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Modo: Corpus Pro

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA EMISIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS MUNICIPIOS EN ESTA MATERIA COMPETE SÓLO A LOS CONGRESOS LOCALES. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE COAHUILA. EL SISTEMA DE NORMAS JURÍDICAS QUE LO REGULAN Y TUTELAN, ASÍ COMO LOS ALCANCES Y LAS CORRELATIVAS DELIMITACIONES DEL EJERCICIO DE ESE DERECHO, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL. BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. LOS MUNICIPIOS NO PUEDEN ALTERAR SU CONTENIDO, SO PRETEXTO DE REGULAR CUESTIONES PARTICULARES. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL HECHO DE QUE EL MUNICIPIO ACTOR EMITA SU VOTO A FAVOR DE LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN LOCAL RESPECTIVA, NO IMPLICA QUE ÉSTAS SE TENGAN POR CONSENTIDAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE DICHO JUICIO. INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. NO CONSTITUYE UNA AUTORIDAD INTERMEDIA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. NO INTERFIERE EN EL EJERCICIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL. INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU CREACIÓN COMO ÓRGANO PÚBLICO AUTÓNOMO ENCARGADO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD, ES CONSTITUCIONAL. INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, PUES EJERCE SUS ATRIBUCIONES CON PLENA AUTONOMÍA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 61/2005. · Registro digital (IUS): 20918
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TORREÓN, ESTADO DE COAHUILA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 1563.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 61/2005. MUNICIPIO DE TORREÓN, ESTADO DE COAHUILA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veinticuatro de enero de dos mil ocho.

VISTOS, para resolver los autos de la controversia constitucional número 61/2005 promovida por el Municipio de Torreón, Estado de Coahuila, y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil cinco, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Lauro Romo Vázquez, en su carácter de síndico del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, promovió demanda de controversia constitucional en contra del H. Congreso y del gobernador del Estado de Coahuila, así como del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, señalando como normas generales y actos impugnados los siguientes:

"Los actos cuya invalidez se demanda se hacen consistir en el artículo 7o. de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y los artículos 5o., fracción III, punto 2, incisos a) y b), 21, 22, 23, 24, 40, 47, 70 y artículo segundo transitorio, fracción IV, apartado 2, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila y los artículos 2o., 4o., 7o., 8o., 9o., 10, 13 último párrafo, 14, 40 fracciones II, puntos 3 y 4, IV, artículo 50, fracciones V y VII, artículo 57, fracciones II y XVI, de la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, actos legislativos éstos emitidos por el Congreso del Estado de Coahuila, así como los diversos actos consistentes en los oficios ICAI/341/05 y 338/05, emitidos por el secretario técnico del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, así como también se reclama el diverso acto consistente en el acuerdo de radicación del expediente 28/05, emitido por el presidente del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, pues con base tanto en los citados artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila, como en los diversos artículos de la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, se emitieron los actos consistentes en los oficios ICAI/341/05 y 338/05 y el diverso acto consistente en el acuerdo de radicación del expediente 28/05; asumiendo así de manera indebida el Congreso del Estado de Coahuila y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, parte demandada en la presente acción de controversia constitucional, una facultad propia del Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, prevista en la fracción II, segundo párrafo, e inciso a), del artículo 115 de nuestra Carta Magna."

Asimismo, de la lectura de los conceptos de invalidez se advierte que también se impugna la inconstitucionalidad de los Lineamientos para tramitar y resolver las acciones intentadas con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública, emitidos por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública el día veintidós de marzo de dos mil cinco, específicamente los lineamientos 14, 16 y 19.

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los que se transcriben a continuación:

"1. En fecha 6 de junio de 2003, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Torreón, Coahuila, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, y fue publicado en la Gaceta Municipal en el mes de febrero de 2003, año XII, número 4, tal reglamentación determina los procedimientos y el órgano encargado de dar a los gobernados la información pública del Estado que guarda el Municipio de Torreón, Coahuila, estableciéndose los medios de defensa que garanticen a los gobernados acceder a la información pública que posee el Municipio de Torreón, Coahuila, inclusive cabe precisar, que el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, cumple cabalmente con la información que tiene disponible para todos los ciudadanos, a través de su portal electrónico www.torreon.gob.mx, en el cual se publican las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 7o. del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Torreón, Coahuila, circunstancia que es vigilada por el Instituto de Transparencia Municipal.

"2. Con fecha 26 de agosto de 2005, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública del Estado, dictó un acuerdo en el que radica el expediente 28/05, del índice del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública del Estado, en el que con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública, tiene al ciudadano Alejandro Irigoyen Ponce acudiendo a dicho instituto en virtud de que no le satisfizo la respuesta dada por el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, a su solicitud de informe de fecha 16 de agosto de 2005, y ordena al secretario técnico del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública del Estado, que se le solicite al presidente municipal de Torreón, Coahuila, rinda en el término de tres días hábiles, un informe justificado de los hechos narrados por el requirente y, que en caso de que se haya incurrido en una violación se requiera a la autoridad responsable la información solicitada, informándosele que el desacato al citado acuerdo se considera falta administrativa; fundándose para ello en los artículos 40, 47, 22 y 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública; y artículos 50, fracciones V y VII, 57, fracción XVI, de la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y los lineamientos 16, 19 y 22, emitidos por el referido instituto.

"3. En fecha 6 de septiembre de 2005, el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, recibió el oficio ICAI/341/05, suscrito por el secretario técnico del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública del Estado, mediante el cual dicho secretario técnico daba cumplimiento a lo ordenado por el presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública del Estado en el acuerdo de fecha 26 de agosto de 2005.

"4. Con fecha 8 de septiembre de 2005, mediante oficio número SRA/1144/2005, el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, remite al que suscribe síndico del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, los oficios números ICAI/341/05, juntamente con sus anexos y 338/05, suscritos por el secretario técnico del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública del Estado, dirigido al presidente municipal de Torreón, Coahuila, en donde notifica que el Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, con fundamento en los artículos 40, fracción IV, 57, fracción II, de la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, hace una exhortación al Municipio, en virtud de que no se ha cumplido con lo establecido en el artículo segundo transitorio, fracción IV, apartado 2, que impone al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, la obligación de que en un plazo de cuatro meses después de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública, realizara la difusión de la información pública mínima a que alude el artículo 24 de la citada ley, comunicando también, que se otorga un término hasta el 22 de septiembre de 2005, para cumplir con la publicación de tal información.

"5. Con fecha 27 de septiembre de 2005, se notificó al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, por conducto del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Viesca con residencia en esta ciudad de Torreón, Coahuila, un acuerdo dictado por el Magistrado instructor del procedimiento relativo a la demanda de acción de inconstitucionalidad radicada bajo el expediente número AIL-001/2005, del índice del Pleno del Tribunal Constitucional Local, promovida por el representante legal y consejero presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, en contra del R. Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, a efecto de que éste, en el término de quince días, rinda un informe que contenga los razonamientos y fundamentos tendientes a sostener la validez de las disposiciones impugnadas o la improcedencia de la acción, cabe señalar que de los anexos que se adjuntan a dicho acuerdo, se desprende la demanda de acción de inconstitucionalidad que suscribe el representante legal y consejero presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, en donde sustancialmente sostiene que existe contradicción entre los artículos 4o., segundo párrafo, 10, fracción XIII y 35, párrafo primero, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Torreón, Coahuila y los artículos 7o. y 8o. de la Constitución Local, de lo anterior, se desprende que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, con fundamento en dicho artículo 7o. de la Constitución Local, pretende que se declare inconstitucional el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Torreón, Coahuila, por ser contrario al citado artículo 7o., en virtud, según dicho instituto, porque es él en exclusiva el encargado de promover y difundir la transparencia así como resolver las negativas a las solicitudes de acceso a la información pública municipal y no el órgano desconcentrado de la administración pública municipal denominado Instituto de Transparencia Municipal, con lo anterior se demuestra en principio que con dicho acto consistente en la demanda de acción de inconstitucionalidad local el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública pretende aplicar el artículo 7o. de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, norma ésta que en la presente vía se impugna, puesto que violenta el artículo 115 fracción I, primer párrafo y fracción II, párrafo segundo e inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como se indica en los conceptos de invalidez, los cuales se tienen por reproducidos en este espacio, si conforme a la reciente reforma del artículo 115 constitucional en cuestión, su finalidad es que en el ámbito del Gobierno Municipal se ejerzan competencias exclusivas a favor del Ayuntamiento, lo que supone la exclusión de cualquier ente que sin fundamento constitucional pretenda desempeñar funciones municipales, en ese tenor, es por ello que los incisos contenidos en la fracción II del dispositivo constitucional en cuestión, delimitan cuáles son las leyes estatales en materia municipal, en particular para el caso que nos ocupa, lo dispuesto en el inciso a) del multicitado dispositivo constitucional, que dispone que las Legislaturas de los Estados, como lo es el Congreso Local del Estado de Coahuila, sólo expedirán leyes que establezcan las bases generales de la administración pública municipal, es decir, orientadas a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas que le den un marco normativo homogéneo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones específicas de cada Municipio. En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario, como facultad de carácter general; como lo es en el caso, la materia de acceso a la información pública en posesión del Municipio. Por tanto, si los dispositivos legales impugnados en esencia disponen la regulación del acceso a la información pública no sólo la que poseen los órganos del Estado, sino la de los Municipios respecto de sus bienes de dominio público particularmente de sus registros, archivos o cualquier dato que recopilen, mantengan, procesen o se encuentre en su poder; creando y estructurando un órgano como lo es el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, quien no se encuentra integrado a ningún poder originario del Estado, y que en virtud de las normas tildadas de inconstitucionales, es el encargado de la materia de acceso a la información pública en posesión del Municipio, y de aplicar los citados ordenamientos legales, así como sancionar a cualquier servidor público municipal, y vincular a los Ayuntamientos en los asuntos que versen sobre la materia de trato, facultado también para dictar disposiciones generales de observancia obligatoria para los Ayuntamientos municipales y cualquier ente jurídico municipal; por lo que, de lo anteriormente considerado, es fácil deducir que tales actos y preceptos legales violan el artículo 115, fracción II, inciso a), constitucional, pues si bien es cierto que los reglamentos que expidan los Ayuntamientos deben de ajustarse a las leyes que en materia municipal expidan las Legislaturas de los Estados, sin embargo, la facultad que consagra el dispositivo constitucional en comento a las Legislaturas de los Estados no es absoluta, es decir, los reglamentos municipales deben de ajustarse a las leyes que expida el Congreso Local en la medida en que tales leyes versen sobre materia municipal que autoriza el propio precepto constitucional de mérito; en ese tenor, de la propia fracción II del artículo 115 constitucional, no se deduce la facultad de la Legislatura Local de reglar el acceso a la información que poseen los Municipios, pues de la simple lectura de los incisos b), c) y d) del dispositivo constitucional en cita, no se desprende la referida facultad, en cuanto al inciso a) del citado artículo constitucional, el Congreso Local sólo puede expedir leyes que establezcan las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo (las cuales se encuentran en el Código Municipal para el Estado de Coahuila), mas no el detallar, pormenorizar y desarrollar la organización, procedimientos y funciones de la administración pública municipal competencia exclusiva de los Ayuntamientos, como es el acceso a la información pública municipal, la cual es propiedad del dominio público del Municipio y como lo pretende la Legislatura Local del Estado de Coahuila al expedir los artículos tildados de inconstitucionales, tanto el artículo 7o. de la Constitución Local así como la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila y los artículos de la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, siendo que el facultado para detallar, pormenorizar y desarrollar la organización, procedimientos y funciones de la administración pública municipal, incluida en ella el acceso a la información pública municipal, es facultad constitucional exclusiva de los Ayuntamientos, no es obstáculo a lo anterior, lo dispuesto por el artículo 115, fracción II, inciso e), de la Carta Magna, el cual dispone que las Legislaturas de los Estados pueden expedir disposiciones en aquellos Municipios con los que no cuenten con el reglamento respectivo, sin embargo, en la especie no se actualiza tal supuesto constitucional, toda vez que el Municipio de Torreón, Coahuila, previó a la (sic) no sólo se somete al Ayuntamiento, restringiendo su autonomía y libertad, sino se violenta el inciso a), fracción II, del artículo 115 constitucional, pues el Congreso Local va más allá de lo que tal Norma Fundamental le permite, vulnerando la competencia exclusiva a favor del Municipio de Torreón, Coahuila, otorgada por el propio artículo 115 de la Constitución General de la República en el segundo párrafo de la fracción II, pues es a los Ayuntamientos a quienes les compete regular la organización, procedimientos y funciones de la administración pública municipal, lo que implica entre otras cosas, regular el acceso a la información que posee el Municipio, y no al Órgano Legislativo Local, por lo que, se viola el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, e inciso a), de nuestra Ley Fundamental, además se viola la fracción I del artículo 115 constitucional pues el (sic) como se indica en el tercer concepto de invalidez el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública es un órgano intermedio entre el Municipio de Torreón, Coahuila y los órganos originarios del Estado, pues: a) tal instituto es una autoridad fuera del Gobierno Estatal y del Municipal distinta o ajena a alguno de éstos; b) el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública lesiona la autonomía municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento; y, c) esta autoridad se instituye como un órgano intermedio de enlace entre el Gobierno del Estado y del Municipio, impidiendo o interrumpiendo la comunicación directa que debe haber entre ambos niveles de gobierno; de ahí que por ello resulte inconstitucional el artículo 7o. de la Constitución Local, y por ende, los ordenamientos que de ella deriven, como son la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila, así como la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, e igualmente resultan inconstitucionales los diversos actos consistentes en los oficios ICAI/341/05 y 338/05, emitidos por el secretario técnico del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, así como también el diverso acto consistente en el acuerdo de radicación del expediente 28/05, emitido por el presidente del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

"6. Los actos precisados en los numerales que anteceden se estiman violatorios del artículo 115, fracciones I y II, de la Constitución General de la República, toda vez que se apoyan en preceptos legales que violentan tales dispositivos constitucionales como a continuación se pasa a demostrar."

TERCERO. El Municipio actor señaló como preceptos constitucionales violados, el artículo 115, fracción I, primer párrafo, y fracción II, párrafo segundo, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo expresó como conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes:

1. Que los oficios y acuerdo de radicación impugnados transgreden lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución General, ya que tales actos se fundamentan en el artículo 7o. de la Constitución Local; artículos 5o., fracción III, punto 2, incisos a) y b), 21, 22, 23, 24, 40, 47, 70 y segundo transitorio, fracción IV, apartado 2, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila; así como en los artículos 2o., 4o., 7o., 8o., 9o., 10, 13, último párrafo, 14, 40, fracciones II, puntos 3 y 4, IV, 50, fracciones V y VII, 57, fracciones II y XVI, de la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, mismos que se tildan de inconstitucionales.

Asimismo, adujo que tanto el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública como el órgano legislativo local asumen una facultad propia del Ayuntamiento de Torreón, prevista en la fracción II, párrafo segundo, del artículo 115 constitucional.(1)

2. Que de los artículos 73, 115, 116, 118 y 124 de la Constitución Federal, se desprende que el ámbito de competencia de las entidades federativas se integra por las facultades no conferidas expresamente a la Federación o a los Municipios, por lo que, si en el caso la fracción II, párrafo segundo, del artículo 115 constitucional contempla una facultad exclusiva de los Ayuntamientos, consistente en regular la administración pública municipal, ello implica entre otras cosas, el poder reglamentar la transparencia y el acceso a la información pública municipal en posesión del Municipio de Torreón.

Además, si se toma en consideración lo dispuesto por el artículo 3o. del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza,(2) en relación con los artículos 274 y 275 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza,(3) se deduce que son bienes del dominio público los bienes muebles propiedad del Municipio que por su naturaleza normal u ordinaria no sean sustituibles, como los expedientes de las oficinas y archivos públicos, etcétera, y que con lo anterior se corrobora que el Municipio es el facultado para reglar la transparencia y el acceso a la información pública municipal que es de su propiedad y que se encuentra en su poder.

Los artículos tildados de inconstitucionales disponen en esencia la regulación del acceso a la información pública, tanto de los órganos del Estado, como la de los Municipios respecto de sus bienes de dominio público, particularmente de sus registros, archivos o cualquier dato que recopilen, mantengan, procesen o se encuentren en su poder.

3. Por otra parte, se mencionó que los preceptos cuya inconstitucionalidad se cuestiona, crean y estructuran al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, quien en virtud de tales dispositivos es el encargado de aplicar tanto la Ley de Acceso a la Información Pública como la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública en el ámbito municipal, de sancionar a cualquier servidor público municipal, de vincular a los Ayuntamientos a acatar sus determinaciones en materia de acceso a la información pública municipal, así como el facultado para dictar disposiciones generales de observancia obligatoria para los Ayuntamientos y cualquier ente jurídico municipal.

Tales actos y preceptos legales violan el artículo 115, fracción II, segundo párrafo constitucional, pues si bien los reglamentos que expidan los Ayuntamientos deben ajustarse a las leyes que en materia municipal expidan las Legislaturas de los Estados, dicha facultad no es absoluta, es decir, los reglamentos municipales deben ajustarse a las leyes que expida el Congreso Local en la medida en que versen sobre la materia municipal que autoriza el precepto constitucional.

De la fracción II del artículo 115 constitucional, no se deduce la facultad de la Legislatura Local de reglar el acceso a la información que poseen los Municipios, pues del citado artículo se desprende que el Congreso Local sólo puede expedir leyes que establezcan las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo (las cuales se encuentran en el Código Municipal para el Estado de Coahuila), mas no tiene facultad para detallar, pormenorizar y desarrollar la organización, procedimientos y funciones de la administración pública municipal competencia exclusiva de los Ayuntamientos, pues de otro modo se atenta contra el espíritu de la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual se configuró al Municipio como un nivel de gobierno.

Asimismo, se expresó que de manera indebida se permite que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, que no forma parte de la administración pública del Estado, dicte disposiciones de carácter general en materia de acceso a la información pública municipal que vinculan a los Ayuntamientos, como acontece en la especie con los lineamientos 14, 16 y 19 emitidos por el citado instituto, los cuales se desconocen, siendo que el facultado para detallar, pormenorizar y desarrollar la organización, procedimientos y funciones de la administración pública municipal, incluida en ella el acceso a la información pública municipal, es el Ayuntamiento.

La finalidad de la reforma del artículo 115 constitucional fue que en el ámbito del Gobierno Municipal se ejerzan competencias exclusivas a favor del Ayuntamiento, lo que supone la exclusión de cualquier ente que sin fundamento constitucional pretenda desempeñar funciones municipales, y los incisos contenidos en la fracción II del dispositivo constitucional en cita delimitan cuáles son las leyes estatales en materia municipal, en particular lo dispuesto en el inciso a) multicitado, que dispone que las Legislaturas de los Estados, como lo es el Congreso Local del Estado de Coahuila, sólo expedirán leyes que establezcan las bases generales de la administración pública municipal, es decir, orientadas a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas que le den un marco normativo homogéneo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones específicas de cada Municipio.

En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario, como facultad de los Ayuntamientos, todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno y de la administración pública municipal; así como para la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general; como lo es en el caso, la materia de acceso a la información pública en posesión del Municipio.

Los dispositivos legales impugnados en esencia disponen la regulación del acceso a la información pública no sólo respecto de la que poseen los órganos del Estado, sino la de los Municipios en relación a sus bienes de dominio público, particularmente de sus registros, archivos o cualquier dato que recopilen, mantengan, procesen o se encuentre en su poder; además crean y estructuran un órgano como lo es el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, quien no se encuentra integrado a ningún poder originario del Estado, quienes el encargado de la materia de acceso a la información pública en posesión del Municipio y de aplicar los citados ordenamientos legales, así como de sancionar a cualquier servidor público municipal y vincular a los Ayuntamientos en los asuntos que versen sobre la materia de acceso a la información, facultado también para dictar disposiciones generales de observancia obligatoria para los Ayuntamientos municipales y cualquier ente jurídico municipal.

No es obstáculo a lo anterior lo dispuesto por el artículo 115 fracción II, inciso e), de la Carta Magna, el cual dispone que las Legislaturas de los Estados pueden expedir disposiciones en aquellos Municipios con los que no cuenten con el reglamento respectivo, sin embargo, en la especie no se actualiza tal supuesto, toda vez que el Municipio de Torreón, Coahuila, previo a la expedición tanto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila, así como de la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, ya contaba con el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Torreón, Coahuila, que regula la misma materia que aquéllas.

4. En el caso también se viola el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, ya que en las leyes impugnadas se crean autoridades intermedias entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, con facultades que limitan las correspondientes de estos últimos, por las siguientes razones:

a) No es una autoridad del Gobierno del Estado de Coahuila, ni del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial, ya que la Ley Orgánica de cada uno de dichos poderes no se puede ubicar al instituto como parte integrante de alguno de los órganos originarios del Estado antes señalados.

Así pues, si se considera que la autoridad intermedia es aquella que, sin corresponder a lo que se conoce como entidad federativa o Municipio, se instituye para conocer de los asuntos propios de estos dos niveles de gobierno, que por su materia les corresponda a ambos y que por ello deban guardar una relación de comunicación, que eventualmente puede ser afectada por este tipo de autoridades ajenas a los mismos, entonces, se concluye que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila, creado en las normas que se impugnan, constituye una autoridad intermedia entre el Gobierno del Estado y los Municipios, prohibida por el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, en virtud de que dicho instituto es un ente ajeno a la estructura orgánica del Estado, es decir, del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial, pues no forma parte de éstos ni actúa dentro del ámbito de sus facultades; aún más, no se encuentra fundamentada su creación en lo preceptuado por el artículo 116 de la Constitución General de la República.

b) El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila lesiona la autonomía municipal, supliendo o mediatizando las facultades constitucionales del Ayuntamiento actor, pues invade su esfera competencial.

De los preceptos que se impugnan se deduce que el instituto tiene como objetivo fundamental ser autoridad en la materia de acceso a la información pública, independiente en sus funciones y decisiones, contar con autonomía política, jurídica, administrativa, presupuestal, patrimonial y financiera, que tendrá a su cargo la rectoría de las materias de acceso a la información pública, la cultura de transparencia informativa, los datos personales, la documentación pública, la realización de estadísticas, sondeos, encuestas o cualquier instrumento de opinión pública, de aplicar la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, y la Ley del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, resolver los recursos administrativos que promuevan en contra del Ayuntamiento en materia de acceso a la información pública municipal, así como sancionar a cualquier servidor público municipal, vincular a los Ayuntamientos respecto de la materia de acceso a la información pública que éstos poseen, facultado también para dictar disposiciones generales de observancia obligatoria para los Ayuntamientos municipales y cualquier ente jurídico municipal, así como regular la materia de acceso a la información pública municipal, misma que es una facultad exclusiva de los Ayuntamientos; por lo que tal instituto tiene facultades que van en contra de la autonomía municipal, pues posee atribuciones de decisión o ejecución sobre una materia específica como el acceso a la información pública municipal, cuya determinación, en términos del artículo 115 de la Constitución Federal, corresponde a los Ayuntamientos.

Así, se concluye que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública de mérito afecta o transgrede el ámbito de competencia mun

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20918-7d8ae09c/acceso-a-la-informacion-publica-la-emision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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