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Modo: Corpus Pro

INFORMACION. DERECHO A LA, ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 6o. DE LA CONSTITUCION FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 10556/83. · Registro digital (IUS): 291
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: IGNACIO BURGOA ORIHUELA.
Localización: Octava Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, , Pág. 71.

AMPARO EN REVISION 10556/83. IGNACIO BURGOA ORIHUELA.

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y tres ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Ignacio Burgoa Orihuela, por su propio derecho, ocurrió en demanda de amparo en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: "C. Autoridad responsable: C. Secretario de Hacienda y Crédito Público. D. Acto reclamado: El acuerdo negativo fechado el 12 de agosto de 1983 y que lleva el número 101-551, por medio del cual el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público se rehusó a proporcionarme los informes que le solicité en mi escrito que ante dicho funcionario presenté el día 31 de enero del año en curso, en relación con los empréstitos que aumentaron en la cantidad de 37,600 millones de dólares la deuda externa de México durante el gobierno que presidió José López Portillo. Los informes por mí solicitados en el mencionado ocurso versan sobre los siguientes puntos: a). Monto y vencimiento de cada uno de los empréstitos públicos que con cargo al crédito de la nación se contrajeron en favor de bancos y gobiernos extranjeros; b). Indicación de las entidades extranjeras acreedoras de México; c). Determinación de los documentos en que se hayan hecho constar tales empréstitos públicos, con mención de los nombres de los funcionarios del sexenio próximo anterior que en nombre de México los firmaron; d). Indicación de si los mencionados empréstitos públicos se concertaron por orden, autorización o consentimiento del expresidente José López Portillo; e). Indicación de la aplicación que se hizo del dinero nacional proveniente de dichos empréstitos públicos; f). Indicación de las dependencias oficiales o de las entidades paraestatales a las que se haya entregado o acreditado el monto de los multicitados empréstitos; y g). Indicación de las obras que se hubiesen ejecutado para beneficio del pueblo mexicano con el dinero procedente de tales empréstitos públicos. Es evidente que el acuerdo negativo que impugno lo atribuyo al secretario de Estado responsable.".

SEGUNDO.- El quejoso estimó violados en su perjuicio los artículos 6 y 16 constitucionales; señaló que no existe tercero perjudicado; y relató los antecedentes que a continuación se transcriben: "Mediante escrito fechado el 26 de enero del año en curso y presentado en el Departamento de Correspondencia y Archivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 31 siguiente, solicité del secretario de Estado responsable, con fundamento en los artículos 6o. y 8o. constitucionales, que me proporcionara por escrito los datos que le pedí sobre los puntos contenidos en mi mencionado ocurso, mismos que ya he transcrito. 2. Como transcurrieron más de seis meses sin que dicho secretario de Estado emitiera ningún acuerdo escrito respecto de mi mencionado ocurso y sin que, por ende, me lo hiciese saber en breve término, por demanda fechada el 8 del presente mes de agosto y por violación del artículo 8o. constitucional, promoví el juicio de amparo que se registró con el número 347/83 ante el Juez Cuarto de Distrito del Distrito Federal en Materia Administrativa, habiéndose practicado a la citada autoridad responsable el emplazamiento legal respectivo. 3. A consecuencia de dicho juicio de garantías se emitió el acuerdo negativo que hoy impugno, en el que el secretario de Hacienda y Crédito Público rehusó proporcionarme los informes que le solicité en mi aludido escrito, por lo que, el juicio de amparo anteriormente indicado asumió la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, habiéndolo manifestado así a dicho funcionario judicial federal en cumplimiento de la obligación que a las partes impone la fracción IV del propio ordenamiento a efecto de que tal juicio de garantías se sobreseyese. 4. Como el acuerdo negativo que hoy reclamo es infractor de los artículos 16 y 6o. constitucionales, contra él entablo esta demanda de amparo.".

TERCERO.- El conocimiento del asunto correspondió al Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien por acuerdo de treinta de agosto de mil novecientos ochenta y tres admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 390/83; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, mediante sentencia emitida el tres de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, negó el amparo solicitado, basándose para ello en las siguientes consideraciones: "PRIMERO.- El acto que se reclama del secretario de Hacienda y Crédito Público, consistente en el acuerdo del doce de agosto de mil novecientos ochenta y tres, por el cual se niega al quejoso la información que solicita en relación con la deuda externa de México durante el gobierno del presidente José López Portillo, debe considerarse cierto pues además de que la mencionada autoridad al rendir su informe justificado expresamente lo acepta, su existencia se acredita con el oficio número 101-551 de doce de agosto de mil novecientos ochenta y tres suscrito por dicha autoridad, en el que se contiene el acto reclamado, mismo que obra agregado a fojas 7 de autos, por haber sido ofrecido por el propio quejoso como prueba de su parte. SEGUNDO.- Reconocida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la necesidad de realizar el examen de la procedencia del juicio de amparo, de manera previa y preferente al análisis de cualquiera otra cuestión que relativa a la litis o problema de fondo se hubiese planteado, en atención a la naturaleza de orden público de que se encuentran revestidas, debe hacerse a continuación el estudio de las que, en su informe justificado, invoca a la autoridad responsable. En primer término, señala la responsable que el juicio es improcedente por falta de conceptos de violación y que por lo mismo debe ser sobreseído conforme a los artículos 73 fracción XVIII, 74 fracción IV y 116 fracción V de la Ley de Amparo. Y apoya su argumentación en diversas tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debe considerarse infundada la causa de improcedencia invocada en atención a los siguientes razonamientos. Según se advierte de la demanda de garantías, el quejoso hace valer, en el capítulo correspondiente, diversos razonamientos tendientes directamente a impugnar y controvertir los argumentos vertidos por la autoridad en el acto reclamado. Esto es, el quejoso en su demanda mediante los razonamientos lógicos y jurídicos, que invoca como conceptos de violación pretende desvirtuar los argumentos que llevaron a la responsable a negarle los informes que solicitó. Para ello señala que el acto reclamado es violatorio de las garantías constitucionales denominadas 'garantía de legalidad' y 'derecho a la información'. De tal manera que pueden tenerse válidamente como conceptos de violación suficientes para integrar la litis en este juicio constitucional y permitir el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En este sentido no pueden considerarse acertadas las afirmaciones de la autoridad contenidas en su informe, en cuanto sostienen que el quejoso en sus conceptos de violación invoca cuestiones y preceptos legales distintos a los que formuló en su petición, pues el examen de si dichos argumentos son o no aceptables corresponde al fondo del negocio planteado y no a la procedencia del juicio, ya que no sería aceptable sobreseer este juicio con base en los razonamientos invocados para demostrar la inconstitucionalidad del acto. En otras palabras, como determina la tesis invocada de la Segunda Sala son la exposición del razonamiento jurídico contra los fundamentos del acto reclamado, tratando de poner de manifiesto que dicho acto es contrario a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, considerando que no era aplicable determinada disposición legal y que no se hizo una correcta interpretación de la ley. Por otra parte, se invoca también como causa de improcedencia y motivos de sobreseimiento del juicio de garantías el hecho de que el quejoso carece de interés jurídico afectado. Sin embargo, dicha causa resulta igualmente infundada puesto que contrariamente a lo que afirma la responsable, el interés jurídico del quejoso para promover este juicio de garantías por haber sido afectado, está otorgado por el hecho mismo de que formuló una petición, según se reconoce en el acto reclamado, y se emitió un acto de autoridad resolviendo en forma negativa las peticiones de dicho quejoso. En efecto, en este caso, el interés jurídico del quejoso está constituido por la afectación que se infiere al quejoso cuando la autoridad responsable emite un acto que incide en su esfera jurídica concretada por su petición, de tal manera que las cuestiones relativas al derecho cierto o incierto que tenga el quejoso para solicitar los informes sobre la deuda externa de México, constituyen justamente problemas que atañen al fondo del negocio planteado, pues como la propia resolución combatida establece '... sin que exista disposición constitucional o legal alguna que faculte al secretario de Hacienda y Crédito Público para rendir a cualquier persona que los solicite en lo individual, y menos si carece de interés jurídico, los informes que las disposiciones mencionadas expresamente prevén que el Ejecutivo Federal debe presentar al H. Congreso de la Unión'; lo que será motivo del análisis que sobre la constitucionalidad del acto se habrá de realizar. Esto es, no debe confundirse entre interés jurídico en que se apoye al quejoso para que se le otorguen los informes que solicita (cuestiones de la litis constitucional) y el interés jurídico para acudir al juicio de amparo, el cual se afecta por la contestación negativa que ahora se reclama. TERCERO.- El primero de los conceptos de violación que hace valer el quejoso debe considerarse infundado de acuerdo con los siguientes razonamientos. Si bien es cierto que el artículo 27 de la Ley General de Deuda Pública, publicada en el Diario Oficial del treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y seis, establece que '... La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en forma periódica los datos de la deuda pública, consignando todos aquellos que resulten significativos para su mejor comprensión'. También es cierto, que ello no constituye una obligación al cargo de la mencionada Secretaría para rendir informe sobre la deuda pública a cualquier persona que lo solicite. Pues tal derecho corresponde de modo general al público pero no de manera particular a algún individuo. Además, no está acreditado en autos el sentido y contenido de la petición formulada por el quejoso ante la responsable para poder determinar con ello que se exigió o por lo menos se solicitó a la autoridad en cumplimiento de esa hipótesis legal. A mayor abundamiento debe decirse que precisamente porque la obligación de publicar contenida en el artículo 27 mencionado, es 'hacer notoria o patente por voz de pregonero o por otros medios, una cosa que se desea venga a noticia de todos', como cita el quejoso, y que ello no es más que la obligación de poner en conocimiento de todos los individuos que integran una comunidad determinada cosa, es por lo que no puede considerarse como derecho de una sola persona el exigir la publicación. Además, atendiendo al principio de que la autoridad no puede hacer más que lo que la ley expresamente le permite, resulta que no existe facultad ni obligación de la Secretaría de Hacienda para proporcionar a determinada persona los informes pormenorizados que se le requieran sobre la deuda externa de México, ni existe por tanto el derecho a favor de determinada persona para exigir esa conducta. Pues la única obligación impuesta por la ley en relación con los informes de la deuda externa, es la de hacer la publicación en forma periódica de los datos que resulten significativos para su mejor comprensión. Datos que sólo pueden referirse a las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos a cargo de las entidades que el artículo 1o. de la Ley General de Deuda Pública señala. Por otra parte, aunque resulta acertada la afirmación del quejoso en el sentido de que el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública, no es aplicable para sostener el argumento de la responsable de que el informe de la deuda lo presenta el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, sin embargo, ello no es suficiente para otorgar el amparo que solicita. En efecto, de acuerdo con la reforma constitucional de dos de diciembre de mil novecientos setenta y siete, se estableció como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la de examinar, discutir y aprobar anualmente la cuenta pública, eliminando la fracción XXVIII del artículo 73 constitucional que facultaba al Congreso para realizar el examen de la cuenta que anualmente debe presentarle el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública no puede considerarse por ese solo hecho como derogado. Pero aun considerando que el informe de la deuda pública no pudiera rendirse en los términos del artículo 9o. de la ley multicitada, ello en nada modifica lo afirmado anteriormente en el sentido de que no existe disposición legal que autorice a la Secretaría de Hacienda a proporcionar a un particular determinado, cuando lo solicite, los informes sobre la deuda pública externa de México. Por último, debe recalcarse que para poder realizar con precisión el examen del acto reclamado se requería también conocer los términos y apoyo legal en que se formuló la petición del quejoso, pues no se ha podido probar cuáles son exactamente los informes que le fueron requeridos a la responsable. CUARTO.- Tampoco puede considerarse fundado el segundo de los conceptos de violación que se invocan en cuanto se refiere a la violación a la garantía denominada derecho a la información, contenida en el artículo 6o. de la Constitución. En efecto, como ya se ha establecido líneas atrás, el artículo 27 de la Ley General de la Deuda Pública, no puede constituir el fundamento jurídico a través del cual un particular determinado puede exigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, que le proporcione datos pormenorizados sobre la deuda pública del país. Pues aunque el artículo 6o. constitucional establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, también lo es que de ello no puede concluirse, como pretende el quejoso, que la responsable se encuentre facultada y mucho menos obligada para otorgarle los datos que le requiere. Así tampoco pueden ser fundamento para lo que solicita el quejoso los artículos que señala como son el 152 de la Ley de Amparo, 93 fracción II, 129, 323, 331 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues ninguno de ellos es aplicable al caso, ya que la solicitud contestación ahora reclamada, no derivan ni corresponden a alguno de los supuestos procesales a que se refieren dichos numerales. En estas condiciones debe negarse al quejoso el amparo que solicita de la Justicia Federal.".

CUARTO.- Inconforme con la anterior sentencia el quejoso interpuso recurso de revisión, el que se registró con el toca número 10556/83 y mediante acuerdo de treinta de abril de mil novecientos ochenta y cuatro el presidente de esta Segunda Sala lo admitió.

El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción formuló pedimento en el sentido de que se confirme la sentencia impugnada.

Por acuerdo de once de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, notificado el día trece de los mismos mes y año, se ordenó turnar los autos al Ministro ponente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo y 25, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que la resolución que se recurre fue dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclama un acto dictado por autoridad administrativa federal.

SEGUNDO.- El recurrente expresó los agravios que a continuación se transcriben: "I. Afirmaciones de la sentencia recurrida.- El Juez de Distrito a quo, para negarme la protección de la Justicia Federal, se apoya en diversas aseveraciones subjetivas que son las siguientes: 1. Que la obligación que a la Secretaría de Hacienda impone el artículo 27 de la Ley General de Deuda Pública para publicar 'en forma periódica los datos de la deuda pública' se establece por 'modo general' en favor del público pero no en el de cualquier persona que solicite la información sobre dicha deuda;

2. Que 'no está acreditado en autos el sentido y contenido de la petición formulada por el quejoso (o sea por mí) ante la responsable para poder determinar con ello que se exigió o por lo menos se solicitó a la autoridad en cumplimiento de esa hipótesis legal'; 3. Que la obligación de publicar los datos de la deuda pública a que se refiere dicho precepto legal 'no es más que poner en conocimiento de todos los individuos que integran una comunidad determinada cosa (sic), por lo que no puede considerarse como derecho de una sola persona el exigir la publicación'; 4. Que 'no existe facultad ni obligación de la Secretaría de Hacienda para proporcionar a determinada persona los informes pormenorizados que se requieran sobre la deuda externa de México, ni existe por tanto, el derecho a favor de determinada persona para exigir esa conducta'; 5. Que el artículo 9 de la Ley de la Deuda Pública en que se apoyó el acto reclamado no puede considerarse derogado por la reforma de dos de diciembre de 1977 que eliminó la fracción XXVIII del artículo 73 constitucional; 6. Que a pesar del derecho a la información previsto en el artículo 6 de la Constitución, la responsable no se encuentra facultada y mucho menos obligada para otorgarle los datos que le requiere el quejoso; 7. Que tampoco puede ser fundamento para lo solicitado por el quejoso lo dispuesto en los artículos 152 de la Ley de Amparo, 93, fracción II, 129, 323, 331 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales (sic), 'pues ninguno de ellos es aplicable al caso, ya que la solicitud contestación (sic) que ahora reclama no derivan ni corresponden a alguno de los supuestos procesales a que se refieren dichos numerales'. II. Refutación jurídica a las anteriores afirmaciones.- A la primera: No es verdad que ningún mexicano, en lo individual, no tenga el derecho de exigir de la Secretaría de Hacienda el cumplimiento de la obligación que impone a dicha Secretaría el artículo 27 de la Ley General de Deuda Pública en el sentido de publicar 'en forma periódica los datos de la deuda pública, consignando todos aquellos que resulten significativos para su mejor comprensión'. Es evidente que a toda obligación corresponde, correlativamente, un derecho subjetivo, tal como lo considera unánimemente la doctrina y la misma Suprema Corte en las opiniones y tesis que los señores Ministros de este alto cuerpo judicial conocen o deben conocer. Según el Juez de Distrito a quo, ese derecho subjetivo se establece por la disposición legal invocada sólo en favor 'del público'. Esta aseveración es jurídicamente inadmisible, pues tal disposición legal no indica lo que a través de ella se sostiene en la sentencia recurrida. 'Ubilex non distuinguit, nec nos distinguere debemus'. Atribuir a la ley una restricción que ésta no contenga es violar el principio de legalidad consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales. Además, debemos preguntar qué es el 'público' al que, según dicho Juez federal, le corresponde privativa y exclusivamente el derecho subjetivo correlativo a la mencionada obligación a cargo de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo puede 'el público' ejercer ese derecho? El 'público' (o sea, el pueblo, la sociedad o la colectividad) está compuesto necesaria e inevitablemente de individuos, es decir, de personas físicas, sin las cuales tal 'público' no puede existir ni concebirse o idearse. Por consiguiente, si el derecho subjetivo que según el señor Juez a quo sólo corresponde 'al público' o sea a todos y cada uno de los individuos o personas físicas que lo integran, cada uno de sus miembros componentes es su titular. Si ninguno de ellos lo fuera, tampoco 'el público' lo sería, pues si todas las personas físicas que forman una determinada colectividad no lo tuvieran como partes individuales, tampoco él todo lo tendría, ya que es ilógico que sólo este lo tuviese sin que aquéllas fuesen sus titulares, pues 'el público' de que habla dicho Juez sería una entidad ficticia o falsa, es decir, inexistente. Cabe agregar que los destinatarios del cumplimiento de la consabida obligación son todos y cada uno de los mexicanos integrantes de la nación, pues son ellos los que deben conocer la deuda pública a su cargo, así como todos sus datos y modalidades, por lo que tienen el derecho de ser informados sobre esta trascendental cuestión económica al través de la publicación a que se refiere el artículo 27 de la Ley General de Deuda Pública, precepto que no establece que esta obligación que legalmente tiene la Secretaría de Hacienda sólo sea operante y válida ante otros órganos del Estado. A mayor abundamiento, el derecho subjetivo correspondiente a la multicitada obligación legal incumbe a todo gobernado en particular merced al derecho de petición y de información previstos en los artículos 8 y 6 constitucionales. Conforme a la peregrina tesis del Juez a quo, estos derechos no los podría ejercer ningún individuo o persona física, sino sólo el tan destacado 'público', es decir, nadie. Tal tesis contradice lo que en la misma sentencia impugnada se sostiene, al desecharse una de las causas de improcedencia aducidas por la Secretaría de Hacienda responsable en el sentido de que carezco, como individuo, de interés jurídico para solicitar y obtener la información prevista en el artículo 27 de la Ley General de Deuda Pública. Al respecto, el propio Juez de Distrito a quo afirma que 'el interés jurídico del quejoso para promover este juicio de garantías por haber sido afectado, está otorgado por el hecho mismo de que formuló una petición, según se reconoce en el acto reclamado'. Claramente se advierte que el fallo que recurro quebranta el principio lógico de no contradicción, al sostener dos tesis opuestas y excluyentes, o sea, al aseverar, por un lado, que sí tengo interés jurídico en solicitar la referida información, y por el otro, que no tengo derecho subjetivo en que se me proporcione, puesto que este derecho pertenece 'al público', o sea, a un ente deshumanizado e inexistente. Es pertinente recordar que conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo se dispone que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Este perjuicio denota todo agravio que el propio acto infiera a cualquier gobernado lesionando su esfera jurídica o sea, sus derechos subjetivos o intereses jurídicos. En otras palabras si no existe ningún derecho subjetivo leso sino simplemente cualquier interés no jurídico, el amparo es improcedente, según lo establece la ley y la jurisprudencia. En el presente caso, el Juez de Distrito a quo expresamente reconoció que soy titular de la acción de amparo por haberme afectado el acto reclamado del secretario de Hacienda mis intereses jurídicos, es decir, mi derecho subjetivo de solicitar y obtener la información que me negó dicho funcionario administrativo respecto de la deuda pública a cargo de nuestro país y sus distintas modalidades. Por ende, al negárseme la protección federal contra el mencionado acto de autoridad, no obstante que sí lesiona mis intereses jurídicos sobre la base deleznable de que no tengo derecho a ser informado en lo individual, la sentencia que ataco es infractora del artículo 4o. de la Ley de Amparo y de la fracción I del artículo 107 Constitucional.- A la segunda: Esta afirmación carece totalmente de base, pues el mismo acuerdo negativo reclamado contenido en oficio número 101-551 de 12 de agosto de 1983, proveniente del mismo secretario de Hacienda responsable, afirma textualmente que 'en atención a su (mi) escrito de 26 del pasado de enero por el que solicita información sobre el monto, fechas de vencimiento y destino de los empréstitos concertados durante el sexenio 1976-1982, entidades extranjeras acreedoras y funcionarios que hayan participado en su concertación, ha tenido a bien dictar el siguiente acuerdo'. Por consiguiente, sí está acreditado en autos el sentido y contenidos de mi petición ante dicho secretario.- A la tercera y cuarta: Estas afirmaciones ya se refutaron por las consideraciones expuestas al contestar la primera. Me permito enfatizar, usando las mismas expresiones del Juez de Distrito a quo, que si publicar los datos concernientes a la deuda pública implica ponerlos en conocimiento de 'todos los individuos que integran una comunidad', al desconocerme el derecho de exigir el cumplimiento de esa obligación, tácitamente me proscribe de la colectividad mexicana. Además, el concepto de 'todos los individuos' abarca lógicamente a todos y cada uno de ellos, sin poder excluirse a ninguno, y como yo, en mi carácter de persona física y componente de la citada colectividad, pertenezco obviamente a esa totalidad, luego, como parte de la misma tengo el consabido derecho. A la quinta: Esta afirmación es jurídicamente insostenible pues ninguna disposición secundaria, como la contenida en el artículo 9 de la Ley General de Deuda Pública, que aduce como fundamento el acuerdo reclamado, conserva su fuerza normativa frente a prescripciones constitucionales opuestas. Si dicho precepto ordinario establecía que 'el Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda' y si por virtud de la reforma constitucional de 2 de diciembre de 1977 se suprimió tal obligación informativa al abolirse la fracción XXVIII del artículo 73 de la Constitución que la preconizaba, luego dicho artículo 9 dejó de tener aplicatividad. Suponer lo contrario, como lo hace el Juez de Distrito a quo, significa infringir el principio de supremacía constitucional y el de la derogación tácita. Por ende, tal disposición secundaria no pudo servir de fundamento legal al acto reclamado.- A la sexta: El derecho a la información, consignado en el artículo 6 constitucional, es un derecho subjetivo público cuyo titular es todo gobernado, independientemente de que también sea de índole social. Ese derecho, garantizado por el Estado, debe necesariamente corresponder a la obligación correlativa de rendir la información que se solicita. Esta obligación, por ser de carácter público como todas las concernientes a cualquier derecho del gobernado reconocido y plasmado en la Constitución, incumbe a todo órgano estatal, pues sin ella, tal derecho sería meramente utópico por no decir inexistente. En consecuencia, no es verdad que la Secretaría de Hacienda, como órgano del Estado, no tenga la obligación de informar que impone el artículo 6 constitucional, máxime que tal obligación, como se ha dicho insistentemente, la prescribe el artículo 27 de la Ley General de Deuda Pública. Sostener, como lo hace el Juez de Distrito a quo, que dicha Secretaría no está obligada a proporcionarme los datos que le pedí y que se negó a suministrármelos mediante el acto reclamado, implica no sólo desconocer o preterir lo que señala dicho precepto constitucional, sino menospreciar todas las garantías individuales por 'falta' de un texto expreso que indique la obligación de acatarlas o respetarlas.- A la séptima: Lo que asevera el Juez de Distrito a quo en esta afirmación es inane para los efectos del juicio de amparo que promoví y en el que se dictó la sentencia que hoy recurro, pues si en mi demanda de garantías mencioné los preceptos secundarios contenidos en la ley de la materia y en el Código Federal de Procedimientos Civiles a que dicho Juez alude, fue por modo tangencial y no esencial, ya que los conceptos de violación respectivos los centré en la infracción cometida por el acto reclamado a la garantía de legalidad instituida en los artículos 14 y 16 constitucionales y al derecho a la información por los motivos y razones que se expresan en tales conceptos.- III. Conclusiones. En el fallo impugnado se dejó de aplicar correctamente, por un absurdo criterio subjetivo no razonado ni fundado en derecho, el artículo 27 de la Ley General de Deuda Pública por los motivos expuestos en el capítulo II precedente. También en la sentencia que recurro se dejó de aplicar el artículo 6 constitucional en lo que al derecho a la información atañe. Por tanto, la declaración de que los conceptos de violación que formulé en mi demanda de amparo son infundados no entrañan ningún fundamento jurídico, que sustente, con acendramiento jurídico, la negación de la protección federal que solicité contra el acuerdo negativo proveniente del secretario de Hacienda contenido en oficio 101-551 de 12 de agosto de 1983. En conclusión, tal negativa es contraria a las disposiciones constitucionales y legales que con antelación invoqué sin que satisfaga el requisito previsto en la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo.".

TERCERO.- Los agravios expresados por el recurrente carecen de eficacia jurídica para revocar la resolución combatida, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

Respecto del primero, tercero, cuarto y sexto agravios es de señalarse que el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley General de Deuda Pública establece literalmente: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en forma periódica los datos de la deuda pública, consignando todos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/291-a49fc8bf/informacion-derecho-a-la-establecido-por-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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