I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE NOTIFICACIÓN AL SÍNDICO MUNICIPAL DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO [INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 57, FRACCIONES X Y XXI, NUMERAL 3, 106, FRACCIÓN IV, 125, FRACCIÓN VIII, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 55, 56, FRACCIÓN III, 59, FRACCIONES IV Y V, 60, 223, 223 BIS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 56, 58, 59, 62, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU IMPROCEDENCIA POR LITISPENDENCIA NO SE ACTUALIZA POR LA EXISTENCIA DE UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS MISMOS ACTOS, SI EL ACTOR Y LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ SON DIVERSOS. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR A ESTA VÍA CUANDO SE EMITAN ACTOS DE AUTORIDAD QUE VULNEREN SU INTEGRACIÓN. VI. SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL. LA OMISIÓN DE EMPLAZAMIENTO AL AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VII. SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL. LA NOTIFICACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO QUE PUEDE AFECTAR AL AYUNTAMIENTO DEBE REALIZARSE EN FORMA PERSONAL POR CONDUCTO DEL SÍNDICO. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DE TODO LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES NÚMERO P.A. 124/2016 EN CONTRA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ MEDIANTE LA CUAL LA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, DEBERÁ PROCEDER, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, A ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, DANDO LA INTERVENCIÓN QUE CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO ACTOR, POR CONDUCTO DEL SÍNDICO Y DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES NÚMERO P.A. 124/2016 EN CONTRA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/2017. MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. 29 DE AGOSTO DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTES: JAVIER LAYNEZ POTISEK Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demanda. El dos de enero de dos mil diecisiete, se recibió en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el escrito de Miguel Ángel Romero Calderón, quien se ostentó como síndico del Municipio de Tehuacán, Puebla, por el cual promovió juicio de controversia constitucional en contra del Congreso de la entidad, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior, así como la Auditoría Superior, estos últimos dependientes del citado órgano legislativo, con el objeto de controvertir los actos y omisiones siguientes:
"1. El decreto publicado con fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis por el cual autoriza a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, inicie y sustancie procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de la C. Ernestina Fernández Méndez, en su carácter de Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, administración 2014-2018, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; y a consecuencia de ello reclamo:
"a) La omisión de notificación o intervención al síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional Municipal de Tehuacán, Puebla a dicho procedimiento.
"b) Todo el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de la C. Ernestina Fernández Méndez, en su carácter de Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, administración 2014-2018, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, seguido en su contra ante la omisión de la notificación o intervención al síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional Municipal de Tehuacán, Puebla a dicho procedimiento.
"2. El dictamen con minuta de decreto presentado por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, relativo a la resolución de fondo para imponer sanciones administrativas por la revisión y fiscalización de la cuenta pública del honorable Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, respecto del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de la C. Ernestina Fernández Méndez, en su carácter de Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, administración 2014-2018, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; mismo que se aprobó en la orden del día de la sesión pública ordinaria celebrada por la Quincuagésimo Novena Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla el día quince de diciembre de dos mil dieciséis.
"3. El hecho inminente de la destitución e inhabilitación por un periodo de doce años con motivo de la ejecución de la resolución de fondo para imponer sanciones administrativas por la revisión y fiscalización de la cuenta pública del honorable Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, dictada dentro procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de la C. Ernestina Fernández Méndez, en su carácter de Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, administración 2014-2018, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, ante la falta de notificación o intervención al síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional Municipal de Tehuacán, Puebla de un acto inminente que afecta al Municipio actor, como lo es la destitución definitiva e inhabilitación del presidente municipal, miembro del Ayuntamiento al cual represento legalmente, por violación al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto del procedimiento citado seguido en contra de la presidenta municipal constitucional de Tehuacán, Puebla, periodo 2014-2018, y en el cual se pretende afectar y restringir facultades y prerrogativas establecidas a favor del Municipio contenidas en el ya citado artículo de la Ley Fundamental.
"4. La ejecución de la destitución de la presidenta municipal, miembro del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tehuacán, Puebla, periodo 2014-2018, sin que previamente se haya sustanciado y realizado el procedimiento de revocación de mandato popular consignado en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala como única forma de separación o remoción del cargo de un funcionario público electo mediante el voto popular como los son presidente municipal, síndico y regidores.
"...
"CUARTO.—Se solicita se declare la inconstitucionalidad de los preceptos que contienen las normas generales que a continuación se señalan:
"a) Artículos: 57, fracciones X y XXI, número 3, 106, fracción IV, 125, fracción VIII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
"b) Artículos: 55, 56, fracción III, 59, fracciones IV y V, 60, 223 y 223 Bis de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla.
"c) Artículos: 56, 58, 59, 62, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Puebla."
SEGUNDO.—Antecedentes. En síntesis, los antecedentes narrados por el Municipio actor son los siguientes:
1. La Auditoría Superior del Estado inició un proceso de fiscalización en contra de la administración pública del Ayuntamiento de Tehuacán, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, de conformidad con el artículo 114 de la Constitución del Estado de Puebla; fiscalización y resultados que bajo protesta de decir verdad no se le hicieron del conocimiento al representante legal del Ayuntamiento, ni a la presidenta de dicho órgano.
2. De manera sorpresiva y por publicaciones en diferentes medios de comunicación, el quince de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo conocimiento que se impuso una sanción por los resultados de la fiscalización a la cuenta pública del Municipio, por lo que hasta ese momento se desconocían de manera específica los motivos por los cuales se determinaron las sanciones respectivas, a pesar de que no se notificó formalmente al cuerpo colegiado como órgano de gobierno, dentro del procedimiento de fiscalización, mucho menos, dentro de un procedimiento de determinación de responsabilidades seguido en contra de uno de los integrantes del Ayuntamiento de Tehuacán.
3. Lo anterior cobra relevancia con el hecho contenido en el punto 14 de la orden del día de la sesión ordinaria de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, de quince de diciembre de dos mil dieciséis, aprobada también en esa fecha, en la cual se contempla la resolución de fondo para imponer sanciones administrativas por la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Tehuacán, respecto del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de Ernestina Fernández Méndez, en su carácter de presidenta municipal.
4. De lo anterior nace el temor fundado de la inminente ejecución consistente en la destitución de la presidenta municipal, sanción derivada de un procedimiento de responsabilidades, del cual, el Ayuntamiento de Tehuacán no ha sido emplazado formalmente a través del síndico representante legal del Ayuntamiento; aunado a que no se ha sustanciado ni realizado el procedimiento de revocación de mandato popular consignado en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, que señala como única forma de separación o remoción del cargo de un funcionario público electo mediante el voto popular como los son la presidenta municipal, síndico y regidores.
TERCERO.—Preceptos constitucionales señalados como violados y síntesis de los conceptos de invalidez. El actor señaló como violados los artículos 14 y 16, en relación con el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y planteó, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
• Afectación a la libertad, legitimidad, integración democrática y autonomía del Municipio, garantizados en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• El párrafo tercero del artículo 115 constitucional, establece que las Legislaturas Locales tienen facultades para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siendo evidente que tales supuestos causan una afectación al Ayuntamiento; no obstante, dicha afectación se puede generar de distintas maneras: a) Actos que afectan al Ayuntamiento en su integridad, como sería la declaración de suspensión o desaparición del Municipio, puesto que tales sanciones van dirigidas al órgano en sí y no a alguno de sus integrantes en lo particular, impidiéndole de esta forma continuar con el cumplimiento de sus atribuciones; y, b) Actos que afectan la integración del Ayuntamiento, como la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, en este caso, la sanción recae en uno de sus miembros, en tanto que el Ayuntamiento como órgano de gobierno seguirá en el ejercicio de sus funciones, aunque para ello deba seguirse el procedimiento de designación de suplentes que prevea la legislación local, destacando que para que pueda afectarse al Ayuntamiento, en cualquiera de las hipótesis señaladas, las Legislaturas Estatales deben cumplir con requisitos tales como que la ley deberá prever las causas graves para suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido o para suspender o revocar el mandato a alguno de sus integrantes de elección popular que gozan de una protección constitucional para su remoción o destitución, en términos del artículo 115, fracción I, constitucional.
• En relación con los mencionados requisitos, es de destacar que previo a la emisión del acto, se debe otorgar al Ayuntamiento la oportunidad para rendir pruebas y formular alegatos, además de que el acuerdo de suspensión o desaparición de un Ayuntamiento o de suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, debe ser tomado por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.
• La prerrogativa principal de los Ayuntamientos, es la salvaguarda de su integración y de continuidad en el ejercicio de sus funciones de gobierno, puesto que son el resultado de un proceso de elección popular directa, teniendo como resultado que la comunidad municipal otorga un mandato político, el cual debe ser respetado. Luego, si en el caso, el Congreso del Estado de Puebla ha sancionado administrativamente a la presidenta municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, es innegable que dicho acto afecta al Municipio actor en el ejercicio de sus atribuciones, y trasciende a su integración, dado que en el procedimiento que se le siguió no se sustanciaron ni cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, siendo esta última forma, el medio constitucional y legal por el cual un miembro de un Ayuntamiento puede efectivamente ser removido de su cargo.
• Al respecto, resulta aplicable el criterio «P./J. 115/2004», de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTO POR EL CUAL LA LEGISLATURA DE UN ESTADO DECLARA LA SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO, SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TRANSGREDE LA PRERROGATIVA CONCEDIDA A DICHO ENTE MUNICIPAL, CONSISTENTE EN SALVAGUARDAR SU INTEGRACIÓN Y CONTINUIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE GOBIERNO."
• Se priva al Ayuntamiento de su derecho de audiencia y defensa, al omitir notificársele la fiscalización a su administración pública, así como al procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, violentando así las formalidades esenciales del procedimiento previstas en los artículos 68 y 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
• Las autoridades demandadas pretenden sancionar a un integrante constitucional del Ayuntamiento, sin que previamente realicen el procedimiento a que se refiere la fracción I del artículo 68, así como el diverso numeral 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; es decir, sin que se haya realizado un procedimiento de revocación de mandato, otorgando la correspondiente intervención al síndico municipal, con lo cual se dejan de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento.
• La autonomía constitucional en favor de los Municipios relativa a que administren libremente su hacienda, por conducto de sus Ayuntamientos, y si ésta es motivo de observaciones, el órgano de gobierno debe estar enterado del resultado de la revisión; además, dicha autonomía significa conocer el resultado de la revisión, así como ser emplazados dentro del o los procedimientos de responsabilidades que se sigan en contra de los integrantes del Ayuntamiento, por conducto del síndico municipal, ello con base en las facultades y obligaciones previstas en el artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, ya que de lo contrario se estarían vulnerando los intereses del cuerpo colegiado.
CUARTO.—Radicación y admisión. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 2/2017 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.
Por auto de once de enero de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a la Auditoría Superior del Congreso, todos del Estado de Puebla, pero no así a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de dicha entidad por ser ésta un órgano subordinado de dicha dependencia. En el mismo acuerdo, ordenó integrar el cuaderno incidental respectivo; en este último, mediante acuerdo de la misma fecha, concedió la suspensión solicitada, para que el Congreso del Estado de Puebla por sí, o a través de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior Estatal, se abstuviera de ejecutar la resolución de destitución e inhabilitación que, en su caso, pudiera dictarse dentro del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades a que alude el Municipio actor.
QUINTO.—Contestación a la demanda.
1. Poder Legislativo del Estado de Puebla. El director general de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en representación del Poder Legislativo, formuló su respuesta en los siguientes términos:
• Es cierto que el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, autorizó a la Auditoría Superior del Estado, iniciar y sustanciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de la C. Ernestina Fernández Méndez, presidenta municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, en la administración 2014-2018.
• No es cierta la omisión de notificación o intervención al síndico municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, toda vez que el Congreso instruyó a la Auditoría Superior del Estado a notificarle las presuntas irregularidades señaladas en el mismo decreto.
• Es cierto que el Congreso del Estado participa en el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de la C. Ernestina Fernández Méndez.
• No existe obligación de notificar al síndico municipal, debido a que es un procedimiento seguido en contra de la presidenta municipal y no en contra del Ayuntamiento, como tal, ya que en términos de lo previsto en el artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, los presidentes municipales podrán designar un representante para que esté presente en la audiencia a que se refiere el artículo 68 de la citada ley por lo que no existe obligación de notificar al síndico municipal.
• Es cierta la participación del Congreso del Estado en la resolución definitiva del procedimiento administrativo, que fue emitida en el decreto de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dado que es una de las autoridades competentes para sustanciar y resolver el procedimiento conforme a la ley de la materia.
• Es cierto el acto que se reclama al Congreso, pero como un hecho inminente y futuro, ya que en el momento procesal oportuno, esta soberanía tendrá la participación que conforme a derecho le corresponda en la ejecución de la destitución de la presidenta municipal. En el mismo sentido, la destitución se realizará en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Constitución Federal y no como el actor sostiene que la ejecución de la destitución deba llevarse conforme a lo establecido en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Ley Fundamental.
• Se actualiza la causa de improcedencia, la cual genera el sobreseimiento en el presente asunto, en términos de lo señalado en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional. Esto es así, porque el actor no tiene razón en impugnar el decreto publicado el 9 de septiembre de 2016 por el que se autoriza a la Auditoría Superior del Estado de Puebla a iniciar y sustanciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de la presidenta municipal, mismo que le fue notificado el 29 de septiembre de 2016, tanto a la presidenta municipal como al Ayuntamiento de Tehuacán, de conformidad con el artículo 54 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en términos de su artículo 48.
• En ese tenor, si el Ayuntamiento de Tehuacán estuvo notificado del inicio de la sustanciación así como de la resolución del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, particularmente la fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 68, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, es indudable que tuvo conocimiento de los actos, cuya invalidez demanda en la presente controversia, desde el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en el entendido de que sesionó en forma colegiada respecto de dichos actos, el cinco de octubre de dos mil dieciséis.
• En otro aspecto, la presidenta municipal promovió demanda de amparo radicada bajo el expediente número *********, del que se encuentra conociendo el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, así como el incidente de suspensión respectivo derivado de dicho juicio, existiendo identidad con la presente controversia constitucional, en cuanto a las autoridades responsables y/o demandadas así como en los actos impugnados.
• Respecto del artículo 57, fracción X, de la Constitución Política del Estado de Puebla, es importante precisar que no es aplicable al presente caso, debido a que este artículo establece las facultades del Congreso del Estado para nombrar y remover a los servidores públicos que por ley le correspondan, entre ellos al titular de la Auditoría Superior del Estado.
• La fracción XXI, número 3 del artículo 57, en relación con el diverso 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, se refieren a la suspensión o revocación de mandato de uno de los miembros de un Ayuntamiento, disposiciones constitucionales que no son aplicables a la presente litis, ya que dichos dispositivos se refieren a la destitución de la presidenta municipal.
• El artículo 125, fracción VIII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene su fundamento en el diverso 113 de la Constitución Federal (conforme al texto aplicable, previo a la reforma en materia de combate a la corrupción).
• La actuación de esta soberanía fue en ejercicio de las facultades relativas al procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades y para resaltar la distinción entre unas y otras facultades, se cita en lo conducente el criterio «XI.1o.A.T.41 A (10a.)», siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENCIAS ENTRE LA POLÍTICA Y LA ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."
• En el Estado de Puebla, el procedimiento de determinación de responsabilidades, es un procedimiento que se sigue en contra de servidores públicos y se encuentra regulado en una ley específica en la materia, que es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; en ese tenor, las sanciones de inhabilitación y destitución se determinaron respecto de la presidenta municipal en funciones, con motivo de un procedimiento administrativo, sanciones cuya imposición compete al Congreso del Estado con fundamento en las atribuciones previstas en el artículo 113 de la Constitución Federal, no así de las atribuciones indicadas en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, del mismo ordenamiento constitucional, luego entonces no se está en presencia de un asunto que implique la invasión de competencia constitucional alguna.
• No resulta aplicable la tesis «P./J. 115/2005», invocada por el Municipio actor, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN AYUNTAMIENTO EN UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SEGUIDO EN CONTRA DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14, EN RELACIÓN CON EL 115, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS)." porque son supuestos distintos.
2. Contestación de la demanda. Auditoría Superior del Estado de Puebla. El director general jurídico en representación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, formuló su contestación en los siguientes términos:
• Es cierto que la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, previa autorización del Congreso del Estado, contenida en el decreto de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, inició y sustanció el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de la presidenta municipal de Tehuacán, pero no es cierto que el citado procedimiento se haya seguido sin estar notificado el Ayuntamiento, como cuerpo colegiado y órgano de gobierno, pues su participación en un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, se encuentra prevista en el artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
• Es cierta la participación que en su momento tendrá la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, pues conforme a lo previsto en los artículos 30, fracciones II, VII, y XIII, así como en el 2 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, la Dirección Jurídica Contenciosa será la competente para promover ante las instancias competentes la ejecución de la resolución definitiva; sin embargo, no es cierto que la promoción de ejecución de dos de las sanciones impuestas a la presidenta municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, concretamente la inhabilitación y la destitución de su cargo, vulnere el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mucho menos que con ello se puedan afectar o restringir las facultades y prerrogativas del Municipio, establecidas en dicho artículo.
• Es cierto que el juzgador debe privilegiar justamente la fecha en que el actor señale que tuvo conocimiento del acto impugnado, pero ello es siempre que de autos no se desprenda que hubiera tenido conocimiento fehaciente del mismo, en un momento que no coincide con la fecha que él aduce. En el caso, el Ayuntamiento de Tehuacán, sostiene que no fue notificado del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades que se siguió en contra de la presidenta municipal y que se enteró hasta el quince de diciembre de dos mil dieciséis por diversos medios de comunicación en los cuales se hacía referencia a la sanción impuesta; no obstante, de las constancias que integran el procedimiento administrativo, se desprenden medios de convicción que permiten determinar que el Ayuntamiento tuvo conocimiento desde el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis e incluso el cinco de octubre de dos mil dieciséis el Cabildo celebró sesión en la que de manera colegiada tuvo conocimiento del procedimiento respectivo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Así, de las constancias que acreditan las notificaciones de los documentos oficiales referidos, se aprecia claramente que obran los sellos de recibido de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis de la Secretaría General del Ayuntamiento de Tehuacán.
• También es conveniente precisar que en el Estado de Puebla, la intervención de un Ayuntamiento en los procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades que se siguen en contra de alguno de sus miembros, se da a través de un representante que puede designar indistintamente el presidente municipal o el titular de la Unidad Administrativa correspondiente del Ayuntamiento que se trate, conforme a lo previsto en el artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, por lo que, el Ayuntamiento sí puede intervenir si así lo desea, pero a través del representante que el presidente municipal designa para tal efecto. Por tanto, en los Municipios del Estado de Puebla, el síndico municipal no es quien representa al Ayuntamiento en los Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades, ya que el síndico únicamente representa a los Ayuntamientos en procedimientos judiciales y éste no es el caso.
• Por todo lo anterior, se estima que la demanda de controversia constitucional fue presentada por el síndico municipal de manera extemporánea, señalando para ello que, las reglas sobre el cómputo del plazo establecidas en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, para el caso de impugnación de actos, privilegian en todos los casos un elemento central, consistente en el momento en que el actor adquiere conocimiento del acto impugnado.
• Se considera que la Auditoría Superior del Estado de Puebla carece de legitimación pasiva en la presente controversia constitucional, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 10, fracción II, de la citada ley, por ser un órgano que carece de autonomía técnica o de gestión.
• Por lo que es conveniente precisar que en el Estado de Puebla, el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, como su nombre lo indica, es un procedimiento que se sigue en contra de servidores públicos, el cual se encuentra regulado en una ley específica, que es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, principalmente, en sus artículos 3, fracción I, 49, 51, fracción II, 56, 58, 62, fracción III, 68 y 70. Y por lo que hace a la competencia de la Auditoría Superior del Estado dentro del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, se encuentra regulado en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, así como en el artículo 30 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado aplicable al procedimiento señalado. Por ello, destaca que el actuar del área competente de la Auditoría Superior del Estado dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de la presidenta municipal, no gozó de autonomía, pues en todo momento su actuar se encontró supeditado a las determinaciones del honorable Congreso del Estado, conforme a las disposiciones legales que rigen ese procedimiento y, por ende, a los decretos emitidos por el referido órgano legislativo de fechas veintinueve de julio de dos mil dieciséis y quince de diciembre de dos mil dieciséis.
• Desde esta perspectiva, destaca que la Auditoría Superior, en la controversia que nos ocupa, no es un órgano originario del Estado, sino derivado y que el actuar que se reclama de dicha Auditoría en la controversia constitucional, no gozó de autonomía con respecto del Congreso del Estado de Puebla, por tratarse de actos relacionados con un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, de ahí que carezca de legitimación pasiva en la presente controversia constitucional.
• Al dar respuesta a los hechos, niega que el Ayuntamiento de Tehuacán, no haya tenido conocimiento del procedimiento de fiscalización, ya que, al haber sido notificado del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades de los servidores públicos, tuvo en todo momento la intervención que establece el artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que invoca el actor.
• En cuanto a la posible ejecución de la destitución de la presidenta municipal, es cier
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29007-a3d546a0/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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