MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. CARECE DE LEGITIMACION PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVISION EN AMPARO CONTRA LEYES
AMPARO EN REVISION 2971/88. ANDRES LIÑAN IBARRA.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO.-Este Tribunal Pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y 11, fracción V, inciso A), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia dictada por un juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó la inconstitucionalidad de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, específicamente en lo que se refiere a la reforma del artículo 141 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 13.
Es necesario hacer notar que, no obstante que en la especie se dan tanto el supuesto previsto en el punto primero, fracción I, como el contemplado en la fracción III, del acuerdo dictado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, lo que motivaría enviar el asunto a la Sala a la que se encuentra adscrito el ministro ponente, puesto que no procede entrar en el caso al examen de la constitucionalidad de la ley impugnada; sin embargo, dada la importancia del asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, fracción XXXVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto quinto del acuerdo citado, este Pleno estima conveniente resolver el asunto, aunque se encuentre en alguna de las hipótesis señaladas en dicho acuerdo, por existir razones que así lo justifican, como lo es que sea este Alto Tribunal el que determine si el Agente del Ministerio Público Federal está legitimado para interponer recursos de revisión en los casos de amparo contra leyes, evitando así se sostengan criterios contradictorios entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO.-No es necesario transcribir los agravios que esgrime el recurrente, en virtud de que se considera que en el caso procede desechar el recurso de revisión.
El artículo 5º., fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Son partes en el juicio de amparo:....IV.-El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala esta Ley, independientemente de las obligaciones que la misma le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia".
De la transcripción aparece, claramente, que el Ministerio Público en su calidad de parte en todos los juicios de amparo, está facultado para interponer los recursos previstos en la Ley de Amparo, entre ellos el de revisión.
Por otra parte, el artículo 87 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; pero tratándose de amparo contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los representen en los términos de esta ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso.
"Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que admitan el recurso de revisión."
Conviene señalar que el precepto transcrito correspondía al artículo 86, hasta las reformas a la Ley de Amparo publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, en que pasó a ser el artículo 87.
Ahora bien, la redacción que presenta actualmente el precepto citado, se debe a la reforma de que fue objeto ése y otros artículos de la Ley de Amparo en mil novecientos cincuenta, de cuya exposición de motivos se desprende un principio que es muy importante en cuanto a la legitimación de las partes para interponer el recurso de revisión en amparo contra leyes.
En efecto, la citada exposición de motivos señala: "Si fundamentalmente son los principios de perjuicio e interés los que gobiernan y rigen el juicio de amparo, los mismos principios rectores deben observarse en la tramitación y continuación de dicho juicio y, de una manera especial, aplicarse para calificar la idoneidad y justificación de la interposición de los recursos que puedan hacerse valer por las partes dentro del citado juicio constitucional, máxime si se trata de resoluciones pronunciadas en amparos contra leyes, en los cuales se plantean problemas auténtica y verdaderamente constitucionales, al definirse la situación jurídica que guardan los Poderes Legislativo y Ejecutivo, como coautores de la ley, frente a la Constitución, norma suprema que preside la realización de los actos de autoridad. El interés que guarda una ley, no sólo es para el Poder Legislativo que delibera sobre ella y la aprueba, sino también para el Poder Ejecutivo que la promulga y la aplica, puesto que la promulgación de aquélla es, ante todo, el reconocimiento que hace el Ejecutivo de la adopción de la ley por el órgano legislativo; la certificación de su existencia y de su texto; la admisión de su constitucionalidad, y la afirmación de su valor imperativo y ejecutivo, que lo responsabiliza totalmente con el Poder Legislativo. Por ello pues, es pertinente que los titulares de los órganos del Estado encargados de promulgar las leyes federales o locales, es decir, el Presidente de la República o los gobernadores de las Entidades Federativas, puedan revisar de las resoluciones judiciales pronunciadas en amparos contra leyes, máxime si se trata de normas jurídicas en materia tributaria, fuente de ingresos del Estado para el sostenimiento de los servicios públicos".
De la anterior transcripción se aprecia qué perjuicio e interés fueron los principios rectores tomados en cuenta por el legislador, para justificar la interposición de los recursos que pueden hacer valer las partes en el juicio de garantías, llegando a la conclusión de que tratándose de amparo contra leyes, los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por la corresponsabilidad que tienen en el proceso de su formación, están legitimados para defender su constitucionalidad, mediante la interposición del recurso correspondiente.
La Suprema Corte de Justicia ha depurado esa legitimación, estableciendo el criterio de que no todas las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo la tienen para defender la constitucionalidad de la ley. Así, ha establecido que no las autoridades refrendadoras ni las ejecutoras, están legitimadas para interponer la revisión cuando la inconstitucionalidad de sus actos es la consecuencia de la inconstitucionalidad de la ley, tal como se aprecia de las tesis jurisprudenciales 103, 106 y 107 de la Primera Parte, Compilación de 1985, cuyos rubros dicen: "REFRENDO. REVISION IMPROCEDENTE INTERPUESTA POR LA AUTORIDAD DE QUIEN SE RECLAME EL"; "REVISION IMPROCEDENTE EN AMPARO CONTRA LEYES, CUANDO SE INTERPONE POR LA AUTORIDAD QUE NO INTERVINO EN SU FORMA" y "REVISION. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMIDAD PARA INTERPONERLA, EN RELACION AL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD."
En tal virtud, si sólo las autoridades expedidoras y promulgadoras de la ley están legitimadas para recurrir las sentencias relativas, es claro que el agente del Ministerio Público carece de dicha legitimación, puesto que no le corresponde defender la constitucionalidad de la ley, lo que solamente se reserva a las autoridades que intervinieron en dos de las etapas del proceso de creación legislativa, como son la expedición y promulgación, puesto que como coautores son responsables de la ley.
En mérito de las consideraciones anteriores procede desechar el recurso de revisión que hace valer el agente del Ministerio Público Federal.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo se resuelve:
UNICO.-Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el agente del Ministerio Público Federal, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 476/87.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y en su oportunidad archívese el toca.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de once votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Castañón León, López Contreras, Pavón Vasconcelos, Martínez Delgado, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez y Díaz Romero, en contra de los votos de los señores ministros: Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Fernández Doblado, Rodríguez Roldán, Carpizo Mac Gregor, Chapital Gutiérrez, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez; estando ausente la señora ministra: Adato Green, el señor ministro Carpizo Mac Gregor manifestó que formulará voto particular. Fue ponente en este asunto el señor ministro: Francisco Pavón Vasconcelos.
Firman los CC. Presidente y Ministro relator con el Secretario General de Acuerdos que da fe. Carlos del Río Rodríguez, Francisco Pavón Vasconcelos, José Javier Aguilar Domínguez, Secretario.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17036-6fb55810/ministerio-publico-federal-carece-de-legitimacion-para-resolver · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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