ROBO. LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL EN ESTE DELITO COMPRENDE TANTO EL MONTO DE LO ROBADO COMO EL DE LOS DAÑOS CAUSADOS Y PERJUICIOS GENERADOS A LA VÍCTIMA CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DEL ILÍCITO, POR LO QUE AMBOS RUBROS DEBEN CONSIDERARSE PARA EFECTOS DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA (INTERPRETACIÓN LITERAL DEL ARTÍCULO 140, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL APARTADO DE PUNIBILIDAD).
AMPARO DIRECTO 279/2019. 23 DE MAYO DE 2019. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO. PONENTE: GUSTAVO ROQUE LEYVA. SECRETARIA: PATRICIA HERRERA COLMENARES.
CONSIDERANDO:
V.—Estudio de los conceptos de violación.
21. El estudio de los conceptos de violación se realizará, en su caso, supliendo la queja deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pues los quejosos tienen el carácter de víctimas u ofendidos en la causa penal que motivó el toca de apelación del que deriva el acto reclamado.
• Argumentos sobre el monto de lo robado.
22. En una parte del concepto de violación primero, la parte quejosa aduce que se violan en su perjuicio sus derechos fundamentales de audiencia, seguridad y certeza jurídicas, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, debido a lo siguiente:
• Que no existió duda sobre el monto de los objetos robados, pues fueron descritos por la perita **********, y en la audiencia intermedia se estableció el monto total de lo robado; luego, al haber certeza de la existencia y posterior falta de dichos objetos, debió valorarse la circunstancia de que éstos sí se encontraban en la propiedad del ofendido y, ante la falta de éstos, la perita hizo un dictamen para valuar cada uno de ellos y determinó, como monto total de afectación, la cantidad de **********; sin embargo, estos aspectos no fueron valorados en la sentencia definitiva reclamada.
• Que el tribunal de enjuiciamiento y el tribunal de apelación, debieron tomar como daño patrimonial de las víctimas la cantidad de **********.
• Que son aplicables los criterios siguientes:
• "ROBO. EL ARTÍCULO 220, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL EMPLEAR LA EXPRESIÓN ‘VALOR DE MERCADO’, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL."(25)
• "ROBO. AVALÚO PERICIAL PRACTICADO RESPECTO DE LOS OBJETOS SUSTRAÍDOS. NO ES NECESARIO QUE EL DICTAMEN CONTENGA RELACIÓN DETALLADA DE TODAS LAS OPERACIONES PRACTICADAS POR LOS PERITOS Y SU RESULTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN)."(26)
• "ROBO. VALOR PROBATORIO DEL DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE EVALUACIÓN, CUANDO NO SE TUVIERON A LA VISTA DEL PERITO EXPERTO LOS OBJETOS DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."(27)
• "ROBO. MONTO DEL (DICTÁMENES PERICIALES)."(28)
23. Estos argumentos son infundados, teniendo en cuenta que dicho monto ********** lo sustentan los justiciables en el dictamen de la perita en materia de valuación comercial de objetos no robados (sic), **********, adscrita a la Dirección General de Investigación Pericial, y en su declaración rendida ante el tribunal de enjuiciamiento.
24. Sin embargo, debe precisarse que el tribunal de primera instancia, al dictar sentencia, no tuvo a la vista el dictamen de la aludida experta, el cual se rindió, según lo narrado por el propio tribunal de enjuiciamiento y por la Sala Penal responsable, en la fase indagatoria, sino solamente lo que pudo conocer dicho tribunal es la declaración que sí se rindió en la audiencia de juicio oral, llevada a cabo el ocho de agosto de dos mil dieciocho, como puede desprenderse de la grabación que consta en el disco con formato de audio y video, relativo a dicha audiencia, verificable de la hora 2:55:48 a 3:00:00 del disco 2.
25. Donde la experta, a preguntas de la fiscalía, contestó:
"Fiscal: Nos puede decir si tiene conocimiento de por qué fue llamada a esta audiencia.
"Perito: Sí así es, porque rendí un dictamen pericial de valor comercial de objetos no recuperados, dentro de la carpeta **********, con fecha doce de enero de dos mil dieciocho.
"Fiscal: Qué fue lo que determinó en su dictamen.
"Perito: El valor comercial de dichos objetos que asciende a **********.
"Fiscal: Recuerda qué objetos eran.
"Perito: Con exactitud no recuerdo las características, debido a que son bastantes objetos pero puedo mencionar, eran tiros marca águila de diferentes calibres doce, veinte, treinta y ocho, orejeras para tiro, botellas de tequila, de coñac, de whiskey (sic), adornos de casería, un gato montés, tres adornos de casería tipo faisán, una escopeta marca Beretta, son bastantes objetos, no recuerdo exactamente cuáles son.
"Fiscal: Qué metodología utilizó para elaborar su dictamen.
"Perito: Una vez que nos hace la solicitud el Ministerio Público verificamos la información, que cuente con todos los datos necesarios, posteriormente hacemos una investigación de mercado en base a la (sic) características que nos fueron proporcionadas, marcas, modelos, estado de conservación, tiempo de uso, en eso se basa la investigación de mercado, hacemos comparativos y emitimos el valor, si no encontramos un objeto con las mismas características, buscamos uno similar pero que cuente con las mismas especificaciones técnicas de dicho objeto, para poder emitir el valor.
"Fiscal: En base a la solicitud que le hizo el Ministerio Público qué fue lo que en concreto le solicitó.
"Perito: El valor comercial de los objetos no recuperados.
"Fiscal: Es cuanto."
26. Según se ve y como bien se destacó en la sentencia reclamada, la perita expuso en la diligencia de debate lo siguiente:
(i) El dos de enero de dos mil dieciocho rindió dictamen de valor comercial de objetos no recuperados;
(ii) Determinó el precio de diversos objetos, el cual asciende a doscientos mil cincuenta y nueve pesos;
(iii) No recuerda las características de los objetos que evaluó, debido a que eran bastantes;
(iv) No obstante, podía mencionar algunos, como son: tiros marca Águila de diferentes calibres: doce, veinte, treinta y ocho; orejeras para tiro, botellas de tequila, de coñac, de whisky, adornos de casería, un gato montés, tres adornos de casería tipo faisán y una escopeta marca Beretta;
(v) La metodología que utilizó fue hacer una investigación de mercado, con base en las características que le fueron proporcionadas, marcas, modelos, estado de conservación y tiempo de uso;
(vi) A continuación, hizo un comparativo con artículos similares y emitió su conclusión.
27. De esos datos proporcionados por la propia perita, como acertadamente se señaló en la sentencia reclamada, puede desprenderse que realmente la experta no expresó el valor de los bienes a que hacen referencia los hoy quejosos.
28. En principio, el tribunal de enjuiciamiento no conoció durante la audiencia del juicio el dictamen que refirió la experta y, por ende, el precio de dichos objetos, pues la única prueba que se desahogó en la diligencia de debate para ese fin fue la declaración de dicha perita, de la cual no puede desprenderse el precio o valor de los objetos que señalan los quejosos, dada la deficiencia de su exposición, en la que evidentemente no señaló los pormenores del dictamen que dijo haber rendido el dos de enero de dos mil dieciocho.
29. Y, acorde con los artículos 259 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efectos del dictado de su sentencia, el tribunal de enjuiciamiento únicamente debe valorar las probanzas desahogadas en la audiencia del juicio; en el caso, sólo tuvo la declaración de la perita, no el dictamen, pues éste se desahogó en la fase de indagatoria.
30. Empero, además, la defectuosa declaración de la perita, ya expuesta, no le generó convencimiento sobre el precio de las cosas robadas; de ahí que al tiempo de dictar su sentencia, el citado tribunal desconocía el valor de los objetos materia de apoderamiento.
31. En efecto, se estima legalmente correcto que la Sala responsable considerara que la declaración de la perita no satisface las exigencias legales, porque no expresa los hechos y las circunstancias que le sirvieron de fundamento para emitir su dictamen, pues al declarar se limitó a manifestar que hizo una investigación de campo en las negociaciones que venden productos similares a los objeto del hurto, entendiéndose que se trata de productos nuevos; sin embargo, ello lo puede realizar cualquier persona, sin tener conocimientos especiales.
32. De igual manera, no externó el precio de los bienes muebles, atendiendo a sus características específicas, pues dijo no recordarlo.
33. Incluso, como se evidencia en la sentencia en estudio, ciertamente el precio de un objeto nuevo es diferente al de uno usado, pues es lógico que se incremente el valor del objeto nuevo y, por ende, sea mayor al del objeto usado; valor que definitivamente varía y disminuye el precio, según las condiciones que presente, su estado de uso y, en el caso, se desconoce el estado en que se encontraban los bienes sustraídos del rancho **********, pues no existe constancia de ello y no lo manifiesta la perita; de ahí que se desconocen las especificaciones reales con las que pudo determinar que el valor de los objetos asciende a **********.
34. Sumado a lo anterior, la profesionista no tuvo contacto alguno con las cosas que hipotéticamente analizó para emitir su dictamen, según lo advirtió la responsable; por todo ello, determinó que el dicho de la perita no resultaba convincente y, en consecuencia, era carente de valor; de modo que encontró atinado que el tribunal de enjuiciamiento negara eficacia demostrativa a lo manifestado por la mencionada perita.
35. En esas condiciones, este Tribunal Colegiado considera que si el dictamen pericial en materia de valuación comercial de objetos robados se recabó en la fase indagatoria, y el tribunal de enjuiciamiento no lo conoció durante la fase de juicio oral, y la declaración de la perita, en cuanto al tema, es deficiente, entonces, es legalmente correcto que la Sala responsable, al examinar la racionalidad de los argumentos vertidos por dicho tribunal de enjuiciamiento, en la resolución sometida a su consideración, apreciara acertado que el órgano de enjuiciamiento negara valor al dicho de la profesionista.
36. Por lo expuesto, es inexacto lo aducido por los quejosos, respecto a que el monto total de la afectación asciende a **********, dado que esta suma no quedó demostrada en el juicio oral, como monto total del apoderamiento.
37. Por otra parte, resultan inaplicables los criterios de rubros:
• "ROBO. EL ARTÍCULO 220, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL EMPLEAR LA EXPRESIÓN ‘VALOR DE MERCADO’, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL."
• "ROBO. AVALÚO PERICIAL PRACTICADO RESPECTO DE LOS OBJETOS SUSTRAÍDOS. NO ES NECESARIO QUE EL DICTAMEN CONTENGA RELACIÓN DETALLADA DE TODAS LAS OPERACIONES PRACTICADAS POR LOS PERITOS Y SU RESULTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN)."
• "ROBO. VALOR PROBATORIO DEL DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE EVALUACIÓN, CUANDO NO SE TUVIERON A LA VISTA DEL PERITO EXPERTO LOS OBJETOS DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."
• "ROBO. MONTO DEL (DICTÁMENES PERICIALES)."
38. Es así, porque respecto del primero de ellos, en él se interpreta un artículo del Código Penal del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) donde se contiene la expresión "valor de mercado", concluyéndose que tal expresión no vulnera el principio de exacta aplicación de la ley, contenido en el artículo 14 constitucional, pues dicho término funciona como delimitador de la discrecionalidad del juzgador pero, además, el uso de la referida expresión permite que el procesado aporte dictámenes de peritos para valuar el bien; lo que no sucedió en el caso, pues la prueba que el tribunal de enjuiciamiento tuvo por desahogada en la audiencia de juicio oral, no fue una pericial, sino una declaración deficiente de la perita para aportar datos relevantes a fin de generar convencimiento sobre el precio de las cosas hurtadas y el monto total de éstas.
39. El segundo de dichos criterios, porque si bien es cierto que se refiere al avalúo pericial practicado respecto de los objetos sustraídos, también lo es que destaca la innecesaridad de las operaciones practicadas por los peritos y su resultado, lo que es posible observar, ponderar y adoptar cuando existe el referido dictamen pericial; sin embargo, en el caso, como quedó precisado en líneas superiores, tal probanza no fue desahogada ante el tribunal de enjuiciamiento, a efecto de que, en su caso, estuviera en aptitud de apreciarla o tomarla en cuenta para su valoración.
40. Los criterios tercero y cuarto invocados se refieren a lo innecesario de que el perito tenga a la vista los objetos sobre los cuales emitirá su opinión, ello, siempre y cuando los datos constantes en la causa sean bastantes para que pueda rendir su dictamen; empero, tampoco resultan aplicables.
41. En primer lugar, porque como quedó apuntado, no existe dictamen en la etapa de juicio oral; en segundo, porque los datos que constan en la causa no son bastantes para que se pueda emitir fundadamente una opinión, pues sólo se cuenta con el listado de los bienes descritos por la parte ofendida y, que a decir de ésta, fueron sustraídos del rancho de su propiedad, los cuales difieren en número, respecto de los muebles que los testigos de cargo ********** ********** (sic), aseguran fueron objeto del apoderamiento, como se verá en el apartado siguiente.
• Argumentos relacionados con el acuerdo probatorio llevado a cabo entre la fiscalía y los sentenciados, aquí terceros interesados, donde se enlistan todos los objetos que, a decir de los quejosos, fueron sustraídos.
42. En otra parte del concepto de violación primero y en el diverso segundo, la parte quejosa aduce:
• Que era ocioso debatir en el juicio la existencia y descripción de los objetos materia de apoderamiento, pues existía un acuerdo probatorio, el cual no puede ser modificado y los hechos contenidos en él deben ser tomados como ciertos; que lo único pendiente era acreditar el monto de aquéllos, lo que quedó demostrado con el interrogatorio de la experta.
• Que al haber un acuerdo probatorio respecto de los objetos robados, durante la etapa intermedia, resultaba innecesario que en la audiencia del juicio, tanto la perita como los testigos, describieran todos los objetos sustraídos, pues éstos quedaron precisados en la citada convención probatoria.
• Que los hechos o circunstancias pactadas mediante acuerdo probatorio no se discuten en la audiencia del juicio, y al no respetarse dicho acuerdo, previsto en el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se vulneró el principio de legalidad, al fundar y motivar indebidamente y, por ende, los artículos 14 y 16 constitucionales.
• Que el principio pro homine se aplica igualitariamente a las partes, de modo que no se puede proteger más a una de ellas que a otra (sic), pues los derechos de los imputados no están por encima de los de las víctimas.
Que resultan aplicables al respecto, las jurisprudencias de título y subtítulo:
• "ACUERDOS PROBATORIOS. NO PUEDEN VERSAR SOBRE UN TEMA DE FONDO COMO LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO, YA QUE ESTE TIPO DE ESTUDIO FORMA PARTE DE LA ACTIVIDAD PROPIA DEL JUZGADOR, EN FUNCIÓN DE LA VALORACIÓN DEL MATERIAL PROBATORIO QUE OBRA EN EL JUICIO (SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE MÉXICO)."(29) y,
• "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE AQUÉLLA O SE TACHA DE INDEBIDA."(30)
43. Estos argumentos son igualmente infundados.
44. En efecto, como bien lo expuso la Sala responsable, el tribunal de enjuiciamiento en ningún momento violentó el convenio probatorio celebrado entre la fiscalía y los entonces imputados, al determinar que los bienes descritos en dicha convención no fueron sustraídos en su totalidad por los hoy sentenciados, como lo afirman los ofendidos quejosos.
45. Es así, pues la resolutora de primera instancia, ciertamente, como lo señala la responsable, fue respetuosa de lo convenido por los ofendidos y los imputados, ya que de ninguno de los puntos de la citada convención se desprende que éstos aceptaran haber sustraído indebidamente la totalidad de los bienes ahí descritos.
46. Lo anterior puede advertirse del propio acuerdo probatorio, celebrado en la etapa intermedia; empero, reproducido en el auto de apertura a juicio de nueve de julio de dos mil dieciocho, el cual, en la parte de interés, dice:
"IV. Acuerdos probatorios.
"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los intervinientes convinieron en no discutir en el juicio y tener como probados los siguientes hechos:
"1. En la fecha de los hechos, la propiedad conocida como rancho **********.
"2. **********, en el momento de los hechos era propietario de:
"1. Una bocina cuadrada, color blanco.
"2. Una televisión curva marca Samsung, 45".
"3. Una televisión de led marca Hinese, 42".
"4. Una televisión de led sin saber marca, de 32".
"5. Una escopeta marca Browning, calibre 0.12" matricula 30346MR121.
"6. Unos binoculares marca Lupold.
"7. Unos binoculares marca Swarovski.
"8. Una bocina marca Bose, color blanco.
"9. Unos binoculares nocturnos.
"10. Un cuchillo de 25 centímetros.
"11. Un cuchillo de 20 centímetros marca Muela.
"12. Un cuchillo de 15 centímetros marca Muela.
"13. Un medidor de distancia Range Finder.
"14. Una botella de tequila marca Centenario Añejo.
"15. Una botella de tequila Don Julio 1942.
"16. Una botella de tequila Don Julio 19.
"17. Dos botellas de cognac marca VSOP.
"18. Un dvr (sic) marca Keitek.
1"9. Tres chamarras talla grande marca Browning.
"20. Seis sombreros marca Tardan.
"21. Una escopeta semiautomática marca P. Beretta, calibre .12", modelo A 303, matrícula L89926E.
"22. Una silla de montar tipo texana, color café, cincelada con chapetones y pedales de plata.
"23. Tres fuentes de color café rojizo.
"24. Dos mil tiros para escopeta calibre .12", marca Águila.
"25. Ochocientos tiros para escopeta calibre .380", marca Águila.
"26. Mil tiros para escopeta calibre .20", marca Águila.
"27. Cuatro cámaras de video de alta definición tipo bala.
"28. Tres maletas camuflajeadas marca Bass Crochopp.
"29. Cuatro radios walkie talkie marca Motorola.
"30. Dos accesorios de cacería ‘reclamos’ para coyotes.
"31. Una caja de medra (sic) para reclamo de guajolote.
"32. Tres accesorios de cacería ‘reclamos’ para venados.
"33. Dos accesorios de cacería ‘reclamos’ para alces.
"34. Dos accesorios de cacería ‘reclamos’ para guajolotes.
"35. Ropa diversa;
"Y **********, era propietario de una escopeta semiautomática marca P. Beretta, calibre 012", modelo A303, matrícula L89926E.
"Que todos los objetos descritos, previo a la comisión de los hechos materia de la acusación, se encontraban en el **********.
"Los daños causados con motivo de los hechos materia de la acusación al rancho **********, ubicado en **********, lo fue por la cantidad de **********."
47. De lo transcrito puede colegirse que los interesados (imputados), en términos del artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aceptaron como probados únicamente los hechos siguientes:
(a) Que los objetos listados y descritos del 1 al 35, del punto 2, son propiedad del ofendido **********.
(b) Que la escopeta semiautomática marca P. Beretta, calibre 012", modelo A303, matrícula L89926E, es propiedad del ofendido **********.
(c) Que todos esos objetos se encontraban en el interior del rancho **********.
(d) Que los daños causados con motivo de los hechos materia de la acusación de robo, al rancho **********, ascienden a **********.
48. Sin embargo, de dicho acuerdo, como acertadamente lo expuso la Sala responsable y contrario a lo alegado por los quejosos, no se advierte que los sentenciados hayan aceptado haber sustraído del rancho **********, la totalidad de los bienes listados y descritos, propiedad de **********.
49. Lo que se robustece con el dicho de los testigos de cargo y empleados del ofendido **********, de nombres ********** ********** (sic), quienes detallaron qué es lo que faltaba en el inmueble, haciendo referencia solamente a: tres televisiones, una escopeta marca Browning, calibre 0.12", matrícula 30346MR121, tres binoculares, cinco botellas de vino, tiros para escopeta marca Águila, diversos calibres y una escopeta semiautomática marca P. Beretta, calibre 012", modelo A303, mas no relataron haberse percatado de la ausencia de otros bienes.
50. De donde se obtiene que la fiscalía incumplió la carga procesal de demostrar que los acusados se apoderaron de todos los bienes descritos en el convenio probatorio.
51. Ante esa circunstancia, contrario a lo aducido por los justiciables, no era ocioso y sí necesaria la descripción de los objetos que fueron materia de apoderamiento en la fase de juicio oral, por parte de la perita de la fiscalía y de los testigos.
52. Además, quedó patentizado que en la audiencia de juicio oral no se discutió acuerdo probatorio alguno y que el tribunal de enjuiciamiento sí respetó el celebrado entre los entonces imputados y la fiscalía –arriba transcrito–, como acertadamente lo estimó la Sala Penal responsable, pues en él no se pactó que todos los bienes listados y descritos hayan sido objeto de apoderamiento por parte de los sentenciados, luego, el tribunal de enjuiciamiento no estaba impedido para abordar esta cuestión que no fue materia de convenio; de ahí que no existe contravención al mismo, como lo aducen los quejosos.
53. Resultan inaplicables en favor de los quejosos los criterios que invocan de título y subtítulo y rubro:
• "ACUERDOS PROBATORIOS. NO PUEDEN VERSAR SOBRE UN TEMA DE FONDO COMO LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO, YA QUE ESTE TIPO DE ESTUDIO FORMA PARTE DE LA ACTIVIDAD PROPIA DEL JUZGADOR, EN FUNCIÓN DE LA VALORACIÓN DEL MATERIAL PROBATORIO QUE OBRA EN EL JUICIO (SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE MÉXICO)." y;
• "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE AQUÉLLA O SE TACHA DE INDEBIDA."
54. En el caso del primero, porque el acuerdo probatorio celebrado en la etapa intermedia de la causa penal **********, de donde deriva el toca penal **********, que contiene la sentencia definitiva reclamada, no versó sobre un tema de fondo que debiera ser de estudio exclusivo del juzgador como parte de su actividad jurisdiccional, sino respecto a cuestiones atinentes a la propiedad de los bienes muebles ahí descritos y a los daños causados al inmueble donde se perpetró el hecho ilícito.
55. El segundo, porque la sentencia reclamada, en relación con el acuerdo probatorio, sí está fundada y motivada debidamente, ya que en ella se precisaron los preceptos legales aplicables y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que la responsable tuvo en consideración para declarar infundado el agravio segundo de su escrito de interposición del recurso de apelación, relativo al tema de acuerdos probatorios.
56. En ese contexto, no se vulneraron los derechos fundamentales de los quejosos, ni los principios pro homine y de legalidad y, por ende, los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, de que se duelen.
• Argumentos relacionados con el grado de reprochabilidad.
57. En un apartado del concepto de violación tercero, los quejosos señalan:
• Que el imputado ********** cuenta con antecedentes de tentativa de robo, es decir, es reincidente, por lo que la individualización de la pena no puede ser la mínima.
• Que tal situación debió ser considerada por la responsable, de conformidad con el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Que el tribunal de enjuiciamiento y la responsable omitieron señalar las características del sentenciado de que se trata.
• Que la responsable no está obligada a confirmar una pena mínima.
58. Son infundados estos argumentos porque, en principio, el tribunal de enjuiciamiento no condenó al hoy sentenciado ********** a la pena mínima pues, en realidad, estableció su nivel de culpabilidad en un punto ligeramente superior al mínimo.
59. Adicionalmente, en oposición a lo alegado por los quejosos, la mención sobre los antecedentes del citado sentenciado, sí fue un aspecto abordado por la Sala Penal responsable, ya que al respecto dijo:
"Se juzgó a ********** por el latrocinio que perpetró entre el uno y dos de **********, en el rancho **********, no es jurídicamente válido que las sanciones a las cuales se hizo acreedor por esa actividad criminosa se incrementen por un evento criminal acontecido en un lugar y época distintos, pues a fin de cuentas, si tiene el antecedente a que hacen referencia ********** es evidente que ya fue sujeto a un procedimiento iniciado con motivo de ese suceso y ya cumplió las penas generadas con motivo del mismo, no es legítimo que en este juicio se le penalice nuevamente por una conducta diversa a la que dio origen al sumario, ya que eso sería transgredir el derecho fundamental de ********** de no ser sometido a doble enjuiciamiento o que una acción sea sancionada en más de una ocasión, razón por la que se estima carente de sustento jurídico este punto de disenso."
60. Asimismo, contrario al alegato de los quejosos, tanto el tribunal de enjuiciamiento penal como la responsable, atendieron a los criterios previstos en el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(31) para establecer su nivel de reprochabilidad, en relación con ambos sentenciados.
61. Pues el primero –tribunal de enjuiciamiento–, en esencia, expuso correctamente lo grave que resultaba el que los sentenciados lesionaran el patrimonio de los ofendidos (bien jurídico tutelado); que existió planeación del hurto, signo revelador de reflexión previa; que aprovecharon que el inmueble estaba ubicado en un lugar desolado y desprovisto de vigilancia nocturna; que los acusados vinieron a esta entidad –Aguascalientes–, con el propósito delictuoso; que son mayores de edad; que no se justificó la conducta de apoderamiento; que no se acreditó el que no comprendieran el carácter ilícito de su conducta; que no existe relación alguna entre los sentenciados y las víctimas.
62. La segunda –Sala Penal responsable– estimó correctamente que el tribunal de enjuiciamiento actuó en pleno respeto a lo estipulado por el dispositivo 410 en cita, sin que, como lo dijo, se detectara alguna violación al artículo 16 constitucional, debido a que fundó y motivó acertadamente el porqué los acusados se hicieron acreedores a un grado de culpabilidad superior al mínimo.
• Argumentos relacionados con la inexacta interpretación de la fracción I del apartado de punibilidad del artículo 140 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes y, por ende, con la individualización de la pena.
63. En otros fragmentos de los conceptos de violación primero y tercero, la parte quejosa señala que la sentencia definitiva reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales de audiencia, de seguridad y de certeza jurídicas, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, con base en lo siguiente:
• Que incorrectamente se concluyó que el monto de los daños causados al inmueble y a la caja fuerte, propiedad de **********, que asciende a la cantidad de **********, no puede ser considerado para la cuantificación de la afectación patrimonial sufrida por la perpetración del delito de robo calificado.
• Que la Sala responsable vierte un criterio en el sentido de que el monto acreditable como elemento de la individualización de la pena, es únicamente el valor de lo robado, excluyendo el monto por concepto de daños realizados a los bienes citados, propiedad de la víctima; y que el menoscabo económico ocasionado a la finca y a la caja fuerte no son elementos esenciales del delito de robo, empero, sin fundar y motivar por qué ello es así.
• Que se realiza una inexacta interpretación de la fracción I del apartado de punibilidad del artículo 140 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, ya que la norma expresamente habla de "afectación patrimonial" y no se desprende que deba tomarse en cuenta solamente el "valor de lo robado", como lo pretende hacer valer la responsable.
• Que es así, porque al no establecerse que la afectación patrimonial es un concepto más amplio que el valor de lo robado, se deja de aplicar la ley, lo que trae consigo que no se haya impuesto a los sentenciados la pena debida con lo cual, se le deja en estado de indefensión.
• Que la diferencia que se hace entre afectación patrimonial y monto de lo robado viola sus derechos fundamentales, pues esa interpretación reduce la pena al reo, dejando de lado que los daños causados, efectivamente fueron ocasionados en la realización del hecho delictivo.
• Que si el legislador quisiera hacer distinción respecto a lo anterior, lo hubiera hecho, pero no lo hizo, pues lo que busca es la protección integral de la víctima u ofendido; luego, al no precisar cómo se compone la afectación patrimonial, debe entenderse que dicho concepto lo integran tanto el monto de lo robado como el de los daños sufridos en el inmueble donde se cometió el hurto.
• Que la culpabilidad debe ser determinada con fundamento en la fracción II y no I, del apartado de punibilidad del artículo 140 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, esto es, superior a la mínima; ello, porque como se dijo, la afectación patrimonial se integra por los daños materiales del inmueble y por el monto de lo robado, tan es así que en la reparación del daño se señalaron dichos montos y, específicamente, el de $********** (**********).
• Que la responsable no está obligada a confirmar la sentencia de un año, un mes y veintidós días de prisión, en uso de su facultad discrecional; pues con ello atenta claramente contra sus derechos de legalidad, seguridad jurídica y debido acceso a la justicia; de ahí que, se insiste, se debió condenar a los imputados con base en las fracciones II o III del apartado punitivo del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
• Que son aplicables al caso, los cr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28993-088a3262/robo-la-afectacion-patrimonial-en-este-delito-comprende · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ROBO AGRAVADO. LOS ARTÍCULOS 224 Y 225 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NO CONTRAVIENEN EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- DECLARACIÓN DEL INCULPADO. SI SE RESERVA ESTE DERECHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA (AMPARO DIRECTO)
- ROBO. LA AGRAVANTE DE APROVECHANDO UNA RELACIÓN DE TRABAJO, SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE UN VÍNCULO LABORAL DIRECTO ENTRE EL AGENTE ACTIVO CON EL SUJETO PASIVO DEL DELITO. (AMPARO DIRECTO)
- PRUEBAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SI EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA NO SE DESAHOGÓ EN EL JUICIO ORAL, ELLO NO IMPLICA, EN AUTOMÁTICO, QUE NO SE ACREDITEN LOS HECHOS MAT (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ROBO. LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL EN ESTE DELITO COMPRENDE TANTO EL MONTO DE LO ROBADO COMO EL DE LOS DAÑOS CAUSADOS Y PERJUICIOS GENERADOS A LA VÍCTIMA CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DEL (XXX.3o.5 P (10a.))
- ROBO A CUENTAHABIENTES. LAS SANCIONES PREVISTAS PARA ESTA AGRAVANTE NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). (1a./J. 69/2025 (11a.))
- DAÑO CAUSADO EN EL MISMO OBJETO DEL DELITO DE ROBO. NO CONFIGURA EL DELITO AUTONOMO DE DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. (s/clave)
- ROBO, PENA POR EL DELITO DE. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis