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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLES MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE OMEALCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE OMEALCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. IV. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE OMEALCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE OMEALCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSO MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE OMEALCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYA GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE OMEALCA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 235/2016. · Registro digital (IUS): 200426
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE OLMEALCA, VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 235/2016. MUNICIPIO DE OMEALCA, VERACRUZ. 20 DE JUNIO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA QUIEN SE RESERVA SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ QUIEN SE RESERVA SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO (PONENTE), ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y PRESIDENTA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinte de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, César León Rodríguez, en su carácter de síndico municipal, del Municipio de Omealca, Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

Entidad, poder u órgano demandado:

• Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz

• Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Norma general o actos cuya invalidez se demanda:

"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado: en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de fecha 29 de enero del año en curso, publicó en su número extraordinario 042 y acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) entre los Municipios para el Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal de 2016. (Incumplimiento del acuerdo).—V. Las entregas retrasadas por parte del demandado, de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Omealca, Veracruz, correspondientes a los meses de agosto septiembre, octubre, del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales, del Distrito Federal, FISMDF, año dos mil dieciséis hasta la fecha de presentación de la demanda y las que se sigan generando hasta que su puntual entrega las reciba el Municipio de Omealca, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien recibe las ministraciones en la Institución Bancaria Banamex, en la cuenta con clave interbancaria 002855700934670172.—La omisión del demandado de regularizar las entregas de las participaciones federales que le corresponden a la Hacienda Municipal del Municipio de Omealca, Veracruz, en los tiempos que establece la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Número 251 que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y Establece las Bases, Montos y Plazos a los que se sujetarán las participaciones federales."

SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

1. Que el Municipio de Omealca, Estado de Veracruz, es una parte integrante de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Veracruz, sin más límites que los señalados expresamente en las leyes aplicables.

2. Conforme al principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV y 115, fracción I, de la Constitución Federal, toda contribución necesaria para cubrir el gasto público de los Municipios debe estar definida por una ley en sentido formal y material, en el caso en una ley expedida por el Congreso del Estado de Veracruz.

3. Que el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, la cual tiene por objeto armonizar el ejercicio de la potestad tributaria entre los órganos legislativos de los órdenes de gobierno, con el objeto de evitar la doble o múltiple tributación y, por otro, otorgar a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios con base en el fondo general y fondos específicos, participación en la recaudación de los gravámenes de carácter federal.

4. Que el dos de enero de mil novecientos setenta y nueve, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la Federación y el Estado de Veracruz, celebraron el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, en el cual la Federación adquirió la obligación de beneficiar al Estado de Veracruz y sus Municipios con la entrega de las participaciones que le corresponden al Municipio actor.

5. En este sentido el Congreso del Estado de Veracruz, no puede establecer ninguna contribución municipal para recaudar ingresos a favor del Municipio actor; no obstante ello el Municipio de Omealca Veracruz, tiene derecho a recibir del Poder Ejecutivo, las participaciones que la Federación le envía, por conducto del Estado de Veracruz, dentro de los cinco días siguientes al en que dicha entidad federativa las reciba de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que el retraso en la entrega da lugar al pago de intereses, conforme al artículo 6, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.

6. Que desde el año dos mil dieciséis el demandado, comenzó a generar un retraso sistemático de las aportaciones de FISM (Fondo de Infraestructura Social y Municipal) por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Veracruz, que oscila alrededor de más de veinte días de retraso durante el calendario establecido, en la entrega de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor.

7. Con relación al Fortamun y FISMDF, indica que desde su creación en mil novecientos noventa y ocho, el ramo 33 (Aportaciones Federales) ha representado una de las expresiones más claras del federalismo al descentralizar hacia las entidades federativas y los Municipios responsabilidades en cuanto al ejercicio y vigilancia de recursos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, entre otros, que destaca la Ley de Coordinación Fiscal.

8. Que las aportaciones federales son definidas como recursos que la Federación trasfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal y en su caso de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal, recursos que se aplican en términos del artículo 25 de la citada ley.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora, en sus conceptos de invalidez esgrimió, en síntesis, lo siguiente:

Que los actos impugnados vulneran el contenido del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, que consagra el régimen de libre administración hacendaria, así como el principio de integridad de sus recursos económicos, ya que no ha entregado puntualmente al Municipio las participaciones federales que le corresponden y ha omitido pagar al Municipio actor los intereses generados por el retardo en el que se ha incurrido.

Que las participaciones federales, forman parte de las Haciendas Municipales en términos del artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, las cuales se encuentran previstas en el ramo 28 del presupuesto de egresos federal y reguladas en los capítulos I al IV de la Ley de Coordinación Fiscal, mismas que serán administradas libremente por el Municipio, una vez que las Legislaturas Locales mediante disposiciones generales determinen las bases, montos y plazos para ello.

Que el demandado al retrasar la entrega de las participaciones, vulnera lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como la autonomía financiera, que el artículo 115 de la Constitución Federal garantiza a los Municipios; pues no tiene justificación para que incurra en retrasos e imposibilita al Municipio de destinar dichos recursos a los rubros que corresponden en el momento previsto.

Aduce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales 26/2003 y 47/2004, determinó que la entrega de las participaciones federales de los Municipios que se realiza fuera del plazo de cinco días que prevé la Ley de Coordinación Fiscal, origina el pago de intereses por los días que excedieron dicho lapso; y que en la diversa controversia constitucional 20/2005, se indicó al demandado entregar al Municipio actor el importe correspondiente a los intereses generados por el retraso de su entrega, aplicando la taza de recargos establecida por el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazo de contribuciones.

Por lo que considera que debe declararse la invalidez de los actos impugnados en términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, a efecto de que: a) se haga el pago al Municipio actor, de los intereses devengados por el retardo en la entrega de la participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil siete (sic), así como los que se sigan devengando hasta la entrega puntual de las mismas; b) se condene a la autoridad demandada a que, con posterioridad haga la entrega de las participaciones dentro del plazo establecido en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251.

Que el auditor general titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, el veinticuatro de noviembre (no refiere año, envió escrito a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Maestra Clementina Guerrero García) en el que informa que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) informa que se identificaron diferencias en las cifras reportadas en el Sistema de Formato Único (SFU) y lo manifestado en el tercer informe trimestral de gasto público respecto a lo pagado a las fuentes de financiamiento, por lo que sugiere tomar las medidas pertinentes para ejercer los recursos públicos durante el presente ejercicio fiscal y así evitar el subejercicio y/o el reintegro a la tesorería de la federación, así como instrumentar las medidas necesarias para la información que se reporta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cita en apoyo los siguientes criterios P./J. 46/2004 de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES." y 1a. CXI/2010 de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 235/2016; asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la subsecretaria general de Acuerdos de este Alto Tribunal.(1)

Luego, mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a la autoridad demandada, reconociendo como tal al Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave, pero no a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, por tratarse de una dependencia subordinada a dicho poder; para que formularan su contestación, además, requirió al referido poder demandado para que, al rendir su contestación, enviara a este Alto Tribunal todas las documentales relacionadas con los actos impugnados; y ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República, para que expresara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de gobernador del Estado de Veracruz, al contestar la demanda señaló en síntesis lo siguiente:(2)

I. En el apartado que denominó oportunidad, señaló que la demanda fue presentada oportunamente.

II. Con relación a los hechos indicó que son parcialmente ciertos, por cuanto hace a la expedición y publicación del decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, en el cual se contempla la asignación de recursos para los diferentes fondos y rubros destinados a los Municipios del país, entre ellos, los del Estado de Veracruz.

Por cuanto hace a los requerimientos que el actor alude formuló a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con el propósito de que se pagaran las cantidades correspondientes de las participaciones federales a que tiene derecho y que reclama en la presente controversia constitucional; no lo afirma ni lo niega, toda vez que se tratan de hechos que no resultan propios de la administración pública estatal que tuvo inicio a partir del uno de diciembre de dos mil dieciséis.

En relación a las restantes manifestaciones, señala que no constituyen propiamente hechos, sino consideraciones jurídicas que la Suprema Corte deberá resolver.

III. En el apartado de causas de improcedencia adujo lo siguiente:

A) Prescripción.

En relación a lo que impugna el Municipio actor, estima que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, pues considera que la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 de la referida ley, los cuales deben computarse a partir de que el actor tenga conocimiento del acto y de su ejecución.

Lo anterior, tomando en consideración que el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que la Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, y estos a su vez, se encuentran obligados por dicho ordenamiento a realizar la entrega a los Municipios dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; por lo que, una vez que hubieran sido recibidos los recursos de marras por el Estado, el Municipio actor tuvo expedito su derecho para ejercitar las acciones correspondientes a partir del día siguiente al en que feneció el plazo establecido al Estado por la Ley de Coordinación Fiscal, para realizar la entrega al Municipio, y si no lo hizo, ello no le causa agravio en su perjuicio, por una invasión de esferas competenciales, sino que, por el contrario constituye la prescripción de un derecho. Aunado a que, del contenido del escrito de demanda se desprende que el representante del Municipio, revela que es de su pleno conocimiento la calendarización preestablecida para la entrega de los recursos federales que reclama. Citó en apoyo la tesis I.3o.C.26 K (10a.), de rubro: "DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA."

Además aclara que la administración de su gobierno, inició sus funciones el uno de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que niega los actos que reclama el Municipio actor, por no ser propios; ello sin que sea obstáculo, que al tratarse de actos al Municipio actor le corresponda no solo probarlos, sino además, ceñir su impugnación al plazo de treinta días establecido para ello.

Finalmente aduce que si bien el artículo 31 de la ley de la materia, declara admisible la prueba de posiciones, ello no es impedimento legal para valorar las confesiones espontáneas que produzcan las partes en la demanda, contestación u otros escritos del procedimiento, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Citó en apoyo la jurisprudencia tesis P./J. 27/96, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO."

B) Inexistencia del acto reclamado.

Que con fundamento en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 20, fracción III, ambos de la ley reglamentaria de la materia, hace valer la causal de improcedencia consistente en la inexistencia del acto cuya invalidez se demanda; en virtud de que, en modo alguno la parte actora ha acreditado que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, que inició su administración el uno de diciembre de dos mil dieciséis, no se encuentra regularizando las entregas de las participaciones que le corresponden a la parte demandante, sino por el contrario, la administración que encabeza ha llevado a cabo acciones tendentes a dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones derivadas de la ley de Coordinación Fiscal.

C) Omisión de agotar la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.

Señala que respecto del acto reclamado, existe la obligación de agotar la vía prevista en la ley para la solución del conflicto y, en ese tenor se considera que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción VI del artículo 19 de la ley de la materia. Lo anterior en virtud de que el artículo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, dispone que los Municipios podrán dirimir sus inconformidades a la Legislatura del Estado, respecto de la aplicación de dicha ley; por lo que, considera que no existe afectación alguna a la esfera de competencias del Municipio actor. Asimismo solicita a este Alto Tribunal, estudie y analice oficiosamente las causales de improcedencia que pudieran actualizarse en el presente asunto, ello con fundamento en el artículo 19, penúltimo párrafo, de la ley reglamentaria de la materia. Citó en apoyo, respectivamente los siguientes criterios P./J. 136/2001, P./J. 31/96, de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES." y "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ORDEN PÚBLICO. TIENEN ESA NATURALEZA LAS DISPOSICIONES QUE PREVEN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO INSTITUIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL."

IV. En el apartado que denominó, razones o fundamentos jurídicos en relación con el acto reclamado, señaló lo siguiente:

Que los conceptos de invalidez resultan inatendibles, en virtud de que, el acto reclamado resulta inexistente, por los motivos que señaló en el apartado anterior; que el presente medio de control constitucional es improcedente, porque el estudio de las causales de improcedencia resulta ser una cuestión de orden público, y en el caso particular, debido a las causales expuestas, lo procedente es sobreseer el presente asunto.

Asimismo informa que en el momento procesal oportuno se presentaran los informes relacionados con el acto materia de la controversia, ya que aún no cuenta con dicha información, sin embargo señala que ya fue requerida a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, mediante oficio girado número SG-DGJ/0042/01/2017.

SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento.

OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, y por formulados los alegatos que hizo valer el síndico del Municipio de Omealca, Veracruz ; y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, dictado por la Ministra presidenta de la Primera Sala, se avocó al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor, y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.

SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuál es el acto o los actos concretos y específicamente reclamados por el Municipio actor.

A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.

En el apartado denominado actos cuya invalidez se demanda, señaló como tales lo siguiente:

"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado: en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de fecha 29 de enero del año en curso, publicó en su número extraordinario 042 y Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) entre los Municipios para el Estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal de 2016. (Incumplimiento del acuerdo).—V. Las entregas retrasadas por parte del demandado, de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Omealca, Veracruz, correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales, del Distrito Federal, FISMDF, año dos mil dieciséis hasta la fecha de presentación de la demanda y las que se sigan generando hasta que su puntual entrega las reciba el Municipio de Omealca, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien recibe las ministraciones en la Institución Bancaria Banamex, en la cuenta con clave interbancaria 002855700934670172.—La omisión del demandado de regularizar las entregas de las participaciones federales que le corresponden a la Hacienda Municipal del Municipio de Omealca, Veracruz, en los tiempos que establece la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Número 251 que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y Establece las Bases, Montos y Plazos a los que se sujetarán las Participaciones Federales."

En el relativo a "antecedentes", el demandante señala que con relación al FORTAMUN y FISMDF, desde su creación en mil novecientos noventa y ocho, el ramo 33 (aportaciones federales) ha representado una de las expresiones más claras del federalismo al descentralizar hacia las entidades federativas y los Municipios responsabilidades en cuanto al ejercicio y vigilancia de recursos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, entre otros, que destaca la Ley de Coordinación Fiscal.

Posteriormente, en los conceptos de invalidez, aduce que debe declararse la invalidez de los actos impugnados en términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, a efecto de que: a) se haga el pago al Municipio actor, de los intereses devengados por el retardo en la entrega de las participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil siete, así como los que se sigan devengando hasta la entrega puntual de las mismas; b) se condene a la autoridad demandada a que, con posterioridad haga la entrega de las participaciones dentro del plazo establecido en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y 10 de la Ley Número 251.

Al respecto se citan los criterios P./J. 81/99 y P./J. 66/2009 de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA DESVIRTUAR LAS PRUEBAS CON LAS QUE LA DEMANDADA DEMOSTRÓ SU INEXISTENCIA."(3) y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD.",(4) respectivamente, aplicables en lo conducente.

Por otra parte, el gobernador del Estado de Veracruz, al contestar la demanda indicó, que negaba los actos reclamados, por no ser hechos propios, en virtud de que la administración de su gobierno inició sus funciones el uno de diciembre de dos mil dieciséis; y que en el momento procesal oportuno presentaría los informes relacionados con el acto materia de la controversia, pues dicha información había sido requerida a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, mediante oficio girado número SG-DGJ/0042/01/2017 y estaba pendiente su remisión.

En este sentido, esta Primera Sala advierte que el director general jurídico de la Secretaría de Gobierno, mediante escrito de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, anexó el oficio TES/669/2017 de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (en contestación al diverso SG-DGJ/0042/01/2017 emitido por el secretario de Gobierno), mediante el cual informa, respecto de las entregas de las participaciones federales que le corresponden al Municipio actor, así como las transferencias correspondientes que acreditan los pagos.

Al respecto, el tesorero estatal informó que, en relación a los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF), correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre, fueron ministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el treinta y uno de agosto, treinta de septiembre y treinta de octubre, de dos mil dieciséis, respectivamente; y que en el SIAFEV, se advierten registros pendientes de pago por los meses de agosto ($1'799,156.00), septiembre ($1'799,156.00), y octubre ($1'799,158.00), haciendo un total de $5'397,470.00 (cinco millones trescientos noventa y siete mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N).

Ahora bien, respecto al señalamiento de la parte actora relativo al pago de intereses del retraso de las participaciones federales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil siete, y las que se sigan devengando hasta la entrega puntual de las mismas; esta Primera Sala estima que no puede tenerse esa petición como acto reclamado; pues es al actor a quien corresponde precisar su pretensión, señalando a que fondos corresponden los adeudos y cuáles son los montos que se adeudan; pues no basta con limitarse a afirmar que existen tales adeudos, sin señalar nada al respecto ni aportar medios de convicción que permitan determinarlo. Por tanto, la solicitud correspondiente a la liquidación de intereses que menciona no puede tenerse como acto reclamado.

De lo anterior, se puede afirmar que el Municipio actor efectivamente impugna:

• La omisión de pago del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre, de dos mil dieciséis, así como los intereses que se hayan generado hasta su puntual entrega.

Se hace la precisión que con relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN, no se tiene como impugnado, ya que en sus antecedentes, a modo de referencia solo indica que FORTAMUN y FISMDF, desde su creación en mil novecientos noventa y ocho, como ramo 33 (Aportaciones Federales) ha representado una de las expresiones más claras del federalismo al descentralizar hacia las entidades federativas y los Municipios responsabilidades en cuanto al ejercicio y vigilancia de recursos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, entre otros, que destaca la Ley de Coordinación Fiscal. Sin señalar que impugna la omisión en la entrega de recursos provenientes de dicho fondo y por no aportar medios de convicción que permitan determinarlos.

En consecuencia, los actos impugnados que se precisan en este apartado serán los que se estudiarán a la luz de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(5) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200426-cd2fd34c/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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