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Modo: Corpus Pro

SUPREMO TRIBUNAL MILITAR. EN EL JUICIO DE AMPARO ES FACTIBLE ANALIZAR SI ESTÁ DEBIDAMENTE INTEGRADO CONFORME AL ARTÍCULO 3o. DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE MAYO DE 2016.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2018. · Registro digital (IUS): 28897
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-08-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, Pág. 4028.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE MARZO DE 2019. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS EMMA MEZA FONSECA, FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO, ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ, HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO, MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ, FERNANDO CÓRDOVA DEL VALLE, CARLOS ENRIQUE RUEDA DÁVILA Y REYNALDO MANUEL REYES ROSAS. DISIDENTE: JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: J. TRINIDAD VERGARA ORTIZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión pública de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS para resolver los autos del expediente 23/2018, relativo a la denuncia de contradicción de tesis suscitada entre los criterios emitidos por el Séptimo y el Octavo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, respectivamente; y,

RESULTANDO:

I. Denuncia de la contradicción de tesis

El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho,(1) los Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito presentaron el oficio 23/2018 ante la Oficialía de Partes del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, para efecto de denunciar la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por ese Tribunal Colegiado derivado de lo resuelto en el recurso de revisión 100/2018 de su índice y el sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el amparo directo 122/2017.

II. Admisión de la contradicción de tesis

El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito emitió un acuerdo en el que tuvo por agregado el oficio anteriormente referido y lo registró como contradicción de tesis 23/2018; asimismo, se declaró competente para que el Pleno en Materia Penal conociera de la denuncia aludida; lo admitió a trámite y requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados que informaran si el criterio sustentado en los asuntos denunciados se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; finalmente, ordenó girar oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efecto de que informara si existía o no alguna contradicción de tesis radicada en ese Máximo Tribunal, respecto a la materia que concierne al caso.

III. Informes solicitados

Mediante oficios 29/2018-T y 1086, suscritos por el presidente del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y por el secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, respectivamente, informaron que el criterio sustentado en sus respectivas sentencias seguía vigente; remitiendo el Séptimo Tribunal copia certificada de la sentencia respectiva y el archivo electrónico relativo; lo que se proveyó en acuerdo de trece de noviembre de dos mil dieciocho.

Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno de Circuito tuvo a la encargada del despacho de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicando las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento a lo solicitado en el auto admisorio; y el veintisiete siguiente, el presidente del Pleno de Circuito agregó el oficio CCST-X-142-04-2018, por el que la encargada del despacho de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó que el secretario general de Acuerdos del Máximo Tribunal le informó que durante los últimos seis meses no existía radicado en ese Alto Tribunal contradicción de tesis pendiente por resolver que guardara relación con el tema de la denuncia que originó este expediente.

IV. Turno

Mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito determinó que el expediente de contradicción de tesis 23/2018 se encontraba debidamente integrado y ordenó turnar los autos a la Magistrada Emma Meza Fonseca, para que en términos del artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(2) formulara el proyecto de resolución.

V. Integrantes de la contradicción de tesis

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior y con el oficio dirigido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito a la presidencia del Pleno de Circuito, se considera que los integrantes de la contienda son dicho órgano constitucional y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que sostienen puntos diversos sobre una determinada temática.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(4) 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) así como 9, 17, 27 y 33 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(6) relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue realizada por Magistrados de Circuito, como lo son los integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Por lo tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Carta Magna(7) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(8)

TERCERO.—Criterios en contradicción.

Las consideraciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción de tesis, son las siguientes:

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo 122/2017, sostuvo, en lo que interesa:

"... En relación con la integración tanto del juzgado y el tribunal de alzada en los que, respectivamente, se tramitó su proceso, se dictó sentencia y se resolvió el recurso de apelación que dio origen a la sentencia que por esta vía impugna, se estiman parcialmente fundados los argumentos del quejoso sintetizados en el inciso b) del cuarto concepto de violación.—En lo que se refiere al juzgado de origen, el teniente coronel de Justicia Militar, licenciado ********** (quien era el secretario de Acuerdos), actuó como Juez por ministerio de ley, de conformidad con lo que estipulaba el artículo 29, fracción I, del Código de Justicia Militar –antes de la reforma de 16 de mayo de 2016–, ante la ausencia temporal de la entonces titular del Juzgado Tercero Militar adscrito a la Primera Región Militar; de ahí que no era indispensable que tuviera el grado que se exige para fungir como Juez, porque su actuación fue precisamente para cubrir la falta temporal de la mencionada juzgadora.—Sin embargo, como bien lo señala el impetrante del amparo, el Supremo Tribunal Militar no estuvo legalmente constituido.—En efecto, el artículo 3 del Código de Justicia Militar –vigente en la época de los hechos y aplicable al caso concreto–, en atención al artículo segundo transitorio, fracción IV, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2016,(9) establecía: ‘Artículo 3. El Supremo Tribunal Militar se compondrá de un presidente, general de brigada, militar de guerra y cuatro Magistrados, generales de brigada de servicio o auxiliares.’.—Ahora bien, de lo actuado consta que la sentencia que por esta vía se impugna(10) fue emitida por los generales de brigada, diplomado de Estado Mayor **********, presidente titular; de Justicia Militar y licenciado **********, Primer Magistrado; así como los brigadieres del mismo servicio y profesión **********, Segundo Magistrado ********** Cuarto Magistrado; con la excusa calificada del general brigadier de Justicia Militar y licenciado **********, Tercer Magistrado, en unión del coronel de Justicia Militar y licenciado **********, secretario de Acuerdos.—Integración de la que se advierte, sin lugar a dudas, que no es acorde a lo que el código marcial exige para su composición, porque el grado o rango que se requiere para los Magistrados es el de generales de brigada y, en el caso, se aprecia que dos de los cuatro que votaron el asunto, no cumplen con ese requisito, al ser generales brigadieres.—En efecto, dentro de las Fuerzas Armadas existen grados o rangos para determinar la estructura organizacional, pues a medida que aumente el grado, o se ascienda, también aumenta la responsabilidad y compensación. Mientras más alto sea el grado de un militar, mayor responsabilidad tendrá sobre el personal, equipo y tareas asignadas.—Así, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos prevé, en su artículo 190, que los escalafones del Ejército y Fuerza Aérea comprenderán al personal de generales, jefes, oficiales y sargentos profesionales en el servicio activo.—En tanto que los ordinales 191 y 192 del citado ordenamiento, señalan que los escalafones y los grados que comprenden las Armas y Cuerpos Especiales del Ejército, son: ‘Artículo 191. I. De plana mayor, que incluye generales de división, de brigada y brigadieres; II. De infantería. De soldado a general de división; III. De caballería. De soldado a general de división; IV. De artillería. De soldado a general de división; V. Del arma blindada. De soldado a general de división; VI. De ingenieros, que se divide en dos grupos: A. Ingenieros constructores. De subteniente a general de división; y, B. Zapadores. De soldado a general de división.—VII. Del Cuerpo Especial de Policía Militar. De soldado a sargento primero; y, VIII. Del Cuerpo Especial de Música Militar.—De soldado a mayor.’.—‘Artículo 192. Los escalafones y grados que comprenden al personal de Arma y de los Cuerpos Especiales de la Fuerza Aérea son los siguientes: I. De plana mayor, que incluye: A. Generales de división, de ala y de grupo pilotos aviadores; y, B. Generales de división, de brigada y brigadieres de tropas terrestres.’—Como puede constarse dentro de la estructura orgánica del Ejército y Fuerza Aérea el rango de general contempla a su vez tres jerarquías que son el de división, el de brigada y el brigadier, que en el orden mencionado comprende el rango de mayor a menor.—Por tanto, no es correcto determinar que un general brigadier tenga el mismo rango que un general de brigada y, en esa virtud, se llega a la conclusión de que fueron violadas en perjuicio del quejoso las reglas procesales de los artículos 3o. y 9o. del Código de Justicia Militar aplicable, en relación con el 173, fracción XIV, de la Ley de Amparo y, consecuentemente, la garantía del artículo 14 constitucional, en cuanto que debe ser juzgado de acuerdo con las leyes del procedimiento expedidas con anterioridad al hecho, lo que importa una violación constitucional.—Por lo que debe concederse la protección constitucional para que se deje sin efecto el acto reclamado y se reponga el procedimiento, para los efectos que más adelante se precisarán ... En ese orden, al actualizarse la hipótesis contenida en las fracciones XIV del artículo 173 de la Ley de Amparo, procede otorgar la protección constitucional a **********, para el efecto de que el tribunal responsable: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada.—2. Ordene la reposición del procedimiento a fin de que sea integrado debidamente el Supremo Tribunal Militar –ahora denominado Tribunal Superior Militar–; hecho lo anterior, celebre la audiencia de vista y dicte la sentencia de segundo grado; en la inteligencia que deberá hacerse saber al propio quejoso los nombres de los Magistrados que lo integrarán a efecto de que esté en aptitud jurídica de ejercer el derecho de recusación.—3. Al dictar sentencia, dé contestación a todos y cada uno de los agravios que expresó el quejoso en su escrito respectivo, con la salvedad que si el fallo confirma la sentencia de primera instancia, las penas que imponga no deberán ser superiores a las señaladas en la resolución reclamada. ..."

El anterior criterio dio origen a la tesis I.7o.P. J/6 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de octubre de 2018 a las 10:29 horas y en la página 2098, Libro 59, Tomo III, octubre de 2018 (registro digital: 2018216), Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"SUPREMO TRIBUNAL MILITAR. CASO EN EL QUE PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO, AL NO ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDO DICHO ÓRGANO PARA DICTAR LA SENTENCIA RECLAMADA, CONFORME AL ARTÍCULO 3o. DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, VIGENTE HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016. De acuerdo con el precepto indicado, el Supremo Tribunal Militar se compondrá de un presidente, que debe ostentar el rango de general de brigada, militar de guerra y cuatro Magistrados generales de brigada de servicio o auxiliares. Ahora bien, en las fuerzas armadas existen grados o rangos para determinar la estructura organizacional, y a medida que aumenta el grado o se ascienda, también se incrementan la responsabilidad y la compensación. Mientras más alto sea el grado de un militar, mayor responsabilidad tendrá sobre el personal, el equipo y las tareas asignadas. Así, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos prevé, en su artículo 190, que los escalafones del Ejército y Fuerza Aérea comprenderán al personal de generales, jefes, oficiales y sargentos profesionales en el servicio activo; en tanto que sus artículos 191, 192 y 193 señalan que los escalafones y los grados que comprenden las armas y cuerpos especiales, así como los servicios del Ejército y Fuerza Aérea, en los que se refieren de plana mayor, comprenden a los generales de división, de brigada y brigadieres. De esa estructura, el grado de general establece, a su vez, las tres jerarquías descritas, que en el orden mencionado comprende el rango de mayor a menor. Por tanto, un general brigadier no cuenta con el mismo rango que un general de brigada. En esa virtud, si el Supremo Tribunal Militar falla un asunto sometido a su potestad integrado por dos generales de brigada, uno fungiendo como presidente y otro como primer Magistrado y dos más con el rango de generales brigadieres como segundo y cuatro Magistrados, con la excusa calificada del tercer Magistrado, es incuestionable que no estuvo legalmente constituido, porque el grado o rango que se requiere del presidente y de los cuatro Magistrados es el de general de brigada, supuesto en el cual se violan las reglas procesales de los artículos 3o. y 9o. del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 173, apartado A, fracción XIV, de la Ley de Amparo y, consecuentemente, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que el quejoso debe ser juzgado de acuerdo con las leyes del procedimiento expedidas con anterioridad al hecho, lo que importa una vulneración constitucional, caso en el que debe concederse la protección constitucional a efecto de que se reponga el procedimiento de apelación para que sea integrado debidamente dicho cuerpo colegiado, lo que debe notificarse al quejoso para que esté en aptitud de ejercer el derecho de recusación. Hecho lo anterior, se celebre la audiencia de vista y se dicte la sentencia de segundo grado."

Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el recurso en revisión 100/2018, sostuvo, en lo conducente:

"... En otro contexto, el agravio que hace valer el recurrente, sintetizado en el número 4, es esencialmente fundado, suplido en su deficiencia, en términos de la fracción III del inciso a) del artículo 79 de la Ley de Amparo y suficiente para revocar la sentencia recurrida.—Ello es así, pues como lo señala el quejoso aquí recurrente, el Juez de amparo debió estudiar el fondo de la litis planteada, esto es, analizar la legalidad del acto reclamado consistente en la resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación **********, por el Tribunal Superior Militar, por la cual revocó la concesión del incidente de libertad por desvanecimiento de datos, que atribuyó a la referida autoridad y al Juez Militar adscrito a la Tercera Región Militar, con residencia en Mazatlán, Sinaloa.—En efecto, el Juez Décimo Primero de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México analizó el acto reclamado y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la interlocutoria reclamada y ordenara la reposición del procedimiento hasta antes de la celebración de la audiencia de vista, al advertir, en suplencia de la queja deficiente, que la autoridad que lo emitió, esto es, el Supremo Tribunal Militar ahora Tribunal Superior Militar, no estuvo legalmente constituido.—Ello, en tanto puntualizó que la interlocutoria reclamada fue emitida por los generales de Brigada Diplomado de Estado Mayor **********, presidente titular y **********, Primer Magistrado; así como por el brigadier de Justicia Militar **********, Cuarto Magistrado; y dicha integración no era acorde a lo que establecía el Código de Justicia Militar, porque el grado o rango requerido para los Magistrados es el de generales de brigada y, en el caso, uno de los tres que votaron el asunto, no cumplía con dicho requisito, por ser general brigadier.—Estableció que dentro de las Fuerzas Armadas existen grados o rangos para determinar la estructura organizacional, pues a medida que aumente el grado o se ascienda, también aumenta la responsabilidad y compensación. Mientras más alto sea el grado de un militar, mayor responsabilidad tendrá sobre el personal, equipo y tareas asignadas.—Precisó que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, prevé en el artículo 190, que los escalafones del Ejército y Fuerza Aérea comprenderán al personal de generales, jefes, oficiales y sargentos profesionales en el servicio activo; y los artículos 191 y 192 del citado ordenamiento legal, señala los escalafones y los grados que comprenden las Armas y Cuerpos Especiales del Ejército.—Después de lo cual, señaló que dentro de la estructura orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, el rango de general contempla a su vez tres jerarquías que son el de división, el de brigada y el de brigadier, que en ese orden comprende el rango de mayor a menor; de ahí que no era correcto determinar que un general brigadier tuviera el mismo rango que un general de brigada.—Por lo tanto, concluyó que fueron violadas en perjuicio del quejoso, las reglas procesales de los artículos 3o. y 9o. del Código de Justicia Militar y, en consecuencia, la garantía prevista en el artículo 14 constitucional, en cuanto a que debe ser juzgado de acuerdo con las leyes del procedimiento expedidas con anterioridad al hecho.—Sin embargo, este órgano de control constitucional considera que dichos planteamientos se encuentran dirigidos a cuestionar la competencia de origen del general brigadier de Justicia Militar **********, Cuarto Magistrado, integrante del Tribunal Superior Militar señalado como autoridad responsable, pero desde la perspectiva de su legitimidad, es decir, de su nombramiento o designación como Magistrado y la organización administrativa interna del órgano colegiado al cual pertenece, tópicos que no es procedente analizar en el juicio de amparo.—Ello es así, pues el examen de la legitimidad de un funcionario tiene que ver con la situación de la persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para que pueda incorporarse a la función pública en el cargo particular de que se trata.—En efecto, la legitimidad del servidor público, por regla general, atiende sólo a su esfera jurídica y personal, esto es, su nombramiento y personalidad como titular del órgano estatal, hace nacer derechos y obligaciones del mismo frente al Estado, lo que hace que sea aplicable en su favor, el estatuto jurídico de servidor público, al mismo tiempo que le otorga facultades para actuar como funcionario de derecho.—En cambio la competencia como conjunto de facultades establecidas en disposiciones federales para realizar la actividad del Estado, se refiere sólo a los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros.—Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 699/2000, sostuvo que la noción de incompetencia de origen pretende hacer referencia a los problemas que entrañan la ilegitimidad de las autoridades locales (presidentes municipales, Magistrados y Jueces, así como gobernadores), por infracciones a las normas reguladoras de su designación o elección para desempeñar cargos públicos.—El examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial, pues mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica; la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros.—En ese sentido, el artículo 16 constitucional, a partir del cual un tribunal de amparo puede analizar la competencia de la autoridad responsable, no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto, en tanto consagra un derecho humano, y no un control interno de la organización administrativa.—Por lo tanto, los tribunales de amparo no pueden conocer de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada; lo anterior, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o inclusive penal exigible a la persona sin investidura o dotada de una irregular.—Dicho criterio dio origen a la tesis P. XLVIII/2005, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: ‘SERVIDORES PÚBLICOS. NO PUEDEN, VÁLIDAMENTE, CONOCER DE SU LEGITIMIDAD LOS TRIBUNALES DE AMPARO NI LOS ORDINARIOS DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.—La noción de «incompetencia de origen» nació para significar los problemas que entrañaban la ilegitimidad de las autoridades locales por infracciones a las normas reguladoras de su designación o elección. Dicha incompetencia se distinguía de las irregularidades examinadas en el contexto de control de legalidad de los actos de autoridad, porque su conocimiento por los tribunales federales se traduciría en una intervención injustificada en la soberanía de las entidades federativas, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política. Sin embargo, la referida noción, limitada al desconocimiento de autoridades locales de índole política o judicial, se hizo extensiva a todos los casos en que por cualquier razón se discutiera la designación de un funcionario federal o local perteneciente, inclusive, al Poder Ejecutivo, o la regularidad de su ingreso a cualquier sector de la función pública, introduciéndose una distinción esencial entre la incompetencia de origen y la incompetencia derivada del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que derivó que frente a los funcionarios de jure, se creó una teoría de los funcionarios de facto, es decir, aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, ya sea por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación, o por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad e inhabilitación. Ahora bien, el examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial, pues mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica; la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En ese sentido, el indicado artículo 16 no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual, y no un control interno de la organización administrativa. Por tanto, los tribunales de amparo ni los ordinarios de jurisdicción contenciosa administrativa federal pueden conocer, con motivo de argumentos sobre incompetencia por violación al artículo 16 constitucional, de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o penal exigible a la persona sin investidura o dotada de una irregular.’(11).—En esa tesitura, contrario a lo que sustentó el Juez de Distrito y en términos de lo que al respecto ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo no es la vía idónea para conocer de la legitimidad de los servidores públicos; pues, como se expresó, en el caso no debió analizar si un general brigadier, que, orgánicamente, se distingue entre uno de los tres niveles de mayor jerarquía en el Ejército Mexicano, según el artículo 191, fracción I, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, podía o no constituir o integrar legalmente el tribunal militar que emitió el acto reclamado.—No se desatiende que en apoyo a su decisión, el juzgador de amparo invocó la tesis de rubro: ‘SUPREMO TRIBUNAL MILITAR. CASO EN EL QUE PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO, AL NO ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDO DICHO ÓRGANO PARA DICTAR LA SENTENCIA RECLAMADA, CONFORME AL ARTÍCULO 3o. DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, VIGENTE HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016.’, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; sin embargo, de acuerdo con las razones expuestas, este Tribunal Colegiado no comparte dicho criterio y, por ello, procede denunciar la contradicción que al dictar esta resolución se actualiza, en términos del artículo 227 de la Ley de Amparo.(12)—En consecuencia, procede revocar la sentencia recurrida y, en términos del artículo 93, fracción V,(13) de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado analizará el acto reclamado, bajo los conceptos de violación no estudiados. ..."

CUARTO.—Bases legales necesarias para la solución de la contradicción de tesis.

En primer término, es necesario establecer si, en el caso, existen criterios jurisdiccionales en contradicción, relativos a un tema jurídico en específico.

Así las cosas, es importante destacar que para que se configure la contradicción de tesis competencia de este Pleno de Circuito, es requisito que diversos Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de denuncia, hayan:

a) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,

b) Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

Por tanto, hay contradicción de tesis cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean idénticos en torno a los hechos que los sustentan.

En ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, publicada en la página 7, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28897-c160c6be/supremo-tribunal-militar-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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