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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU DESECHAMIENTO PARCIAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE UN ÓRGANO SUBORDINADO AL ÓRGANO FISCALIZADOR DEL ESTADO (ACUERDO DEL MINISTRO INSTRUCTOR DE ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL QUE NO TUVO COMO AUTORIDAD DEMANDADA A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO DE DICHA DEPENDENCIA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PASIVA DEL ÓRGANO FISCALIZADOR, AL NO ESTAR SUPEDITADO EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO (ACUERDO DEL MINISTRO INSTRUCTOR DE ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, POR EL QUE TUVO COMO AUTORIDAD DEMANDADA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 3/2017-CA DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/2017. · Registro digital (IUS): 200218
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 3/2017-CA DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 2/2017. AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. 10 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA (PONENTE) Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE ESTA PRIMERA SALA. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de mayo de dos mil diecisiete, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve el recurso de reclamación 3/2017-CA, derivado de la controversia constitucional 2/2017, el cual fue promovido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla en contra del acuerdo dictado el once de enero de dos mil diecisiete.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste entonces, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, en analizar si el Ministro Instructor estuvo o no en lo correcto al tener como autoridad demandada en la controversia de manera autónoma a la Auditoría Superior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

I. ANTECEDENTES DEL CASO

1. Demanda de controversia constitucional. El veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, Miguel Ángel Romero Calderón, Síndico del Municipio de Tehuacán, Estado de Puebla, presentó un escrito en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que promovió una controversia constitucional contra las autoridades y actos siguientes:

a) Del Congreso Constitucional del Estado de Puebla, demandó:

I. El Decreto publicado el nueve de septiembre de dos mil dieciséis por el cual autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciar y substanciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de la Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.

i. La omisión de notificación o intervención al Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional Municipal de Tehuacán, Puebla a dicho procedimiento;

ii. El procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades iniciado en contra de la Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.

.

II. El dictamen y aprobación del decreto presentado por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado del Congreso de Puebla, relativo a la resolución de fondo para imponer sanciones administrativas por la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, administración 2014-2018.

III. El hecho inminente de la destitución e inhabilitación por un período de doce años, dictada dentro del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades iniciado, en el cual se pretende afectar y restringir facultades y prerrogativas establecidas a favor del municipio contenidas en el artículo 115 constitucional.

IV. La ejecución de la destitución de la Presidenta Municipal Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tehuacán, Puebla, período 2014-2018, sin que previamente se haya sustanciado y realizado el procedimiento de revocación de mandato popular consignado en el artículo 115 fracción I, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) De la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, alegó:

I. El proyecto con minuta de Decreto de fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis por el cual autoriza a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, inicie y substancie procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de la Presidenta del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla;

i. La omisión de notificación al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla a dicho procedimiento.

ii. El procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades seguido en su contra.

II. La resolución del dictamen con minuta de decreto presentado por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado del Congreso de Puebla, relativo a la resolución de fondo para imponer sanciones administrativas por la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, administración 2014-2018.

III. El hecho inminente de la destitución e inhabilitación por un período de doce años, dictada dentro del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades iniciado, en el cual se pretende afectar y restringir facultades y prerrogativas establecidas a favor del municipio contenidas en el artículo 115 constitucional.

IV. La ejecución de la destitución de la Presidenta Municipal Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tehuacán, Puebla, período 2014-2018, sin que previamente se haya sustanciado y realizado el procedimiento de revocación de mandato popular consignado en el artículo 115 fracción I, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) De la Auditoría Superior del Estado de Puebla (Auditor Superior del Estado), reclamó:

I. Todo el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.

i. La omisión de notificación o intervención al Síndico Municipal del Municipio de Tehuacán, Puebla, a dicho procedimiento.

II. El hecho inminente de la destitución e inhabilitación por un período de doce años, dictada dentro del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades iniciado, en el cual se pretende afectar y restringir facultades y prerrogativas establecidas a favor del municipio contenidas en el artículo 115 constitucional.

d) La inconstitucionalidad de los artículos 57, fracciones X y XXI, número 3; 106, fracción IV; 125, fracción VIII, inciso b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como de los artículos 55; 56, fracción III; 59, fracciones IV y V; 60; 223 y 223 bis de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla y 56; 58; 59, y 62, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Puebla.

2. De los conceptos de invalidez es posible advertir que, a juicio del municipio actor, los actos reclamados vulneran la libertad, legitimidad, integración democrática y autonomía del Ayuntamiento. Primero, porque se le privó al municipio actor del derecho de audiencia y defensa al no habérsele notificado la fiscalización realizada a la administración pública municipal del periodo que transcurrió del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce ni el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades iniciado, a partir de esa fiscalización, en contra de su Presidenta Municipal; en particular, el inicio de ese procedimiento administrativo que comienza con la citación a la audiencia de pruebas y alegatos. Todo ello, dice el municipio, vulnerando las formalidades esenciales del procedimiento previstas en los artículos 68 y 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

3. En ese sentido, se afirma que toda vez que el Congreso del Estado ha sancionado administrativamente a la Presidenta Municipal, mediante la ejecución de la destitución y remoción de la misma, se afectaría gravemente al municipio actor en la integración como órgano de gobierno y en la continuidad en el ejercicio de sus atribuciones, sin cumplir con los requisitos previstos en el artículo 115 constitucional. Desde su punto de vista, según jurisprudencia de esta Suprema Corte, ante cualquier acto que afecte sus atribuciones o prerrogativas, los ayuntamientos deben ser notificados personalmente por conducto del síndico, ya que éste cuenta con la facultad de realizar la defensa oportuna y adecuada de los derechos e intereses del municipio. Así, en el caso, se insiste, al no haber existido notificación alguna se impidió la defensa de los intereses del Ayuntamiento actor.

4. Por lo tanto, se sostiene que es evidente la violación a la autonomía constitucional en favor de los municipios relativa a que por conducto de sus Ayuntamientos administren libremente su hacienda y, en caso de existir observaciones, el órgano de gobierno debe estar enterado del resultado de la revisión; así como participar activamente en los procedimientos, ser emplazados oportunamente, ofrecer pruebas y, en suma, conocer de los procedimientos de responsabilidades que se sigan en contra de los integrantes del Ayuntamiento Municipal. No se expresaron más conceptos de invalidez. Para evidenciar el contexto, el municipio relató la actualización de los supuestos hechos siguientes:

[...]

2. Que conforme a las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado, la administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, correspondiente al periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2015 debe ser fiscalizada con el objeto de determinar los resultados de la gestión financiera, verificar si se ajustaron los criterios señalados en los presupuestos, conforme a las disposiciones aplicables, así como comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas, lo anterior en base a lo establecido en el artículo 114 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla, fiscalización y resultados que bajo protesta de decir verdad no se ha dado a conocer por parte de las demandas al Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, por conducto del suscrito como representante legal.

3. De manera sorpresiva y por publicaciones de diferentes medios de comunicación a nivel nacional y local, el día QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, tuve conocimiento de que se impuso una sanción por los resultados de la fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Tehuacán, Puebla, por el periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014, por lo que hasta el momento desconozco de manera específica los motivos por los cuales se impuso una sanción cuando no se ha notificado al cuerpo colegiado como órgano de gobierno dentro del procedimiento de fiscalización y mucho menos dentro de un procedimiento de determinación de responsabilidades seguido en contra de uno de los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, periodo 2014-2018; lo anterior cobra relevancia con el hecho conocido con la orden del día de la Sesión Ordinaria de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Puebla en la que en el punto 13 de la misma contiene un listado que titulan "Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en relación con la Resolución al Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades siguientes:..." en el cual se encuentra en el número 14 de dicho listado relativo a la RESOLUCIÓN DE FONDO para imponer sanciones administrativas por la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Tehuacán, Puebla, respecto del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de la C. Ernestina Fernández Méndez, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, Administración 2014-2018, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; mismo que se aprobó en la orden del día de la sesión pública ordinaria celebrada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla el día quince de diciembre de dos mil dieciséis, no obstante a lo anteriormente referido quiero manifestara (sic) esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que no he sido notificado de manera legal en mi carácter de Síndico Municipal de la referida resolución de fondo.

4. De lo anteriormente expuesto nace el temor fundado de la posible EJECUCIÓN de la DESTITUCIÓN de la Presidenta Municipal, miembro del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tehuacán, Puebla, periodo 2014-2018, sanción derivada de un procedimiento de determinación de responsabilidades del cual, bajo protesta de decir verdad, el Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, no ha sido emplazado por conducto del suscrito como representante legal del mismo; aunado a que no se ha sustanciado y realizado el procedimiento de revocación de mandato popular consignado en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala como ÚNICA forma de separación o remoción del cargo de un funcionario público electo mediante el voto popular como lo son presidente municipal, síndica y regidores.

Considerando que la imposición de una sanción administrativa no puede ser de manera alguna un acto bajo voluntad caprichosa, por el contrario, es la propia Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado de Puebla en su artículo 70, la que establece que la autoridad competente debe sujetarse a un procedimiento en el que debe estar presente un representante del Municipio, sin que lo hubiese hecho las demandadas, violentando gravemente los derechos Constitucionales de audiencia y defensa del municipio actor, por ello la necesidad de acudir a esta Suprema Corte.(1)

5. En la parte final del escrito de demanda, el municipio actor solicitó la suspensión de los actos impugnados al Congreso del Estado y a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior, ambos del Estado de Puebla, para el efecto de que éstas se abstuvieran de ejecutarlos y así, no se removiera del cargo a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tehuacán, Puebla, Periodo 2014-2018, hasta en tanto se resolviera la controversia constitucional promovida.

6. Trámite de la controversia. Recibido el escrito de demanda, el cinco de enero de dos mil diecisiete, el Ministro Presidente emitió un acuerdo en el que formó y registró el asunto bajo el número de expediente 2/2017 y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que instruyera el procedimiento correspondiente.

7. El once de enero de dos mil diecisiete, el Ministro Instructor admitió la demanda de controversia constitucional y tuvo al promovente designando autorizados, domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y ofreciendo como pruebas las documentales que acompañó en su escrito. Además, consideró como demandados en el procedimiento constitucional al Poder Legislativo y a la Auditoría Superior del Congreso, ambos del Estado de Puebla. Sobre esta última, en el acuerdo, se aclaró que si bien es un órgano técnico auxiliar del órgano legislativo para la fiscalización, control y evaluación gubernamental -de conformidad con el artículo 113 de la Constitución del Estado-, también goza de autonomía técnica y de gestión y, además, de la lectura de la demanda se advirtió que se le imputaron hechos propios, por lo que se le consideraba como autoridad demandada de manera autónoma.(2)

II. TRÁMITE DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN

8. Presentación del recurso. En contra de dicho acuerdo, Homero Abelardo Ancheita del Río, en representación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, interpuso recurso de reclamación, mismo que fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el día veinte de enero de dos mil diecisiete.

9. Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el Ministro Instructor tuvo por interpuesto el recurso de reclamación y previno al promovente para que en el plazo de cinco días hábiles a partir de que surta efectos la legal notificación, enviara el documento que estimara conducente para acreditar el carácter como representante legal de la Auditoría Superior de Puebla. Por otra parte, solicitó que la autoridad señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se realizarían por lista. Finalmente, turnó el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que, una vez concluido el trámite del recurso, se avocara a su resolución.

10. El treinta de enero siguiente, Homero Abelardo Ancheita del Río, en representación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en su carácter de Director General Jurídico, remitió las constancias para acreditar su personalidad; además, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Así, por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el Presidente de esta Suprema Corte tuvo por desahogado el requerimiento ordenado y por presentado al promovente del recurso con la personalidad que ostentó. Por ello, admitió a trámite el medio de impugnación y corrió traslado a las partes para que en un plazo de cinco días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera.

11. Auto impugnado. El acuerdo impugnado es del tenor siguiente (se respetan las negritas):

Ciudad de México, a once de enero de dos mil diecisiete

Visto el escrito y anexos de Miguel Ángel Romero Calderón, quien se ostenta como Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla, por medio del cual promueve controversia constitucional contra el Congreso, la Auditoría Superior y la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior, todos de la entidad, es de proveerse lo siguiente.

En su escrito de demanda, el promovente impugna: [SE TRANSCRIBEN LOS ACTOS Y NORMAS RECLAMADAS ANTERIORMENTE REFERIDAS].

Con fundamento en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 11, párrafo primero y 26, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del citado precepto constitucional, se tiene por presentado al promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda.

En consecuencia, se tiene al promovente designando autorizados, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y ofreciendo como pruebas las documentales que acompaña a su escrito.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 4, párrafo tercero, 31 y 32, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 1 de la citada ley.

Se tiene como demandados en este procedimiento constitucional al Poder Legislativo y a la Auditoría Superior del Congreso, ambos del Estado de Puebla, pues si bien esta última autoridad es un órgano técnico auxiliar de dicho órgano legislativo para la fiscalización, control y evaluación gubernamental -de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla-, también lo es que goza de autonomía técnica y de gestión, y de la lectura de la demanda se advierte que se le imputan hechos propios.

Consecuentemente, con copia y anexos del presente escrito, deberá emplazárseles para que presenten su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles, y al hacerlo señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad apercibidos de que si no cumplen con lo anterior, las subsecuentes notificaciones derivadas de la tramitación y resolución de este asunto se les realizarán por lista, hasta en tanto satisfagan tal requerimiento.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 10, fracción II, de la invocada ley reglamentaria, 305 del citado código y con apoyo en la tesis de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS PARTES ESTÁN OBLIGADAS A SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL LUGAR EN QUE TIENE SU SEDE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA)".

Por otra parte, no ha lugar a tener como autoridad demandada a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, toda vez que es un órgano subordinado de dicha dependencia, siendo aplicable la jurisprudencia cuyo rubro es: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS".

Además, a fin de integrar debidamente el expediente, con fundamento en el artículo 35 de la citada normativa reglamentaria, se requiere a las autoridades demandadas para que al dar contestación, por conducto de quienes legalmente los representan, envíen a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes de los actos impugnados así como de las normas combatidas, apercibidas que, de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa, en términos del artículo 59, fracción I, del referido código procesal.

En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 10, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia, dese vista a la Procuraduría General de la República para que hasta antes de la celebración de la audiencia de ley manifieste lo que a su representación corresponda.

En cuanto a la solicitud de suspensión realizada por la promovente, fórmese el cuaderno incidental respectivo con copia certificada del escrito de demanda y sus anexos.

Finalmente, con fundamento en el artículo 287 del mencionado código federal, hágase la certificación de los días en que transcurre el plazo otorgado a las autoridades demandadas.

Notifíquese.

Lo proveyó y firma el Ministro Instructor Alberto Pérez Dayán, quien actúa con Rubén Jesús Lara Patrón, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

12. Agravios. En el escrito de reclamación, el recurrente expuso los siguientes argumentos a través de un solo concepto de agravio:

a) Como cuestión preliminar, refiere que es criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que, de manera excepcional, para contar con legitimación pasiva no se requiere ser un órgano originario del Estado. No obstante lo anterior, se ha impuesto la obligación de que este presupuesto sea analizado en cada caso.

b) Bajo esa premisa, el municipio actor señala que la fundamentación y motivación del auto recurrido es indebida e insuficiente, pues no se analizó si, en efecto, la entidad fiscalizadora goza o no de autonomía al emitir el alegado acto reclamado. Desde su punto de vista, el actuar de la auditoría dentro de un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades se encuentra supeditado a la autorización y determinaciones del Poder Legislativo conforme a las disposiciones legales que rige ese procedimiento y, por ende, en particular, a los decretos emitidos por el Congreso de veintinueve de julio dieciséis y quince de diciembre, ambos de dos mil dieciséis. En consecuencia, en el caso concreto, la auditoría no gozó de autonomía y no puede considerársele de manera autónoma como una autoridad demandada en la controversia constitucional.

c) A mayor abundamiento, para justificar esta postura, el municipio actor señaló que de la lectura de los artículos 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Federal; 113 de la Constitución del Estado de Puebla, y 199 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, se advierte que la Auditoría Superior es un órgano con autonomía técnica y de gestión que cuenta con atribuciones de fiscalización, control y evaluación de los recursos públicos. Así, destaca, por una parte, que la autonomía técnica se encuentra ligada a las características esenciales de la función de control de la gestión financiera de los órganos estatales, es decir, la capacidad de realizar la fiscalización de los recursos públicos mediante operaciones jurídicas y contables ajenas al comportamiento político de las instituciones y, por otra parte, que la autonomía de gestión consiste en la capacidad de decidir libremente la administración, manejo y custodia y aplicación de sus ingresos, egresos, fondos y los demás recursos públicos que utilice para la ejecución de los objetivos contenidos en la Constitución y las leyes.

d) En ese tenor, se argumenta que la Auditoría Superior debe ser considerada sólo como un órgano de relevancia constitucional por su enunciación constitucional con los elementos que contempla y la vinculación orgánica a la que se sometida respecto al Poder Legislativo. Por lo que, dado que los actos que se le reclaman derivan del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, el cual debe ser autorizado por el órgano legislativo (en términos de los artículos 3, 49, 51, 56, 62 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, y 30 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior, ambos del Estado de Puebla), argumenta que es claro que carece de legitimación en la controversia porque su actuar estuvo siempre limitado por el Congreso del Estado.

III. COMPETENCIA

13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación 3/2017-CA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Ley Reglamentaria de la materia"); 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, al tratarse de un recurso de reclamación en controversia constitucional en el que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

IV. PROCEDENCIA

14. El recurso es procedente conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 51 de la Ley Reglamentaria de la materia,(3) toda vez que se interpone en contra de un acuerdo de trámite que admitió la demanda de controversia constitucional.

V. OPORTUNIDAD

15. El recurso de reclamación se presentó dentro del plazo legal, con base en las siguientes consideraciones. La recurrente quedó notificada del acuerdo objetado el trece de enero de dos mil diecisiete;(4) por consiguiente, el término de cinco días previsto en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia(5) para presentar el aludido medio de impugnación transcurrió del martes diecisiete de enero al lunes veintitrés de enero de dos mil diecisiete, al ser inhábiles los días catorce y quince de enero del mismo año por ser fin de semana, de acuerdo con los artículos 3 y 6 de la referida normatividad reglamentaria de la materia.(6)

16. En el caso concreto, el recurso de reclamación se interpuso mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el veinte de enero de dos mil diecisiete y, por tanto, se advierte que fue presentada oportunamente.

VI. LEGITIMACIÓN

17. El recurso se suscribió por Homero Abelardo Ancheita del Río, Director General Jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, personalidad que acreditó con el nombramiento emitido para ese cargo por el Titular de esa Auditoría Superior. Consecuentemente, se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa y en el proceso, dado que en términos del artículo 29, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,(7) en relación con los artículos Octano y Noveno de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla,(8) emitida el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia,(9) el referido Director representa a la Auditoría Superior de Puebla, quien a su vez funge como parte demanda en la controversia constitucional 2/2017.

VII. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS

18. Esta Primera Sala considera que resultan infundados los agravios de la parte recurrente, en atención a las siguientes consideraciones.

19. En principio, como se adelantó, en el acuerdo de admisión de la demanda de la controversia constitucional 2/2017, el Ministro Instructor consideró como autoridad demandada de forma independiente a la Auditoría Superior del Congreso del Estado de Puebla, toda vez que, de conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, dicho órgano cuenta con autonomía técnica y de gestión y en el escrito de demanda se le imputaron hechos propios ajenos al Poder Legislativo.

20. En el recurso de revisión, el representante de la auditoría expuso una serie de razonamientos de agravios que se pueden traducir en la siguiente reformulación: a) el acuerdo recurrido adolece de una debida fundamentación y motivación al no haber analizado de manera suficiente si la entidad fiscalizadora goza o no de autonomía y b) en atención a la normatividad aplicable; en particular, a los artículos 3, 49, 51, 56, 62 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y 30 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior, todos del Estado de Puebla, la Auditoría Superior no gozó de autonomía al emitir el acto reclamado puesto que su actuar estuvo supeditado a las determinaciones del Congreso del Estado.

21. Como se adelantó, esta Primera Sala no comparte los anteriores argumentos. En principio, se estima relevante destacar que la legitimación en controversias constitucionales no es una determinación auto-evidente en todos los casos con la simple lectura del texto constitucional. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, por primera ocasión, en la resolución de la solicitud de revocación por hecho superveniente en el incidente de suspensió

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200218-63a45a3d/i-controversia-constitucional-su-desechamiento-parcial-por-falta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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