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Modo: Corpus Pro

ACUERDOS EXPEDIDOS POR LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA OMISIÓN DE DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES DE LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD PARA PUBLICARLOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, POR PARTE DEL GOBERNADOR, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y ÉSTA A SU VEZ A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN, VIOLA EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 95/2011. · Registro digital (IUS): 23561
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Pág. 891.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 95/2011. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 8 DE FEBRERO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de febrero de dos mil doce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el dos de septiembre de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauricio Fernández Garza e Hiram Luis de León Rodríguez, en su carácter de presidente municipal y síndico segundo del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente, promovieron controversia constitucional en representación del Municipio de San Pedro Garza García, en la que solicitaron la invalidez de las normas y actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

"Entidad, poder u órgano demandado: Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, secretario general de Gobierno y responsable del Periódico Oficial del Estado."

"Norma general o acto administrativo concreto cuya invalidez se demanda: De las entidades, poderes u órganos demandados se demanda:

"a) La omisión o incumplimiento a la publicación del acuerdo aprobado por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once, no obstante la debida solicitud presentada en la unidad administrativa de la Secretaría General de Gobierno.

"b) El control e intromisión inconstitucional en la esfera municipal de San Pedro Garza García, el veto de bolsillo a las disposiciones administrativas del Republicano Ayuntamiento en general, y en particular, a la publicación del acuerdo aprobado por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once.

"c) Las consecuencias de hecho y de derecho, mediatas e inmediatas del veto de bolsillo, omisión o incumplimiento en la publicación del acuerdo aprobado por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once."

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

1. En fecha veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el decreto expedido por el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, por el que se constituye un solo centro de población de los Municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, Garza García, Santa Catarina y General Escobedo del Estado de Nuevo León y los sujeta en su crecimiento territorial a un mismo plan director de desarrollo, que deberá ser conocido como Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey.

En el artículo 2o. transitorio del decreto publicado el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se dispone que el plan director que se formule, servirá al Congreso del Estado -autoridad competente para fundar los centros de población-, para que determine la existencia de un solo centro de población, sin que a la fecha el Poder Legislativo se haya pronunciado respecto a la fundación del centro de población formado por los Municipios de referencia.

2. El Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León mediante decreto expedido el uno de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, publicado el día último del mismo mes y año en el Periódico Oficial del Estado, aprobó el Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey, presentado por la Comisión de Conurbación conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano en sesión de veinte de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, conforme al cual se regula el ordenamiento de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de la zona conurbada que integran los territorios de los Municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, San Pedro Garza García, Santa Catarina, General Escobedo, García y Juárez del Estado de Nuevo León.

3. Mediante oficio SAJ/246/2004 de fecha ocho de marzo de dos mil cuatro, recibido en la Agencia de Planeación del Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, ahora llamada Secretaría de Desarrollo Sustentable, signado por el ingeniero Alejandro Alberto Carlos Páez y Aragón, presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, con el objeto de determinar la extensión y delimitación de la zona conurbada, así como los mecanismos de planeación de manera conjunta y concurrente.

4. En la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once, el Republicano Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó por unanimidad de once votos, un acuerdo en el que concluyó lo siguiente:

• Exhortó al Congreso y gobernador Constitucional del Estado a que se atienda la falta de pronunciamiento en cuanto a la declaración de un centro de población, a la declaración del fenómeno de conurbación, esto, en participación con los Municipios y la necesaria celebración del convenio para la regulación de la conurbación.

• Que se tenga al Ayuntamiento de San Pedro Garza García, oponiéndose a la vigencia y aplicación del Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey, 1988-2010, en su Matriz de Compatibilidad de Usos del Suelo por Sectores y Distritos del Área Metropolitana de Monterrey y demás disposiciones que contravengan las potestades en la formulación, aprobación y administración de la zonificación, de los usos del suelo contenidos en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal San Pedro Garza García, Nuevo León 2024.

• Que se comunique al gobernador Constitucional del Estado, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a efecto de que no apliquen las disposiciones de los planes de conurbación, en consecuencia a lo resuelto en los puntos anteriores.

• Que se comunique al gobernador Constitucional del Estado y al Congreso del Estado de Nuevo León, a efecto de que revisen los fallos dados por los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, sigan los procedimientos que correspondan y determinen las responsabilidades en que incurren.

• Que el presente acuerdo tiene eficacia a partir de la fecha de aprobación.

• Que se publique el presente acuerdo en el Periódico Oficial y se inscriba en el Registro Público de la Propiedad.

5. Mediante oficio número SA-804/2011 de fecha veinticinco de mayo de dos mil once suscrito por el licenciado Roberto Hugo Ruiz Cortés, secretario del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en cumplimiento al acuerdo del Ayuntamiento, tomado en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once, se solicitó al licenciado Félix Fernando Ramírez Bustillos, responsable de la unidad del Periódico Oficial del Estado, la publicación del acuerdo.

El oficio de solicitud de publicación se recibió y fue sellado de recibido el veintisiete de mayo de dos mil once.

6. Al momento, se ha incumplido con la publicación del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once, lo que se traduce en una lesión al ámbito municipal, al impedir la publicidad y eficacia del acuerdo, haciendo nugatorias las atribuciones de la municipalidad.

7. El Municipio de San Pedro Garza García, tiene promovida diversa acción constitucional ante ese Tribunal Constitucional, por la afectación en la esfera municipal de atribuciones, por el silencio legislativo en el desarrollo de la función urbanística municipal.

TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora aduce como conceptos de invalidez los siguientes:

1. En su primer concepto de invalidez esencialmente el gobernador, secretario de Gobierno y el responsable del Periódico Oficial de la Secretaría General de Gobierno, todos ellos del Estado de Nuevo León, conculcan lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 27, párrafo tercero, 40, 41, 115, fracciones II, V y VI, 120 y 133 de la Constitución Federal, al incurrir en la omisión de la publicación del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de mayo de dos mil once, lo que se traduce en una intromisión y control inconstitucional del Gobierno Estatal hacia el Municipio y su autonomía.

Argumenta que la publicación del acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, no es una facultad discrecional de la autoridad estatal, sino que es una obligación ineludible que tiene que acatar y su incumplimiento resulta violatorio de la autonomía municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracciones II, segundo párrafo y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Municipio de San Pedro Garza García, tiene la facultad de emitir las disposiciones administrativas y demás actos tendientes a efectivar las funciones y servicios de su competencia, por lo que carece de soporte y justificación la omisión de las autoridades del Gobierno del Estado en la publicación del acto del gobierno municipal, emitido por el Ayuntamiento en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once.

La autoridad demandada no tiene facultades de control sobre los actos municipales que le permitan abstenerse de publicar el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil once.

Dicha omisión en la publicación del acuerdo del Ayuntamiento conlleva a la ineficacia e imperfección de las determinaciones realizadas en un acto que reúne los presupuestos para su publicación, siendo debidamente enviado a la unidad administrativa de la Secretaría General de Gobierno, pues hace nugatoria la potestad municipal de emitir las disposiciones administrativas relativas a su competencia en materia de desarrollo urbano.

2. En su segundo concepto de invalidez, la parte actora aduce que el gobernador, el secretario general de Gobierno y el responsable del Periódico Oficial de la Secretaría General de Gobierno, todos del Estado de Nuevo León, conculcan lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 27, párrafo tercero, 40, 41, 115, fracciones II, V y VI, 120, 133 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incurrir en la omisión de la publicación del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de mayo de dos mil once, lo que hace el vicio de inconstitucionalidad, trastocando la esfera municipal de funciones, sin que se funde y motive la conducta y negativa a la publicación de los actos emitidos por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León.

Argumenta que es injusta y carente de justificación que se niegue la publicación del acuerdo del Ayuntamiento, tomado en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once. Es un deber de la autoridad demandada, publicar en el Periódico Oficial del Estado, los actos que se le envíen. Así, presentado por los interesados en la Unidad Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, deben publicarse en el medio de difusión en cumplimiento a la decisión del Ayuntamiento, siendo inconstitucional que se aplique el veto de bolsillo a las disposiciones municipales del Municipio actor. Y que en nuestro sistema jurídico carece de fundamentación el veto de las autoridades estatales a las disposiciones municipales.

Indica que tratándose de disposiciones administrativas municipales, le es prohibido a las autoridades estatales, la intromisión en el régimen interior de las municipalidades, y en el supuesto caso que se considere su vicio, debió acudirse por la entidad federativa en vía de controversia constitucional.

Señala que el control e intromisión de las autoridades demandadas del Gobierno del Estado de Nuevo León es contrario al orden constitucional, pues impiden los efectos de los actos y el cumplimiento de las órdenes del Ayuntamiento de San Pedro Garza García. La omisión de ninguna manera puede estimarse que reúne el requisito constitucional de fundamentación y motivación, por lo que debe declararse la invalidez del acto.

Dicha omisión incumple el requisito de razonabilidad, por lo que es contrario a la Constitución y atenta a la autonomía municipal y la libre hacienda municipal.

CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son 14, 16, 27, párrafo tercero, 40, 41, 115, fracciones II, V y VI, 120 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 95/2011, y por razón de turno designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento.

Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil once, el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo por presentados haciendo valer la presente controversia constitucional al presidente municipal y al síndico segundo del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, reconoció el carácter de demandados al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León y al secretario general de Gobierno de la entidad, mas no así al responsable del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, toda vez que se trata de un servidor público subordinado, y ordenó emplazar a los dos primeros para que formularan su respectiva contestación; finalmente, ordenó dar vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Contestación de la demanda. Javier Treviño Cantú, en su carácter de secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León, en representación del mismo, en su contestación de demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al acreditarse la inexistencia del acto materia de la controversia.

Lo anterior es así porque el secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, únicamente solicitó al responsable del Periódico Oficial del Estado, la publicación del texto contenido en el oficio SA-804/2011, pero en ningún momento en la redacción del precitado oficio, se planteó expresamente solicitud alguna para llevar a cabo la publicación en el órgano informativo gubernamental, del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de la referida municipalidad en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de mayo de dos mil once, cuya omisión de publicarse en el Periódico Oficial del Estado ahora se pretende impugnar.

Incluso que aun cuando hubiera solicitado expresamente la publicación de dicho acuerdo, tal solicitud hubiera sido ineficaz pues las facultades para ordenar la promulgación y publicación de los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas del Ayuntamiento que deben regir en el Municipio corresponden al presidente municipal de conformidad con el artículo 27, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Municipal del Estado de Nuevo León, siendo evidente que en el presente caso las manifestaciones fueron planteadas a título personal por el mencionado secretario del Ayuntamiento.

2. Que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el Ayuntamiento actor carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional.

Esto es así porque en la promoción de la controversia constitucional se debe plantear la existencia de un agravio en perjuicio del promovente, el cual se traduce en una afectación que resientan en su esfera de atribuciones las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizándose dicho interés cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en razón de la situación de hecho en la que ésta se encuentre.

Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 27, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, es el presidente municipal quien se encuentra legitimado para ordenar la publicación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento del Municipio actor durante la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de mayo de dos mil once, por lo que el acto reclamado causaría en todo caso, un agravio al propio titular de la Secretaría de Gobierno del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, pero este agravio no se traduciría en una afectación en la esfera jurídica del Municipio actor, por lo que se considera que el mencionado Municipio carece de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional.

Aunado a que los Ayuntamientos de cada Municipio están integrados por el presidente municipal, los regidores y los síndicos, esto es, entre los integrantes del Ayuntamiento no está comprendido el secretario del mismo, es decir, éste carece de facultades para representar al Municipio.

3. Señala que los conceptos de invalidez expresados por la parte actora en el escrito de demanda son inoperantes e infundados.

Que la parte actora se limitó a exponer meras afirmaciones subjetivas que no constituyen propiamente un agravio, puesto que no señala concretamente cuál de las autoridades demandadas (gobernador, secretario general de Gobierno y responsable del Periódico Oficial, todos del Estado de Nuevo León) omitieron publicar el acuerdo que refiere, además, no expone los razonamientos lógicos jurídicos en que se apoyan para concluir que existió una intromisión y control constitucional del Gobierno Estatal hacia el Municipio y que se haya trastocado la esfera municipal de funciones sin que se funde y motive dicha conducta.

Asimismo, que contrario a lo aducido en la demanda que originó la presente controversia, el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, por conducto de su representante legalmente competente para ordenar la publicación de los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas que deben regir al Municipio, nunca solicitó textualmente ni de forma expresa a alguna autoridad estatal la publicación en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo emitido en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de mayo de dos mil once, por lo que en tal virtud, es evidente que no se acredita alguna invasión por parte del Estado, a la esfera jurídica de dicha municipalidad, quedando de manifiesto que no existe constitucionalidad que analizar respecto de algún acto u omisión de la autoridad.

SÉPTIMO. Contestación de la demanda. Hugo Alejandro Campos Cantú, en su carácter de consejero jurídico del gobernador del Estado de Nuevo León en representación del Poder Ejecutivo del mismo Estado, en su contestación de demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. Que debe sobreseerse la presente controversia constitucional, ya que en la especie se actualiza lo previsto en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, pues los actos que se reclaman no son atribuidos al gobernador del Estado ya que dichos actos le corresponden al responsable del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, pues el gobernador del Estado no cuenta con atribuciones para dirigir la edición y publicación del Periódico Oficial del Estado.

Es por ello que si lo que se reclama al gobernador del Estado es la omisión en la publicación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once, cabe concluir que no es un hecho propio imputable al gobernador del Estado de Nuevo León.

2. Indica que los actos cuya invalidez se reclaman no son atribuidos al gobernador del Estado, ya que por disposición legal le corresponden al responsable del Periódico Oficial, de acuerdo a lo establecido por los artículos 20, fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 9, fracción I, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

OCTAVO. Opinión de la procuradora general de la República. La procuradora general de la República al emitir su opinión, en síntesis manifestó:

La suscrita considera que las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por las demandadas deberán desestimarse, pues, por un lado, en el presente juicio se argumenta que la autoridad demandada dejó de hacer lo que a su competencia corresponde -acto omisivo-, y a fin de determinar la existencia del acto impugnado, se hace indispensable analizar el orden jurídico establecido en torno a la obligación que se dice evadida, lo que involucra el estudio del fondo de la presente controversia constitucional.

Y que, por otro lado, el secretario general de Gobierno, niega que se haya solicitado formalmente la publicación del acuerdo aprobado por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en la sesión de Cabildo de 25 de mayo de 2011 haciéndose necesario el análisis del acervo probatorio, lo que involucra también el estudio del fondo del asunto.

En cuanto a los conceptos de invalidez debe señalarse que, contrariamente a lo afirmado por el secretario general de Gobierno de Nuevo León, sí se solicitó la publicación del acuerdo tomado por el Ayuntamiento actor, en sesión de Cabildo de veinticinco de mayo de dos mil once, puesto que:

a) La petición se fundamentó en el numeral 10, fracción VI, de la Ley del Periódico Oficial local, el cual se refiere a que serán materia de publicación en el citado órgano de difusión, entre otros, los acuerdos expedidos por los republicanos Ayuntamientos;

b) Se señaló textualmente "me permito solicitarle la publicación de lo siguiente" y se transcriben textualmente los puntos resolutivos del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento, cuya inserción en el Periódico Oficial local se solicita; y,

c) Se anexa copia del acuerdo tomado por el Ayuntamiento actor, en sesión de Cabildo de veinticinco de mayo de dos mil once y la promulgación realizada por el presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Lo anterior, no obstante que en el cuerpo del citado oficio SA-804/2011, no se señale expresamente que se solicita la publicación del acuerdo de Cabildo de veinticinco de mayo de dos mil once, pues de la lectura íntegra del oficio de mérito, así como de las documentales y archivo electrónico que se acompañaron al mismo, se puede desprender cual es la petición realizada por el secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León.

Por otra parte, señala que son infundados los argumentos del secretario de Gobierno demandado, en cuanto a que el secretario no puede solicitar la publicación del acuerdo respectivo por ser una facultad del presidente municipal conforme a la legislación local.

Lo anterior es así puesto que, si bien es cierto que al presidente municipal le corresponde la facultad de ordenar la promulgación y publicación de los acuerdos del Ayuntamiento, no menos cierto es que el citado Municipio ordenó la publicación en el Periódico Oficial Local y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad (acuerdo sexto), siendo responsabilidad del secretario del Ayuntamiento velar por su cumplimiento en atención a lo dispuesto por el artículo 77, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.

Considera que al haberse acreditado el derecho del actor para que se publique en el Periódico Oficial local el acuerdo de mérito y no haberse demostrado el cumplimiento de la correspondiente obligación por parte del secretario de Estado ahora demandado, resulta fundada la presente controversia constitucional.

NOVENO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO. Dictamen. Previo dictamen formulado por el Ministro instructor, por auto de nueve de enero de dos mil doce, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó remitir el asunto para su avocamiento y resolución a la Primera Sala de este Alto Tribunal.

DÉCIMO PRIMERO. Avocamiento. Mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil doce, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó avocarse al conocimiento del asunto, y devolver los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para formular el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 5/2001, punto tercero, fracción I y 3/2008, considerando cuarto y punto único, emitidos por el Tribunal Pleno, el veintiuno de junio de dos mil uno y el diez de marzo de dos mil ocho, respectivamente, lo anterior, toda vez que se plantea un conflicto entre el Municipio de San Pedro Garza García del Estado de Nuevo León y el Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, en que, en virtud de no impugnarse una norma de carácter general, se estima innecesaria la intervención del Pleno.

SEGUNDO. Cuestión efectivamente planteada. De la demanda de controversia constitucional se advierte que la parte actora impugna lo siguiente:

"a) La omisión o incumplimiento a la publicación del acuerdo aprobado por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once, no obstante la debida solicitud presentada en la unidad administrativa de la Secretaría General de Gobierno.

"b) El control e intromisión inconstitucional en la esfera municipal de San Pedro Garza García, el veto de bolsillo a las disposiciones administrativas del Republicano Ayuntamiento en general, y en particular, a la publicación del acuerdo aprobado por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once.

"c) Las consecuencias de hecho y de derecho, mediatas e inmediatas del veto de bolsillo, omisión o incumplimiento en la publicación del acuerdo aprobado por el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once."

De conformidad con el artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) esta Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará los actos para determinar la cuestión efectivamente planteada.

De lo anteriormente plasmado se advierte que lo impugnado al Poder Ejecutivo del Estado es la omisión o incumplimiento a la publicación del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once, así como las consecuencias de hecho y de derecho que se desprenden del mismo. Así, lo que se señala como el control e intromisión inconstitucional en la esfera municipal de San Pedro Garza García y el veto de bolsillo a las disposiciones administrativas del Ayuntamiento en general, se trata de argumentos en contra de dichos actos impugnados que no constituyen actos en sí mismos.

Por tanto, debe señalarse que se tiene como actos reclamados la omisión o incumplimiento a la publicación del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once, así como las consecuencias de hecho y de derecho que se desprenden del mismo.

TERCERO. Oportunidad. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

De lo planteado en la demanda de controversia constitucional se desprende que el Municipio actor demanda la omisión o incumplimiento a la publicación del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, en la sexagésima tercera sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil once, no obstante la debida solicitud presentada en la unidad administ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23561-da04d8eb/acuerdos-expedidos-por-los-ayuntamientos-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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