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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO LVIII/I/184/04, DE 28 DE JULIO DE 2004, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE VIGILANCIA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, DIRIGIDO AL SECRETARIO DE FINANZAS DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA RETENCIÓN DE LOS ENTEROS QUINCENALES Y MENSUALES QUE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004, POR EL TIEMPO QUE RESTA DE DICHO EJERCICIO Y HASTA EN TANTO NO SE ORDENE SU LIBERACIÓN, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES A ESOS RECURSOS INDEBIDAMENTE RETENIDAS Y DESPUÉS REINTEGRADAS, GENERAN INTERESES.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 85/2004. · Registro digital (IUS): 20677
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 2332.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 85/2004. MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, ESTADO DE OAXACA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIO: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de octubre de dos mil siete.

VISTOS para resolver los autos de la controversia constitucional 85/2004, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil cuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Camerino Lucas Hernández, síndico del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Pochutla, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional contra el Estado de Oaxaca, a través de su Poder Legislativo y de su Poder Ejecutivo.

Los actos impugnados son los siguientes:

• El acto de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, consistente en el dictamen, resolución, acuerdo, orden o autorización a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado para que solicite a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca la retención de los enteros quincenales y mensuales, respectivamente, que por concepto de participaciones (Ramo 28 del presupuesto de egresos de la Federación) y por concepto de aportaciones (fondos III y IV del Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación) le corresponden al Municipio de San Pedro Pochutla para el ejercicio de dos mil cuatro, por el tiempo que resta de dicho ejercicio y en tanto no se ordene su liberación. El actor señala que desconoce la fecha en la que se emitió dicho acto y el número de expediente que le corresponde, y precisa que el mismo se fundamenta en el artículo 6, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca.

• El oficio sin número de veintiocho de julio de dos mil cuatro, firmado por el diputado José Esteban Bolaños Guzmán en su carácter de presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, dirigido al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, para solicitar la retención de los recursos autorizados para ese ejercicio al Municipio actor hasta en tanto el órgano colegiado mencionado no ordene su liberación.

• Los oficios o solicitudes verbales y escritas por medio de las cuales la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de Oaxaca solicita u ordena cada mes a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado que retenga los enteros que por concepto de participaciones y aportaciones federales se deben transferir de manera mensual y quincenal al Municipio actor.

• La ejecución material de las solicitudes de la Contaduría Mayor de Hacienda por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, reteniendo así materialmente, de forma quincenal y mensual, los pagos de participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio actor por el tiempo que resta del ejercicio fiscal de dos mil cuatro.

• El oficio SF/USJ/1351/2004, F.025525, de tres de agosto de dos mil cuatro, firmado por el jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

Las entidades o poderes contra los cuales se endereza la demanda son, por tanto, los siguientes:

• El Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, a través de dos de sus órganos: la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Oaxaca, y la Contaduría Mayor de Hacienda de ese mismo Congreso.

• El Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO. La parte actora manifestó como antecedentes los que a continuación se sintetizan:

a) El Municipio actor empieza por describir el concepto, regulación y mecánica de entrega y recepción de las participaciones y de las aportaciones federales, precisando las cantidades que por tales conceptos le corresponden mensualmente al Municipio de San Pedro Pochutla en el ejercicio de dos mil cuatro, así como la mecánica de entrega de las mismas, según las disposiciones normativas aplicables.

b) A continuación, afirma que el treinta de julio del dos mil cuatro la tesorera municipal acudió a las oficinas de la Recaudación de Rentas del Distrito de Pochutla, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con el propósito de que le pagaran las cantidades correspondientes al rubro de participaciones. En dichas oficinas administrativas se le informó verbalmente de que se le suspendería el pago de dichos montos debido a que la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado había dado indicaciones a esa dependencia para que suspendiera su entrega hasta nueva orden.

El dos de agosto del mismo año se repitió la omisión en la entrega de los recursos que le correspondían, pero ahora en lo referente a los montos relativos a los fondos III y IV del Ramo 33 (aportaciones federales).

c) Sostiene la parte actora que el trece de agosto de dos mil cuatro el regidor de jardines y panteones del Ayuntamiento actor comunicó a ese Ayuntamiento la existencia de dos oficios: el remitido bajo el número SF/USJ/1351/2004, F.025525, firmado el tres de agosto del mismo año por el jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, y el oficio sin número firmado el veintiocho de julio de ese año por el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda José Esteban Bolaños Guzmán.

A través del primer oficio (SF/USJ/1351/2004, F.025525), el jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Finanzas del Estado, en respuesta al oficio 3159/2004 suscrito por el Ayuntamiento actor en el que, esencialmente, se exigía el pago de los recursos federales que le correspondían, informó a dichas autoridades municipales que la instancia adecuada para el planteamiento de la petición solicitada era el Congreso del Estado. Por su parte, el segundo oficio (de veintiocho de julio de dos mil cuatro) refleja la solicitud formulada por el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para que esta última retuviera los recursos autorizados (participaciones y aportaciones) para el ejercicio de dos mil cuatro al Municipio actor, y constata que tal solicitud se vinculó con lo acordado por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en respuesta a diversas anomalías detectadas en el ejercicio de los recursos que le correspondían.

El Ayuntamiento sostiene que dichos oficios no le han sido notificados legalmente, ya que, en todo caso, fueron entregados a un regidor que no tiene atribuciones para intervenir en este tipo de asuntos; el actor afirma que, por consiguiente, fue hasta el trece de agosto de dos mil cuatro cuando tuvo pleno conocimiento del acto reclamado.

d) Las retenciones mencionadas impedirán, señala el actor, el normal funcionamiento de la hacienda municipal, porque se tendrán que dejar de pagar, entre otros, los rubros de alumbrado público, energía eléctrica por consumo de agua potable, nóminas a los trabajadores municipales, nóminas al cuerpo de Policía Municipal, y se tendrán que paralizar las obras públicas municipales. No habiendo apreciado otro medio ordinario de defensa en contra de los actos señalados, el actor demanda su invalidez a través de esta instancia.

TERCERO. A continuación se sintetizan los conceptos de invalidez expresados por la parte actora. En el primer concepto de invalidez, la parte actora arguye fundamentalmente que:

a) El proceder de las autoridades demandadas vulnera en perjuicio del Municipio los artículos 40, 41, 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 2o., párrafo tercero, 29, párrafo primero y 113 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; el 1o., 9o. y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal; el 13, 19 y 20, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca; y el 3o. y 182 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca.

El actor vincula las anteriores violaciones legales con el hecho de que los actos y omisiones del Estado de Oaxaca transgreden los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos económicos municipales del Municipio de San Pedro Pochutla. Se violenta, señala el actor, el Sistema Federal de Coordinación Fiscal y la autonomía municipal, afirmación que pasa a fundamentar realizando un análisis conceptual e histórico del Sistema Federal de Coordinación Fiscal.

El actor destaca que el federalismo político, administrativo, jurídico y económico, dentro del cual se encuentra el Municipio como ingrediente político-institucional primordial, ha sido un rasgo esencial del Estado mexicano desde 1824, y ha sido confirmado por los mexicanos hasta el momento actual -en la Constitución actual se encuentra plasmado en los artículos 40 y 41-. Sin embargo, la práctica federalista ha sido un proceso lleno de discontinuidades e inhabilidades, del cual ha ido emergiendo una progresiva afirmación de la primacía de la Federación.

El federalismo fiscal también ha estado sujeto a un proceso evolutivo discontinuo y conflictivo. El problema fundamental en su contexto ha sido organizar la división de las fuentes de recursos fiscales entre la Federación y las entidades federativas, así como delimitar las funciones de gobierno y las responsabilidades entre los órdenes referidos, lo cual, tras muchos años de sistematización, dio origen al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y su epígono: la Ley de Coordinación Fiscal. Dicho sistema, destaca el actor, debe incluir, además de los aspectos relativos a los ingresos, la descentralización de las relaciones financieras y fiscales y la ampliación de las responsabilidades de gasto y destino, de modo tal que sea posible la planeación democrática y la coordinación entre los Estados y los Municipios en el contexto de un esquema que permita una distribución más equitativa del ingreso y una disminución de la pobreza y la desigualdad.

El actor hace referencia al sistema de división competencial entre la Federación y los Estados establecido en lo fundamental en el artículo 124 de la Constitución Federal, en cuyo contexto se cuentan facultades expresas (explícitas e implícitas), concurrentes y limitaciones expresas, sin que exista primacía formal del orden federal sobre el estatal; ambos deben observar la misma subordinación respecto de la Constitución Federal. A continuación, centrándose en el ámbito impositivo, destaca en primer lugar la existencia de recursos federales exclusivos y de recursos municipales exclusivos. Así, son recursos federales exclusivos las contribuciones previstas en el artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución Federal, y la ley secundaria debe establecer la proporción en que las entidades federativas tienen derecho a participar en los rendimientos relacionados con las mismas; también lo son los recursos a que se refiere el artículo 131 de la Constitución Federal, en relación con las mercancías que se importan, exportan o circulan por el territorio nacional. Por otro lado, la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, dispone que las Legislaturas Locales establecerán las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles. Todas estas fuentes de ingreso deben integrar la hacienda de los Municipios, por lo que constituyen recursos municipales exclusivos.

Respecto de los demás posibles objetos de contribución, existe una concurrencia competencial y, para evitar la doble tributación -no prohibida como tal por la Constitución-, se estableció el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. La Ley de Coordinación Fiscal, publicada en diciembre de 1978, tuvo entre otros fines el de establecer las participaciones en los ingresos federales que correspondían a los Estados, a los Municipios y al Distrito Federal. La distribución de estos recursos está regulada por el presupuesto de egresos de la Federación en el Ramo 28.

En 1997, a la citada ley se le adicionó un capítulo V, regulador de los fondos de aportaciones federales, destinados a coadyuvar en ciertas actividades determinadas (educación, salud, infraestructura social, seguridad pública, etcétera) y, por tanto, de destino condicionado. Esta reforma transformó el sistema de coordinación fiscal en un sistema de fortalecimiento de las haciendas públicas municipales, al dotarlas de recursos independientes de los fondos de participaciones, destinados a beneficiar directamente a sectores de la población en situación de rezago social, así como a atender las necesidades de seguridad pública de los Municipios.

A continuación, el actor destaca que la Constitución reconoce la autonomía del Municipio, y que lo configura como un tercer nivel de gobierno con un régimen competencial propio y exclusivo. El Constituyente reconoció, además, que los Municipios no podrían tener cabal libertad política y administrativa mientras no contasen con autonomía financiera, razón por la cual el artículo 115 constitucional consagró en su favor los principios de hacienda municipal, libre administración hacendaria e integridad de los recursos económicos municipales.

Ciertamente, la Constitución no atribuye a los Municipios potestad legislativa en materia impositiva como vía para proveerlos de los recursos necesarios para hacer frente a sus responsabilidades y competencias. La fracción IV del artículo mencionado prevé el concepto de hacienda municipal y hace una enumeración no exhaustiva de los recursos que habrán de integrarla; establece después garantías para que la Federación y los Estados no limiten, mediante exenciones y subsidios, el flujo de recursos que habrán de integrarla, y subraya que los recursos municipales se ejercerán de forma directa por los Ayuntamientos. Lo anterior significa, señala el Municipio, que la Constitución ha querido garantizar a los Municipios que gozaran de los recursos económicos necesarios para cumplir con sus responsabilidades constitucionales, lo cual implica que debe existir una recepción puntual y efectiva de dichos recursos, sin que puedan ser retenidos unilateralmente por la Federación o por los Estados, al representar la base material y económica necesaria para cumplir con sus obligaciones constitucionales, garantizar el desarrollo municipal y el bienestar general de sus habitantes.

b) Sobre esa base, y a partir del análisis de los artículos 2o., párrafo tercero, 29, párrafo primero y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 13, 19 y 20, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca; y 3o. y 182 de la Ley Municipal del Estado de Oaxaca, el actor concluye que no existe ni puede existir norma alguna federal o local que faculte a los Poderes del Estado de Oaxaca para retener, ni siquiera provisionalmente y con motivo de una supuesta mala administración, el entero de cantidades que corresponden a la hacienda municipal de San Pedro Pochutla. Los actos cuya invalidez se demanda resultan, pues, inconstitucionales y arbitrarios, y atentan contra una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como lo es el sistema federal regulado en los artículos 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El actor destaca que la intervención del Estado de Oaxaca respecto de los fondos de participaciones que por ley corresponden a los Municipios es de simple mediación administrativa; en el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, de control y de supervisión en su manejo, pero nunca de disposición, suspensión o retención. El actor concluye que el Estado de Oaxaca no tiene facultades para retener el entero de los fondos en comento, y que su práctica de retener y pretender seguir reteniendo los mismos transgrede los principios de integridad y libre administración de los recursos económicos municipales, violentando además el Sistema Federal de Coordinación Fiscal.

En su segundo concepto de invalidez, el Municipio actor sostiene que los actos y omisiones cuya invalidez reclama son violatorios de los artículos 14 y 16, en relación con el 115, fracción IV, de la Constitución Federal.

a) En primer lugar, señala que el artículo 14 constitucional, dispone que nadie puede ser privado de la vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. Sin embargo, como acredita la existencia del oficio SF/USJ/1351/2004, F.025525, expedido el tres de agosto de dos mil cuatro por el jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y como acredita el oficio sin número de fecha veintiocho de julio de dos mil cuatro, firmado por el diputado José Esteban Bolaños Guzmán en su carácter de presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en el presente asunto se ha decretado la retención de cantidades pertenecientes a la hacienda municipal de San Pedro Pochutla, sin que haya habido de por medio un procedimiento administrativo, legislativo o judicial en el que se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento y, sobre todo, sin que se haya oído al actor o se le haya permitido aportar pruebas a fin de no dejarlo inaudito.

El actor destaca que la interpretación sistemática de los artículos conducentes de la Constitución Federal, la Ley de Coordinación Fiscal, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley Municipal del Estado de Oaxaca, la Ley de Coordinación Fiscal Estatal, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, y la Ley General de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, le permite afirmar que los recursos provenientes de los Ramos 28 y 33 del decreto de egresos de la Federación no son propiedad del Estado de Oaxaca, sino de la hacienda municipal; los mismos están tutelados por los principios constitucionales de libre administración e integridad, y no pueden ser retenidos por el Estado de Oaxaca sino en casos excepcionales.

En lo referente a las participaciones, la excepcionalidad se relaciona con el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Este artículo dispone que las participaciones son inembargables, y que no pueden estar afectadas a fines específicos ni estar sujetas a retención salvo para el pago de obligaciones contraídas por entidades y Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a favor de la Federación, de instituciones de crédito que operen en territorio nacional, o de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

En el caso de las aportaciones, el artículo 32, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las mismas se enterarán mensualmente a través de los Estados de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones -incluyendo las de carácter administrativo- que las relacionadas con los fines establecidos en el artículo 33 de esa misma ley. El artículo 46 del mismo cuerpo legal establece que las aportaciones y sus accesorios no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán gravarlas, afectarlas en garantía o destinarlas a fines distintos de los previstos en la ley.

El actor señala que el presente asunto no se relaciona con ningún caso de excepción de los señalados, de modo que la suspensión de los pagos que denuncia vulnera los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos municipales, establecidos en el artículo 115 constitucional.

b) A continuación señala el actor que, suponiendo sin conceder que el Estado de Oaxaca pudiera suspender los pagos mensuales de aportaciones y participaciones, los actos denunciados serían inconstitucionales porque se dejó al Municipio en estado de indefensión y se violó la garantía de audiencia al no ser observadas las formalidades esenciales necesarias para garantizar la defensa antes del acto de privación y, en concreto, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer las pruebas en que se finque la defensa; la oportunidad de alegar, y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones planteadas.

El Municipio actor señala que hasta el momento no ha sido notificado del inicio de un procedimiento que pueda tener como consecuencia la retención de las participaciones y aportaciones que le corresponden, que no ha podido presentar pruebas ni alegar, y que no se ha dictado ninguna resolución que dirima las cuestiones debatidas, sin que pueda considerarse, por tanto, que hay un procedimiento que ha concluido con los oficios SF/USJ/1351/2004, F.025525, emitido el tres de agosto de dos mil cuatro por el jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y con el oficio sin número de veintiocho de julio del mismo año firmado por el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Suponiendo sin aceptar que tal procedimiento hubiera existido, arguye el actor, los actos de privación serían en cualquier caso inválidos, porque los artículos 42, 44 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, establecen que para la tramitación de los asuntos se nombrarán Comisiones Permanentes como es la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda para que estudien y rindan el correspondiente dictamen por escrito, exponiendo en términos claros y concisos las razones que puedan facilitar al Congreso la resolución de los asuntos y el cumplimiento de sus determinaciones por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, como se desprende de la lectura de la fracción II del artículo 37 del Reglamento Interior del Congreso del Estado.

En el caso concreto, el Ayuntamiento no ha sido llamado a un procedimiento que haya concluido con un dictamen por el que se haya autorizado a la Contaduría Mayor de Hacienda a solicitar al Ejecutivo Estatal la retención de los recursos en disputa. De la interpretación sistemática de las disposiciones aplicables se desprende, además, que la Comisión Permanente de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda no tiene atribuciones expresas para autorizar a la contaduría en la que se inserta a solicitar la retención de recursos estatales sin observar las formalidades del proceso legislativo. Sus atribuciones se limitan a la vigilancia de los órganos legislativos de fiscalización y control gubernamental del Congreso, como es la Contaduría Mayor de Hacienda, pero no se pueden extender a la violación de principios constitucionales como el de integridad y libre administración de los recursos económicos municipales.

c) Finalmente, el actor argumenta que, por las causas expuestas en el apartado anterior, se ha transgredido en su perjuicio el artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Los actos reclamados no están debidamente fundados y motivados y, suponiendo sin conceder que lo estuvieran, de todos modos resultarían contrarios al artículo 16 de la Constitución Federal al estar fundados en preceptos legales inconstitucionales que no pueden tener consecuencias jurídicas. El dictamen, resolución, acuerdo u orden por la que se ordenó la retención de las transferencias federales es violatoria de la garantía de legalidad, porque las aportaciones no pueden ser retenidas, y las participaciones sólo en el caso previsto en el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los oficios identificados en el apartado de actos reclamados violan, pues, de manera flagrante, el artículo 16 de la Constitución Federal en relación con el 13 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, careciendo de fundamentación jurídica alguna, dada la ausencia de facultades para que el Estado de Oaxaca pueda retener las participaciones y aportaciones que corresponden al Municipio actor. Aun suponiendo sin conceder que la fracción IX del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de Oaxaca, pudiera servir de fundamento para suspender o retener las participaciones o aportaciones correspondientes a los Municipios de Oaxaca, habría que tener en cuenta que dicha fracción remite a la fracción V del mismo artículo, la cual se refiere a subsidios.

En efecto, la fracción V del artículo 6 de la ley citada, establece que es atribución de la Contaduría Mayor de Hacienda "fiscalizar los subsidios concedidos a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, a organismos auxiliares de la administración pública, a los Ayuntamientos, organismos paramunicipales, instituciones públicas o privadas o a los particulares, para verificar su aplicación conforme a los fines que los originaron". La fracción IX de ese mismo artículo le da la facultad de "recibir de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda la autorización para solicitar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado la retención de recursos financieros a los órganos de la administración pública a la que se hace mención en la fracción V del presente artículo cuando el manejo de su hacienda no se haga en forma responsable". Son, pues, los subsidios de carácter estatal, subraya, los que pueden ser retenidos por falta de manejo responsable de la hacienda pública, pero nunca las participaciones y las aportaciones federales.

CUARTO. Los preceptos que se estiman violados son el 14, 16, 40, 41, 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil cuatro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional planteada bajo el número 85/2004, y designó por turno como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Por auto de tres de septiembre dos mil cuatro, el Ministro instructor reconoció la personalidad con la que compareció el promovente y admitió la demanda de controversia constitucional; reconoció el carácter de demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca, así como a la Contaduría Mayor de Hacienda y a la Comisión Permanente de Vigilancia al considerar que, aunque dependen de la Legislatura del Estado, se les atribuían actos reclamados en la controversia; no se tiene, en cambio, por demandada, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ya que depende jerárquicamente del gobernador constitucional de la entidad, el cual ya tiene carácter de demandado.

En el mismo acuerdo se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que presentaran su contestación en treinta días hábiles, señalando además en esta ciudad domicilio para oír y recibir notificaciones, y se ordenó dar vista al procurador general de la República para que hiciera las manifestaciones que considerara pertinentes hasta antes de la audiencia de ley.

SEXTO. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil cuatro, el Ministro instructor, a la vista de la naturaleza de los actos reclamados, los elementos probatorios exhibidos y las características de la presente controversia, concedió la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que no se le retuviera al actor cantidad por concepto de participaciones o aportaciones hasta que se dicte resolución que ponga fin a esta controversia. Lo anterior con el propósito de que el Municipio actor esté en posibilidades de ejercer sus atribuciones, cumplir con sus obligaciones y prestar los servicios públicos en beneficio de la colectividad. La concesión se otorgó destacándose que dicha medida cautelar no afectaría la seguridad y economía nacionales, ni causaría a la sociedad un daño mayor al beneficio que el obtenido por el solicitante.

SÉPTIMO. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiuno de septiembre de dos mil cuatro, Etzael Octavio de Jesús García Padilla, contador mayor de Hacienda del Congreso del Estado, interpuso recurso de reclamación contra el acuerdo de admisión de la demanda de controversia constitucional. En su opinión, la Contaduría Mayor de Hacienda no debía haber sido reconocida como autoridad demandada en el presente asunto.

El veintidós de septiembre se tuvo por interpuesto el recurso, se registró con el número 268/2004-PL y se designó como ponente al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Seguidos los trámites legales, el primero de diciembre de dos mil cuatro la Primera Sala de esta Corte declaró infundados los argumentos de la recurrente y confirmó el acuerdo impugnado.

La Primera Sala determinó que, contra lo alegado por la recurrente, al momento de proveer la admisión de la demanda no se apreciaba ningún motivo manifiesto de improcedencia que afectara a las autoridades señaladas como demandadas. Dado que en el escrito de demanda se atribuían actos a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, lo procedente era reconocerle legitimación ad procesum, razón por la cual el auto resultaba legal. La Primera Sala determinó que, en todo caso, lo alegado por la recurrente podría afectar la legitimación ad causam de la citada autoridad, situación sobre la cual procedía pronunciarse una vez integrada la litis, al momento de dictar sentencia.

OCTAVO. Por escrito presentado ante esta Suprema Co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20677-e9b3da36/controversia-constitucional-el-oficio-lviii-i-184-04 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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