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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. III. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SUS DIFERENCIAS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). V. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, AL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, AL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIECISÉIS, AL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ]. VIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN A 2016 (FORTAFIN A 2016), AL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ]. IX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN A 2016 (FORTAFIN A 2016) AL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ]. X. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, AL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). XI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, AL MUNICIPIO DE TIHUATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). XII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, POR EL MES DE SEP

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 153/2016. · Registro digital (IUS): 28798
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-06-28
Promovente: MUNICIPIO DE TIHUATLÁN, VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, Pág. 2634.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 153/2016. MUNICIPIO DE TIHUATLÁN, VERACRUZ. 17 DE OCTUBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, EDUARDO MEDINA MORA I.; JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS; MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS EMITIÓ SU VOTO CON SALVEDADES Y JAVIER LAYNEZ POTISEK EMITIÓ SU VOTO EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: RON SNIPELISKI NISCHLI.

Ciudad de México, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al 17 de octubre de 2018, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 153/2016, promovida por el Municipio de Tihuatlán, Veracruz.

RESULTANDO:

PRIMERO.—El Municipio de Tihuatlán, Veracruz, promovió controversia constitucional el 15 de noviembre de 2016 en contra del Poder Ejecutivo, secretario de Finanzas y Planeación, director general de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación, director de cuenta pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, todos de esa entidad federativa, por los actos siguientes:

1. Las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, por el concepto de Ramo General 23 y en lo particular a:

"a. Fondo para Entidades Federativas y Municipales, Productores de Hidrocarburos monto pendiente la cantidad de $765,676.00 (setecientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.).

"b. Aportaciones no depositadas de hidrocarburos 2016, por la cantidad de $7,357,221.00 (siete millones trescientos cincuenta y siete mil doscientos veintiún pesos 00/100 M.N.).

"c. FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016, por el total de $27'136,904.00 (veintisiete millones ciento treinta y seis mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.) (Correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2016) y las que se sigan generando.

"d. FORTAMUNDF 2016 (Fondo para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones), por la cantidad de $8'105,930.00 (ocho millones ciento cinco mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2016 más las que se sigan generando.

"e. FORTASEG 2016 (Fortalecimiento de los temas de seguridad), mes de septiembre por la cantidad de $5'500,000.00 (cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), y las que se sigan generando hasta el pago total actualizado.

"f. Fortalecimiento financiero para inversión 2016 (FORTAFIN 2016). $19'312,689.00 (diecinueve millones trescientos doce mil seiscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y las que se sigan generando hasta el pago total actualizado.

"Haciendo un total de los rubros mencionados de $68'178,420.00 [sesenta y ocho millones siento (sic) setenta y ocho mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.].

"Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."

2. Cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y retención indebidos de los recursos mencionados en el punto número 1 que antecede.

3. La omisión de entregar los recursos mencionados en el punto número 1 que antecede.

4. Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar los recursos mencionados en el punto número 1 que antecede.

SEGUNDO.—La parte actora manifestó como antecedentes los que a continuación se sintetizan:

1. Desde hace meses el Municipio actor ha hecho llamados, requerimientos y entregado recibos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Veracruz, con el propósito de que pague las cantidades demandadas.

2. Sin embargo, no se ha dado respuesta clara por parte de dicha autoridad, sino que de manera verbal se le ha comunicado a la parte actora que se retendrían los pagos, debido a que existían indicaciones a esa dependencia para que suspendiera su entrega hasta nueva orden, lo que se considera ilegal.

3. Desde hace meses se ha repetido la omisión en la entrega de los recursos federales que le corresponden al Ayuntamiento, situación que pone en riesgo el desarrollo social y económico del Municipio actor.

4. El artículo 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que la Federación entregará las participaciones federales a los Municipios por conducto de los Estados y que dentro de los 5 días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses.

TERCERO.—La parte actora hizo valer los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

• Las autoridades demandadas al retener los recursos federales transgreden los principios de integridad y libre administración de los recursos municipales previstos en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados dentro de los 5 días siguientes a aquel en que el Estado los reciba y el retraso dará lugar al pago de intereses.

• El artículo 115 constitucional prevé un cúmulo de garantías de carácter económico, tributario y financiero a favor de los Municipios: a) principio de libre administración de la hacienda municipal; b) principio de ejercicio directo por parte del Ayuntamiento de los recursos que integran su hacienda pública; c) principio de integridad de los recursos municipales; d) derecho de los Municipios a percibir contribuciones; e) principio de reserva de fuentes de ingresos municipales; f) facultad de los Ayuntamientos para que en su ámbito territorial propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aceptables a impuestos, contribuciones, etcétera; y, g) facultad de los Municipios para proponer sus leyes de ingresos.

• No existe por parte del Municipio actor alguna manifestación de la voluntad o consentimiento para que las autoridades estatales llevaran a cabo la retención ilegal de los recursos.

• Las autoridades demandadas deberán entregar al Municipio actor el 100% de los fondos y participaciones federales que le corresponde más el pago de intereses.

CUARTO.—El Municipio actor señaló que se transgreden en su perjuicio los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como tercero interesada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y solicitó la suspensión de los actos impugnados.

QUINTO.—El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 153/2016 y designó como instructor al Ministro Javier Laynez Potisek.

El Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; reconoció el carácter de demandados al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del Estado de Veracruz, pero no al secretario, director general de contabilidad gubernamental y director de Cuenta Pública, todos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, ni a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, por tratarse de dependencias subordinadas, respectivamente, a dichos poderes; no tuvo como tercero interesada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al no advertirse el perjuicio o afectación que podría producirle la resolución que dicte este Alto Tribunal; finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes.

SEXTO.—El Congreso y el gobernador, ambos del Estado de Veracruz, contestaron la demanda de controversia constitucional, ofrecieron pruebas e hicieron valer causales de improcedencia y sobreseimiento.

Por su parte, el delegado del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz remitió a esta Corte el oficio mediante el cual el tesorero de la Secretaría de Finanzas informa sobre los recursos correspondientes al Municipio actor de: Fondo para las entidades federativas y Municipios productores de hidrocarburos de 2016; Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) de 2016; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de 2016; Subsidio a los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) de 2016; Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión A 2016 (FORTAFIN A 2016).

SÉPTIMO.—El 11 de mayo de 2017 tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Tribunal.

SEGUNDO.—Legitimación activa. Se procede a realizar el estudio de la legitimación de quien promueve la controversia constitucional, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

El artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal faculta a los Municipios de una entidad federativa para promover controversias en las cuales se cuestione la constitucionalidad de sus actos o de sus disposiciones de carácter general.

Asimismo, conforme a los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En el caso, del escrito de demanda se advierte que quien promueve la controversia es el síndico del Ayuntamiento de Tihuatlán, carácter que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría que le fue otorgada por el Consejo Municipal de Tihuatlán el 9 de julio de 2013.

De acuerdo con el artículo 37, fracción I, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, corresponde al síndico la representación jurídica del Municipio; por lo que procede reconocer su legitimación para promover el presente medio de control.

Asimismo, se reconoce la legitimación del Municipio actor para instar la vía, al ser uno de los entes mencionados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.

TERCERO.—Legitimación pasiva. A continuación se analizará la legitimación de las demandadas, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que las mismas sean las obligadas por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.

El Ministro instructor tuvo como autoridades demandadas a las siguientes:

a) Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

b) Poder Ejecutivo de la citada entidad.

A esas autoridades se les atribuyen las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones para la realización de la indebida retención y/o descuento de los recursos federales, así como la omisión en su entrega y el pago de intereses.

María Elisa Manterola Saínz, quien signa la contestación de la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, se ostenta como presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, lo que acredita con el ejemplar de la Gaceta Oficial de la entidad de 8 de noviembre de 2016.

El artículo 24, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Veracruz de Ignacio de la Llave señala lo siguiente:

"Artículo 24. El presidente de la Mesa Directiva, fungirá como presidente del Congreso del Estado y tendrá las atribuciones siguientes:

"I. Representar legalmente al Congreso del Estado y delegar dicha función el servidor público que designe, mediante acuerdo escrito."

De ahí que la presidenta de la mesa directiva sí está facultada para representar legalmente al Congreso del Estado.

Ahora bien, el Poder Legislativo Local manifiesta que no participó ni tuvo intervención en los actos impugnados, por lo que no puede tenérsele como demandada. Al respecto, esta Sala considera que le asiste la razón por lo que se refiere a la omisión en la entrega y el pago de intereses de los recursos federales, pues conforme a la normatividad local, corresponde al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ministrar los recursos que la Federación transfiere a los Municipios por conducto de los Estados.

De este modo, debe reconocerse la legitimación pasiva del Poder Legislativo del Estado de Veracruz solamente por lo que respecta a las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones para hacer descuentos y/o retenciones a los recursos federales demandados.

Miguel Ángel Yunes Linares dio contestación a la demanda en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, personalidad que acredita con la copia certificada de la constancia de mayoría de 12 de junio de 2016 mediante la cual se le declara como gobernador electo, expedida a su favor por los integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado.

Ahora bien, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 42, dispone:

"Artículo 42. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, denominado: Gobernador del Estado."

En consecuencia, Miguel Ángel Yunes Linares tiene la facultad para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz en la presente controversia.

CUARTO.—Precisión de actos. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuáles son los actos concreta y específicamente reclamados por el Municipio actor.

A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.

En el apartado denominado como "actos reclamados" de su escrito inicial de demanda, el Municipio señaló:

1. Las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, por el concepto de Ramo General 23 y en lo particular a:

"a. Fondo para Entidades Federativas y Municipales, Productores de Hidrocarburos monto pendiente la cantidad de $765,676.00 (setecientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)

"b. Aportaciones no depositadas de hidrocarburos 2016, por la cantidad de $7'357,221.00 (siete millones trescientos cincuenta y siete mil doscientos veintiún pesos 00/100 M.N.)

"c. FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016, por el total de $27,136,904.00 (veintisiete millones ciento treinta y seis mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.) (correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2016) y las que se sigan generando.

"d. FORTAMUNDF 2016 (Fondo para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones), por la cantidad de $8’105,930.00 (ocho millones ciento cinco mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2016 más las que se sigan generando.

"e. FORTASEG 2016 (Fortalecimiento de los temas de seguridad), mes de septiembre por la cantidad de $5’500,000.00 (cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), y las que se sigan generando hasta el pago total actualizado.

"f. Fortalecimiento financiero para inversión 2016 (FORTAFIN 2016). $19’312,689.00 (diecinueve millones trescientos doce mil seiscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y las que se sigan generando hasta el pago total actualizado.

"Haciendo un total de los rubros mencionados de $68’178,420.00 (sesenta y ocho millones siento (sic) setenta y ocho mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.).

"Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."

2. Cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y retención indebidos de los recursos mencionados en el punto número 1 que antecede.

3. La omisión de entregar los recursos mencionados en el punto número 1 que antecede.

4. Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar los recursos mencionados en el punto número 1 que antecede.

En el apartado de antecedentes de su demanda señala que desde hace meses se ha repetido por parte de las demandadas la omisión en la entrega de los recursos federales que le corresponden al Ayuntamiento actor; y en sus conceptos de invalidez menciona, además, que las demandadas deberán entregar al Municipio el 100% de los fondos y participaciones federales que le corresponde más el pago de intereses.

De lo anterior, se desprende que el Municipio actor controvierte la omisión en la entrega de diversos recursos federales, pues sus manifestaciones ponen en evidencia que afirma no tener conocimiento de que se hubieran hecho, a la fecha de presentación de la demanda, las entregas correspondientes.

Debe precisarse que las "aportaciones no depositadas de hidrocarburos 2016" que el actor demanda por la cantidad de $7,357,221.00, deben entenderse referidas al Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos que prevé el artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos;(1) pues los diversos Fondo de extracción de hidrocarburos y Fondo de estabilización de extracción de hidrocarburos, regulados en el artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal,(2) constituyen participaciones federales.

Aunado a lo anterior, cabe hacer notar que respecto de los recursos reclamados del FORTASEG 2016 la parte actora reclama un monto respecto del mes de "septiembre"; sin embargo, esta Sala considera necesario hacer las precisiones siguientes en relación con dicho subsidio previsto en el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y los artículos 22, 24 y 25 de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio a los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2016:

1. Los beneficiarios podrán recibir en 2 ministraciones la cantidad asignada del subsidio.

2. La primera ministración corresponderá al 50% del monto total convenido. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento iniciará los trámites para la transferencia de los recursos de la primera ministración a la entidad federativa dentro de los 5 días hábiles siguientes de que cuente con el convenio y su anexo técnico.

3. La segunda ministración corresponderá hasta el 50% del monto total convenido y estará condicionada a que se acredite el cumplimiento de las metas establecidas en los cronogramas de los programas con prioridad nacional pactados en el anexo técnico del convenio respectivo, las cuales deberán corresponder al mes que anteceda a la fecha en que el secretariado ejecutivo reciba formalmente la solicitud respectiva, y deberá haber comprometido, devengado y/o pagado recursos federales de por lo menos el 30% del monto transferido en la primera ministración y del 25% de los recursos de la cooparticipación correspondientes a dicha ministración, así como haber realizado el depósito o transferencia de la aportación del beneficiario equivalente al 50% del total del recurso de la cooparticipación.

4. Los beneficiarios podrán solicitar mediante oficio dirigido a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento la segunda ministración en cualquier momento, una vez que cumplan los requisitos que se prevén en los lineamientos y la realicen a más tardar el 15 de julio de 2016.

5. Cuando los beneficiarios cumplan parcialmente las metas establecidas en los cronogramas convenidos en el anexo técnico se ministrará la parte proporcional de los recursos de la segunda ministración que corresponda al porcentaje del cumplimiento determinado por los responsables federales.

6. Cuando los beneficiarios no acrediten haber comprometido, devengado y/o pagado los recursos federales del FORTASEG y de la cooparticipación de la primera ministración, perderán el derecho de acceder a los recursos de la segunda ministración, con independencia de los avances en el cumplimiento de metas de los destinos de gasto.

7. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento, con base en los dictámenes proporcionados por los responsables federales, notificará a los beneficiarios el resultado obtenido respecto de la solicitud de ministración en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes a la recepción del último dictamen.

8. Una vez notificado el resultado de la solicitud de ministración correspondiente, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento iniciará los trámites para la transferencia de los recursos a los beneficiarios a través de las entidades federativas por conducto de la Dirección General de Administración a partir del día hábil siguiente de su notificación.

De lo anterior se desprende, en lo que interesa a este asunto, que los recursos del FORTASEG 2016 se entregarán al beneficiario en 2 ministraciones, la primera cuando la Dirección General de Vinculación y Seguimiento cuente con el Convenio respectivo y su anexo técnico; y la segunda cuando se acredite el cumplimiento de diversas metas, requisitos y su solicitud se realice a más tardar el 15 de julio de 2016.

En ese sentido, es válido concluir que, por la fecha límite en que debe solicitarse la segunda ministración del subsidio y la fecha de la presentación de la demanda (15 de noviembre de 2016), la parte actora al reclamar el pago del mes de "septiembre" de los recursos del FORTASEG 2016, se refiere a una parte de la "segunda ministración" de dichos recursos.

Por las razones expuestas, esta Sala concluye que el Municipio actor efectivamente impugna:

a) Las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones para la omisión en la entrega de los recursos federales que se desglosan en el inciso siguiente.

b) La omisión en la entrega de:

• Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos del ejercicio fiscal de 2016, por la cantidad de $7'357,221.00.

• Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de los meses de agosto y septiembre 2016, por la cantidad total de $27'136,904.00.

• Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) de los meses de septiembre y octubre de 2016, por la cantidad total de $8'105,930.00.

• La segunda ministración del subsidio a los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG) 2016, por la cantidad de $5'500,000.00.

• Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión A 2016 (FORTAFIN A 2016), por la cantidad de $19'312,689.00.

• El pago de intereses respectivo.

En consecuencia, los actos impugnados que se precisan en este apartado serán los que se estudiarán a la luz de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(3) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."

Sin que deba tenerse como impugnada la omisión en la entrega de los recursos federales "que se sigan generando hasta el pago total actualizado", ni la omisión en la entrega del Fondo para entidades federativas y municipales (sic) productores de hidrocarburos por la cantidad de $765,676.00, pues respecto de este último concepto la parte actora no señala el periodo o ejercicio fiscal que reclama; lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia P./J. 64/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS."(4)

Asimismo, esta Segunda Sala advierte que no existen los actos identificados como órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones para la omisión en la entrega de los recursos federales, en virtud de que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo estatales demandados negaron la existencia de tales actos –de carácter positivo– sin que de autos se advierta elemento de convicción alguno que desvirtúe tal negativa, por lo que se concluye que en relación con dichos actos procede sobreseer en la presente controversia, con fundamento en la fracción III del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Directrices establecidas por el Pleno cuando se impugnan actos negativos. En virtud del acto controvertido que subsiste, cabe destacar que respecto de las controversias constitucionales en las que se impugnan actos de naturaleza negativa –es decir, los que implican un no hacer– el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido diversas directrices para proceder a su estudio:

a) Posibilidad de impugnar en controversia constitucional actos de naturaleza positiva y negativa.

Al resolver la controversia constitucional 3/97(5) se destacó que de conformidad con los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10 y 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del propio precepto constitucional, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que al referirse dichos numerales, en forma genérica, a "actos", debe entenderse que éstos pueden ser, atendiendo a su naturaleza, tanto positivos –implican un hacer– como negativos –implican un no hacer u omisión–.

Lo anterior se reflejó en la jurisprudencia P./J. 82/99, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES."(6)

b) Verificación de la existencia de la obligación de hacer.

Asimismo, se estableció que en el caso de la impugnación de actos de naturaleza negativa, dado que se combate una omisión total o absoluta en el cumplimiento de un hacer, primero debe verificarse que existe la obligación, por parte de la demandada, de llevar a cabo lo que la actora asevera que no se realizó –verbigracia, la entrega de las participaciones federales que corresponden a un Municipio–.

c) Regla general de plazo para impugnación de actos de naturaleza negativa.

En este punto, debe precisarse que en la ejecutoria que resolvió la diversa controversia constitucional 10/2001,(7) se determinó que los actos de naturaleza negativa tienen el carácter de continuos, pues al implicar un no hacer por parte de la autoridad, generan una situación permanente que no se subsana mientras no se realice la obligación de hacer, la cual se reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva.

De lo cual se concluyó que, como regla general, dada la reiteración constante de la omisión, el plazo para su impugnación también se actualiza día a día, permitiendo entonces que la demanda pueda presentarse en cualquier momento mientras que tal omisión persista.

La regla general de mérito se ve reflejada en la jurisprudencia

P./J. 43/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."(8)

Cabe destacar que para que se actualice la aplicación de la regla general de referencia, se requiere de la existencia de una falta absoluta de actuación de la demandada y no sólo del incumplimiento parcial o de la mera infracción de alguna disposición legal, por ejemplo, la emisión de un oficio –acto positivo– que no cumpla con todos los requisitos previstos en las disposiciones conducentes.

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 66/2009, cuyo rubro se transcribe: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD."(9)

Otro ejemplo de un caso que no constituye una omisión o acto negativo, sino el mero incumplimiento de una disposición legal relacionado con un acto que tiene el cará

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28798-87020d13/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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