Corpus
Modo: Corpus Pro

DIPUTADOS SUPLENTES AL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. NO ESTÁN LEGALMENTE IMPEDIDOS PARA SER DESIGNADOS PRESIDENTES MUNICIPALES INTERINOS. MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO. EL DECRETO DE SU DESIGNACIÓN POR EL CONGRESO ESTATAL ESTÁ SUJETO A UN ESTÁNDAR DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN MERAMENTE ORDINARIO. PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO. PROCEDE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA SU DESIGNACIÓN POR EL CONGRESO LOCAL. PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO. PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE PROTESTA DEL DESIGNADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 114/2006. · Registro digital (IUS): 20442
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE BUENAVISTA, ESTADO DE MICHOACÁN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 2680.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 114/2006. MUNICIPIO DE BUENAVISTA, ESTADO DE MICHOACÁN.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIO: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de agosto de dos mil siete.

VISTOS, para resolver los autos correspondientes a la controversia constitucional 114/2006, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pedro Zárate Pérez, síndico del Ayuntamiento de Buenavista, Estado de Michoacán, promovió controversia constitucional contra el Poder Legislativo del citado Estado.

Los actos y normas impugnados son los siguientes:

1) El Decreto Legislativo Número 58, aprobado por la Septuagésima Legislatura del Estado de Michoacán el veinticinco de mayo de dos mil seis, publicado en el Periódico Oficial el veintiséis del mismo mes y año. Por el citado decreto el Congreso Local nombró como presidente municipal del Ayuntamiento de Buenavista a Jorge Ortega Farías para que cumpliera con el resto del periodo de gobierno que finaliza el treinta y uno de diciembre de dos mil siete.

2) El Decreto Legislativo Número 61, aprobado por la misma Legislatura Estatal el ocho de junio de dos mil seis, y que según el actor todavía no ha sido publicado en el Periódico Oficial estatal. Mediante ese decreto el Congreso Local reformó el artículo segundo del Decreto Legislativo 58 para que el designado presidente municipal del Ayuntamiento de Buenavista rindiera la protesta de ley ante el propio Congreso Local y ya no ante el Cabildo del mencionado Ayuntamiento.

La entidad demandada es, por tanto, el Poder Legislativo del Estado de Michoacán.

El actor señala como terceros interesados al gobernador del Estado de Michoacán y al actual presidente municipal del Ayuntamiento de Buenavista.

SEGUNDO. Antecedentes. La parte actora manifestó como antecedentes los que a continuación se sintetizan:

a) El catorce de noviembre de dos mil cuatro, los habitantes del Municipio de Buenavista eligieron, mediante sufragio popular, a sus gobernantes; entre ellos se contaron Fernando Chávez López, elegido presidente municipal, y quien suscribe la demanda, elegido síndico.

b) El ocho de julio de dos mil cinco falleció el presidente municipal de Buenavista, ante lo cual, el Congreso Local designó, mediante Decreto Número 17, publicado en el Periódico Oficial el dos de septiembre de dos mil cinco, a Rosa Isela Chávez Miranda para que desempeñara el cargo por el resto del periodo de Gobierno Municipal.

c) El veinticuatro de mayo de dos mil seis, después de haber realizado la protesta de ley y asumido el cargo, la entrante presidenta municipal presentó su renuncia ante el Cabildo del Ayuntamiento de Buenavista. Esta solicitud fue aprobada por unanimidad de los miembros del Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria de Cabildo número 46. En esta misma sesión se nombró presidente municipal interino al síndico, y se ordenó la notificación de lo anterior al Congreso Local para que designara un nuevo presidente municipal, el cual debería ejercer el gobierno por el resto del periodo. El Cabildo del Ayuntamiento de Buenavista propuso para tal puesto, por unanimidad de votos, al síndico municipal.

d) El veinticinco de mayo de dos mil seis, el Congreso Local, mediante el Decreto Número 58, nombró como presidente municipal del Ayuntamiento de Buenavista a Jorge Ortega Farías para que cumpliera con el resto del periodo de gobierno que concluye el treinta y uno de diciembre de dos mil siete.

e) La población del Municipio de Buenavista reaccionó con protestas ante esta designación, pues consideró que la determinación del Congreso Local es ilegal porque no fue consultada sobre este asunto, y porque el presidente municipal designado no cumple con los requisitos que establece la Constitución Local: no es originario del Municipio de Buenavista y se desempeñaba hasta el momento de su designación como diputado local suplente. Por tal motivo, la población de ese Municipio tomó las instalaciones del Palacio Municipal con el propósito de evitar que el nuevo presidente municipal entrara en funciones.

f) Los miembros del Ayuntamiento apoyaron la reacción de la población del Municipio de Buenavista y se opusieron a la determinación del Congreso Local. Por esta razón, se negaron a llevar a cabo una sesión extraordinaria de Cabildo, solicitada por el presidente municipal designado por la Legislatura del Estado, a efecto de rendir su protesta de ley y poder así entrar en el ejercicio de sus funciones.

g) El ocho de junio de dos mil seis, el Congreso del Estado de Michoacán, mediante el Decreto 61, reformó el artículo segundo del Decreto Legislativo 58 para que el designado presidente municipal del Ayuntamiento de Buenavista rindiera la protesta de ley ante el propio Congreso Local y ya no ante el Cabildo del mencionado Ayuntamiento.

h) El Municipio actor relata que la población, a raíz de esta determinación, se encuentra intranquila por la falta de servicios públicos, entre ellos, la seguridad pública.

TERCERO. Conceptos de invalidez. A continuación se sintetizan los argumentos que sustentan las impugnaciones del actor.

1. En su primer concepto de invalidez, el actor afirma que los actos impugnados vulneran los artículos 16, 49 y 115 de la Constitución Federal.

El Municipio actor alega que el Decreto Legislativo 58, por el cual el Congreso Local nombró a Jorge Ortega Farías como presidente municipal del Ayuntamiento de Buenavista, no se encuentra debidamente fundamentado ni motivado. El Congreso Local no expresó en dicho decreto los razonamientos lógico-jurídicos que lo llevaron a nombrar a dicho funcionario público y, dado que la citada norma representa un acto de molestia para el Municipio de Buenavista, el mismo resulta violatorio del artículo 16 de la Constitución Federal.

El actor destaca que el artículo 115, fracción I, primer párrafo, de la Constitución Federal establece que en los casos en que alguno de los miembros del Ayuntamiento deja de desempeñar su encargo, debe ser sustituido por el suplente y, de no ser ello posible, debe procederse de conformidad con la ley que reglamente la materia. El artículo 50, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, por su parte, establece que en el caso de ausencia definitiva del presidente municipal, el Congreso Local designará a quien deba sustituirlo respetando su origen partidista. En este caso, sin embargo, el Congreso Local no tomó en cuenta todos los requisitos exigidos por la ley al momento de emitir el Decreto 58. Ni de los antecedentes ni de las consideraciones contenidas en el mismo se desprenden las razones políticas, jurídicas, económicas o sociales que llevaron al Congreso Local a designar a Jorge Ortega Farías como nuevo presidente municipal de Buenavista.

Según el actor, la Legislatura Estatal no tomó en cuenta el origen partidista de los dos anteriores presidentes municipales que no pudieron terminar el periodo de Gobierno Municipal. Ello vulnera adicionalmente, en su opinión, lo dispuesto por el artículo 16 constitucional.

El actor se queja de que el Congreso del Estado de Michoacán no haya valorado las ventajas y desventajas de la designación que realizó en el Decreto 58. Nunca consideró, señala, los deseos de la comuna, las características personales que requiere el encargo de presidente municipal, o la opinión de los sectores productivos del Municipio, de los líderes de opinión, de las autoridades civiles y de las agrarias de la entidad. El actor considera que sólo cumpliendo con un procedimiento con estos lineamientos, el Congreso Local hubiera estado en posibilidades de fundar y motivar la designación del nuevo presidente municipal de Buenavista.

El actor señala que según el artículo 44, fracción XX, de la Constitución Local, es facultad exclusiva del Congreso del Estado nombrar a las personas que han de suplir a los miembros ausentes del Ayuntamiento. Sin embargo, estima, dicha facultad no es absoluta y su ejercicio debe respetar los requisitos a que están sujetos todos los actos de autoridad: la fundamentación y la motivación. La primera exige que la autoridad pública cite los preceptos jurídicos que sirven de base para la emisión del acto, mientras que la segunda requiere que la autoridad exprese los razonamientos lógico-jurídicos que sustenten su actuar, los cuales deben estar relacionados con los hechos materia del acto y con los preceptos citados. Estos requisitos, insiste, no fueron observados por la Legislatura Estatal al momento de emitir el Decreto 58, pues en la exposición de motivos del mismo no se observan datos suficientes que ilustren las razones que llevaron a este órgano legislativo a designar a Jorge Ortega Farías como presidente municipal de Buenavista.

Según el Ayuntamiento actor, el procedimiento de designación del presidente municipal de su entidad se realizó de forma apresurada, y por ello la autoridad legislativa no pudo fundar ni motivar correctamente el Decreto 58. La anterior presidenta municipal de Buenavista presentó su renuncia con carácter de irrevocable ante el Cabildo municipal el veinticuatro de mayo de dos mil seis y el Congreso Estatal realizó la designación de quien ocuparía ese puesto al día siguiente, esto es, el veinticinco de ese mismo mes y año. Dado que el Congreso no desplegó un procedimiento de designación que le permitiera fundar y motivar correctamente esa determinación, solicita que esta Corte invalide el Decreto 58 para los efectos de que la Legislatura Estatal realice un procedimiento adecuado para la designación del presidente municipal de su Ayuntamiento.

Por otra parte, el Municipio actor argumenta que el Decreto 58 vulnera los artículos 49, 115 y 119 de la Constitución Local. El artículo 115 de este cuerpo normativo establece que si alguno de los miembros del Ayuntamiento deja de desempeñar su encargo, será sustituido por su suplente o se procederá según lo que disponga la ley, mientras que el artículo 119 establece los requisitos de elegibilidad para el cargo de presidente municipal. El actor alega que el Congreso Estatal debió analizar si la persona a quien designó presidente municipal de su Ayuntamiento cumplió con todos estos requisitos, y si no se encontraba en una de las prohibiciones señaladas tanto por la Constitución Federal como por la estatal. Destaca, entre los requisitos establecidos en el artículo 119 de la Constitución Local, el que exige que quien aspire ocupar este cargo no ostente ningún cargo como funcionario de primer o segundo orden. El actor señala que Jorge Ortega Farías, nombrado presidente municipal de Buenavista, al momento de su designación ocupaba el puesto de coordinador municipal del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal, del cual, a la fecha, no ha solicitado licencia o presentado su renuncia, situación que le obstaculiza desempeñarse como presidente municipal. El actor se apoya en una tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno en la Séptima Época y en otra emitida por un Tribunal Colegiado, de rubros, respectivamente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA." y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. REQUISITOS PARA TENERLA POR SATISFECHA."

El Municipio actor alega que la designación contenida en el Decreto 58 transgrede el artículo 49 de la Constitución Federal, según el cual no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación. Ello es así, afirma, pues el Congreso Local no consideró que la persona que designó como presidente municipal se desempeña como diputado suplente de la Septuagésima Legislatura del Congreso Local, lo que supone que esta persona tiene funciones tanto en el ámbito municipal como en el legislativo.

2. En su segundo concepto de invalidez, el Municipio actor alega que los actos impugnados violan los artículos 16, 115 y 133 de la Constitución Federal.

El Decreto 61, aprobado por el Congreso del Estado el ocho de junio de dos mil seis, vulnera en su opinión la autonomía municipal. En el mismo la Legislatura Local, sin gozar de facultades, reformó el artículo 2o. del Decreto 58 para que el nuevo presidente municipal ya no rindiera la protesta de ley ante el Cabildo municipal, sino ante el Pleno del propio Congreso Estatal.

El actor transcribe el artículo 115 de la Constitución Federal y afirma que de su contenido se desprende que los Municipios gozan de una autonomía que se proyecta sobre tres ámbitos distintos: el político, el administrativo y el financiero. La autonomía política, señala, consiste en la potestad del Municipio de darse sus propias cartas municipales, elegir a sus autoridades, elegir a su gobierno, dictar sus propias normas y organizarse internamente. Una de las facultades que integran la autonomía política del Municipio, según el actor, es la potestad de tomar la protesta a todos los integrantes del Ayuntamiento, y a los trabajadores de confianza o de base que tenga a su servicio. Esta facultad tiene como propósito que los funcionarios municipales rindan cuentas de su gestión en el futuro, para que en el caso de que hubieran incurrido en infracción a la legalidad de la materia, asuman su responsabilidad ante el propio Municipio.

El actor resalta que el goce de estas facultades protectoras de la autonomía del Municipio es el producto de un gran número de luchas avanzadas por los propios Municipios, que se han reflejado en diversas reformas al artículo 115 de la Constitución Federal. El actor transcribe parte de la exposición de motivos de la iniciativa que culminó con una de las reformas a dicho artículo constitucional en mil novecientos ochenta y tres, en la que se pone de relieve la necesidad histórica y política de que el Municipio consolide su autonomía constitucional. El artículo 20 de la ley orgánica municipal del Estado recoge la prerrogativa de los Municipios de tomar la protesta a sus funcionarios ante el Cabildo, prerrogativa que, en su opinión, forma parte de la autonomía política municipal constitucionalmente protegida.

Por ello, sostiene que el Congreso Local, ante la resistencia mostrada por el Municipio de Buenavista al tomar protesta a su nuevo presidente municipal, vulneró su autonomía política, al sustituir mediante el Decreto 61 al Cabildo municipal por el Pleno del Congreso.

Por otra parte, el Municipio actor alega que el Decreto 61 es ilegal por no cumplir uno de los requisitos esenciales del proceso de formación de leyes: que las mismas se den a conocer a la comunidad a través de su publicación en el Periódico Oficial antes de su entrada en vigor. Dicho decreto dispone que entrará en vigor después de haber sido aprobado, ordenando su publicación con posterioridad.

En su concepto, el proceso de formación de leyes, en el que se incluye el proceso de formación de decretos, tiene seis etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Sólo una vez dado a conocer el decreto de forma general puede ser exigido, pues sólo hasta después de esta etapa adquiere obligatoriedad. Así lo ha determinado esta Suprema Corte, afirma, al resolver el amparo en revisión 1160/25.

Finalmente, el actor trae a colación la consideración que hace el Congreso Local en la exposición de motivos del Decreto 61, según la cual, al no encontrarse el Municipio de Buenavista integrado y funcionando debido a la falta de comparecencia de sus miembros a la sesión extraordinaria de Cabildo convocada, es necesario reformar el Decreto 58 para que el funcionario designado no rinda protesta ante el Cabildo municipal sino ante el propio Congreso. En su exposición de motivos, la legislatura demandada consideró que esta determinación se ajusta a lo dispuesto por el artículo 157 de la Constitución Estatal, que establece que todo funcionario público debe protestar su cargo antes de tomar posesión del mismo ante la autoridad que lo designó. Según dicha exposición de motivos, en el caso no cobra aplicación el artículo 20 de la ley orgánica municipal estatal que reglamenta la instalación de los Ayuntamientos, en aras del principio de primacía constitucional. Según el actor, esta argumentación es incorrecta porque el artículo 157 de la Constitución Estatal se refiere a la protesta que han de rendir los diputados y los titulares de las dependencias básicas del Poder Ejecutivo Estatal, y no a la protesta de los presidentes municipales, respecto de quienes el mismo artículo establece que rendirán su protesta ante las autoridades y corporaciones que determinen las leyes. En el caso y de conformidad con el artículo 20 de la ley orgánica municipal, dicha autoridad es el Cabildo.

El actor alega que es incorrecta la determinación del Congreso Local de aplicar el artículo 157 de la Constitución Local por encima del artículo 20 de la ley orgánica municipal sobre la base de que el primero debe prevalecer por el principio de supremacía constitucional. Esta cuestión no puede ser determinada, a su juicio, sino por esta Suprema Corte y, por tanto, el Decreto 61 merece ser invalidado también desde esta perspectiva.

En este tenor, el actor solicita que esta Suprema Corte declare inexistentes los decretos impugnados, para el efecto de que el Congreso Estatal nombre de forma fundada y motivada un nuevo presidente municipal del Municipio de Buenavista para el resto del periodo constitucional 2005-2007. En apoyo de sus consideraciones cita dos tesis de jurisprudencia emitidas por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte y por un Tribunal Colegiado, respectivamente, de rubros: "CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." y "CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."

CUARTO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el 16, 49, 115 y 133.

QUINTO. Trámite de admisión. Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional con el número 114/2006 y designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz como instructor.

Por auto de treinta del mismo mes y año, el Ministro instructor reconoció la personalidad del promovente y admitió a trámite la demanda. También reconoció el carácter de demandado al Poder Legislativo del Estado de Michoacán, pero no reconoció el carácter de tercero interesado al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán ni al presidente municipal del Ayuntamiento actor. En el mismo acuerdo se ordenó emplazar a la autoridad demandada para que presentara su contestación en el término de treinta días hábiles, y ordenó dar vista al procurador general de la República para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes antes de la celebración de la audiencia de ley. Finalmente, se ordenó formar un cuaderno incidental a los efectos de resolver acerca de la solicitud de suspensión promovida por el actor.

SEXTO. Contestación de la demanda. Por escrito presentado el dos de agosto de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Lucía Medina Galindo, diputada presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, en representación del Poder Legislativo Estatal, dio contestación a la demanda interpuesta, manifestando esencialmente lo siguiente:

En primer lugar, el Poder Legislativo del Estado considera que esta Suprema Corte es incompetente para conocer del presente asunto. En su opinión, el Municipio, aunque es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales, carece del poder político que exige el artículo 105 de la Constitución Federal para que esta Corte conozca de las controversias suscitadas entre un Ayuntamiento y los poderes de un mismo Estado. Ello es así, afirma, porque los Ayuntamientos carecen de jurisdicción sobre todo el Estado, elemento que, desde su óptica, se torna necesario para actualizar la competencia de esta Corte. Ilustra su argumento con una tesis aislada emitida por el Tribunal Pleno en la Quinta Época, de rubro: "MUNICIPIOS, PERSONALIDAD DE LOS."

En segundo lugar, considera que la parte actora de este juicio carece de legitimación, circunstancia que, alega, actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con los artículos 1o. y 10, fracción I, de la ley reglamentaria de las dos primeras fracciones del artículo 105 de la Constitución Federal. Según el artículo 105 de la Constitución Federal, afirma, sólo las entidades, poderes y órganos a que se refiere dicho precepto tienen la potestad de acudir a la vía de las controversias constitucionales. En el caso, el Municipio es el titular, en su carácter de ente público, de la acción respectiva y puede acudir a este tipo de juicios por medio del Ayuntamiento o del Concejo Municipal, esto es, a través de los órganos colegiados en los que recae su representación. Por tanto, cualquier miembro aislado del Municipio, como lo es en este caso el síndico municipal, carece de legitimación para intervenir, por derecho propio, en estos procesos, sobre todo si no acredita haber obtenido la autorización previa del Ayuntamiento. Cita en apoyo de su argumento una tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL."

El Legislativo Estatal afirma que esta conclusión se robustece a la luz de los artículos 112, 113, 114 y 123, fracción I, de la Constitución Local, que establecen respectivamente que el Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, que éste tendrá personalidad jurídica para todos los efectos legales, que su composición es colegiada y que tiene entre sus facultades y obligaciones, la de representar jurídicamente al Municipio. El síndico municipal tiene el deber de responder ante el Ayuntamiento respecto de la defensa de los intereses municipales y de atender los asuntos jurídicos del Municipio, pero en carácter de asesor legal.

En consecuencia, concluye que tanto de lo dispuesto por la Constitución Federal como por la local se desprende que la representación del Municipio recae en el Ayuntamiento y no en el síndico municipal, aunque así lo establezca la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, pues una ley ordinaria no puede contradecir lo dispuesto por la Constitución, por lo que solicita se sobresea el juicio al haber sido interpuesto por el síndico y no por los integrantes del Ayuntamiento.

Por otra parte, el Poder Legislativo del Estado de Michoacán alega que la acción promovida por el actor es improcedente. En su escrito de demanda el actor no especifica cuál es el ámbito o esfera competencial que considera afectado o limitado por los preceptos de la Ley de Ingresos que reclama (sic), cuya aplicación resulte violatoria de la Constitución Federal. El objeto de las controversias constitucionales, afirma, son actos o normas impugnados a la luz del principio de división de poderes.

El actor sostiene que la acción interpuesta también resulta improcedente por otro motivo. En la sesión celebrada por el Congreso Estatal el veinticinco de mayo de dos mil seis, sostiene, se dio lectura a la comunicación remitida por el Ayuntamiento de Buenavista según la cual el Cabildo municipal había aprobado por unanimidad de votos la renuncia presentada por la entonces presidenta municipal. La presidenta del Congreso ordenó la remisión del asunto a las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y dictamen y, posteriormente, el ocho de junio del mismo año, se sometió a consideración del Pleno del Congreso Local el dictamen de las mencionadas comisiones, que contenía el proyecto del Decreto 58, con la designación del nuevo presidente municipal y la propuesta de su toma de protesta, y que fue aprobado. El mismo ocho de junio de dos mil seis el Congreso aprobó el Decreto 61, publicado en el Periódico Oficial del Estado el siete de julio del mismo año por el que se reformó el artículo segundo del Decreto 58, para el efecto de que el presidente municipal recién designado rindiera su protesta ante el propio Congreso Estatal y enseguida ejerciera su encargo.

El Poder Legislativo Estatal alega que, según el artículo 125 de la Constitución del Estado de Michoacán de Ocampo, los cargos de presidente, síndico y regidores son obligatorios y sus titulares sólo pueden renunciar a los mismos por causa grave calificadas así por el Ayuntamiento. Por su parte, el artículo 44, fracción XX, del mismo ordenamiento establece que es facultad del Congreso, entre otras, designar a las personas que han de integrar los Ayuntamientos o los Concejos Municipales en caso de ausencia definitiva de alguno de ellos por cualquier causa cuando no sea posible que los suplentes electos entren en funciones. En concordancia con lo anterior, el artículo 50, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo dispone que en los casos de ausencia definitiva del presidente municipal, el Congreso Estatal, respetando el origen partidista, designará a quien deba sustituirlo.

En acatamiento de estas disposiciones, afirma el Legislativo, las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, mediante oficio de veinticinco de mayo de dos mil seis, solicitaron a la coordinación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la misma Septuagésima Legislatura una propuesta de los posibles titulares del cargo de presidente municipal de Buenavista, Michoacán.

El Congreso Local considera que también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, según la cual, el mismo es improcedente contra resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que los constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones o Diputaciones Permanentes cuando conciernen a la elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Luego de abundar en la limitación conceptual de este tipo de decisiones legislativas, a la luz de diversos criterios emitidos por esta Corte, la legislatura asegura que la facultad que le confiere el artículo 44, fracción XX, de la Constitución Local -designación de los sustitutos de los integrantes de los Ayuntamientos y Concejos Municipales- no exige la intervención de otro poder del Estado, lo que indica, en su opinión, que esta facultad le ha sido concedida para que la ejerza de forma soberana. A su juicio, el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 44, fracción XX, de la Constitución Local no puede ser cuestionado, pues ello equivaldría a eliminar por completo el poder que el Constituyente Local le concedió.

La Legislatura Estatal afirma que este juicio amparo (sic) es improcedente porque a fin de cuentas el objetivo del escrito de demanda es el análisis del nombramiento de un cargo público realizado por el Congreso Local, y el derecho a desempeñar cargos de elección popular constituye un derecho político en términos de los artículos 35, fracción II, y 36, fracción V, de la Constitución Federal, preceptos que establecen que el desempeño de los cargos de elección popular es una prerrogativa y una obligación del ciudadano. El Congreso Estatal apoya su conclusión en dos tesis aisladas emitidas por el Tribunal Pleno en la Séptima Época, de rubros: "DERECHOS POLÍTICOS, AMPARO IMPROCEDENTE POR VIOLACIÓN A." y "DERECHOS POLÍTICOS, AMPARO IMPROCEDENTE POR VIOLACIÓN A (PRESIDENTES MUNICIPALES SUSPENSIÓN)."

Independientemente de los anteriores razonamientos, el Poder Legislativo del Estado de Michoacán alega, contra lo afirmado por el actor, que los actos impugnados sí fueron emitidos de conformidad con el procedimiento legal estatuido para la designación de un presidente municipal sustituto. En su opinión, esta afirmación se acredita con las copias certificadas de las documentales que acompaña a su escrito de contestación. Invoca en el caso el principio jurídico que establece manifiesta accusatione non indigent (las cosas que son claras no necesitan acusarse).

A continuación, el Poder Legislativo da contestación a cada uno de los hechos denunciados por el Municipio actor. Respecto de los hechos materia de controversia, niega que los mismos hayan ocurrido en los términos precisados por el actor. Niega, en particular, que haya actuado de forma arbitraria, indebida e ilegal, y que haya transgredido la autonomía del Municipio al designar como presidente municipal de dicha entidad a Jorge Ortega Farías para lo que resta del periodo 2005-2007. Es falso, sostiene, que esta designación se aparte del espíritu de la Constitución Estatal, que se haya omitido el procedimiento legal establecido para tal efecto y que se haya omitido fundar y motivar tal designación. Finalmente, asevera que es falso que el presidente municipal de Buenavista designado no reúna los requisitos de elegibilidad que establece la ley.

SÉPTIMO. Opinión del procurador. El procurador general de la República, en oficio PGR/698/2006 presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veinticinco de octubre de dos mil seis, manifestó, en síntesis, lo siguiente:

a) Se actualiza la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 105,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20442-b95c8b57/diputados-suplentes-al-congreso-del-estado-de-michoacan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.