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Modo: Corpus Pro

ARRESTO DECRETADO COMO MEDIDA DE APREMIO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. REQUISITO PARA QUE PROCEDA SU APLICACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 15/98. · Registro digital (IUS): 5373
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: IVÁN IBARRA DEL RÍO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, , Pág. 614.

AMPARO EN REVISIÓN 15/98. IVÁN IBARRA DEL RÍO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-El recurrente aduce en sus agravios que el Juez Federal no realizó un estudio pormenorizado de sus conceptos de violación ya que en el auto de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, por el cual el Juez de primer grado dio cumplimiento a la resolución dictada el quince de abril del año próximo pasado por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en el amparo número 103/97-III, lo realizó en forma irregular, pues repitió el acto reclamado en dicho juicio de garantías, no dictó otro auto y dejó vigente el proveído de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y seis, sin respetar las normas esenciales del procedimiento.

Es inoperante y además improcedente el anterior agravio.

En primer lugar debe decirse que los argumentos que el quejoso hace valer en el punto materia de este análisis, no los hizo valer en sus conceptos de violación de la demanda de garantías que dio origen a la revisión que se estudia; de ahí que carece de fundamento lo que asevera.

Sin que obste para lo anterior el hecho de que el Juez de Distrito al hacer referencia a las constancias de autos, haya mencionado el auto de fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y siete por el cual el Juez de primera instancia acordó que advertía que no se había notificado al demandado el apercibimiento contenido en el auto de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y seis como lo ordenó el Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, teniendo por ese motivo por no practicados el citatorio y la diligencia (de fechas veinticinco y veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete); toda vez que la cita a esa actuación no implicó su estudio, sino referencia a las constancias de autos.

Por otra parte, el recurrente alega violaciones que no fueron materia de la litis constitucional en relación con el acto reclamado en la demanda de amparo origen de la revisión que se analiza, ya que dicho acto se hizo consistir en la medida de apremio consistente en un arresto impuesto al hoy peticionario de garantías por el Juez responsable el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete; en cambio el recurrente en sus agravios alega que el Juez no analizó el auto de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y siete en el que al dar cumplimiento a la resolución dictada por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en el juicio de amparo número 103/97-III repitió el acto reclamado, no dictó otro auto y dejó vigente el proveído de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y seis.

Las citadas cuestiones por no formar parte de la litis constitucional en el juicio de garantías que se analiza, deben desestimarse por improcedentes; por lo que respecto a la sentencia dictada en el juicio de amparo número 103/97-III que dice el impetrante ha habido un irregular cumplimiento (exceso o defecto en la ejecución) o si se repitió el acto reclamado, la Ley de Amparo prevé medios de defensa a su alcance que deberá, en todo caso, hacerlos valer en la forma y términos que establece dicha ley, y no a través de un nuevo juicio de amparo.

Por otra parte, el promovente del recurso aduce que es ilegal la resolución del Juez Federal, toda vez que el actuario al constituirse en su domicilio el veintiuno y veintidós de octubre último se concretó en la primera a dejar citatorio y en la segunda a entender la diligencia con su hijo requiriéndole de pago o a señalar bienes para el embargo, entendiéndose que con ese acto inició el cumplimiento del auto de mandamiento en forma, el cual no se debió interrumpir de conformidad con lo previsto por el artículo 1394 del Código de Comercio.

Que en la citada actuación no consta que haya realizado previamente y con anticipación de tres días la notificación personal del apercibimiento de arresto en proveído de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y seis.

Que la sentencia impugnada violó en su perjuicio las normas esenciales del procedimiento, el principio regulador de la prueba, y no motivó ni fundó su resolución; que de ejecutarse el acto reclamado, sería de irreparable perjuicio, no obstante que existen suficientes elementos de convicción y valor jurídico para que se le conceda el amparo; y que sin embargo se dio valor demostrativo a lo que sostiene el actuario.

Que si bien no esperó al actuario y las personas con quienes se dice se entendió la diligencia se opusieron a que dicho fedatario actuara; lo era también que iniciada la diligencia no existió conclusión de la misma ni emplazamiento a juicio; y asegura que ello demuestra la maniobra urdida en su contra, haciéndolo sujeto activo de un desacato y como consecuencia le impone un arresto del que no tuvo conocimiento.

Son en parte fundados los anteriores agravios.

Se destaca que el Juez Federal en la parte conducente de la sentencia impugnada hizo una relación de las actuaciones del juicio original, antecedentes del acto reclamado, en concreto, de las diligencias en que el notificador pretendió dar cumplimiento al auto de ejecución ordenado por el Juez primario y los apercibimientos efectuados por él mismo ante la oposición de la parte demandada, y después concluyó que la privación de la libertad que se pretendía ejercitar en perjuicio del quejoso, emanaba del juicio ejecutivo mercantil promovido por Construcciones Atila, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su contra, en el que previamente al dictado de dicha medida de apremio existieron diversos apercibimientos para que permitiera el cumplimiento del auto exequendum, existiendo oposición manifiesta de las personas con quienes se entendieron las diligencias, no obstante haberle dejado previos citatorios para que esperara al actuario y así poder entenderla directamente con él; máxime que la primera diligencia se entendió con su esposa y la última con su propio hijo.

Que por ello, debía considerarse que el procedimiento previo al dictado del medio de apremio se siguió con las formalidades de ley, con las consiguientes notificaciones al buscado, que se practicaron por conducto de las personas que se encontraban en el domicilio respectivo, por no esperar el demandado al actuario, no obstante el previo citatorio.

Que si al hoy quejoso se le apercibió que de oponerse a la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, se haría acreedor a un arresto y no obstante ello, incumplió dicha determinación, era incuestionable que incurrió en un desacato a una orden de autoridad judicial, y que por ello en forma alguna se le violaron sus garantías individuales.

Que además, no demostró con algún elemento probatorio que las notificaciones practicadas por el actuario se hayan practicado en forma diversa a la prevenida por la ley, o que no se hayan efectuado, o que desvirtuaran lo afirmado por el ejecutor que practicó la diligencia tildada de inconstitucional, pues al constituirse en el domicilio señalado como del buscado, y entender las diligencias con la esposa y con su hijo, que en ese caso, lo asentado por dicho fedatario público debía entenderse como la verdad de los hechos, pues al ser un funcionario investido de fe pública se presumía que sus actos eran verídicos y de buena fe; que por otra parte la orden de arresto estaba fundada y motivada.

Que la autoridad responsable era competente para imponer tal medida de apremio, de conformidad con el artículo 73, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que prevé que los Jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear entre otros, como medida de apremio el arresto hasta por treinta y seis horas.

Que los Jueces en uso del arbitrio judicial pueden imponer la medida que estimen más adecuada al caso conforme a la lógica y el buen sentido, para compeler al contumaz a cumplir con una determinación judicial.

Ahora bien, es cierto que como lo sostuvo el Juez Federal, de conformidad con el artículo 73, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, para hacer cumplir sus determinaciones, la autoridad responsable es competente para imponer medidas de apremio como la que es origen del acto reclamado, y por otro lado, el actuario ejecutor esté investido de fe pública y se presume que sus actos son verídicos y de buena fe; también es cierto que efectivamente previo al dictado del acto reclamado la autoridad responsable dictó diversos apercibimientos para que el demandado permitiera el cumplimiento del auto de exequendum, existiendo oposición de las personas con quienes se entendieron las diligencias.

Sin embargo, para la emisión de un acto de molestia como el que constituye el acto reclamado en la demanda de garantías que se analiza, debe la autoridad responsable respetar las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual no se advierte que en el asunto que se trata se hubiere respetado, porque si bien es cierto que previo a la diligencia de requerimiento de pago o embargo se dejó citatorio, éste no se apegó a derecho; y por ende, la imposición del arresto no está apegado a derecho.

En efecto, de las constancias de autos, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y siete, en cumplimiento del auto de exequendo y entre otros, del auto de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el notificador se constituyó en el domicilio del demandado, y cerciorado de ser éste su domicilio, y no estando presente en ese momento, por habérselo informado así la persona llamada Iván Ibarra del Cueto y, quien dijo ser hijo del demandado, por su conducto le dejó citatorio a dicho demandado para que al siguiente día, a las ocho horas, se sirviera aguardarlo en ese lugar para la práctica de una diligencia judicial, con el apercibimiento de ley decretado en los aludidos autos (folio 95).

Asimismo, consta que el día veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete, a las ocho horas, el actuario se constituyó nuevamente en el domicilio del demandado, quien no se encontró presente en ese momento, por lo que entendió la diligencia nuevamente con Iván Ibarra del Cueto, le hizo el requerimiento de pago a la actora, o en su defecto que señalara bienes de la propiedad de dicho demandado suficientes a garantizar las prestaciones reclamadas, con el apercibimiento de que en caso de no hacer lo uno ni lo otro, el señalamiento de los bienes para su embargo, pasaría a la parte actora, y también con el apercibimiento de que en caso de nueva oposición, como lo disponía el auto de fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y seis, entre otros, se le impondría al demandado un arresto de treinta y seis horas.

Al efecto, el fedatario hizo entrega a la citada persona de la correspondiente cédula original que contenían los mencionados autos y esa persona dijo que no hacía pago ni señalaba bienes para su embargo y no permitió el acceso al interior de su domicilio (folios 96 y 97).

Mediante auto de fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, el Juez de primer grado acordó que vista la oposición que hubo a la práctica de la diligencia de fecha veintidós de octubre del mismo año, era procedente hacer efectivo el apercibimiento decretado por auto de fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y seis, y se le impuso al demandado un arresto de treinta y seis horas, para lo cual ordenó girar atento oficio a la autoridad correspondiente a efecto de que se hiciera efectivo dicho arresto.

De las constancias a que se ha hecho referencia se advierte que al constituirse el ejecutor con el fin de dar cumplimiento al auto de exequendo y de apercibimiento de arresto en caso de oposición contenido en el auto de fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y seis, no encontró al demandado, por lo que procedió a dejar citatorio con su hijo Iván Ibarra del Cueto, para que el interesado lo esperara al día siguiente, a las ocho horas; sin embargo, en el citatorio que se le dejó al ahora quejoso no se le comunicó a éste el apercibimiento de arresto, sino sólo se asentó "con el apercibimiento de ley", pero no se asentó haber cumplido con lo dispuesto por el artículo 1393 del Código de Comercio, es decir, que se le hubiese hecho saber al demandado que quedaba apercibido que de no permitir el desahogo de la diligencia, y que en caso de desacato se le impondría como medida de apremio un arresto por treinta y seis horas; a efecto de que estuviera en aptitud de cumplir o bien de conocer de manera legal y veraz las sanciones a que podía hacerse acreedor.

Ciertamente, tratándose de la primera diligencia practicada a la parte demandada en un juicio ejecutivo mercantil, que consiste en el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 1393 del Código de Comercio, el notificador ejecutor correspondiente debe de constituirse en el domicilio del deudor y no encontrándolo le debe dejar citatorio en el que se especifique el día y hora en que éste debe de aguardar el regreso de aquél y si el demandado no espera, se procederá entendiéndose la diligencia con cualquier persona que se encuentre en la casa respectiva o con el vecino más próximo.

Cabe destacar que el citatorio que dicho precepto ordena se deje si a la primera búsqueda el deudor no se encuentra, obviamente tiene como finalidad primordial que la diligencia respectiva se entienda de preferencia personalmente con el interesado, a efecto de que se le haga saber directamente que existe un juicio en su contra y pueda hacer valer lo que a su derecho corresponda. Circunstancia que se evidencia todavía más cuando a la vez existe un requerimiento expreso de la autoridad judicial para que se conduzca en determinado sentido, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá una medida de apremio, porque entonces aunado a las sanciones procesales a que se puede hacer acreedor, también existe otro acto que le puede afectar su esfera jurídica.

Ahora bien, si en la diligencia respectiva se pretende llevar a cabo el auto de exequendo, y el requerimiento y apercibimiento de arresto sólo se hace del conocimiento de la persona con quien se entiende el motivo de la misma, tratando de practicar el embargo respectivo y existe oposición de dicha persona, pero no aparece que, en cumplimiento a lo dispuesto por el invocado artículo 1393 del código mercantil, primeramente se haya dejado al demandado el citatorio correspondiente en el que, se asiente que de no poder estar presente el propio demandado, debe dejar instrucciones para que se permita el desahogo de la diligencia y que en caso de desacato se le impondrá como medida de apremio una multa o un arresto, a efecto de que esté en aptitud de cumplir, o bien de conocer de manera legal y veraz las sanciones a que puede hacerse acreedor, resulta indudable que el acuerdo mediante el cual se haga efectivo el apercibimiento de referencia es violatorio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con la disposición secundaria antes invocada, toda vez que ese acuerdo no se emitió una vez que se hubieran cumplido las formalidades del procedimiento ya puntualizadas.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo I, mayo de mil novecientos noventa y cinco, página trescientos cuarenta, cuyo texto expresa:

"-Tratándose de la primera diligencia practicada a la parte demandada en un juicio ejecutivo mercantil, que consiste en el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 1393 del Código de Comercio, el notificador ejecutor correspondiente debe de constituirse en el domicilio del deudor y no encontrándolo le debe dejar citatorio en el que se especifique el día y hora en que éste debe de aguardar el regreso de aquél y si el demandado no espera, se procederá entendiéndose la diligencia con cualquier persona que se encuentre en la casa respectiva o con el vecino más próximo. Cabe destacar que el citatorio que dicho precepto ordena se deje si a la primera búsqueda el deudor no se encuentra, obviamente tiene como finalidad primordial que la diligencia respectiva se entienda de preferencia personalmente con el interesado, a efecto de que se le haga saber directamente que existe un juicio en su contra y pueda hacer valer lo que a su derecho corresponda. Circunstancia que se evidencia todavía más cuando a la vez existe un requerimiento expreso de la autoridad judicial para que se conduzca en determinado sentido, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá una medida de apremio, porque entonces aunado a las sanciones procesales a que se puede hacer acreedor también existe otro acto que le puede afectar su esfera jurídica. Ahora bien, si en la diligencia respectiva se pretende llevar a cabo el auto de exequendo, y el requerimiento y apercibimiento de arresto sólo se hace del conocimiento de la persona con quien se entiende el motivo de la misma, tratando de practicar el embargo respectivo y existe oposición de dicha persona, pero no aparece que, en cumplimiento a lo dispuesto por el invocado artículo 1393 del código mercantil, primeramente se haya dejado al demandado el citatorio correspondiente en el que, además de hacer saber el día y la hora precisos en que debe esperar, también se asiente que, de no poder estar presente el propio demandado, debe dejar instrucciones para que se permita el desahogo de la diligencia y que en caso de desacato se le impondrá como medida de apremio un arresto, a efecto de que esté en aptitud de cumplir, o bien de conocer de manera legal y veraz las sanciones a que puede hacerse acreedor, resulta indudable que el acuerdo mediante el cual se haga efectivo el apercibimiento de referencia es violatorio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con la disposición secundaria antes invocada, toda vez que ese acuerdo no se emitió una vez que se hubieran cumplido las formalidades del procedimiento ya puntualizadas."

En consecuencia, por haber resultado fundados los agravios, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia dictada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que había negado al quejoso el amparo solicitado; y como el recurrente hizo valer idénticos agravios a los expresados en sus conceptos de violación, y por las consideraciones indicadas, procede conceder a Iván Ibarra del Río, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el proveído de fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete, en términos de lo analizado en el presente considerando.

Por haberse concedido el amparo solicitado respecto a la autoridad ordenadora, igual consideración debe hacerse respecto al acto atribuido a las autoridades ejecutoras, por haberse determinado la inconstitucionalidad del acto que estas últimas deberían ejecutar.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Iván Ibarra del Río, en contra de los actos reclamados y autoridades responsables que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos relativos al Juzgado de Distrito de donde provienen; y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados presidenta María del Carmen Sánchez Hidalgo, Guillermo Antonio Muñoz Jiménez y José Luis Caballero Cárdenas, siendo relatora la primera de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5373-77a8799e/arresto-decretado-como-medida-de-apremio-en-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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