CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO LVIII/I/138/04, DE 18 DE MAYO DE 2004, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, DIRIGIDO AL SECRETARIO DE FINANZAS DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA RETENCIÓN DE LOS ENTEROS MENSUALES QUE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004, POR EL TIEMPO QUE RESTA DE DICHO EJERCICIO Y HASTA EN TANTO NO SE ORDENE SU LIBERACIÓN, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES A ESOS RECURSOS INDEBIDAMENTE RETENIDAS Y DESPUÉS REINTEGRADAS, GENERAN INTERESES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 86/2004. MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, ESTADO DE OAXACA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIO: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de octubre de dos mil siete.
VISTOS para resolver los autos correspondientes a la controversia constitucional 86/2004; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Casto Morales Granguillhome, Síndico del Ayuntamiento de San Juan Guichicovi, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en representación de ese Municipio contra el Estado de Oaxaca, a través de su Poder Ejecutivo y de su Poder Legislativo.
Los actos impugnados son los siguientes:
• El acto de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, consistente en el dictamen, resolución, acuerdo, orden o autorización a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado para que solicite a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca la retención de los enteros mensuales que por concepto de participaciones (Ramo 28 del presupuesto de egresos de la Federación) y por concepto de aportaciones (Fondos III y IV del Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación) le corresponden al Municipio de San Juan Guichicovi para el ejercicio del dos mil cuatro, por el tiempo que resta de dicho ejercicio en tanto no se ordene su liberación. El actor señala que desconoce la fecha en la que se emitió dicho acto y el número de expediente que le corresponde, y precisa que el mismo se fundamenta en el artículo 6o., fracción IX, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca.
• Los oficios o solicitudes verbales y escritas por medio de las cuales la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de Oaxaca solicita u ordena cada mes a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado que retenga los enteros que por concepto de participaciones y aportaciones federales se deben transferir de manera mensual y quincenal al Municipio actor.
• El oficio número PL/CMH/DAO/1574/2004, expedido el nueve de agosto de dos mil cuatro por Etzael Octavio de Jesús García Padilla, en su carácter de contador mayor de Hacienda.
• La ejecución de las solicitudes de la Contaduría Mayor de Hacienda por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, reteniendo así materialmente los pagos de participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio actor por el tiempo que resta del ejercicio fiscal de dos mil cuatro.
Las entidades o poderes contra la cuales se endereza la demanda son, por tanto, los siguientes:
• El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, a través de dos de sus órganos: la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca, y la Contaduría Mayor de Hacienda de ese mismo congreso.
• El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. La parte actora manifestó como antecedentes los que a continuación se sintetizan:
a) El Municipio actor empieza por describir el concepto, regulación y mecánica de entrega y recepción de las participaciones y de las aportaciones federales, precisando las cantidades que por tales conceptos le corresponden mensualmente al Municipio de San Juan Guichicovi en el ejercicio de dos mil cuatro, así como la mecánica de entrega de las mismas según las disposiciones normativas aplicables.
b) A continuación, afirma que en el mes de abril de dos mil cuatro la Recaudación de Rentas del Distrito de Matías Romero, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, no hizo entrega de las cantidades que por concepto de participaciones y aportaciones federales le correspondían, bajo el argumento de que el Gobierno del Estado tenía problemas financieros, quedando de hacer la entrega una vez que se hubieran solventado estos últimos.
La omisión de pago de las cantidades referidas, advierte, se reiteró durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del dos mil cuatro. Ante ello, el síndico del Ayuntamiento actor acudió el seis de agosto del año en curso a la ciudad de Oaxaca para solicitar, mediante el oficio 2568/2004, fechado el día anterior, que se le informara por escrito de las razones por las que no se habían hecho los pagos parciales que por ley corresponden al Municipio por concepto de participaciones y aportaciones federales.
c) El día nueve de agosto de dos mil cuatro, se le entregó el oficio PL/CMH/DAO/1574/2004, emitido en la misma fecha por Etzael Octavio de Jesús García Padilla, contador mayor de Hacienda del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, el cual, en su parte sustancial, comunicaba que la determinación de suspender provisionalmente los recursos la había tomado la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de Oaxaca, al contar con información según la cual el Ayuntamiento requirente no había entregado a la Contaduría Mayor de Hacienda los estados financieros y los documentos justificantes y comprobantes del ingreso, gasto y ejercicio presupuestario del ingreso y del egreso, lo cual lo situaba en un presunto incumplimiento de las obligaciones generales y específicas que regulan la actuación de los servidores públicos municipales.
El escrito señala que los artículos 46, fracción X y 124, fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca obliga a los Ayuntamientos a enviar a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, dentro de los primeros quince días de cada mes, los estados financieros o cortes de caja acompañados de los documentos comprobantes del ingreso, gasto público y egresos correspondientes al mes inmediato anterior. La contaduría considera que con tal incumplimiento el Ayuntamiento incurre en el supuesto previsto por la fracción IX del artículo 6o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado.
d) Fue pues por dicho oficio, manifiesta el síndico, que tuvieron conocimiento de que el Estado de Oaxaca, a través de los poderes señalados, pretendía seguir reteniendo los recursos que por concepto de participaciones y aportaciones federales le corresponden, contraviniendo con sus actos los principios de libre administración e integridad de la hacienda pública municipal. La retención mencionada, señala, impedirá el normal funcionamiento de la hacienda municipal, porque se tendrán que dejar de pagar entre otros los rubros de alumbrado público, pago de energía eléctrica por consumo de agua potable, pago de nómina a trabajadores municipales, pago de nómina al cuerpo de Policía Municipal, y se tendrán que paralizar las obras públicas municipales. No existiendo medio ordinario de defensa que permita la reconsideración de los actos señalados, se demanda la invalidez de los mismos en esta vía constitucional.
TERCERO. A continuación se sintetizan los conceptos de invalidez expresados por la parte actora. En el primer concepto de invalidez se arguye fundamentalmente lo siguiente:
a) El proceder de las autoridades demandadas vulnera en perjuicio del Municipio los artículos 40, 41, 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 2o., párrafo tercero, 29, párrafo primero y 113 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; el 1o., 9o. y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal; el 13, 19 y 20, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca; y el 3o. y 182 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca.
El actor vincula las anteriores violaciones legales con el hecho de que los actos y omisiones del Estado de Oaxaca transgreden los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos económicos municipales del Municipio de San Juan Guichicovi. Se violenta, señala el actor, el Sistema Federal de Coordinación Fiscal y la autonomía municipal, afirmación que pasa a fundamentar realizando un análisis conceptual e histórico del Sistema Federal de Coordinación Fiscal. El actor destaca que el federalismo político, administrativo, jurídico y económico, dentro del cual se encuentra el Municipio como ingrediente político-institucional primordial, ha sido un rasgo esencial del Estado mexicano desde 1824, y ha sido confirmado por los mexicanos con el pasar de los años. Hoy en día se encuentra plasmado en los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal. Sin embargo, la práctica federalista ha sido un proceso lleno de discontinuidades e inhabilidades, del cual ha ido emergiendo una progresiva afirmación de la primacía de la Federación.
El federalismo fiscal también ha estado sujeto a un proceso evolutivo discontinuo y conflictivo. El problema fundamental en su contexto ha sido organizar la división de las fuentes de recursos fiscales entre la Federación y las entidades federativas, así como delimitar las funciones de gobierno y las responsabilidades entre los órdenes referidos, lo cual, tras muchos años de sistematización, dio origen al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y su epígono: la Ley de Coordinación Fiscal. Dicho sistema, destaca el actor, debe incluir, además de los aspectos relativos a los ingresos, la descentralización de las relaciones financieras y fiscales y la ampliación de las responsabilidades de gasto y destino que permitan la planeación democrática y la coordinación entre los Estados y los Municipios, con vistas a alcanzar una distribución más equitativa del ingreso y una disminución de la pobreza y la desigualdad.
El actor hace referencia al sistema de división competencial entre la Federación y los Estados establecido en lo fundamental en el artículo 124, en cuyo contexto se cuentan facultades expresas (explícitas e implícitas), concurrentes y limitaciones expresas, sin que exista primacía formal del orden federal sobre el estatal; ambos deben observar la misma subordinación respecto de la Constitución Federal. A continuación, centrándose en el ámbito impositivo, destaca en primer lugar la existencia de recursos federales exclusivos y recursos municipales exclusivos. Así, son recursos federales exclusivos las contribuciones previstas en el artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución Federal, y la ley secundaria debe establecer la proporción en que las entidades federativas tienen derecho a participar en los rendimientos relacionados con las mismas; también lo son los recursos a que se refiere el artículo 131 de la Constitución Federal, relacionados con las mercancías que se importan, exportan o circulan por el territorio nacional. Por otro lado, la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal dispone que las Legislaturas Locales establecerán las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles. Todas estas fuentes de ingreso deben engrosar la hacienda de los Municipios y constituyen recursos municipales exclusivos.
Respecto de los demás posibles objetos de contribución, existe una concurrencia competencial y, para evitar la doble tributación -no prohibida como tal por la Constitución- se estableció el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. La Ley de Coordinación Fiscal, publicada en diciembre de 1978, tuvo entre otros fines el de establecer las participaciones de los ingresos federales que correspondían a los Estados, los Municipios y el Distrito Federal. La distribución de estos recursos está regulada por el presupuesto de egresos de la Federación en el Ramo 28.
En 1997, a la citada ley se le adicionó un capítulo V, regulador de los fondos de aportaciones federales, destinados a coadyuvar en ciertas actividades determinadas (educación, salud, infraestructura social, seguridad pública, etcétera) y, por tanto, de destino condicionado. Esta reforma transformó el sistema de coordinación fiscal en un sistema de fortalecimiento de las haciendas públicas municipales, al dotarlas de recursos independientes de los fondos de participaciones, destinados a beneficiar directamente a sectores de la población en situación de rezago social, así como a atender las necesidades de seguridad pública de los Municipios.
A continuación, el actor destaca que la Constitución reconoce la autonomía del Municipio, y que lo configura como un tercer nivel de gobierno con un régimen competencial propio y exclusivo. El Constituyente reconoció, además, que los Municipios no podrían tener cabal libertad política y administrativa mientras no contasen con autonomía financiera, razón por la cual el artículo 115 constitucional consagró en su favor los principios de hacienda municipal, libre administración hacendaria e integridad de los recursos económicos municipales.
Ciertamente, la Constitución no atribuye a los Municipios potestad legislativa en materia impositiva como vía para proveerlos de los recursos necesarios para hacer frente a sus responsabilidades y competencias. La fracción IV del artículo mencionado prevé el concepto de hacienda municipal y hace una enumeración no exhaustiva de los recursos que habrán de integrarla; establece después garantías para que la Federación y los Estados no limiten, mediante exenciones y subsidios, el flujo de recursos que habrán de integrarla, y subraya que los recursos municipales se ejercerán de forma directa por los Ayuntamientos. Lo anterior significa, señala el actor, que la Constitución ha querido garantizar a los Municipios el goce de los recursos económicos necesarios para cumplir con sus responsabilidades constitucionales, lo cual implica que debe existir una recepción puntual y efectiva de dichos recursos y que los mismos no pueden ser retenidos unilateralmente por la Federación o por los Estados, al representar la base material y económica necesaria para cumplir con sus obligaciones constitucionales, garantizar el desarrollo municipal y el bienestar general de sus habitantes.
b) Sobre esa base, y a partir del análisis de los artículos 2o., párrafo tercero, 29, párrafo primero y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 13, 19 y 20, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca y 3o. y 182 de la Ley Municipal del Estado de Oaxaca, el actor deduce que no existe ni puede existir norma alguna de orden federal o local que les dé facultades a los poderes del Estado de Oaxaca para retener, aun provisionalmente y por los motivos señalados en el oficio PL/CMH/DAO/1574/2004 expedido por el contralor mayor de Hacienda, el entero de cantidades que corresponden a la hacienda de San Juan Guichicovi. Los actos cuya invalidez se demanda resultan, pues, inconstitucionales y arbitrarios, y atentan contra una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como lo es el sistema federal regulado en los artículos 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El actor destaca que la intervención del Estado de Oaxaca respecto de los fondos de participaciones que por ley corresponden a los Municipios es de simple mediación administrativa; en el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, control y supervisión en su manejo, pero nunca de disposición, suspensión o retención. El actor concluye que el Estado de Oaxaca no tiene facultades para retener el entero de los fondos en comento, y que su práctica en ese sentido transgrede los principios de integridad y libre administración de los recursos económicos municipales, violentando además el Sistema Federal de Coordinación Fiscal.
En su segundo concepto de invalidez, el Municipio actor sostiene que los actos y omisiones cuya invalidez reclama son violatorios de los artículos 14 y 16, en relación con el 115, fracción IV, de la Constitución.
a) En primer lugar, señala que el artículo 14 constitucional dispone que nadie puede ser privado de la vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. Sin embargo, como acredita la existencia del oficio PL/CMH/DAO/1574/2004, expedido el nueve de agosto por el contador mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca, en el presente caso se ha ordenado la retención de cantidades que deben ingresar a la hacienda de San Juan Guichicovi sin que haya habido de por medio un procedimiento administrativo, legislativo o judicial en el que se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento, y sobre todo sin que se haya oído al actor o se le haya permitido aportar pruebas a fin de no dejarlo inaudito.
El actor destaca que la interpretación sistemática de los artículos conducentes de la Constitución Federal, la Ley de Coordinación Fiscal, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley Municipal del Estado de Oaxaca, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, y la Ley General de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro le permiten afirmar que los recursos provenientes de los Ramos 28 y 33 del Decreto de Egresos de la Federación no son propiedad del Estado de Oaxaca, sino de la hacienda municipal; los mismos están tutelados por los principios constitucionales de libre administración e integridad de los recursos económicos municipales, y no pueden ser retenidos por el Estado de Oaxaca sino en casos excepcionales.
En lo referente a las participaciones, dichos casos excepcionales se relacionan con el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Este artículo dispone que las participaciones son inembargables, y que no pueden estar afectas a fines específicos ni estar sujetas a retención salvo para el pago de obligaciones contraídas por entidades y Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en favor de la Federación, de instituciones de crédito que operen en territorio nacional, o de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.
En el caso de las aportaciones, el artículo 32, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que las mismas se enterarán mensualmente a través de los Estados de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones (incluyendo las de carácter administrativo) que las correspondientes a los fines establecidos en el artículo 33 de esa misma ley. El artículo 46 del mismo cuerpo legal establece que las aportaciones y sus accesorios no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán gravarlas, afectarlas en garantía o destinarlas a fines distintos de los previstos en la ley.
El actor señala que el presente asunto no se relaciona con ninguno de los casos de excepción señalados, de modo que la suspensión de los pagos que ha sufrido vulnera los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos municipales, contenidos en el artículo 115 constitucional.
b) A continuación señala el actor que, suponiendo sin conceder que el Estado de Oaxaca pudiera suspender los pagos mensuales de aportaciones y participaciones, los actos denunciados serían inconstitucionales porque se dejó al Municipio en estado de indefensión y se violó la garantía de audiencia al no ser observadas las formalidades esenciales necesarias para garantizar la defensa antes del acto de privación y, en concreto, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer las pruebas en que se finque la defensa; la oportunidad de alegar, y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones planteadas.
El Municipio actor señala que hasta el momento no ha sido notificado del inicio de un procedimiento que pueda tener como consecuencia la retención de las participaciones y aportaciones que le corresponden, que no ha podido presentar pruebas ni alegatos, y que no se ha dictado ninguna resolución que dirima las cuestiones debatidas, sin que pueda considerarse por tanto que hay un procedimiento que ha concluido con el oficio PL/CMH/DAO/1574/2004, expedido el nueve de agosto por el contador mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca.
Suponiendo sin aceptar que tal procedimiento hubiera existido, arguye el actor, los actos de privación serían en cualquier caso inválidos porque los artículos 42, 44 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca establecen que para la tramitación de asuntos se nombrarán comisiones permanentes como es la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda para que estudien y rindan el correspondiente dictamen por escrito, exponiendo en términos claros y concisos las razones que puedan facilitar al Congreso la resolución de los asuntos y el cumplimiento de sus determinaciones por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, como se desprende de la lectura de la fracción II del artículo 37 del Reglamento Interior del Congreso del Estado.
En el caso concreto, el Ayuntamiento no ha sido llamado a un procedimiento que haya concluido con un dictamen por el que se haya autorizado a la Contaduría Mayor de Hacienda a solicitar al Ejecutivo Estatal la retención de los recursos en disputa. De la interpretación sistemática de las disposiciones aplicables se desprende, además, que la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda no tiene atribuciones expresas para autorizar a la contaduría a que solicite la retención de recursos estatales sin observar las formalidades del proceso legislativo. Sus atribuciones se limitan a la vigilancia de los órganos legislativos de fiscalización y control gubernamental del Congreso, como es la Contaduría Mayor de Hacienda, pero no se pueden extender a la violación de principios constitucionales como el de integridad y libre administración de los recursos económicos municipales.
c) Finalmente, el actor argumenta que, por las causas expuestas en el apartado anterior, se ha transgredido en su perjuicio el artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Los actos reclamados no están debidamente fundados y motivados y, aun suponiendo sin conceder que lo estuvieran, de todos modos resultarían contrarios al artículo 16 de la Constitución Federal al estar fundados en preceptos legales inconstitucionales que no pueden tener consecuencias jurídicas. El dictamen, resolución, acuerdo u orden por la que se ordenó la retención de las transferencias federales es violatoria de la garantía de legalidad porque las aportaciones no pueden ser retenidas, y las participaciones sólo en el caso del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Los oficios identificados en el apartado de actos reclamados violan, pues, de manera flagrante, el artículo 16 de la Constitución Federal en relación con el 13 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, careciendo de fundamentación jurídica alguna, dada la ausencia de facultades para que el Estado de Oaxaca retenga las participaciones y aportaciones que corresponden al Municipio actor. Aun suponiendo sin conceder que la fracción IX del artículo 6o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca pudiera servir de fundamento para suspender o retener las participaciones o aportaciones correspondientes a los Municipios de Oaxaca, habría que tener en cuenta que dicha fracción remite a la fracción V del mismo artículo, la cual se refiere a subsidios.
En efecto, la fracción V del artículo 6o. de la ley citada establece que es atribución de la Contaduría Mayor de Hacienda "fiscalizar los subsidios concedidos a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, a organismos auxiliares de la administración pública, a los Ayuntamientos, organismos paramunicipales, instituciones públicas o privadas o a los particulares, para verificar su aplicación conforme a los fines que los originaron". La fracción IX de ese mismo artículo le da la facultad de "recibir de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda la autorización para solicitar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado la retención de recursos financieros a los órganos de la administración pública a la que se hace mención en la fracción V del presente artículo cuando el manejo de su hacienda no se haga en forma responsable". Son pues los subsidios de carácter estatal, subraya, los que pueden ser retenidos por falta de manejo responsable de la hacienda pública, pero nunca las participaciones y las aportaciones federales.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el 14, 16, 40, 41, 115 y 124.
QUINTO. Por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil cuatro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional bajo el número 86/2004 y designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz como instructor, por habérsele turnado en esa misma fecha la controversia constitucional 85/2004, con la cual la presente guarda relación de conexidad.
Por auto de tres de septiembre dos mil cuatro, el Ministro instructor reconoció la personalidad del promovente y admitió a trámite la demanda. En el mismo se reconoció el carácter de demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Oaxaca, así como a la Contaduría Mayor de Hacienda y a la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso Estatal, al considerar que, aunque dependen de la Legislatura del Estado, se les atribuyen actos reclamados en la controversia. No se tiene, en cambio, por demandada a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ya que depende jerárquicamente del gobernador constitucional de la entidad, el cual ya tiene carácter de demandado.
En el mismo acuerdo se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que presentaran su contestación en el término de treinta días hábiles, señalando además en esta ciudad, domicilio para oír y recibir notificaciones, y se ordenó dar vista al procurador general de la República para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes hasta antes de la celebración de la audiencia de ley. Finalmente, se ordenó formar un cuaderno incidental a los fines de decidir acerca de la solicitud de suspensión expresada por el actor.
SEXTO. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil cuatro, el Ministro instructor, a la vista de la naturaleza de los actos reclamados, los elementos probatorios exhibidos y las características de la presente controversia, concedió la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que no se le retuviera al actor cantidad alguna de los montos de participaciones y aportaciones hasta en tanto se dicte resolución que ponga fin a esta controversia. Lo anterior con el propósito de que el Municipio actor estuviese en posibilidades de ejercer sus atribuciones, además de cumplir con las obligaciones adquiridas y prestar los servicios públicos en beneficio de la colectividad. La concesión se otorgó destacándose que dicha medida cautelar no afectaría la seguridad y economía nacionales, ni causaría a la sociedad un daño mayor al beneficio que pueda obtener el solicitante de la medida.
SÉPTIMO. Por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil cuatro ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Ricardo David Cruz Cervantes, delegado de la parte actora, interpuso recurso de queja. Según sus afirmaciones, las autoridades demandadas no habían cumplido cabalmente con el auto de tres de septiembre del mismo año, en el que se concedió la suspensión de los actos reclamados, no obstante que dicha resolución ya les había sido notificada legalmente.
Por acuerdo de veintidós de septiembre del mismo año, el Ministro instructor ordenó formar y registrar el expediente relativo al recurso de queja, el cual, seguidos los trámites legales, fue resuelto por la Primera Sala de esta Suprema Corte en sesión de uno de diciembre de dos mil cuatro.
La Primera Sala declaró infundados los alegatos del recurrente, toda vez que de las constancias de autos no se desprendía que las autoridades demandadas y obligadas a cumplimentar la suspensión otorgada incurrieran en la omisión que se les imputaba, respetándose en lo fundamental el auto de suspensión.
OCTAVO. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Corte, Etzael Octavio de Jesús García Padilla, contador mayor de Hacienda del Congreso, interpuso recurso de reclamación contra el auto de tres de septiembre de dos mil cuatro, dictado por el Ministro instructor en el incidente de suspensión de la presente controversia. En su escrito de agravios, el recurrente expresaba las razones por las cuales estimaba que la concesión de la suspensión no había respetado los requisitos legalmente previstos al efecto.
Mediante proveído de veintidós de septiembre del año mencionado, el presidente de esta Suprema Corte tuvo por interpuesto el citado recurso y ordenó registrarlo con el número 269/2004-PL. En el mismo auto se ordenó remitir el expediente al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien fue designado como ponente a los efectos de formular el proyecto de resolución respectivo.
En sesión de nueve de marzo de dos mil cinco, la Primera Sala de esta Corte resolvió el citado recurso de reclamación y lo declaró infundado. A juicio de la Sala, el auto del Ministro instructor por el qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20704-6afcde16/controversia-constitucional-el-oficio-lviii-i-138-04 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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