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Modo: Corpus Pro

I. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LOS SUPUESTOS DE RESERVA EX ANTE Y ABSOLUTA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR RAZONES DE SEGURIDAD PÚBLICA RESPECTO DE LAS BASES DE DATOS Y REGISTROS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CHIHUAHUA, EXCEDEN LA EXCEPCIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o., APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL SENTIDO DE QUE ESA RESERVA DEBE SER TEMPORAL, FUNDADA Y MOTIVADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE DAÑO.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 73/2017. · Registro digital (IUS): 28998
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-09-06
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Pág. 57.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 73/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE ABRIL DE 2019. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIOS: ETIENNE LUQUET FARÍAS Y VALERIA PALMA LIMÓN

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por oficio depositado el siete de julio de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan.

a) Norma impugnada. Artículo 225, párrafo segundo, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, publicada mediante Decreto Número LXV/RFLEY/0340/2017 II P.O., en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el día siete de junio de dos mil diecisiete.

b) Autoridades emisora y promulgadora. Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

2. SEGUNDO.—Artículos constitucionales y convencionales que se señalan como violados. Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. TERCERO.—Concepto de invalidez. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea un único concepto de invalidez, en el cual aduce en síntesis lo siguiente:

4. El segundo párrafo del artículo 225 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, prevé una reserva total permanente o indeterminada de toda la información contenida en las bases de datos y registros del Sistema de Información Estatal de Seguridad Pública, que no obedece al interés público ni a la seguridad nacional, vulnerando el derecho de acceso a la información consagrado en los artículos 6o. de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. La protección del acceso a la información, se rige por los principios y bases contenidos en el artículo 6o. constitucional y aun cuando admite excepciones, las reservas que se establezcan deben apegarse a lo establecido en la Norma Fundamental. Sin embargo, la norma cuya invalidez se demanda, vulnera el derecho de acceso a la información al: (i) establecer reservas a la información sin que ellas respondan a cuestiones de interés público o seguridad nacional, (ii) establecer una restricción permanente y, (iii) al no apegarse a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), como se detalla a continuación:

• Las razones por las que se restringe el acceso a la información no responden a cuestiones de seguridad nacional ni de interés público. El artículo impugnado reserva la totalidad de ciertos géneros de información, sin permitir la valoración de circunstancias concretas de esa información.

La restricción no justifica la actualización de un daño a la seguridad nacional o al interés público como consecuencia de su divulgación, por lo que vulnera el principio de máxima publicidad.

La LGTAIP establece las únicas directrices a través de las cuales es posible reservar la información, al respecto, su artículo 113 determina que deberá reservarse la información, cuya publicación comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable que menoscabe negociaciones y relaciones internacionales, que pueda poner en riesgo la vida, seguridad, salud de una persona, obstruya la prevención o persecución de los delitos, vulnere la condición de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.

• El precepto cuya invalidez se demanda establece una restricción permanente. De la interpretación literal de la norma impugnada se advierte, que la reserva de información no está sujeta a una temporalidad concreta, al no establecerse en ella delimitación de tiempo alguna en que los datos correspondientes tendrán ese carácter.

La omisión de un plazo de reserva o la especificación de que la reserva es temporal, genera un régimen especial no previsto en la Norma Fundamental contrario al artículo 6o. constitucional.

• La reserva de información no se apega a las disposiciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si bien es cierto que el derecho de acceso a la información admite restricciones, éstas deben tener sustento legal, tanto en sentido material como formal, impidiendo que se deje al arbitrio de las autoridades, además de que deben ser congruentes al marco constitucional, convencional y legal.

No obstante, el precepto cuya invalidez se demanda, ha invertido los supuestos constitucionales de la reserva, de manera que constituye una regla y no una excepción, además de que como se dijo anteriormente, establece una limitación permanente y las razones en que sustenta la restricción no corresponden a razones de seguridad nacional ni interés público.

6. CUARTO.—Radicación y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de diez de julio de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 73/2017.

7. Asimismo, con fundamento en el artículo 24, en relación con el diverso 59, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, así como el numeral 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó turnar el expediente al Ministro Eduardo Medina Mora I., como instructor.

8. Por su parte, en diverso proveído de diez de julio de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad, reconoció la personalidad con que se ostenta el accionante y ordenó dar vista al Poder Legislativo que emitió la norma impugnada, al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que formulara el pedimento correspondiente.

9. QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. En su informe, el Congreso del Estado de Chihuahua señala en síntesis lo siguiente:

a) El párrafo segundo del artículo 225 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no vulnera el derecho al acceso a la información, toda vez que el mencionado artículo, establece válidamente la clasificación de reserva de la información contenida en todas y cada una de las bases de datos y registros del Sistema de Información Estatal de Seguridad Pública, así como la información contenida en ellos.

b) El accionante considera que el precepto impugnado resulta contradictorio a lo establecido en el artículo 6o. de la Carta Magna, por no contener una temporalidad en la reserva de la información. Sin embargo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, establece el periodo máximo durante el cual podrá clasificarse de reservada alguna información.

c) La información pública a que hace referencia el numeral combatido no responde al interés público, ni de seguridad nacional, por lo que no vulnera el artículo 6o. inciso a), fracciones I y II, de la Constitución Federal, que establece por una parte que toda la información pública sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes y, por otra que la información relativa a la vida privada y datos personales está protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

d) El diverso artículo 13, numeral 2, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone que el ejercicio del derecho de acceso a la información se sujeta a la no afectación del orden público. En similar sentido, el artículo 19, 3, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que dicho derecho se encuentra limitado por el orden público; sin que el precepto impugnado contravenga su contenido, al no corresponder a esos supuestos, por lo que se tiene que reconocer su constitucionalidad y validez.

10. SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. En el respectivo informe se refiere fundamentalmente lo siguiente:

a) El contenido del segundo párrafo del artículo 225 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua se apega totalmente al artículo 6o. constitucional, toda vez que el acceso a la información, no es un derecho absoluto, sino que el mismo se encuentra sujeto a limitaciones y excepciones como lo son la seguridad nacional, los intereses de la sociedad, los derechos de los gobernados, entre otros.

b) Lejos de atentar en contra de un derecho reconocido constitucionalmente, la norma impugnada busca proteger derechos individuales y colectivos, al establecer las pautas para un correcto manejo de información personal, para la protección de los intereses del ciudadano cuando existen datos personales.

c) Es de considerar que lo preceptuado en el artículo 225 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad, es una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento, es decir no surge en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un actor diverso que condicione su aplicación.

d) El párrafo segundo del artículo 225 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no vulnera el contenido de los artículos 6o. constitucional, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por tanto, deberá ser determinada infundada la acción de inconstitucionalidad.

11. SÉPTIMO.—Pedimento de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República formuló pedimento en el cual establece lo siguiente:

12. El concepto de invalidez hecho valer por la CNDH, se dirige a demostrar que la norma general impugnada contraviene lo dispuesto en los artículos 6o. de la Constitución Federal; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vulnerando con ello el derecho de acceso a la información pública y el principio de máxima publicidad.

13. A efecto de demostrar que la porción normativa impugnada se ajusta a lo dispuesto en el orden jurídico mexicano, es necesario tomar en consideración el contenido de los artículos 6o., apartado A, fracción I, 73, fracción XXIX-S y 124 de la Constitución Federal, que indican que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órganos y organismos gubernamentales será pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

14. El derecho de acceso a la información pública también encuentra sustento en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como "Pacto de San José de Costa Rica" en su artículo 13, apartados 1o. y 2o., artículo 19, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 1o. de la Declaración de Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información.

15. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y la Ley de Transparencia del Estado, encuentran identidad en la aspiración constitucional de otorgar protección al derecho al acceso a la información, por lo que la restricción a ese derecho debe obedecer a los supuestos referidos en el artículo 113 y, en su caso, al artículo 116 ambos de la LGTAIP.

16. El Procurador lleva a cabo una comparación entre el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 4, 7,101, 106 y 108 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como los artículos 4, 5, 7, 113, 117 y 119, fracciones I, II y III de la LFTAIP de la cual concluye lo siguiente:

i.Se reconoce que la información en posesión de las autoridades es pública y podrá ser reservada por un periodo de cinco años, únicamente por razones de interés público y seguridad nacional.

ii. Se hace patente el principio de máxima publicidad para la interpretación y aplicación de las normas en estudio.

iii. Existe coincidencia en la prohibición para reservar información de manera discrecional y para la emisión de acuerdos generales de clasificación.

iv. Se plantean las mismas causales de reserva de información.

17. Por consiguiente, si la norma impugnada está fundando las causas de reserva de la información que contiene el sistema de seguridad estatal en cuestiones de seguridad pública e interés público, queda demostrado que recoge las bases, directrices y principios establecidos tanto en el artículo 6o., apartado A, de la Constitución Federal, como en la LGTAIP.

18. De las normas generales y locales que regulan el acceso a la información pública y la seguridad nacional, se desprende que la norma objeto de control constitucional observa las bases, principios y directrices que sobre el particular integran el Sistema de Seguridad Nacional.

19. Así pues, resulta infundado el argumento de invalidez mediante el cual se aduce que la reserva que incluye el precepto impugnado es indeterminada, toda vez, que la ley especial del Estado en materia de transparencia constriñe a los sujetos obligados a que la reserva de información tenga un límite máximo de cinco años.

20. La reserva de información que se impugna, obedece a límites que encuentran sustento en razones de seguridad pública e interés general. La seguridad pública encuentra sustento en las aspiraciones constitucionales de preservar el orden y la convivencia, de ahí que la seguridad pública, además de ser una causal de reserva establecida en el artículo 113, fracción I,de la LGTAIP, encuentra su origen en el interés público referido en el artículo 6o. constitucional.

21. Aunado a lo anterior, la norma objeto de control reproduce lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LASNSP), de manera que el citado ordenamiento confirma la casual de reserva prevista por la LGTAIP en materia de seguridad pública.

22. Finalmente, por lo que hace al argumento de la actora, consistente en que la norma objeto de control no encuentra sustento en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la LGTAIP, debe decirse que es infundado en virtud de que las normas constitucionales, convencionales y legales, permiten restricciones al derecho de acceso a la información.

23. OCTAVO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos de las partes, el pedimento del procurador y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, el expediente se puso en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

24. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal;(1) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 225, párrafo segundo, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

25. SEGUNDO.—Oportunidad. Procede analizar si la demanda de la acción fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

26. El escrito por el que se promueve la presente acción de inconstitucionalidad fue depositado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día siete de julio de dos mil diecisiete.(3)

27. El párrafo primero del artículo 60, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(4) dispone que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial y que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

28. Conforme a este precepto, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional cuya invalidez se solicita, haya sido publicado en el correspondiente medio oficial.

29. El artículo 225, segundo párrafo, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, fue publicado mediante Decreto Número LXV/RFLEY/0340/2017 II P.O., en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el día siete de junio de dos mil diecisiete, como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado a fojas veintisiete a cuarenta y seis del expediente, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover la presente acción, transcurrió del jueves ocho de junio al siete de julio de dos mil diecisiete.

30. Bajo ese contexto, al haberse presentado la acción de inconstitucionalidad, el siete de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe concluirse que fue promovida oportunamente.

31. TERCERO.—Legitimación. A continuación se procede analizar la legitimación de la promovente de la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para su ejercicio.

32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, en relación con el diverso 11, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(5) las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

33. En el caso, suscribe la acción de inconstitucionalidad, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuestión que acredita con la copia certificada de su nombramiento que obra a foja veintiséis del expediente.

34. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que los organismos de protección de derechos humanos equivalentes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pueden ejercer la acción de inconstitucionalidad, contra leyes expedidas por las Legislaturas Locales.(6)

35. Así, dicho organismo está legitimado para promover acción de inconstitucionalidad, respecto de leyes federales, estatales y tratados internacionales en que considere, existe vulneración a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es Parte, como sucede en el caso que nos ocupa.

36. Por lo anterior, se concluye que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad. 37. CUARTO.—Causas de improcedencia. No se hacen valer causales de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni se advierte alguna otra de oficio por este Tribunal Pleno.

38. QUINTO.—Estudio de fondo. Al no existir causales de improcedencia hechas valer ni advertidas por este tribunal, se procede a analizar los argumentos de invalidez planteados por la promovente.

39. En la acción de inconstitucionalidad la CNDH solicita a este tribunal, declare la invalidez del artículo 225, párrafo segundo, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, por considerar que vulnera el acceso a la información, debido a que: (i) las razones de la reserva no corresponden al interés público ni a la seguridad nacional reconocidas en la Constitución; (ii) establece una reserva de información permanente y, (iii) la reserva de información no se apega a lo dispuesto por las bases y principios generales previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que es una reserva total e indeterminada.

40. El contenido del precepto cuya invalidez se demanda es el siguiente:

"Artículo 225. La Fiscalía General integrará la información de seguridad pública que reciba de la Federación y de otras entidades federativas, misma que formará parte del Sistema de Información Estatal.

"Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las bases de datos y registros del Sistema de Información Estatal de Seguridad Pública, así como la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, penitenciaria, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga."

41. Como se observa, el artículo 225 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, determina que existirá un sistema de información estatal, al cual se integrará la información recibida de la Federación y otras entidades federativas.

42. Al respecto se determina, que se clasifica como reservada aquella información correspondiente a un listado de supuestos referentes a seguridad pública.

43. Este Tribunal Pleno considera que el precepto es inconstitucional toda vez que contempla una reserva absoluta de información, cuestión que es contraria al principio constitucional de máxima publicidad que rige a la información pública.

44. El derecho de acceso a la información se encuentra regulado en los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(7) 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(8) y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(9)

45. Al respecto, el artículo 6o. constitucional establece tanto el acceso a la información, como la libertad de expresión; derechos que constituyen elementos funcionalmente esenciales en la estructura del Estado constitucional democrático de derecho, al asegurar a las personas espacios esenciales para desplegar su autonomía individual y al gozar de una vertiente pública, colectiva o institucional.

46. Lo anterior significa que deberá respetarse el derecho de los individuos no sólo a expresar el pensamiento propio, sino que también, como miembros de un colectivo, deberá garantizarse su derecho a recibir información, por lo que tales derechos revisten además la característica de ser de orden público y de interés social.

47. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información (LGTAIP), es una ley que reparte competencias entre los diversos órdenes de gobierno pero que también determina los parámetros, bases y principios que les son comunes en materia de transparencia y que deben ser aplicados indistintamente.

48. Una de las configuraciones legales más importantes establecidas en la ley general es la de transparencia, pues contiene los catálogos de información que, en general, tienen obligación de publicitar las autoridades de todos los niveles de gobierno cuando sean sujetos obligados. Así, se establece un parámetro general de contenidos de información que cualquier autoridad debe mantener permanentemente actualizada y a disposición del público (artículo 70 de la LGTAIP).(10)

49. Asimismo, la LGTAIP estableció contenidos de información adicionales que son específicos en atención al sujeto obligado.(11)

50. Sin embargo, aun cuando el derecho de acceso a la información consagra como regla general que toda la información que se encuentre en poder de la autoridad es pública, se reconocen a nivel constitucional ciertos supuestos que operan como excepciones a la regla general, dando lugar a que la información pueda reservarse o considerarse confidencial.

51. De este modo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6o., apartado A, fracción I, establece que la información podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, debiendo prevalecer el principio de máxima publicidad.

52. Por su parte, el artículo 13, numeral 2, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(12) así como el artículo 19, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(13) establecen aquellas restricciones que son necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Mientras tanto, el artículo 4 de la LGTAIP, indica que la información podrá ser clasificada como reservada o confidencial por los sujetos obligados.(14)

53. Así, como lo ha interpretado este Pleno, el derecho de acceso a la información no es absoluto, en tanto su ejercicio se encuentra acotado en función de ciertas causas e intereses estatalmente relevantes.

54. Como se indicó, la Constitución en su artículo 6o. establece el criterio de clasificación de "información reservada", a efecto de proteger el interés público y la seguridad nacional y remite a la ley para el desarrollo de los términos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información,(15) así, la información que tienen bajo su resguardo los sujetos obligados del Estado encuentra como excepción aquella que sea temporalmente reservada en los términos establecidos por el legislador federal o local, cuando de su propagación pueda derivarse perjuicio por causa de interés público y seguridad nacional.

55. En desarrollo de ese extremo de excepcionalidad, el artículo 113 de la ley general, establece un catálogo genérico de supuestos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando su otorgamiento o publicación pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Así, la seguridad pública es un criterio objetivo de reserva de información.

56. La seguridad pública tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, comprendiendo la prevención especial y general de los delitos y la reinserción social del sentenciado, lo que hace evidente que la seguridad pública obedece a razones poderosas de interés público.

57. Ahora bien, si bien es cierto que la seguridad pública es una categoría de información susceptible de ser reservada en atención a cuestiones de interés público, también lo es que de conformidad al artículo 6o. constitucional no es posible establecer reservas de información ex ante de carácter absoluto.

58. Toda información en posesión de cualquier entidad estatal es pública y sólo puede ser reservada por cuestiones de interés público. En este sentido, la reserva será válida siempre y cuando atienda a las finalidades previstas en la Constitución y sea proporcional y congruente con los principios constitucionales que se intentan proteger,(16) de manera que la actualización de una reserva por comprometer la seguridad pública como supuesto válido para limitar el acceso a la información, no implica que se pueda establecer a nivel legislativo de manera automática que toda información contenida en expedientes o bases de datos se tenga como reservada.

59. Si bien podría suponerse que una reserva a la información, por sí misma resulta contraria al principio de máxima publicidad, ello no es así, ya que lo que se genera a través de la reserva de la información, es su puesta en un estado de resguardo temporal, en atención a ciertos supuestos que lo justifican.

60. Debemos recordar que los sujetos obligados deben realizar la evaluación en los casos concretos para establecer la procedencia de una reserva, debiendo fundar y motivar, en los casos concretos, las causas y temporalidades de las reservas.

61. La LGTAIP, en sus artículos 100,(17) 103,(18) 104(19) y 108,(20) exige que todos los sujetos obligados para poder configurar información como reservada, además de la realización de un examen casuístico y de justificación fundado y motivado, se desarrolle la aplicación de una prueba de daño; entendido esto como el estándar que implica ponderar la divulgación de la información frente a la actualización de un posible daño al interés o principio que se busca proteger.

62. La calificación de la reserva debe hacerse atendiendo al daño que puede efectuar, sin olvidar que ésta debe estar debidamente fundamentada y motivada y que en ella debe establecerse el nexo probable, presente o específico entre la revelación de la información y el menoscabo de un derecho o el riesgo que representa.

63. De ahí que este Alto Tribunal considere que los alcances del principio de máxima publicidad en relación con el derecho de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28998-0ef5b622/i-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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