SUBSIDIOS FEDERALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL. SON DE NATURALEZA DISTINTA A LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 83/2003. MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, ESTADO DE OAXACA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIOS: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA Y LAURA
PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de marzo de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el veintidós de septiembre de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ángel Luis de Jesús Andrade Chazaro, quien se ostentó como síndico procurador del Municipio de Salina Cruz, Estado de Oaxaca, promovió en representación de éste, controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisan:
"La entidad, poder órgano demandado y su domicilio: a) El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, constituido por el Congreso Constitucional del Estado, con domicilio en el recinto oficial de dicho poder en el Estado, llamado Palacio Legislativo, ubicado en Avenida Juárez, frente al parque ‘El Llano’, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; b) El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, el cual de conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se ejerce por un solo individuo que se denominará gobernador del Estado; y en su doble carácter de presidente del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, con domicilio bien conocido en el primer piso del Palacio de Gobierno del Estado de Oaxaca, en el Primer Cuadro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000; c) El secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca, con el mismo domicilio de la autoridad anterior; d) También al coordinador general del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (Coplade), con domicilio en avenida Belisario Domínguez No. 809, colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050. Norma general o acto cuya invalidez se demanda: La norma general cuya invalidez se reclama es: I) La Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado ‘Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca’, publicada en el Periódico Oficial ‘Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca’, el 18 de marzo de 1981; II) Los actos cuya invalidez se demandan son el Convenio de Desarrollo Social 2002, suscrito por el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, celebrado con fecha 28 de octubre del año 2002 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 11 de diciembre del año 2002, en la 1a. sección, página 29, así como el anexo de ejecución 07/02, Pemex-Oaxaca 2002, y como consecuencia el acto de aplicación de dicho convenio consistente en el oficio número CG/106/02, de fecha 6 de agosto de 2003, en el cual el C. coordinador general de Coplade en el Estado de Oaxaca, aplica precisamente el referido convenio y el anexo de ejecución antes mencionado en perjuicio del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca. Así también se demanda la invalidez de todos los actos que son o lleguen a ser consecuencia de la aplicación de los preceptos de la citada Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado ‘Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca’, sobre todo por lo que hace a la creación, organización y funcionamiento de dicho comité, incluyendo en forma específica los actos tendientes al ejercicio de las atribuciones y funciones que la ley que se combate otorga a dichas ‘autoridades intermedias’ en perjuicio del Municipio actor. Así también, todos los actos que son o lleguen a ser consecuencia de la aplicación de la referida Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (Coplade), por lo que hace a la administración, distribución, ejecución, ejercicio y fiscalización de las participaciones y aportaciones federales que corresponden al Municipio actor."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, los siguientes:
"Manifestaciones de los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demanda: Bajo protesta de decir verdad, mediante oficio número GCDS-SZPS-0127/2003, de fecha 9 de junio del año 2003, la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social Superintendencia Zona Pacífico Sur, por conducto de su representante C. Ing. Rogelio Ríos Benítez, hizo saber al C. director jurídico y de gobierno del Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, los donativos y donaciones autorizados por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para el Municipio de Salina Cruz, durante los años 2002 y 2003, haciendo la aclaración y precisando que algunos aprovechamientos se efectuaron a través de Coplade del Estado de Oaxaca, en diversas fechas precisadas. En razón de lo anterior, con fecha 5 de agosto del año en curso, mediante oficio número 0116/03, dirigido al director de Coplade del Gobierno del Estado de Oaxaca y suscrito por el C. Víctor Rafael González Manríquez, en su carácter de presidente municipal constitucional del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, le hizo el siguiente requerimiento:
"Sello: "Dependencia:
"H. Ayuntamiento "Presidencia
"Constitucional "Municipal.
"Municipal. Salina "Expediente:
"Cruz, Oax., 2002-2004. "VRGM/Coplade/2003
"Oficio No. 0116/03
"C. director de Coplade del
"Gobierno del Estado de Oaxaca.
"Oaxaca, Oax.
"Presente.
"Salina Cruz, Oaxaca, a 5 de agosto de 2003
"En mi carácter de presidente municipal constitucional del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, y en atención a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y la facultad de manejar su patrimonio propio, así como administrar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, y de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor; por su parte la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, específicamente en su artículo 1o., establece: ‘La Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Oaxaca, para cubrir los gastos de su administración y demás obligaciones a su cargo, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos por concepto de impuestos, aprovechamientos y participaciones en ingresos federales y estatales que anualmente establezca la Ley de Ingresos Municipales’; ahora bien, la Ley de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca, de los ejercicios fiscales 2002 y 2003, entre otros ingresos, establece la de los aprovechamientos derivados de recursos transferidos al Municipio, entendiéndose como aprovechamientos según lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, a las cesiones, herencias, legados, donaciones, adjudicaciones, etc., que perciban los Municipios; de las anteriores consideraciones de derecho, la empresa Petróleos Mexicanos como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, constituido según decreto de fecha 7 de junio de 1938, con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrante de la administración pública federal, a través de su consejo de administración, efectuó varios donativos y/o donaciones a favor del Municipio que represento, mismos que fueron entregados al Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de Coplade el día 7 de mayo del año 2003, los cuales se hacen consistir en la siguiente descripción:
Ver descripción
"Ahora bien, por imperativo constitucional, los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, por lo que no debe existir ningún intermediario para administrar su hacienda municipal, en tal virtud y toda vez que Petróleos Mexicanos hizo saber de tales beneficios al Ayuntamiento que represento, el día nueve de junio del año en curso, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca que establece literalmente: ‘Los aprovechamientos a que se refiere este capítulo, deberán ingresar al erario municipal, tratándose de numerario o al inventario de bienes patrimoniales tratándose de bienes muebles o inmuebles, en un plazo no mayor de setenta y dos horas contados a partir del momento en que tales bienes o recursos sean del conocimiento de la autoridad municipal’, por tales consideraciones de hecho y derecho solicito ponga a disposición de la hacienda municipal en efectivo, la cantidad arriba precisada, que debió hacerlo dentro del término señalado por la ley, pero ahora lo requiero para que lo haga dentro del término legal a que se refiere el artículo 154 de la vigente Ley de la Hacienda Municipal para el Estado de Oaxaca, para que previo los trámites legales se ingrese al erario municipal. Fundo además mi petición en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que imponga la obligación a la autoridad a quien se dirija la petición de contestarla por escrito en el término de diez días. Sin otro particular, le agradeceré la atención y debido cumplimiento que dé a mi petición.
"Atentamente:
"Sufragio efectivo. No reelección
"‘El respeto al derecho ajeno es la paz’.
"C. Víctor Rafael González Manríquez
"Presidente municipal constitucional."
"Mediante oficio número CG/106/02, de fecha 6 de agosto del año 2003, suscrito por el C. Ing. Adolfo Toledo Infanzón, coordinador general de Coplade del Gobierno del Estado de Oaxaca, dio respuesta al requerimiento que antecede en los siguientes términos:
"C. Víctor Rafael González Manríquez
"Presidente municipal constitucional
"De Salina Cruz, Oax.
"Presente:
"Relacionado al oficio 0116/03, expediente VRGM/Coplade/2003, de fecha 5 de agosto del presente año, me permito informarle que el Gobierno del Estado de Oaxaca firmó el anexo de ejecución al Convenio de Desarrollo Social 2002, con fundamento en los artículos 26 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, 34 y 44 de la Ley de Planeación; 81 y 82 de la Ley General de Bienes Nacionales; 2o., 4o., 5o. y 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 46 y 76 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 1o., 2o., 11, 14, 17, 22, 57, 59 y 65 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los aplicables de su Reglamento; 23 y 34 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002; 1o., 2o., 3o., 4o., 6o., 8o., 10, 11 y 12 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; 1o., 4o., fracción XIII y 13, fracciones I, IV, IX y XII, incisos d) y e) del Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos; quinto, noveno, undécimo, vigésimo segundo y demás relativos de los lineamientos para el otorgamiento de donativos y donaciones a terceros por parte de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como por lo establecido en los artículos 66, 79, fracción XIX y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1o. y 14 de la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca; 1o., 3o., 4o. y 5o., de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y las cláusulas primera, segunda, novena y las demás aplicables del capítulo de estipulaciones finales del Convenio de Desarrollo Social 2002 que suscriben el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Por otra parte me permito aclararle que los donativos y/o donaciones que autorizó el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y fueron entregados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, son cumplimiento al Anexo de Ejecución 07/02 al convenio de desarrollo social suscrito entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Oaxaca, comprometiéndose el primero a aportar al Estado de Oaxaca a través de Petróleos Mexicanos, efectivo y bienes en especie para apoyar la realización de obras de mantenimiento y construcción de infraestructura camionera, vial, hidráulica y urbana; y la realización de programas productivos y de desarrollo social; construcción y reparación de la infraestructura vial y carretera estatal, así como la operación del parque vehicular y de la maquinaria destinados a la realización de dichas obras y programas al combate de incendios y la operación de las aeronaves del Gobierno del Estado de Oaxaca y el segundo se compromete a ejercerlos en las acciones antes descritas. Por lo anteriormente expuesto le informo que su solicitud no es procedente toda vez que los donativos y/o donaciones en cuestión fueron realizados al Gobierno del Estado Oaxaca en cumplimiento al anexo de ejecución 07/02, Pemex-Oaxaca 2002. Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, me es grato suscribirme.
"Atentamente:
"Sufragio efectivo. No reelección
"'El respeto al derecho ajeno es la paz'.
"El coordinador general del Coplade.
"Ing. Adolfo Toledo Infanzón."
"El contenido del oficio fue notificado el día 11 de agosto del año 2003, en la Secretaría Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, que sin duda alguna los argumentos vertidos en el referido oficio, así como los preceptos legales que invocan, resultan ser contrarios al espíritu del Congreso de la Unión al haber concedido a los Municipios en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de gozar de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como administrar libremente su hacienda, tal y como más adelante se demostrará y es el motivo por el cual acudo ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en demanda de los derechos de mi representada."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hacen valer los promoventes, son los siguientes:
"Primero. Los actos del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, la aprobación y promulgación de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, específicamente por lo que hace a los artículos 1o., 3o., 4o., 5o. y 6o., que faculta al comité por conducto de sus integrantes, para el proceso de planeación, programación, evaluación, como en la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, así como fungir para proponer al Gobierno Municipal medidas de carácter jurídico, administrativo y financiero, necesarias para el cumplimiento de las funciones y la consecuencia de los objetivos del propio comité, así como la facultad que otorga a su presidente para estimular la cooperación de los sectores social y privado en las tareas relativas a la planeación, programación y ejecución de los proyectos de desarrollo, así como la facultad que confiere al secretario técnico para ejecutar las tareas especiales que le encomiende el presidente del comité. Facultades que al ser ejecutadas no deja lugar a dudas de que se trata de autoridades intermedias existentes entre el Ejecutivo del Estado y el Gobierno Municipal, prohibidas por la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Los actos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, cuya invalidez se demanda, son: El decreto y publicación de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca. Ley que al ser aplicada al Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, le causa agravios ya que contravienen el precepto contenido dentro de la fracción I del artículo 115 constitucional, numeral que estipula a la letra: ‘Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado’. En la especie, el precepto constitucional aludido establece en su párrafo primero en lo que interesa: ‘Los Estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre; ...’. Asimismo, los actos cuya invalidez se demandan, son lesivos de los preceptos constitucionales contenidos dentro de la fracción IV del artículo 115 constitucional, que a la letra dice: ‘Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor; ...’, y en el caso que nos ocupa los actos del titular del Ejecutivo Estatal afectan el espíritu y vulneran la esencia de nuestro máximo pacto político del numeral de referencia. En tal sentido, cabe efectuar diversas reflexiones sobre la correcta interpretación del texto constitucional; qué se entiende por Municipio Libre, esto es, un ente dotado de autonomía y la libre administración de su patrimonio a través de su Ayuntamiento. El patrimonio municipal es el acervo de bienes y obligaciones, propiedad de la comunidad, la que a través de las instancias administrativas del Gobierno Municipal lo maneja y administra por disposición constitucional expresa contenida dentro de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El carácter y las modalidades del patrimonio de los Ayuntamientos, son establecidos de una forma genérica por la Constitución General y se definen bajo el principio de la autonomía municipal y de la libre administración de los recursos de los Ayuntamientos, principios éstos, que constituyen la esencia de un régimen republicano que tiene como su base y sustento la división territorial en entidades federativas libres y soberanas y como piedra angular del gobierno representativo a la organización político-administrativa, al Municipio Libre. Una cabal interpretación de la fracción IV del multicitado artículo 115 constitucional, nos permite concluir que al disponerse en nuestra Carta Magna, la libre administración de la hacienda municipal por parte de los Ayuntamientos y que esa hacienda municipal, la constituyen tal y como expresamente lo reconoce la señalada fracción, tanto los rendimientos de los bienes como las contribuciones y otros ingresos, tendremos el concepto de lo que a la luz de nuestra Constitución debe entenderse como hacienda municipal y, consecuentemente como patrimonio municipal. Aunado a la estipulación expresa descrita en el párrafo que antecede, encontramos dentro del mismo precepto constitucional, disposiciones diversas que permiten delinear e identificar el carácter del patrimonio municipal, este concepto debe ubicarse siempre bajo el binomio de ‘manejo autónomo presupuestal-Municipio Libre’, y como manejo autónomo presupuestal debe de entenderse la facultad que la Ley Suprema y la normatividad secundaria, reconocen a los Ayuntamientos para ejercer de una manera libre e independiente los recursos que legítimamente le corresponde a cada municipalidad. Ese manejo libre e independiente, implica la soberana potestad de los Ayuntamientos, de determinar con la sola limitación que les fije la ley, el uso y destino de los recursos que a cada Municipio corresponden. La libre administración de la hacienda municipal y el libre ejercicio de los recursos y aprovechamientos de los Ayuntamientos, no debe tener como limitante más que la propia normatividad, y el puntual apego a los principios que rigen las actividades de la administración pública. En la especie, Petróleos Mexicanos a través de su consejo de administración autorizó ciertos donativos y donaciones al Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, durante los años 2002 y 2003, mismos que en su mayoría fueron entregados al Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, para que éste a su vez nos hiciera entrega de los mismos, pero resulta que, como se aprecia en el contenido del oficio No. CG/106/02 de fecha 6 de agosto de 2003, transcrito con anterioridad, dichos donativos y donaciones para el Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, por parte de Pemex se niega a entregarlos al Ayuntamiento que represento, porque según dichos donativos y donaciones fueron realizados al Gobierno del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a un supuesto Anexo de Ejecución 07/02, Pemex-Oaxaca 2002. Sin embargo, y aun cuando desconocemos el contenido del referido anexo de ejecución, éste no puede estar por encima de lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El anterior argumento tiene sustento dentro de la propia Constitución Federal en el multicitado artículo 115, fracción IV, el cual en su parte final, señala de una manera expresa que la hacienda municipal, se integrará con las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor; de ahí que en el punto concreto analizado, estemos en la posibilidad de concluir que las donaciones y donativos efectuados por Petróleos Mexicanos, a través de su consejo de administración al Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, sin duda alguna, forman parte de la hacienda municipal del Ayuntamiento compareciente, desde el momento en que fueron autorizados y entregados a un Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, figura que a la luz de la verdad es totalmente inconstitucional, toda vez que de manera clara y por dispositivo constitucional se establece que no habrá autoridad intermedia alguna entre los Municipios y el Gobierno del Estado; por su parte la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, específicamente en su artículo 1o., establece: ‘La hacienda pública de los Municipios del Estado de Oaxaca, para cubrir los gastos de su administración y demás obligaciones a su cargo, percibirá en cada ejercicio fiscal los ingresos por concepto de impuestos, aprovechamientos y participaciones en ingresos federales y estatales que anualmente establezca la Ley de Ingresos Municipales’; ahora bien, la Ley de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca, de los ejercicios fiscales 2002 y 2003, entre otros ingresos, establece la de los aprovechamientos derivados de recursos transferidos al Municipio, entendiéndose como aprovechamientos según lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, a las cesiones, herencias, legados, donaciones, adjudicaciones, etcétera, que perciban los Municipios, consecuentemente todas las donaciones y donativos efectuados al Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, forman parte de su hacienda municipal. Lo anterior radica en la medida que existe una exacta concordancia entre el caso concreto que nos ocupa y lo estipulado dentro de la parte final de la fracción IV del artículo 115 constitucional, puesto que si a través de una disposición legislativa emanada del Congreso de la Unión, se establece el derecho real de todos y de cada uno de los Ayuntamientos de todo el país de percibir las contribuciones y de otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, dichas cantidades forman parte ipso facto de la hacienda municipal, así lo interpretaron debidamente los legisladores del Congreso del Estado de Oaxaca cuando robustecen la idea constitucional mediante la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Oaxaca, que en su artículo 154 en forma clara y precisa establece: ‘Los aprovechamientos a que se refiere este capítulo, deberán ingresar al erario municipal, tratándose de numerario o al inventario de bienes patrimoniales tratándose de bienes muebles o inmuebles, en un plazo no mayor de setenta y dos horas contados a partir del momento en que tales bienes o recursos sean del conocimiento de la autoridad municipal’, y al no haber ingresado hasta el momento las donaciones y donativos que Petróleos Mexicanos ha otorgado durante los años 2002 y 2003 para el Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, sino por el contrario los retiene para aplicarlos, administrarlos o, en su caso, ejecutar obras dentro del Municipio de Salina Cruz, sin que el Municipio en la administración de dichos recursos tenga mayor intervención que el de espectador. Ahora bien, el convenio por el que el órgano de gobierno denominado Coplade, pretende justificar su proceder para retener las donaciones y donativos de Petróleos Mexicanos al Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, por los años 2002 y 2003, evidentemente que se torna inconstitucional, toda vez que la vigencia de dicho convenio no puede estar por encima de la norma constitucional plasmada en el artículo 115 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es por ello que no nos quedó otro camino que acudir ante este Alto Tribunal de la Nación a dirimir en controversia constitucional, la invasión de la esfera del Gobierno Municipal por parte de un órgano de gobierno denominado Coplade como autoridad intermedia y del propio Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Consideramos que es procedente nuestro reclamo ya que todo intento de intromisión respecto al patrimonio municipal, por conducto de cualesquier autoridad, en cuanto al manejo, administración, supervisión, revisión o mecanismo de injerencia análogo independientemente del nombre que se le asigne, es transgresor de disposiciones constitucionales y violatorio de la fracción IV del artículo 115 constitucional. Por tanto, en la especie, deben de entenderse como lesivos a la norma constitucional, los hechos y las omisiones del titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que han quedado descritos dentro de los actos cuya invalidez se reclama, de esta controversia. Es de aplicarse en este caso, lo que al respecto ha decidido, en otra ocasión esta Suprema Corte de Justicia: ‘MUNICIPIOS, LIBRE ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES POR LOS. Es de estimarse inconstitucional, el acto del gobernador de un Estado, por el cual se incauta de los arbitrios municipales, pues el Constituyente ha querido que los Ayuntamientos, como expresión directa de la voluntad del pueblo, sean los administradores de sus intereses y constituyan la base de una organización política y administrativa de todo punto independiente; todo lo cual indica que no se le puede privar de su derecho para administrar los bienes municipales. Además cualesquiera ley en que se apoye un gobernante para sustituirse en las atribuciones administrativas de los Ayuntamientos, es enteramente anticonstitucional, y no debe ser obedecida, por ser contraria al artículo 115 constitucional, que sienta las bases de la organización política de México, sobre los principios del respeto al Municipio Libre y la administración de sus bienes, sin intervención de ninguna otra autoridad. Por tanto debe de concederse el amparo contra el acto del gobernador, por ser éste violatorio de garantías y asimismo respecto a las autoridades ejecutoras, pues se trata de una ejecución inminente que constituye una amenaza trascendental para las instituciones y para los derechos consagrados a favor de los Municipios. Tomo LXI, página 5201. Amparo administrativo en revisión 4600/39. Ayuntamiento de Álamo Temapache, Veracruz. 29 de septiembre de 1939. Mayoría de votos.’. Por los razonamientos y fundamentaciones vertidos dentro de este apartado, es que deben de considerarse como violatorios de disposiciones constitucionales, los actos y omisiones del Congreso del Estado de Oaxaca; así como del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en su doble carácter, como presidente del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Oaxaca, así como del coordinador general del organismo de gobierno mencionado (Coplade), descritos en el cuerpo de la presente demanda; de tal suerte que en atención a la naturaleza de los mismos, deba decretarse la invalidez de los actos materia de la presente controversia. Tercero. Por lo que se refiere a las transgresiones derivadas de los actos y omisiones del Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en su doble carácter ya mencionado, como gobernador constitucional y como presidente del organismo Coplade, así como del coordinador general del mismo organismo Coplade, a la fracción II del artículo 115 del Pacto Federal, es preciso destacar en primer término el espíritu que animara al Constituyente de 1917 en el tema concreto del manejo del patrimonio por parte de los Ayuntamientos. En tal sentido destaca la discusión que tuviera lugar en el Congreso Constituyente de 1916-1917 en la 59 sesión ordinaria del día 24 de enero de 1917, en la referida sesión ya se preveía que ‘los conflictos hacendarios entre los Municipios y los poderes de un Estado, los resolvería la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los términos que establezca la ley.’. En dicho orden de ideas, el Congresista Hilario Medina sostenía que ‘nosotros queriendo respetar a la autonomía local hasta un grado extremo, y suponiendo que lo esencial de la vida municipal estriba en la cuestión económica, hemos creído que sólo la cuestión económica era la que valía la pena que tuviera una intervención protectora de la Suprema Corte de Justicia. Los Municipios, al salir a la vida libre, van a tropezar con muchas dificultades, van a tener enemigos entre los antiguos elementos que probablemente, acaso lleguen a deslizarse en los puestos públicos; de tal manera que van a necesitar un sistema de vigilancia legal para que no tropiecen desde un principio con dificultades y puedan tener autonomía propia, y de esa manera y queriendo respetar hasta donde sea posible la soberanía local, hemos creído que era conveniente que en sólo cuestiones hacendarias resuelva la Suprema Corte de Justicia ¿por qué no resuelve la Legislatura Local o el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? Porque hem
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19013-16976844/subsidios-federales-para-el-desarrollo-social-son-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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