omisiones demandadas y que, en consecuencia, no existen los hechos que se le imputan, tal aseveración no lo libera –en principio– de una posible responsabilidad, pues la obligación corresponde al Poder que encabeza de forma abstracta y no a él como persona física.

25. Por ende, con independencia de quién represente en determinado momento al Ejecutivo Estatal, existe un reclamo legítimo en su contra y, consecuentemente, deberá atender las obligaciones que sean atribuidas al Poder Ejecutivo, al ser quien ejerce el cargo al momento de demandarse la supuesta omisión, de ser el caso.

IV. Oportunidad

26. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual, es determinante definir si, los aludidos actos impugnados son positivos u omisiones, ya que, conforme a la tesis P./J. 43/2003,(10) tratándose de omisiones, la oportunidad se actualiza día con día. Para ello, a continuación se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones, para enseguida aplicar dichos criterios al caso concreto.

Precedentes de esta Suprema Corte

27. En la controversia constitucional 5/2004,(11) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(12) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

28. En la controversia constitucional 20/2005,(13) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del oficio SFA/0442/04, de veintisiete de enero de dos mil cinco suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual, le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28734-76b1a9d6/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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