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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO EL MUNICIPIO ACTOR PARA IMPUGNAR ACTOS QUE SÓLO AFECTEN INDIVIDUALMENTE A ALGUNO DE LOS MIEMBROS QUE OCUPAN UN CARGO EN EL AYUNTAMIENTO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/2003. · Registro digital (IUS): 18582
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, ESTADO DE ZACATECAS.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, , Pág. 875.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/2003. MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, ESTADO DE ZACATECAS.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de julio de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el veintitrés de enero de dos mil tres en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Efraín Pérez Ibarra, quien se ostentó como presidente del Municipio de Ojocaliente, Estado de Zacatecas, promovió controversia constitucional en representación de éste, en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por la autoridad que a continuación se señala:

"I. La demandada lo es la Quincuagésimo Séptima Legislatura del Estado, quien tiene su domicilio en Fernando Villalpando s/n centro de esta ciudad de Zacatecas. ... IV. El acto reclamado es la aprobación del dictamen emitido por la Legislatura del Estado de Zacatecas el pasado veintisiete de diciembre, por el cual se aprobó la imposición de una sanción consistente en la suspensión de sus funciones por treinta días al presidente municipal de Ojocaliente, Zacatecas, así como una multa de 100 salarios mínimos. ..."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron, en síntesis, los siguientes antecedentes:

1. Que el diecinueve de febrero de dos mil dos, Luis Javier Medellín Cruz, Juan Ortiz Martínez y Eladio Velásquez presentaron ante la Legislatura del Estado de Zacatecas, denuncia, donde solicitaron juicio político en contra del presidente del Municipio actor por distintas irregularidades. La denuncia se registró con el número DD/062/2002.

2. Que el primero de octubre de dos mil dos, Antonio Saucedo Serrano, Hermelinda Flores García, Aldo César Martínez Santacruz, José Carlos Salas Morales, Héctor Batres Candelas, J. Guadalupe Bustos Montañes, María del Carmen Ibarra Vargas, Ana Berta Dávila R., Margarita Cerros Guevara y Martín Román, presentaron denuncia donde solicitaron juicio político en contra del presidente municipal de Ojocaliente, Estado de Zacatecas, alegando ciertas irregularidades. La denuncia se registró con el número de expediente DD/113/2002, erróneamente transcrito por el actor como DD/1134/2002.

3. Que el once del mismo mes y año, algunos miembros del Ayuntamiento de Ojocaliente, Zacatecas, presentaron denuncia en la que solicitaron que se iniciara un procedimiento administrativo en contra del presidente municipal, en virtud de una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. La denuncia se registró con el número DD/114/2002.

4. Que el veinticuatro de octubre de dos mil dos, Antonio Mercado López y Manuel Eulalio Montes Huitrón, ampliaron la denuncia presentada el uno de octubre de dos mil dos, la cual se integró al expediente DD/113/2002.

5. Que una vez notificado de las citadas denuncias, el presidente municipal de Ojocaliente, Zacatecas, presentó los informes requeridos a manera de contestación en fechas veintiuno, veintidós y veinticinco de octubre y cinco de noviembre de dos mil dos, respectivamente.

6. Que como resultado del trámite de las citadas denuncias, en sesión de veintisiete de diciembre de dos mil dos, la Quincuagésimo Séptima Legislatura del Estado de Zacatecas, aprobó el dictamen presentado a su consideración, en el cual se resolvió la aplicación de una sanción consistente en la suspensión de su cargo al presidente municipal de Ojocaliente, Zacatecas, por un lapso de treinta días, además de una sanción económica consistente en multa de cien días de salario mínimo.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, en síntesis, son los siguientes:

1. Que la resolución impugnada es violatoria del artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las causas por las cuales se suspendió al presidente municipal no son de las consideradas como graves, de conformidad con el artículo 69 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas, toda vez que el artículo constitucional prevé que para que se suspenda el mandato a un miembro del Ayuntamiento debe ser por causas graves previstas en la legislación local.

Apoya lo anterior en la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA REVOCA EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR ACREDITADO QUE INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS EN LA LEY LOCAL, INFRINGE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ DEL DECRETO RELATIVO (ESTADO DE MÉXICO)."

2. Que se viola lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, dado que la resolución emitida por el Congreso Estatal no respetó las formalidades esenciales del procedimiento; no está debidamente fundada ni motivada; y no se hizo un estudio exhaustivo de las pruebas e informes aportados y, como consecuencia la resolución impugnada, contiene diversas apreciaciones erróneas, como son:

a) Que el presidente municipal de Ojocaliente, Zacatecas, rindió un informe falso al Congreso Estatal, en relación con la persona que funge como director de Obras y Servicios Públicos del Gobierno Municipal, siendo que no negó la falta de atribuciones de la persona que se ostentaba como tal.

b) Que el hecho de que el citado presidente hubiera ignorado que Raúl Martínez Vargas, ostentándose indebidamente como director de Obras y Servicios Públicos, despidió injustificadamente a varios empleados del Ayuntamiento, lo hizo responsable de negligencia, por no haber vigilado el funcionamiento de las áreas administrativas del Gobierno Municipal, lo cual fue incorrecto, ya que lo relativo al personal le corresponde directamente al tesorero y no al presidente.

c) Que la sanción consistente en la suspensión por un periodo de treinta días se fundó en una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin señalar el fundamento legal que autorice al Congreso del Estado para acatar dicha recomendación, y con base en ella aplicar una sanción, pues sólo se trata de una recomendación y ésta no surte efectos obligatorios para quien la recibe y menos puede ser el sustento para que otra autoridad aplique una sanción.

3. Que la sanción que se intenta aplicar se acordó sin antes haber agotado la investigación o estudio del asunto, pues se dejó pendiente la realización de las diligencias ordenadas, que se hacen consistir en auditorías integrales que tuvieron que haberse agotado previamente para después poder emitir el dictamen que hoy se impugna y, por tanto, se violaron los artículos 14, 16, 17 y 115 constitucionales, en perjuicio del Municipio actor.

4. Que el dictamen contiene graves deficiencias en su elaboración y en el procedimiento seguido para dictaminar la sanción en contra de la integración del Ayuntamiento, ya que no podía aplicarse una sanción que no se encontrara debidamente fundada y motivada y, sobre todo, no podía aplicarse una sanción cuando no existían elementos de prueba suficientes que respaldaran la sanción que se pretendía aplicar.

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados, son: 5o., 14, 16, 17 y 115, fracción I, tercer párrafo.

QUINTO. Por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar bajo el número 6/2003 el expediente relativo a la presente controversia constitucional, la cual por razón de turno correspondió conocer al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, como instructor del procedimiento.

Por auto de veintisiete de enero de dos mil tres, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a la autoridad demandada para la formulación de su respectiva contestación; y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

Mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil tres, el Ministro instructor concedió la suspensión respecto de los efectos y consecuencias del acto impugnado, para que las cosas se mantuvieran en el estado en el que se encontraban al momento de conceder la medida cautelar.

SEXTO. El Congreso del Estado de Zacatecas al contestar la demanda, en síntesis, adujo lo siguiente:

1. Que el presidente municipal de Ojocaliente, Zacatecas, promueve la presente controversia constitucional, en representación del propio Municipio, sin tener facultades para ello, toda vez que, en términos de los artículos 28, 29, 30 y 78 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, la representación jurídica del Ayuntamiento recae exclusivamente en el síndico municipal. Que como consecuencia de lo anterior, la presente controversia constitucional es improcedente, toda vez que el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, en ninguno de sus incisos prevé la hipótesis de procedencia de controversia constitucional que se suscite entre un Estado y un presidente municipal.

Que en las controversias constitucionales números 365/2001 y 42/2002, promovidas por el síndico y el presidente municipal de los Municipios de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca y Juan Aldama, Zacatecas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que correspondía al síndico y no al presidente municipal la representación de dichos Municipios y que, por tanto, no había lugar a tener a este último haciendo valer la demanda respectiva.

2. Que es inexacta la apreciación de la actora, en el sentido de que el dictamen y su consecuente resolución son un solo acto, ya que el dictamen es tan sólo una opinión fundada respecto de un asunto que conoce la legislatura, y la resolución legislativa, en cambio, es un fallo que, en el caso, por referirse a facultades jurisdiccionales, posee fuerza vinculatoria entre sujetos determinados.

3. Que la actora afirma que se instauraron cuatro expedientes con los números: DD/062/2002, DD/1134/2002, DD/114/2002 y DD/113/2002, cuando en realidad, fueron sólo tres los expedientes acumulados por economía procesal, los cuales son: DD/062/2002, DD/113/2002 y DD/114/2002.

4. Que la actora aduce violaciones al artículo 5o. constitucional, pero que al respecto no formula concepto de invalidez alguno.

5. Que es infundado el primer concepto de invalidez, en el que aduce la actora que la resolución impugnada viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución Federal, por lo siguiente:

a) Que la Legislatura Estatal, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, puede suspender a alguno de los miembros del Ayuntamiento cuando se actualice una causa grave que la ley local prevenga, siempre que el servidor público haya tenido oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer alegatos, y que en la resolución impugnada se cumplieron todos y cada uno de los anteriores supuestos.

b) Que es falsa la afirmación que hace en el sentido de que no se especificó la fracción del artículo 69 de la Ley Orgánica del Municipio que se infringió, ya que se precisa que fue la fracción III.

c) Que en relación con el argumento en el sentido de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, debieron valorar los tres elementos del artículo 18 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, sí se realizó y, por ello, se concluyó que "las denuncias y solicitudes de juicio político ... no son jurídicamente sustentables y, por ello, son improcedentes y no ameritan la incoación del procedimiento ... porque los hechos y omisiones materia de las imputaciones, no significan extrema gravedad, en el sentido de que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho."

d) Que además, en dicha resolución se determinó que de conformidad con los artículos 154 de la Constitución Política Local, 15 y 16 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y del análisis de los hechos denunciados, las contestaciones y alegatos vertidos por el presidente municipal y la valoración de las pruebas aportadas, se concluyó que no procedía la instauración de juicio político, pero que sí era procedente fincar responsabilidades administrativas.

6. Que también es infundado el segundo concepto de invalidez, pues la resolución impugnada no viola lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, por lo siguiente:

a) Que del análisis del expediente se comprueba que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, que la resolución impugnada sí está fundada y motivada, y que la legislatura, ejerciendo funciones jurisdiccionales, administró justicia y emitió su resolución en tiempo y forma y de manera imparcial.

b) Que la índole de las denuncias acumuladas implica procedimientos diversos: uno es el procedimiento de examen previo para determinar si procede instaurar juicio político o no, y otro es el procedimiento para determinar si procede o no fincar responsabilidades administrativas a servidores públicos, en este caso, a un presidente municipal. Para ello debía determinarse si se actualizaban o no los supuestos del artículo 150, fracción I, de la Constitución Política del Estado, y su correlativo reglamentario, artículo 18 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, mientras se determinó que las denuncias no fueron jurídicamente sustentables, fueron improcedentes y no ameritaron la incoación del procedimiento de juicio político, pero que sí procedía fincar responsabilidades administrativas.

c) Que la legislatura sí valoró las respuestas, argumentos, pruebas y alegatos de la actora en esta controversia; tan es así, que resolvió que varias de las imputaciones carecían de sustento, pero también resolvió que el presidente municipal sí incurrió en negligencia por no vigilar el funcionamiento de las áreas administrativas del Gobierno Municipal, como lo previene el artículo 74, fracción V, de la citada Ley Orgánica del Municipio.

d) Que además de lo anterior, se determinó que Efraín Pérez Ibarra, presidente municipal de Ojocaliente, Estado de Zacatecas, incurrió en abuso de autoridad en perjuicio del profesor Francisco Manuel Esparza González, al ordenar la privación de su libertad y su posterior intimidación con amenazas.

e) Que el abuso de autoridad o el ejercicio indebido de empleo, cargo o comisión, está previsto en el artículo 5o., párrafo 1, fracción II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, como causas de responsabilidad administrativa, cuya sanción puede ser la suspensión en el desempeño del cargo y multa, según lo contempla el artículo 44, párrafo 1, fracciones III y IV, de la referida ley de responsabilidades.

f) Que en cuanto a las diversas imputaciones de los denunciantes, referentes a la gestión financiera del presidente municipal, se señaló que las pruebas aportadas por ellos no fueron suficientes para decidir si procede o no fincar responsabilidades administrativas; sin embargo, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política del Estado, la legislatura se apoyará en la Entidad de Fiscalización Superior del Estado en materia de revisión de cuentas públicas y, por ello, ordenó que las auditorías se practicarán como acciones autónomas de fiscalización, cuyos resultados pueden dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, resarcitorias o civiles o, incluso, a emprender acciones penales en contra de los servidores públicos. Por tanto, no quedaron diligencias pendientes por desahogar, para estar en condiciones de resolver cada una de las imputaciones de los expedientes acumulados como lo afirma la actora.

SÉPTIMO. El procurador general de la República al formular su opinión manifestó, en síntesis:

1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto.

2. Que Efraín Pérez Ibarra, en su carácter de presidente municipal de Ojocaliente, Estado de Zacatecas, no tiene legitimación procesal para promover el presente medio de control constitucional en representación del propio Municipio, por lo siguiente:

a) Que de las constancias que obran en autos se desprende que el cuerpo edilicio presentó dos denuncias en contra del citado presidente municipal; entonces, si de acuerdo con el artículo 115 constitucional, el Ayuntamiento es la autoridad máxima en el Municipio y él acudió ante el Congreso del Estado para denunciar las conductas en que había incurrido el presidente municipal, el Ayuntamiento no tiene interés en que se declare la invalidez del acto que se impugna, puesto que él promovió tal procedimiento para que se sancionara al hoy promovente.

b) Que del contenido de la demanda se infiere que el presidente municipal pretende defender su situación personal, y no defender la esfera de competencia y atribuciones del Ayuntamiento, lo cual en todo caso sería procedente en la vía de amparo, pero nunca en la vía de la controversia constitucional.

Que, por tanto, el presidente municipal carece de legitimación para ejercer la acción, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 10, fracción I, de su ley reglamentaria, son los poderes, entidades u órganos de los respectivos niveles de gobierno, los que tienen el derecho de ejercer la presente acción por conducto de sus representantes, y no cualquiera de sus integrantes por derecho propio, en tanto que el derecho alegado debe guardar relación directa con la esfera competencial del respectivo ente y no con la situación de sus funcionarios en lo particular.

Apoya lo anterior en la tesis jurisprudencial número 54/97, del Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERVENIR EN ELLA. NO LA TIENE CUALQUIER MIEMBRO AISLADO DEL AYUNTAMIENTO O CONCEJO MUNICIPAL."

c) Que el presidente municipal no tiene facultades para representar al Municipio, aun cuando haya exhibido la copia del acta de Cabildo por la cual se le designó apoderado general del Ayuntamiento.

Que, por lo anterior, es fundada la causal de improcedencia planteada por la parte demandada, consistente en la falta de personalidad del presidente municipal para promover la presente controversia constitucional, por las razones dadas.

Independientemente de lo anterior, ad cautelam, opinó:

3. Que resulta oportuna la presentación de la demanda.

4. Que el Congreso del Estado al instruir los procedimientos incoados al presidente municipal dentro del marco de atribuciones que las leyes locales le confieren y emitir el dictamen impugnado de manera imparcial, no conculcó los numerales 14 y 17 de la Ley Fundamental, pues las pruebas ofrecidas por el presidente municipal fueron valoradas y analizadas en su conjunto dentro del dictamen impugnado, y del mismo no se desprende que fuera desestimada u omitida la valoración de alguna prueba por el Congreso Local.

Que, por ello, el Congreso de Zacatecas determinó que en el caso específico no se actualizaba ninguna causa de procedencia de juicio político y, por el contrario, el servidor público municipal incurrió con su actuar en diversas responsabilidades administrativas, por lo que la legislatura determinó variar la vía intentada de conformidad con el numeral 15 del ordenamiento legal que regula la materia de responsabilidad.

5. Que es infundado el argumento respecto a la falta de fundamentación y motivación que aduce la actora, debido a que la Legislatura Estatal al emitir el dictamen impugnado, específicamente en el considerando primero, sustentó su actuar de conformidad en lo establecido por los artículos 147, 150, fracciones I y III, 152 y 154 de la Constitución; 8o., fracción I, 9o., fracción X, 10, puntos 1, incisos a) y c), 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o., 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 20, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 62 de la Ley Orgánica del Municipio; y 91, 93, 94, 104, 105, fracción II y 106 del Reglamento General del Poder Legislativo, ordenamientos todos de Zacatecas, autorizan al Congreso Local a instaurar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos, entre ellos, los presidentes municipales, así como para determinar las sanciones administrativas que les sean aplicables.

Respecto a la motivación, debe considerarse que, en el caso específico, la Legislatura Estatal adecuó los hechos a las hipótesis normativas, tomando en cuenta las circunstancias de actuación del alcalde. Por tal motivo, razonó que debía actuar en ese sentido y no en otro, aplicándole, entre otros, los numerales 5o., fracción II, 44, fracciones III y V, 45 y 47, fracciones I y IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, pues concluyó que el presidente municipal sí incurrió en abuso de autoridad.

6. Que la sanción impuesta al munícipe de Ojocaliente, Zacatecas, por el Congreso del Estado, no vulnera el artículo 5o. constitucional, pues si bien lesiona su derecho a la libertad de trabajo y a su remuneración, dicha sanción es consecuencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, seguido en su contra por las acciones en que incurrió en el ejercicio de sus funciones, aunado a que en este tipo de asuntos sólo pueden alegarse cuestiones relativas a la integración del Ayuntamiento.

7. Que en relación con los argumentos de la actora tendentes a demostrar una violación al artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Carta Fundamental, en el caso concreto se instauró un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del presidente municipal previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el cual tiene su fundamento constitucional en los numerales 109, fracción III y 113 de la Carta Fundamental, por lo que no es lógico ni jurídico concluir que la citada sanción, impuesta al alcalde del referido Municipio, infrinja la esfera jurídica del Ayuntamiento, ya que dicho correctivo deriva de un procedimiento de distinta naturaleza y autónomo respecto del contemplado en el numeral 115, fracción I, constitucional.

OCTAVO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO. Por acuerdo de tres de diciembre de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerando que el Ministro José Vicente Aguinaco Alemán designado como instructor para conocer del presente asunto concluyó su encargo como integrante de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, remitió el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, a quien le corresponde continuar como instructor del procedimiento.

DÉCIMO. Atendiendo a la solicitud formulada por el Ministro instructor al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

DÉCIMO PRIMERO. En sesión del dieciocho de febrero de dos mil cuatro, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó devolver el presente asunto al Tribunal Pleno para su radicación y resolución. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante acuerdo del veinticinco de febrero de dos mil cuatro remitió el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, al que se designó como instructor del procedimiento para la formulación del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Zacatecas, por conducto del Poder Legislativo y el Municipio de Ojocaliente de la misma entidad.

SEGUNDO. Enseguida, procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

Previamente, cabe aclarar que la actora manifestó que el acto impugnado "es el dictamen emitido por la Legislatura del Estado de Zacatecas, el pasado veintisiete de diciembre, por el cual se aprobó la imposición de una sanción consistente en la suspensión de sus funciones por treinta días al presidente municipal de Ojocaliente, Zacatecas, así como una multa de 100 salarios mínimos ...". Sin embargo, como lo aclara la parte demandada y de las constancias que obran en el expediente, se desprende que lo impugnado es la resolución legislativa con la que culminó el procedimiento seguido en contra del presidente municipal de Ojocaliente, Estado de Zacatecas. Resolución que al constituirse por normas individualizadas y no generales, abstractas e impersonales, nos lleva a la conclusión de que el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días contados a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta sus efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al día que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al día que el actor se ostente sabedor de los mismos, ello en términos de la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso, la parte actora manifiesta en el oficio de demanda que tuvo conocimiento del acto el lunes veinte de enero de dos mil tres, por lo que de acuerdo con la segunda hipótesis de la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo transcurrió del martes veintiuno de enero al martes cuatro de marzo del año mencionado. Si la demanda a estudio se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintitrés de enero de dos mil tres, según se advierte de los sellos asentados al reverso de la foja treinta y tres de autos, esto es, el tercer día del plazo correspondiente, es indudable que su presentación resulta oportuna.

TERCERO. Acto continuo, se debe analizar la legitimación de quien promueve la presente controversia constitucional.

El artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. ..."

En el presente asunto, signa la demanda de controversia constitucional, Efraín Pérez Ibarra, quien se ostentó como presidente municipal, en representación del Municipio de Ojocaliente, Estado de Zacatecas, carácter que acredita con la certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. De la misma se desprende que el signante resultó electo como presidente del Municipio actor para el periodo comprendido de septiembre de dos mil uno a septiembre de dos mil cuatro, documental que obra en la foja treinta y cuatro del expediente.

Ahora bien, los artículos 128 de la Constitución Política, 30 y 77 de la Ley Orgánica del Municipio, ambas del Estado de Zacatecas, establecen:

"Artículo 128. El presidente municipal tendrá a su cargo la representación del Gobierno del Municipio y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.

"El síndico municipal asumirá la representación jurídica en los juicios en que el Ayuntamiento sea parte. A falta o negativa del síndico, tal personería recaerá en el presidente municipal."

"Artículo 30. El síndico municipal tendrá la representación jurídica del Ayuntamiento."

"Artículo 77. El presidente municipal asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte, en los siguientes casos:

"I. Cuando el síndico esté impedido legalmente para ello; y

"II. Cuando el síndico se niegue a asumirla. En este caso se obtendrá la autorización del Ayuntamiento, sin perjuicio de que se finquen responsabilidades a aquél."

De estos preceptos se desprende que el síndico municipal tendrá la representación jurídica del Municipio; sin embargo, el presidente municipal asumirá dicha representación, cuando el síndico esté impedido legalmente para ello o cuando se niegue a asumirla. Asimismo, se hace énfasis en que sólo en este último caso, deberá obtener la autorización precisa del Ayuntamiento, y que en tal caso esa autorización se otorgará sin perjuicio de que se finquen responsabilidades al propio síndico, por incurrir en omisión a sus obligaciones expresamente establecidas.

El presidente municipal de Ojocaliente, Estado de Zacatecas, se ostentó como representante del Ayuntamiento actor y precisó que el Ayuntamiento le otorgó la representación jurídica del mismo para sustanciar la presente controversia constitucional, lo cual pretende acreditar con la copia certificada del acta de Cabildo de diecisiete de enero de dos m

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18582-cdc71bee/controversia-constitucional-carece-de-interes-legitimo-el-municipio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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