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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 16/98. · Registro digital (IUS): 4718
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENRIQUE GILARDI RIVERO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, , Pág. 729.

AMPARO EN REVISIÓN 16/98. ENRIQUE GILARDI RIVERO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los agravios expresados por el recurrente resultan sustancialmente fundados.

Le asiste la razón al recurrente al señalar que es incorrecto el argumento en el que el Juez de Distrito fundó su determinación de sobreseer en el juicio de garantías materia de este recurso de revisión, y que hizo consistir en la falta de legitimación activa del promovente para impugnar la orden de entrega de los legados respectivos, debido a que el quejoso no es el albacea de la sucesión de que se trata.

Al respecto, el recurrente manifiesta en sus agravios que acreditó tener el carácter de único y universal heredero en la sucesión respectiva y, en consecuencia, de entregarse los inmuebles correspondientes a los legados, tal y como ordenó el Juez de primera instancia y confirmó la Sala revisora, se afectan directamente sus intereses, violándose en su perjuicio el artículo 1763 del Código Civil que señala que primero deben pagarse las deudas de la sucesión y después entregarse los legados.

Además, señala el recurrente que de entregarse dichos legados se le causaría un agravio de imposible reparación, pues se pagarían las deudas de la sucesión única y exclusivamente del haber hereditario que le corresponde como único y universal heredero, dispensando así a los legatarios en forma ilegal y en contra del expreso texto de la ley del pago proporcional correspondiente.

El argumento en que se fundó el Juez de Distrito para sobreseer en el juicio de amparo que se revisa resulta inexacto, pues el hecho de que el quejoso no sea albacea de la sucesión relativa, no impide que acuda a solicitar la protección de la Justicia Federal, en su carácter de único y universal heredero, en contra de los actos que reclamó.

En efecto, si bien es cierto que el artículo 1706, fracción VIII, del Código Civil señala que es obligación del albacea general el representar a la sucesión en todos los juicios que hubieran de promoverse en su nombre o que se promovieren contra ella dicho ordenamiento jurídico también concede ciertos derechos a los herederos en lo individual, tales como emitir su voto para el nombramiento de albacea definitivo y de perito valuador formular inventario de los bienes de la herencia cuando no lo haga el albacea de la sucesión en el término legal, impugnar el inventario presentado por el albacea, solicitar el nombramiento de interventores, y oponerse a la entrega de los legados cuando resulten afectados.

Por lo que cuando se violan esos derechos que el Código Civil concede a los herederos en forma personal, éstos pueden impugnar dichas violaciones mediante los recursos o medios de defensa que establezca la ley y, en consecuencia, se encuentran legitimados para promover el juicio de amparo en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, pues es a éstos, en lo individual, y no a la sucesión a los que se les causa el perjuicio.

De la simple lectura de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto que se revisa, se aprecia la posible violación a un derecho concedido por la ley en forma personal al quejoso, en su carácter de único y universal heredero de la sucesión relativa.

En efecto, dentro del juicio sucesorio en estudio, se aprecia que el heredero, hoy quejoso, efectivamente se encuentra directamente afectado por las resoluciones emitidas por los juzgadores de primera y segunda instancias, en relación con la orden que emitieron y confirmaron de entregar los legados precisados en el testamento otorgado por el autor de la sucesión de que se trata, pues, tal y como afirma el quejoso, de existir adeudos a cargo de la sucesión deben liquidarse con anterioridad a la entrega de los legados, en los términos señalados por el artículo 1763 del Código Civil.

Por esta razón, resulta improcedente el sobreseimiento en el juicio de garantías pronunciado por el Juez de Distrito, debido a que el quejoso sí tiene legitimación para promover el juicio de amparo.

Resulta aplicable, por analogía, la tesis visible en la página seis de la Tercera Parte del Informe de Labores correspondiente al año de mil novecientos setenta y tres que dice: "HEREDEROS, CASOS EN LOS QUE PUEDEN OCURRIR AL JUICIO DE AMPARO A RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DEL JUICIO SUCESORIO.-En los juicios sucesorios los herederos tienen como principal interés recibir la parte de la herencia que legalmente les corresponda; pero para lograrlo es necesario seguir el procedimiento que para el efecto fija la ley, siendo entre tanto el albacea el único representante de la totalidad de los herederos y el que debe ejercitar las acciones y derechos que correspondan a la sucesión. Pero en las mismas leyes que regulan ese procedimiento, se conceden ciertos derechos a los herederos en forma individual, tales como emitir su voto para el nombramiento de albacea definitivo y de perito valuador; formular inventario de los bienes de la herencia cuando no lo haga el albacea de la sucesión en el término legal; impugnar el inventario presentado por el albacea; solicitar el nombramiento de interventores, y otros. Cuando se violan estos derechos, los herederos sí pueden impugnar esas violaciones mediante los recursos o medios de defensa que establezca la ley; y también están legitimados para promover el juicio de amparo en los términos del artículo 4o. de la ley de la materia, ya que si un acto de autoridad viola cualquiera de los derechos señalados, lógicamente se les está causando un perjuicio a los herederos considerados particularmente, y no a la sucesión.".

En consecuencia, no se actualizó la causal de improcedencia invocada por el a quo federal.

No advirtiéndose la existencia de alguna otra causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 91, fracción III, de la referida ley, procede revocar la sentencia recurrida, debiéndose realizar el examen de los conceptos de violación hechos valer, mismos que no se transcribirán ni analizarán en el caso concreto, dado que, en la especie, este órgano colegiado advierte que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo que se revisa y, en razón de ello, en términos del artículo 91, fracción IV, del ordenamiento legal antes invocado, procede ordenar la reposición del procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:

Ciertamente, como actos reclamados en el juicio de amparo que se revisa se señalaron las sentencias emitidas por la responsable en los tocas números 984/97/7 y 985/97/8, de fechas trece de junio de mil novecientos noventa y siete.

La ilegalidad que la recurrente atribuyó a dichos actos reclamados, la hizo consistir, medularmente, en que se violaron en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los diversos preceptos 1763, 1987 y 1989 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en los artículos 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal y el artículo 114 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que la autoridad responsable desconoció los adeudos que quedaron debidamente acreditados a cargo de la sucesión, por la existencia del aval otorgado por el de cujus Francisco Gilardi Rivero, en relación con los diversos créditos que se otorgaron a las empresas Gilardi MW, Sociedad Anónima de Capital Variable, Gilardi Editores, Sociedad Anónima de Capital Variable, Magnuscan Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable y Tilco de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, las cuales al ser requeridas judicialmente manifestaron la existencia del referido aval.

Por su parte, de las sentencias reclamadas se advierte que la autoridad señalada como responsable esencialmente consideró que lo expuesto por el apelante era infundado, pues del expediente principal se advertía que en el inventario presentado por el albacea Moisés Zaga Charua, éste manifestó que no había pasivos en la sucesión testamentaria a bienes de Gilardi Rivero Francisco, en virtud de que no existía pasivo alguno a cargo del autor de la sucesión, inventario que fue aprobado en proveído de fecha diez de enero de mil novecientos noventa y siete, confirmado por esa alzada en resolución dictada en el toca número 511/97/4, por lo que no habiéndose acreditado en autos, hasta el momento en que se dictaron los autos que se recurrieron ante la Sala, que algún titular de los documentos, en los que dice el apelante que el de cujus firmó como aval, le esté cobrando algún crédito, procedió la entrega de los legados.

Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto que se revisa, se advierte que la autoridad señalada como responsable, al rendir su informe con justificación, no remitió las constancias relativas al juicio natural del cual deriva el acto reclamado, mismas que tuvo a la vista la autoridad responsable para emitir las sentencias de fechas trece de junio de mil novecientos noventa y siete, impugnadas por el quejoso; actuaciones que es necesario tener a la vista, pues las consideraciones de la Sala responsable hacen alusión a constancias que se encuentran contenidas en ese expediente, las cuales fueron motivo de los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías; por tanto, al no obrar el expediente antes referido en los autos del juicio de garantías y al ser necesarios para la resolución de la cuestión planteada por el quejoso, ello es motivo más que suficiente para que se ordene reponer el procedimiento en el juicio constitucional, a efecto de que el juzgador federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, las recabe en forma oficiosa.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto; en esa virtud, de no recabarse oficiosamente aquellas pruebas cuando sea procedente, su omisión constituirá una infracción a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que motivará la reposición del procedimiento a efecto de que el Juez Federal cumpla con lo ordenado por el artículo 78, último párrafo, del citado ordenamiento legal.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia número P./J. 18/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, Pleno y Salas, que dice: "ACTUACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA LABORAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO RECABARLAS OFICIOSAMENTE CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.-De conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la misma obligación subsiste cuando el acto reclamado lo constituye una actuación procesal, pues esa circunstancia justifica la necesidad de que el juzgador tenga a la vista todas las actuaciones que considere necesarias para resolver sobre la legal actuación de la autoridad responsable, pues de estimar lo contrario, no podría alcanzarse la equidad y justicia que encierra el precepto citado, que constituyen principios que deben cumplirse cuando se juzgan cuestiones de justicia laboral."; así como las tesis emitidas por este Tribunal Colegiado, publicadas, respectivamente, en la página 584 del Tomo II, correspondiente al mes de noviembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época y en la página 496 del Tomo IV, correspondiente al mes de noviembre de 1996, de dicho órgano informativo, Novena Época, bajo los rubros: "" y "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DE RECABAR DE OFICIO LAS. COMPRENDE A TODAS LAS INSTRUMENTALES DE LAS QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO LA AUTORIDAD PARA EMITIR EL ACTO RECLAMADO.".

Por los motivos antes expuestos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede ordenar la reposición del procedimiento, a efecto de que el a quo federal recabe las constancias señaladas con antelación y dicte correctamente la resolución que en derecho proceda.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de garantías 541/97-X, promovido por Enrique Gilardi Rivero, en contra de los actos que reclamó de la Decimocuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por las razones y para el efecto que se indican en el último considerando de la presente resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos relativos al Juzgado de Distrito de donde provienen y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados presidenta María del Carmen Sánchez Hidalgo, José Luis Caballero Cárdenas y Guillermo Antonio Muñoz Jiménez, siendo ponente el tercero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4718-496ea701/pruebas-obligacion-del-juez-de-distrito-para-recabar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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