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Modo: Corpus Pro

IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 131/2011. · Registro digital (IUS): 23411
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Pág. 385.

AMPARO EN REVISIÓN 131/2011. **********. 1o. DE JUNIO DE 2011. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: JORGE ANTONIO MEDINA GAONA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a los artículos 94, párrafo séptimo y 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, 84, fracción I, de la Ley de Amparo; 11, fracción IV, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el punto cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, al tratarse de un recurso de revisión en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto, en materia penal, en el que se cuestionó, entre otras cosas, la inconstitucionalidad de los decretos de veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y dos, en virtud del cual el Congreso de la Unión otorgó facultades extraordinarias al Presidente sustituto Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir el Código de Justicia Miliar, así como el diverso decreto de treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta y tres, a través del cual se expidió el citado código.

SEGUNDO. Esta Primera Sala no se ocupará de analizar la oportunidad del recurso, en virtud de que el Tribunal Colegiado del conocimiento ya se pronunció al respecto, y determinó que se presentó dentro del término legal de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, lo que se estima ajustado a derecho.

TERCERO. Como antecedentes del caso tenemos que el aquí quejoso, con independencia del cargo de teniente coronel pagador, también era el jefe de la Unidad Ejecutora de Pagos de la Vigésimo Primera Zona Militar, en Morelia, Michoacán, por lo que tenía el carácter de servidor público federal, y en el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, desvió un total de **********, y le dio un fin distinto al que tenía. Numerario que pertenecía al Ejército y fue recibido por el quejoso en razón de su empleo dentro de la milicia.

Además, para comprobar el activo que realizó los reintegros correspondientes, presentó ********** fichas de depósito bancarias de la institución **********, las cuales resultaron apócrifas.

De ahí que al quejoso se le dictó el auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de malversación, previsto y sancionado por el artículo 241, fracción III, del Código de Justicia Militar y uso de documento falso, previsto y sancionado por los artículos 246, fracción VII y 243 del Código Penal Federal.

CUARTO. La parte quejosa hizo valer como conceptos de violación, en síntesis, los siguientes:

"Que el decreto expedido por el Congreso de la Unión el veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de mil novecientos treinta y tres, en virtud del cual se otorgan facultades extraordinarias al presidente sustituto de los Estados Unidos Mexicanos para expedir el Código de Justicia Militar; así como el decreto de veintiocho de agosto de mil novecientos treinta y tres, en virtud del cual el presidente de los Estados Unidos Mexicanos expidió el Código de Justicia Militar, violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica por ser contrarios en lo previsto por los artículos 14, 16, 29, 49, 73, fracción XIV, 92 y 133 constitucionales, en relación con el artículo 8 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

"Que el decreto por el cual el Congreso de la Unión otorgó facultades extraordinarias al presidente sustituto de los Estados Unidos Mexicanos para legislar y expedir el Código de Justicia Militar, es inconstitucional porque viola el artículo 49 de la Constitución Federal, pues dichas facultades no fueron otorgadas para suspender las garantías conforme al artículo 29 de la propia Constitución Federal, con lo que depositó el Poder Legislativo en un solo individuo y reunió dos poderes en una sola persona.

"Así, refiere que, aun cuando las facultades otorgadas por el Congreso de la Unión, conforme a las prevenciones generales de los artículos 29 y 49 constitucionales, pueden ser de naturaleza materialmente legislativas, los actos que emita el Ejecutivo con base en dichas facultades, deben ser encaminados únicamente a suspender las garantías para hacer frente a una situación concreta, es decir, medidas tendientes a la conservación de la soberanía, a la paz pública o la seguridad interna, pero de ninguna manera faculta al Congreso de la Unión para que confiera al Ejecutivo Federal facultades legislativas, pues de hacerlo se contraviene el artículo 49 constitucional.

"El aludido decreto es contrario al artículo 49 constitucional, toda vez que las facultades no fueron otorgadas basadas en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otra que pusiera a la sociedad en grave peligro, ni para suspender las garantías con el objeto de hacer frente a esa situación, pues fueron otorgadas para el efecto de legislar y expedir una ley federal, lo que no está permitido en el artículo 29 de la propia Constitución Federal y con ello, insiste, se depositó al Legislativo en un solo individuo, vulnerando el referido artículo 49 constitucional.

"Que las facultades otorgadas deben ser tendentes a suspender las garantías individuales para hacer frente a una determinada situación, pero no para realizar actos legislativos; asimismo, cuando las prevenciones generales que expide el Ejecutivo en base a las facultades extraordinarias y queden plasmadas en una ley o código como en el caso, deben tener como único fin la suspensión de garantías para enfrentar una situación concreta, al no ser así se contraría el artículo 49 constitucional por no reunir los requisitos del diverso 29 de dicha Constitución Federal.

"Que no obstante que en la Constitución de 1917, se estableció que las autorizaciones extraordinarias otorgadas al presidente pueden ser para legislar, éstas no pueden comprender las legislativas de manera discrecional o en todas las materias o ramas, las cuales deben ser ejercidas exclusivamente por el Congreso de la Unión, pues tal delegación implica conceder funciones ajenas a las propias, máxime que la propia Constitución Federal establece como exclusivas del Congreso de la Unión, como en el caso, en donde el artículo 73, fracción XIV, de la propia Carta Magna establece como facultad exclusiva del Congreso de la Unión levantar y sostener las instituciones armadas de la Unión, por lo que aquellas facultades legislativas que pueden otorgarse son limitadas conforme a los propios artículos 29 y 49 constitucionales.

"Abunda, que los alcances de las referidas facultades extraordinarias no pueden comprender la facultad de expedir leyes reglamentarias directamente de un precepto constitucional previsto con anterioridad al decreto por el cual se autoricen dichas facultades, como en el caso, pues el Código de Justicia Militar tiene su fundamento directo en el artículo 13 de la Constitución Federal, el cual existía mucho antes que la expedición del decreto que otorgó facultades extraordinarias al Ejecutivo.

"Que los decretos emitidos por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos con facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la Unión deben ser con acuerdo de los titulares de las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos y el procurador general de la República, según se advierte de los artículos 29 y 92 constitucionales. Agrega que en mil novecientos treinta y tres, el Texto Constitucional señalaba que se debería contar con el acuerdo del Consejo de Ministros, lo que se refiere a los titulares ahora denominados secretarios de Estado, jefes de departamentos administrativos y procurador general de la República; así, indica que el decreto de veintiocho de agosto de mil novecientos treinta y tres, por medio del cual el presidente sustituto promulgó y expidió el Código de Justicia Militar, no cuenta con el acuerdo referido en el párrafo anterior por lo que es inconstitucional.

"Abunda, que el artículo 92 constitucional establece que los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la República deben estar firmados por el secretario de Estado o jefe de departamento administrativo al que el asunto corresponda y sin dicho requisito no serán obedecidos. Concluye que dichos actos aun siendo legislativos deben ser firmados por los titulares de las Secretarías de Estado, jefes de los departamentos administrativos y procurador general de la República; que en ese orden de ideas, el decreto de veintiocho de agosto de mil novecientos treinta y tres, no cuenta con las referidas firmas, por lo que es claro que contraviene los artículos 29 y 92 de la Constitución General de la República.

"Que el referido decreto en el cual se contiene el Código de Justicia Militar en lo general, y en lo particular el libro primero, título primero, relativo a la organización y competencia que comprenden los artículos 1 al 98, así como el 435, el artículo 29, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; los artículos 27, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos 1, 2, 4 y 6, fracciones XXII y XXXIII y 50 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica del quejoso al ser contrarios a los artículos 14, 16, 17, 19, 21, 29, 49, 73, fracción XIV, 92 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el último en relación con el artículo 8 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. A tal efecto, refiere que dichos preceptos legales establecen el fuero de guerra a que se refiere el artículo 13 constitucional, determinan como sus órganos al Supremo Tribunal Militar y los Jueces Militares, quienes deben ser militares en servicio activo y pertenecen administrativa y orgánicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, asimismo establecen la facultad de los tribunales militares para declarar cuando un hecho es o no delito del fuero de guerra y determinar la inocencia o culpabilidad, así como aplicar las penas que las leyes señalan.

"Aduce que lo anterior transgrede los principios de seguridad jurídica y legalidad establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales en relación con el 17 y 21 de la propia Carta Magna, que exigen que todo juicio debe ser seguido por Jueces o tribunales independientes e imparciales, cumpliendo con las formalidades del procedimiento y de que la imposición de las penas es facultad propia y exclusiva de la autoridad judicial. Lo cual fue aceptado por México al suscribir la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José la cual en su artículo 8 dice que uno de los derechos fundamentales del hombre es ser ‘oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial’.

"Que se le pretende juzgar y sentenciar por un tribunal con jurisdicción especial, que pertenece a una dependencia de la administración pública federal, por lo que no tienen autonomía e independencia, toda vez que los Magistrados del Supremo Tribunal Militar son nombrados por el secretario de la Defensa Nacional con aprobación del Ejecutivo Federal quien se constituye como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas; lo que lleva a considerar que los órganos del fuero de guerra no son tribunales autónomos e independientes como lo exigen los artículos 17 constitucional y 8 del Pacto de San José, precisamente por encontrarse subordinados al titular de la dependencia a la cual pertenecen quien los nombra y a quien le rinden cuentas, es decir, por pertenecer a la misma dependencia, donde el fiscal que ejerce la acción penal y persigue los delitos ante el Juez Militar pertenecen estructural y orgánicamente a la misma dependencia.

"Agrega que la autoridad responsable denominada Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar no es una autoridad judicial, toda vez que en realidad es un servidor público que pertenece y forma parte del Poder Ejecutivo Federal, pues es parte de los llamados órganos del fuero de guerra, de acuerdo al artículo 29, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal concatenada con los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como con los artículos 1, 2, 4, 6, fracciones XXII y XXXIII y 50 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional; así como con los artículos 1, 2, 4, 7, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del propio Código de Justicia Militar, los cuales pretenden otorgar facultades que no le corresponden al referido Juez Militar quien no pertenece al Poder Judicial sino al Poder Ejecutivo de la Unión."

QUINTO. Las consideraciones en que se sustentó la negativa del amparo vinculadas al aspecto de constitucionalidad por parte de la Jueza de Distrito, son las siguientes:

"SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación que hace valer el defensor del directo quejoso **********, tendentes a la acreditación de la inconstitucionalidad de los actos reclamados, consistentes en el decreto de veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y dos y decreto de veintiocho de agosto de mil novecientos treinta y tres, como se verá.

"El defensor del directo quejoso aduce en los argumentos vertidos en sus conceptos de violación, tendentes a acreditar la inconstitucionalidad de los decretos de veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y dos y veintiocho de agosto de mil novecientos treinta y tres, esencialmente lo siguiente: (transcribe)

"No asiste razón al quejoso, pues quien aquí resuelve estima que la expedición del decreto de veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y dos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de mil novecientos treinta y tres, mediante el cual se otorgó facultades extraordinarias al presidente sustituto de los Estados Unidos Mexicanos para expedir el Código de Justicia Militar, no puede reputarse inconstitucional dado que el artículo 49 constitucional vigente en esa época, no impedía que el Congreso de la Unión delegara al presidente de la República facultades para legislar.

"En efecto, el referido decreto, expedido por el Congreso de la Unión, por el que se faculta al Ejecutivo Federal para expedir leyes y reglamentos relacionados con la organización del Ejército y la Marina Nacionales y con el fuero de justicia militar reclamado, cuyo análisis debe hacerse conforme a las disposiciones constitucionales vigentes en esa época, es del tenor siguiente: (transcribe).

"Por su parte, el artículo 49 de la Constitución General de la República vigente en el año de mil novecientos treinta y dos, decía: (transcribe).

"Del transcrito precepto constitucional, se desprende el sistema de división de poderes que como forma de organización política adoptó el Estado Mexicano; asimismo, se desprende que, en la época de la expedición del decreto tildado de inconstitucional al igual que en la actualidad, el referido principio de división de poderes prohibía la reunión de dos o más poderes en una sola persona o corporación, es decir, que uno fuera absorbido por el otro de tal manera que desapareciera de la estructura del poder; sin embargo, contrario en lo vertido por el quejoso y como ya se adelantó, no prohibía la transferencia de ciertas funciones, en lo que interesa, de tipo legislativo en determinada materia o ramo, ya que subsistiendo la identidad de cada poder, constituía un acto de colaboración entre dos poderes dirigida a garantizar la marcha normal y regular de la vida en sociedad.

"En ese orden de ideas, la concesión de facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir leyes y reglamentos relacionados con la organización del Ejército y la Marina Nacionales y con el fuero de justicia militar, en uso de las cuales se expidió el Código de Justicia Militar, no requería la existencia de una suspensión de garantías para que fuera posible otorgarlas, en virtud de que el titular del Ejecutivo no absorbió todas las funciones del Legislativo, sino sólo colaboró con éste para salvaguardar la marcha normal y regular de la vida en sociedad. En tales condiciones, es evidente que la expedición del referido código por el presidente sustituto de la República no violó el principio de división de poderes, ni requería la existencia de una declaración de suspensión de garantías individuales, motivos por los cuales es incontrovertible que ese hecho no vulneró el artículo 49 de la Constitución Federal, en su redacción vigente en la época.

"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada ... cuyos rubro y texto dicen: ‘FACULTADES EXTRAORDINARIAS DEL EJECUTIVO, ANTES DE LA REFORMA DE 1938 AL ARTÍCULO 49 CONSTITUCIONAL.’ (transcribe).

"También resulta aplicable al respecto, por lo que ilustra, la tesis aislada ... de rubro y texto siguientes: ‘FACULTADES EXTRAORDINARIAS, CONSTITUCIONALIDAD DE LAS.’ (transcribe).

"De igual manera, es aplicable al caso, la tesis aislada ... de rubro y texto siguientes: ‘FACULTADES EXTRAORDINARIAS.’ (transcribe).

"Asimismo, sirve de apoyo la tesis aislada ... de rubro y texto siguientes: ‘FACULTADES EXTRAORDINARIAS.’ (transcribe).

"En efecto, los transcritos criterios hacen evidente que contrario con lo sostenido por el quejoso, la expedición del decreto por el que se facultó al Ejecutivo Federal para expedir leyes y reglamentos relacionados con la organización del Ejército y la Marina Nacionales y con el fuero de justicia militar no es inconstitucional porque, se insiste, el sistema de división de poderes no impedía que el Congreso de la Unión delegara al presidente de la República facultades para legislar, conforme al transcrito artículo 49 constitucional vigente en esa época.

"Consecuentemente, son también infundados los conceptos de violación tendentes a combatir la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Código de Justicia Militar expedido por el presidente de la República mediante decreto de veintiocho de agosto de mil novecientos treinta y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno siguiente, en atención a que ello es el resultado del ejercicio de las facultades conferidas en el decreto mencionado en el párrafo que antecede; es decir, la aplicación a una materia determinada de las facultades extraordinarias concedidas que habilitaron al Ejecutivo para legislar; circunstancias que han sido reiteradas en relación con ordenamientos expedidos con base en esas facultades extraordinarias otorgadas para legislar en diversas materias, con anterioridad a la reforma sufrida por el artículo 49 constitucional en mil novecientos treinta y ocho. Lo cual ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en diversas ejecutorias se ha empleado ese criterio para enjuiciar diversas leyes federales; tal y como se advierte de la tesis aislada, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible ... cuyos rubro y texto dicen: ‘CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EL 30 DE AGOSTO DE 1934, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN USO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS. CONSTITUCIONALIDAD.’ (transcribe).

"Asimismo, de la tesis aislada, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible ... de rubro y texto siguientes: ‘CÓDIGO DE COMERCIO, EXPEDIDO Y PROMULGADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEDIANTE FACULTADES EXTRAORDINARIAS. ES CONSTITUCIONAL.’ (transcribe).

"De igual manera, de la tesis ... cuyos rubro y texto dicen: ‘CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL. SU EXPEDICIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EJERCICIO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS ES CONSTITUCIONAL.’ (transcribe).

"Así, los transcritos criterios hacen evidente que, contrario con lo sostenido por el quejoso, la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Código de Justicia Militar expedido por el presidente de la República mediante decreto de veintiocho de agosto de mil novecientos treinta y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno siguiente, no es inconstitucional porque, se insiste, las facultades otorgadas por el Congreso de la Unión para tal fin no requerían la existencia de una suspensión de garantías para que fuera posible otorgarlas, en virtud de que el titular del Ejecutivo no absorbió todas las funciones del Legislativo, sino sólo colaboró con éste para salvaguardar la marcha normal y regular de la vida en sociedad, es decir, el sistema de división de poderes no impedía que el Congreso de la Unión delegara al presidente de la República facultades para legislar, conforme al artículo 49 constitucional vigente en esa época.

"De ahí que, contrario con lo vertido por el quejoso, no era necesario que el decreto emitido por el presidente sustituto de los Estados Unidos Mexicanos con facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la Unión, mediante el cual promulgó y expidió el Código de Justicia Militar, debiera ser firmado y con acuerdo de los titulares de las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos y el procurador general de la República, conforme al artículo 29 constitucional; pues, se insiste, no se trataba de una suspensión de garantías sino de una colaboración entre poderes para garantizar la marcha normal y regular de la vida en sociedad.

"En ese mismo orden de ideas, tampoco se vulneró el artículo 92 constitucional, en cuanto establece que los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la República deben estar firmados por el secretario de Estado o jefe de departamento administrativo al que el asunto corresponda y sin dicho requisito no serán obedecidos; pues, contrario con lo vertido por el defensor del quejoso, el decreto emitido por el presidente sustituto de los Estados Unidos Mexicanos con facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la Unión, mediante el cual promulgó y expidió el Código de Justicia Militar, fue firmado por el entonces subsecretario encargado del despacho de guerra y marina, a quien correspondía el asunto, con lo que se dio cabal cumplimiento al referido precepto constitucional.

"Por otro lado, tampoco asiste razón al defensor del directo quejoso, en cuanto aduce que el referido decreto en el cual se contiene el Código de Justicia Militar en lo general, y en lo particular el libro primero, título primero, de dicho código, relativo a la organización y competencia que comprenden los artículos 1 al 98, así como el 435, el artículo 29, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; los artículos 27, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos 1, 2, 4 y 6, fracciones XXII y XXXIII y 50 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional que establecen el fuero de guerra a que se refiere el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y señalan los órganos del fuero de guerra, transgrede los principios de seguridad jurídica y legalidad establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales en relación con los 17 y 21 de la propia Carta Magna y 8 del Pacto de San José, pues se le pretende juzgar y sentenciar por un tribunal con jurisdicción especial, que pertenece a una dependencia de la administración pública federal, que carece de autonomía e independencia, es decir, que el Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar no es una autoridad judicial, toda vez que en realidad es un servidor público que pertenece y forma parte del Poder Ejecutivo Federal, al ser parte de los llamados órganos del fuero de guerra.

"Se dice lo anterior, pues si bien es cierto que los órganos del llamado fuero de guerra, dependen orgánicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, que pertenece a la administración pública federal centralizada, también es cierto que la facultad que le fue conferida para conocer y sancionar, por conducto de las autoridades castrenses competentes, de los delitos contra la disciplina militar, se instituye como un órgano del fuero de guerra, que constituye una excepción a los principios establecidos en el primer párrafo del artículo 21 constitucional, relativos a la imposición de las penas.

"Para hacer patente lo infundado de lo alegado por el defensor del impetrante del amparo, es necesario hacer algunas consideraciones sobre el origen y justificación de la existencia de los tribunales militares; para lo cual debe tenerse presente el contenido del artículo 13 de la Constitución General de la República, que dice: (transcribe)

"Del precepto transcrito se desprende, como garantías de igualdad, que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales; que ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni puede gozar de más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley y que únicamente subsiste el ‘fuero de guerra’ para conocer de los delitos y de las faltas contra ‘la disciplina militar’; por ende, los tribunales militares en ningún caso y bajo ninguna circunstancia pueden extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército y cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un civil, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

"Aquí, es conveniente transcribir en lo que interesa la sesión ordinaria treinta y siete del Congreso Constituyente, de diez de enero de mil novecientos diecisiete, en la que el citado artículo 13 fue objeto de un interesante debate, en lo concerniente al fuero militar, el cual es del tenor siguiente: (transcribe)

"De la transcripción anterior se advierte la preocupación del Constituyente de mil novecientos diecisiete, tendente a preservar el ‘fuero de guerra’, a efecto de que los ‘militares sean juzgados por militares, conforme a sus propias leyes’, con el fin de conservar la disciplina militar, que es la fuerza del Ejército y ‘requisito indispensable para la vida de esta institución’, que constituye el sostén de la nación, lo que necesariamente impone ‘la necesidad de castigos severos, rápidos, que produzcan una fuerte impresión colectiva’, para reprimir los desordenes que se cometan dentro de esa institución, lo cual no se logra a través de los tribunales ordinarios, debido a la variedad de negocios de los que deben conocer. Asimismo, precisó que la jurisdicción marcial sólo comprende a los miembros del Ejército, por lo que ésta no puede extenderse a los civiles, aun cuando estén implicados en un ‘delito o falta del orden militar’; por tanto, es claro que el fuero de guerra, no es un privilegio a favor de los militares, sino una jurisdicción especializada, cuyo fin es ‘conservar la disciplina militar’, facultando a las autoridades del Ejército para conocer y resolver, en exclusiva y conforme a sus propias leyes, de toda conducta que atenta o transgrede la disciplina militar.

"Así, debe decirse que la intención del Constituyente de mil novecientos diecisiete, respecto del artículo 13 constitucional, fue establecer la competencia de los tribunales militares y no un fuero; competencia que se determinó atendiendo al criterio personal (miembros del Ejército) y material (los delitos y faltas cometidos por los miembros del Ejército contra la disciplina militar), es decir, la razón de la existencia de dichos tribunales no se sustenta en el beneficio o perjuicio de su jurisdicción para los miembros del Ejército, sino en la especialidad de la materia, por lo que es innegable que los tribunales militares no constituyen un fuero, sino una jurisdicción especializada; de igual manera, la intención del Constituyente fue dotar al Ejército de los medios necesarios para mantener la disciplina militar, lo que conlleva la facultad de reprimir y sancionar toda conducta que sea contraria a ésta; asimismo, no obstante la marcada tendencia a restringir, hasta casi hacerlo desaparecer, el llamado fuero de guerra, se advierte la circunstancia de tolerarlo, necesariamente, para mantener la disciplina en el Ejército; con la precisión que, de acuerdo con el texto del artículo 13 constitucional, para que el fuero de guerra subsista, se necesita que se haya cometido un delito militar, según las características que la ley señala, y que lo haya cometido un miembro del Ejército.

"Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud, la tesis ... cuyos rubro y texto dicen: ‘FUERO. SU PROHIBICIÓN EN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL IMPLICA LA PROSCRIPCIÓN DE JURISDICCIONES O ESFERAS COMPETENCIALES DISTINTAS, EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIAL DE DETERMINADA PERSONA O CORPORACIÓN.’ (transcribe).

"Ahora bien, debe señalarse que el apartado denominado: ‘Órganos del fuero de guerra’, comprendido en los artículos 26 a 31 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, establece lo siguiente: (transcribe)

"Por su parte, el Código de Justicia Militar, en su artículo 57 consigna que son ‘delitos contra la disciplina militar’, los especificados en el libro segundo de dicho ordenamiento legal, así como ‘los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias’ que ahí se expresan y que en un contexto general, se refieren a los cometidos por los militares en actos del servicio o con motivo del mismo.

"Del análisis de los numerales antes enunciados y transcritos, se advierte, entre otras cosas, que la disciplina es la norma que rige la conducta de los militares, misma que se sustenta en la obediencia y un alto concepto del honor de la justicia y de la moral, y tiene por objeto, el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prevén las leyes y reglamentos militares, los que se traducen en el conjunto de obligacion

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23411-17ac0c09/imparcialidad-contenido-del-principio-previsto-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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