I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. OMISIÓN DE PAGO DE REMANENTES CORRESPONDIENTES AL FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO F-988. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 192/2016. MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN, VERACRUZ. 4 DE JULIO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de julio de dos mil dieciocho.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Cruz Navarro y Adriana Imelda Maass Michel, en su carácter de síndico único y presidenta municipal del Municipio de Cosamaloapan, Estado de Veracruz, respectivamente, promovieron controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitaron la invalidez de los actos que más adelante se señala y emitidos por el órgano que a continuación se menciona:
Entidad, Poder u órgano demandado:
• Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.
• Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
Norma general o actos cuya invalidez se demanda:
"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado.—a) Las entregas retrasadas por parte del demandado, de las participaciones Federales que le corresponden al Municipio actor, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del año dos mil dieciséis hasta la fecha de la presentación de la demanda y las que se sigan generando hasta su puntual entrega. Así como la omisión en la entrega de los apoyos que se derivan del Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago Número F-998, celebrado por una parte, como fideicomitentes, el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave a través de la Secretaria de Finanzas y Planeación y diversos Municipios de la entidad entre los cuales se encuentra el de Cosamaloapan, Veracruz, y por otra parte, como fiduciario, Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.—b) La omisión del demandado de realizar las entregas de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, en los tiempos que establece la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Número 251 que crea el Sistema de Coordinación Fiscal y Establece las Bases, Montos y Plazos a los que se sujetarán las participaciones federales.—c) La omisión del demandado de resarcirle económicamente al Municipio actor, con motivo del retraso de la entrega de las participaciones federales comprendidas a partir de enero de dos mil catorce a la fecha de presentación de la demanda, conforme a lo previsto por los artículos 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251, el pago de intereses correspondiente."
SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
1. Que el Municipio de Cosamaloapan, Estado de Veracruz, es una parte integrante de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Veracruz, sin más límites que los señalados expresamente en las leyes aplicables.
2. Conforme al principio de legalidad tributaria contenido en los artículos 31, fracción IV y 115, fracción I, de la Constitución Federal, toda contribución necesaria para cubrir el gasto público de los Municipios debe estar definida por una ley en sentido formal y material, en el caso en una ley expedida por el Congreso del Estado de Veracruz.
3. Que el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, la cual tiene por objeto armonizar el ejercicio de la potestad tributaria entre los órganos legislativos de los órdenes de gobierno, con el objeto de evitar la doble o múltiple tributación y, por otro, otorgar a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios con base en el fondo general y fondos específicos, participación en la recaudación de los gravámenes de carácter federal.
4. Que el dos de enero de mil novecientos setenta y nueve, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la Federación y el Estado de Veracruz, celebraron el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, en el cual la Federación adquirió la obligación de beneficiar al Estado de Veracruz y sus Municipios con la entrega de las participaciones que les corresponden.
5. En este sentido el Congreso del Estado de Veracruz, no puede establecer ninguna contribución municipal para recaudar ingresos a favor del Municipio actor; no obstante ello el Municipio de Cosamaloapan, Veracruz, tiene derecho a recibir del Poder Ejecutivo, las participaciones que la Federación le envía, por conducto del Estado de Veracruz, dentro de los cinco días siguientes al en que dicha entidad federativa las reciba de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que el retraso en la entrega da lugar al pago de intereses, conforme al artículo 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.
6. Que desde el año dos mil catorce el demandado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Veracruz, ha incurrido en un retraso sistemático, que oscila alrededor de los veintiocho días, en la entrega de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor.
7. Que el demandado desde –el mes de enero de dos mil catorce– ha incurrido en un retraso constante en la entrega de las participaciones federales que le corresponden, sin que se haya efectuado el correspondiente pago de intereses devengados con motivo del referido retraso, por lo que considera inconstitucional dicho actuar.
8. En este punto señala que la responsable ha incumplido sistemáticamente con el calendario de entrega, y que a la fecha está pendiente de pago un mes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); y dos meses del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); aduce que con la omisión en el cumplimiento de los calendarios que se aplican a cada fondo, se viola el principio previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal y los lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operaciones de los recursos del Ramo General 33, ya que impide el ingreso a que tiene derecho y, por ende, le imposibilita atender con oportunidad sus gastos.
Con relación al Fondo Metropolitano, señala que el artículo 12, párrafo primero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, establece que los recursos federales asignados para el referido fondo, se distribuirán entre las zonas metropolitanas conforme a la asignación que se presenta en el anexo 20 de dicho presupuesto, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de desarrollo regional se prevé una asignación para dicho fondo, cuyos recursos son destinados prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquellos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución.
Al respecto señalan, que el gobernador del Estado resolvió otorgar apoyo financiero, mediante convenio suscrito entre el Gobierno del Estado de Veracruz, representado por el secretario de Finanzas y planeación, y el Municipio actor, consistente en un peso por cada peso proveniente del proceso de bursatilización que los Municipios destinen a la realización de obra pública de impacto social; y que no obstante el referido convenio, el Ayuntamiento constitucional de Cosamaloapan, Veracruz, no ha recibido ese apoyo financiero producto del Fideicomiso Bursátil y el convenio de colaboración suscrito por el Gobierno Estatal de Veracruz.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora, en sus conceptos de invalidez esgrimió, en síntesis, lo siguiente:
Que los actos impugnados vulneran el contenido del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, que consagra el régimen de libre administración hacendaria, así como el principio de integridad de sus recursos económicos, ya que no ha entregado puntualmente al Municipio las participaciones federales que le corresponden y ha omitido pagar al Municipio actor los intereses generados por el retardo en el que se ha incurrido.
Que las participaciones federales, forman parte de las Haciendas Municipales en términos del artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, las cuales se encuentran previstas en el Ramo 28 del Presupuesto de Egresos Federal y reguladas en los capítulos I al IV de la Ley de Coordinación Fiscal, mismas que serán administradas libremente por el Municipio, una vez que las Legislaturas Locales mediante disposiciones generales determinen las bases, montos y plazos para ello.
Que el demandado, al retrasar la entrega de las participaciones, vulnera la autonomía financiera, los principios de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos municipales, así como el sistema federal de coordinación fiscal, ya que dicho retraso no se relaciona con ninguno de los casos en los que excepcionalmente la ley permite la retención de la participaciones.
Aduce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales 26/2003 y 47/2004, determinó que la entrega de las participaciones federales de los Municipios que se realiza fuera del plazo de cinco días que prevé la Ley de Coordinación Fiscal, origina el pago de intereses por los días que excedieron dicho lapso; y que en la diversa controversia constitucional 20/2005, se indicó al demandado entregar al Municipio actor el importe correspondiente a los intereses generados por el retraso de su entrega, aplicando la taza de recargos establecida por el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazo de contribuciones.
Por lo que considera que debe declararse la invalidez de los actos impugnados en términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, a efecto de que: a) se haga el pago al Municipio actor de los intereses devengados por el retardo en la entrega de la participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil siete (sic), así como los que se sigan devengando hasta la entrega puntual de las mismas; b) se condene a la autoridad demandada a que, con posterioridad haga la entrega de las participaciones dentro del plazo establecido en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251.
Cita en apoyo los siguientes criterios: P./J. 46/2004, de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES." y 1a. CXI/2010, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 192/2016; asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaria General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(1)
Luego, mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a la autoridad demanda, reconociendo como tal al Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave, pero no a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, por tratarse de una dependencia subordinada a dicho poder; para que formularan su contestación, además, requirió el referido poder demandado para que, al rendir su contestación, enviara a este Alto Tribunal todas las documentales relacionadas con los actos impugnados; y ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República, para que expresara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de gobernador del Estado de Veracruz, al contestar la demanda señaló en síntesis lo siguiente:(2)
I. En el apartado que denominó oportunidad, señaló que la demanda fue presentada oportunamente.
II. Con relación a los hechos indicó que los correlativos 1, 2, 5 y 8, no hace puntual referencia a tal manifestación, porque no constituye propiamente un hecho, sino consideraciones que este Alto Tribunal debe resolver; los correlativos 3 y 4, son parcialmente ciertos, por cuanto hace a la publicación de veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, en el Diario Oficial de la Federación, respecto de la Ley de Coordinación Fiscal, así como la publicación de dos de enero de mil novecientos setenta y nueve, respecto del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; y los correlativos 6 y 7, no los afirma ni los niega por no ser hechos propios.
III. En el apartado de causas de improcedencia adujo lo siguiente:
A) Prescripción.
Que en relación a lo que impugna el Municipio actor (el retraso en la entrega de las participaciones correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis) estima que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, pues considera que la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 de la referida ley, los cuales deben computarse a partir de que el actor tenga conocimiento del acto y de su ejecución.
Lo anterior, tomando en consideración que el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que la Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, y éstos a su vez, se encuentran obligados por dicho ordenamiento a realizar la entrega a los Municipios dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; por lo que, una vez que hubieran sido recibidos los recursos de marras por el Estado, el Municipio actor tuvo expedito su derecho para ejercitar las acciones correspondientes a partir del día siguiente al en que feneció el plazo establecido al Estado por la Ley de Coordinación Fiscal, para realizar la entrega al Municipio, y si no lo hizo, ello no le causa agravio en su perjuicio, por una invasión de esferas competenciales, sino que, por el contrario constituye la prescripción de un derecho. Aunado a que, del contenido del escrito de demanda se desprende que el representante del Municipio, revela que es de su pleno conocimiento la calendarización preestablecida para la entrega de los recursos federales que reclama. Citó en apoyo la tesis I.3o.C.26 K (10a.), de título y subtítulo: "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA."
Además aclara que la administración de su gobierno, inició sus funciones el uno de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que niega los actos que reclama el Municipio actor, por no ser propios; ello sin que sea obstáculo, que al tratarse de actos al Municipio actor le corresponda no sólo probarlos, sino además, ceñir su impugnación al plazo de treinta días establecido para ello.
Finalmente aduce que si bien el artículo 31 de la ley de la materia, declara admisible la prueba de posiciones, ello no es impedimento legal para valorar las confesiones espontáneas que produzcan las partes en la demanda, contestación u otros escritos del procedimiento, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Citó en apoyo la jurisprudencia P./J. 27/96, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO."
B) Inexistencia del acto reclamado.
Que con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 20, fracción III, ambos de la ley reglamentaria de la materia, hace valer la causal de improcedencia consistente en la inexistencia del acto cuya invalidez se demanda, en virtud de que, en modo alguno la parte actora ha acreditado que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, que inició su administración el uno de diciembre de dos mil dieciséis, no se encuentra regularizando las entregas de las participaciones que le corresponden a la parte demandante, sino por el contrario, la administración que encabeza ha llevado a cabo acciones tendentes a dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones derivadas de la ley de Coordinación Fiscal.
C) Omisión de agotar la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.
Señala que respecto del acto reclamado, existe la obligación de agotar la vía prevista en la ley para la solución del conflicto y, en ese tenor se considera que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción VI del artículo 19 de la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el artículo 5o. de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, dispone que los Municipios podrán dirimir sus inconformidades a la Legislatura del Estado, respecto de la aplicación de dicha ley; por lo que, considera que no existe afectación alguna a la esfera de competencias del Municipio actor. Asimismo solicita a este Alto Tribunal, estudie y analice oficiosamente las causales de improcedencia que pudieran actualizarse en el presente asunto, ello con fundamento en el artículo 19, penúltimo párrafo, de la ley reglamentaria de la materia. Citó en apoyo, respectivamente, los siguientes criterios P./J. 136/2001 y P./J. 31/96, de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES." y "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ORDEN PÚBLICO. TIENEN ESA NATURALEZA LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO INSTITUIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL."
IV. En el apartado que denominó, razones o fundamentos jurídicos en relación con el acto reclamado, señaló lo siguiente:
Que los conceptos de invalidez resultan inatendibles, en virtud de que, el acto reclamado resulta inexistente, por los motivos que señaló en el apartado anterior; que el presente medio de control constitucional es improcedente, porque el estudio de las causales de improcedencia resulta ser una cuestión de orden público, y en el caso particular, debido a las causales expuestas, lo procedente es sobreseer el presente asunto.
Asimismo informa que en el momento procesal oportuno se presentaran los informes relacionados con el acto materia de la controversia, ya que aún no cuenta con dicha información; sin embargo, señala que ya fue requerida a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, mediante oficio girado número SG-DGJ/0334/12/2016.
SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento.
OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, y con relación a los alegatos se indicó que las partes no habían formulado; y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, dictado por la Ministra presidenta de la Primera Sala, se avocó al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.
SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuál es el acto o los actos concretos y específicamente reclamados por el Ayuntamiento actor.
A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.
En el apartado denominado actos cuya invalidez se demanda, señaló como tales lo siguiente:
"a) La entregas retrasadas por parte del demandado, de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del año dos mil dieciséis hasta la fecha de la presentación de la demanda y las que se sigan generando hasta su puntual entrega. Así como la omisión en la entrega de los apoyos que se derivan del Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago Número F-998, celebrado por una parte, como fideicomitentes, el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave a través de la Secretaria de Finanzas y Planeación y diversos Municipios de la entidad entre los cuales se encuentra el de Cosamaloapan, Veracruz y, por otra parte, como fiduciario, Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.
"b) La omisión del demandado de realizar las entregas de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, en los tiempos que establece la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Número 251 que crea el Sistema de Coordinación Fiscal y Establece las Bases, Montos y Plazos a los que se sujetarán las Participaciones Federales.
"c) La omisión del demandado de resarcirle económicamente al Municipio actor, con motivo del retraso de la entrega de las participaciones federales comprendidas a partir de enero de dos mil catorce a la fecha de presentación de la demanda, conforme a lo previsto por los artículos 6o., segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251, el pago de intereses correspondiente."
En el relativo a "antecedentes", el demandante señala que la responsable ha incumplido sistemáticamente con el calendario de entrega, y que a la fecha está pendiente de pago un mes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); y dos meses del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); asimismo, reclama la entrega de los recursos provenientes del Fondo Metropolitano.
Posteriormente, en los conceptos de invalidez, aduce que debe declararse la invalidez de los actos impugnados, en términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, a efecto de que: a) se haga el pago al Municipio actor, de los intereses devengados por el retardo en la entrega de las participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil siete, así como los que se sigan devengando hasta la entrega puntual de las mismas; b) se condene a la autoridad demandada a que, con posterioridad haga la entrega de las participaciones dentro del plazo establecido en los artículos 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251.
Al respecto se citan los criterios P./J. 81/99 y P./J. 66/2009, de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA DESVIRTUAR LAS PRUEBAS CON LAS QUE LA DEMANDADA DEMOSTRÓ SU INEXISTENCIA."(3) y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD."(4), respectivamente, aplicables en lo conducente.
Por otra parte, el gobernador del Estado de Veracruz, al contestar la demanda indicó, que negaba los actos reclamados, por no ser hechos propios, en virtud de que la administración de su gobierno inició sus funciones el uno de diciembre de dos mil dieciséis; y que en el momento procesal oportuno presentaría los informes relacionados con el acto materia de la controversia, pues dicha información había sido requerida a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, mediante oficio girado número SG-DGJ/0334/12/2016 y estaba pendiente su remisión.
En este sentido, esta Primera Sala advierte que el director general jurídico de la Secretaría de Gobierno, mediante escrito de treinta de marzo de dos mil diecisiete, anexó el oficio TES/704/2017 de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (en contestación al diverso SG-DGJ/0334/12/2016 emitido por el secretario de Gobierno), mediante el cual informa, respecto de las entregas de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, así como las transferencias correspondientes que acreditan los pagos.
Al respecto, el tesorero estatal informó que, en relación a los recursos del Ramo 28 Participaciones Federales correspondientes al ejercicio fiscal 2016, se encontraban cubiertas, acompañando al efecto las transferencias electrónicas que hacen constar el pago de las mismas; y respecto de los recursos derivados del Fideicomiso Irrevocable Emisor, de Administración y Pago Número F-998, señaló que existía un registro pendiente de pago por concepto de remanentes de bursatilización, que corresponde al periodo febrero-julio, registrado el uno de septiembre de dos mil dieciséis, por la cantidad de $1’185,699.36 (un millón ciento ochenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos 36/100 M. N.).
Ahora bien, respecto al señalamiento de la parte actora relativo al pago de intereses con motivo del retraso de la entrega de las participaciones federales comprendidas a partir de enero de dos mil catorce a la fecha de presentación de la demanda; así como los intereses del retraso de las participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil siete, y las que se sigan devengando hasta la entrega puntual de las mismas; esta Primera Sala estima que no puede tenerse esa petición como acto reclamado; pues al ser el actor a quien corresponde precisar su pretensión, señalando a que obras corresponden los adeudos y cuáles son los montos que se adeudan; pues no basta con limitarse a afirmar que existen tales adeudos, sin señalar nada al respecto ni aportar medios de convicción que permitan determinarlo. Por tanto, la solicitud correspondiente a la liquidación de intereses que menciona no puede tenerse como acto reclamado.
De igual forma, con relación al reclamo del Municipio actor relativo a la omisión de entregar los recursos provenientes del Fondo Metropolitano; esta Primera Sala considera que no puede tenerse como acto reclamado; toda vez que, no señala cuál es el monto adeudado, ni medios de convicción para poder determinarlo, pues sus manifestaciones son genéricas.
De lo anterior, se puede afirmar que el Municipio actor efectivamente impugna:
• La omisión de pago de las aportaciones Federales, correspondientes a los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciséis, relativas al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); así como del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
• La omisión en la entrega de los apoyos del Fideicomiso Irrevocable Em
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28943-56f86221/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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