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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO. NECESIDAD DE HACER CONSTAR LA ENTREGA DE LA COPIA DE LA RESOLUCIÓN MATERIA DE LA NOTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 315/99. · Registro digital (IUS): 5909
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSÉ IBÁÑEZ NAVARRO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, , Pág. 1198.

AMPARO EN REVISIÓN 315/99. JOSÉ IBÁÑEZ NAVARRO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los agravios hechos valer por los recurrentes son infundados.

En efecto, los inconformes aducen como motivos de inconformidad que a pesar de que el diligenciario responsable negó el acto reclamado, el Juez Federal indebidamente consideró que son ciertos los actos reclamados por el quejoso porque así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado.

Los agravios reseñados en líneas precedentes son infundados. Ello es así porque de la lectura del informe justificado rendido por el diligenciario responsable, mismo que obra a foja ciento ochenta y tres del expediente relativo, se advierte que manifestó que era cierto el acto reclamado, pues en la parte conducente de éste, dijo: "... es cierto el acto reclamado pero en parte.-Ya que efectivamente ante el Juzgado Segundo de lo Civil de esta capital, se encuentra radicado el expediente número 658/95, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por José, digo (sic) Eduardo Herrera Solano y Miguel Ángel Legaria Ramírez, por su representación, en contra de José Ibáñez Navarro, hoy quejoso, en este juicio de amparo, y en el cual se ordenó pasar los autos al suscrito a fin de requerir al demandado en su domicilio señalado por el actor al pago de las prestaciones reclamadas, situación que el suscrito realizó conforme a la ley, tal y como consta en autos, siendo falso que no se le haya emplazado al demandado, ya que éste sólo trata de evadir un compromiso promoviendo este juicio de garantías, además el juicio en cuestión ya se terminado (sic)"; es decir, el diligenciario responsable aceptó que requirió al demandado del pago de las prestaciones reclamadas, en el domicilio señalado por el actor y que lo emplazó a juicio.

Los recurrentes alegan que el Juez de Distrito no analizó conforme a derecho la causal de improcedencia invocada, en el sentido de que los actos reclamados por el quejoso se han consumado de modo irreparable, toda vez que la sentencia reclamada ha causado estado y ya se remató y adjudicó el inmueble embargado al hoy inconforme.

Los agravios que se estudian son infundados, y sobre el particular debe decirse que el Juez Federal analizó las causales de improcedencia de que se trata y, acertadamente estimó que de ser procedente la concesión del amparo al quejoso, ello traería como consecuencia restituir al mismo en él goce de sus garantías individuales violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

La anterior determinación del Juez Federal es correcta, porque el artículo 80 de la Ley de Amparo, prescribe: "Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.".

De acuerdo con lo anterior, aun cuando se haya adjudicado al actor el inmueble embargado, dicho acto no puede considerársele como acto consumado de un modo irreparable, porque si se otorga la protección federal, las cosas pueden volver al estado que tenían antes de las violaciones reclamadas, dado que la concesión del amparo es, por su naturaleza, esencialmente restitutoria y su efecto es el de que se reponga al quejoso en el uso de la garantía violada, por lo que tratándose de la adjudicación de un bien, mientras el objeto de que se trata no desaparezca materialmente, el amparo sí puede concederse para que se devuelva lo embargado con sus correspondientes frutos. Al caso resulta aplicable, en lo conducente y por su sentido, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja quinientos noventa, del Tomo XXIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "REMATES.-Aun cuando el remate se haya verificado y se haya inscrito en el registro la escritura de adjudicación al rematante, no se está en el caso de un acto consumado de un modo irreparable, puesto que si se obtiene el amparo contra el remate, las cosas pueden volver al estado que tenían antes de las violaciones que se reclaman y, por tanto, no es procedente desechar la demanda de amparo que contra el remate se instaure.".

Los recurrentes también alegan que el Juez Federal no estudió la causal de improcedencia invocada, consistente en que los actos reclamados fueron consentidos tácita o expresamente, porque del contenido de la demanda de garantías se desprende que el promovente conoció el acto reclamado y que aun suponiendo que existieron irregularidades en el procedimiento, el quejoso tuvo oportunidad de promover un incidente de nulidad de actuaciones.

Los motivos de inconformidad reseñados en líneas precedentes son infundados. En efecto, el artículo 21 de la Ley de Amparo establece: "El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.".

Del precepto en comento se desprende que la ley exige que el quejoso debe tener conocimiento de los actos reclamados, pero que dicho conocimiento debe ser completo, real e indubitable y no presuntivo; de manera que la parte interesada debe estar enterada no solamente de que existe un juicio en su contra y qué personas lo promovieron, sino que también debe tener conocimiento de los demás datos esenciales del referido juicio, como son el del Juez ante el que se promueve, número de expediente, clase de juicio de que se trata, estado procesal en que se encuentra y prestaciones que se le reclaman en el mismo, para que el afectado, a partir de la fecha en que tenga conocimiento de tales datos, pueda formular adecuadamente su defensa y, por consiguiente, empiece a correrle el término de quince días para promover, en su caso, el juicio de amparo.

Por lo que en el caso en particular, aun en el supuesto de que la diligencia de emplazamiento se hubiera practicado personalmente con el quejoso, ello no bastaría para considerar que consintió los actos reclamados, toda vez que, aparte de que no tuvo conocimiento directo, exacto y completo de los actos reclamados, pues no obra en autos constancia que permita deducir que se le proporcionaron todos los datos necesarios para tener ese conocimiento al practicarse con él dicha diligencia, el estudio de la legalidad o ilegalidad del emplazamiento es materia de fondo del asunto, como aconteció en la especie, y no una causa de improcedencia que sirva para sobreseer en el juicio.

Por lo anterior, no es aplicable la tesis invocada por el inconforme, intitulada: "EMPLAZAMIENTO, CONSENTIMIENTO DE SUS IRREGULARIDADES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", ya que ésta se refiere al caso de que el demandado tuvo conocimiento del juicio ejecutivo mercantil seguido en su contra, antes de que se dictara sentencia de primera instancia.

Los recurrentes exponen que en la diligencia relativa se cumplieron con todos los requisitos y formalidades legales, por lo que el Juez de Distrito no valoró conforme a derecho el acta de emplazamiento y se limitó a manifestar que el mismo es ilegal, porque en autos no obra copia del instructivo de notificación y, por tanto, existió la imposibilidad de determinar a través del expediente, si esa diligencia satisfizo o no los requisitos legales.

Los motivos de inconformidad que se estudian son infundados, porque como bien lo precisó el Juez Federal, de las constancias que obran en autos no se advierte que la diligencia de emplazamiento reclamada se haya ajustado a derecho.

En efecto, el artículo 49, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, establece que: "Artículo 49. En la primera notificación se observarán las siguientes disposiciones: I. Se hará personalmente al interesado en la residencia designada, entregándole copia autorizada de la resolución que se notifica.".

Ahora bien, si el precepto en estudio emplea el término "copia autorizada", ello significa forzosamente que debe tratarse de una copia autenticada por el secretario del juzgado, que es el funcionario que, en términos del artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, debe autorizar y expedir copias de las actuaciones judiciales.

Lo anterior es de vital importancia, si se toma en consideración que la finalidad del emplazamiento se centra en que el demandado tenga conocimiento íntegro no sólo de la pretensión deducida en su contra por la parte actora, sino también de las actuaciones previas al llamamiento a juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio invocado por el propio inconforme, mismo que fue sostenido por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja doscientos cincuenta y uno, del Tomo II, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "-Si de las constancias de autos, se observa que el emplazamiento se limitó a levantar un acta en la que se hace constar la presencia del demandado, sin que se asiente la razón de que se entregó copia autorizada de la resolución materia de la notificación, ni que se le corrió traslado con la copia de la demanda y sus anexos, tal diligencia debe considerarse ilegal, porque de una interpretación de los artículos 49 fracción I y II, 58 fracción I, 230 fracciones III y IV y 231 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, se desprende que el emplazamiento deberá notificarse al demandado en forma personal, en el domicilio señalado para ese efecto y, además, deberá entregarse copia de la resolución a notificar y corrérsele traslado con las copias de la demanda y sus anexos.".

En la especie, del acta de emplazamiento controvertida se observa que el actuario responsable levantó el acta que textualmente dice: "En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las diez horas con treinta minutos del día veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco, el suscrito Eduardo García Herrerías, diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de esta capital, asociado de la parte actora, licenciado Eduardo Herrera Solano, por su representación, me constituí en el domicilio señalado en autos, sito en la casa número siete de la calle Chetumal, de la colonia Lomas de San Miguel, de esta ciudad y cerciorado plenamente de ser éste el domicilio de la parte demandada, José Ibáñez Navarro, por así manifestarlo bajo protesta de decir verdad el (los) demandado (s) y estando presente en este momento le (s) hago saber el motivo de mi presencia, notificándole (s) personalmente y mediante instructivo la resolución que antecede de fecha veintiocho de marzo del año en curso, de todo lo cual manifiesta (n) quedar debidamente entendido (s). Requerido (s) para que en este momento haga (n) a la parte actora por su representación pronto y ejecutivo pago de la cantidad de treinta y cinco mil cincuenta y cinco nuevos pesos, cero centavos, como suerte principal, más los intereses legales vencidos sobre dicha suma, a lo que dijo: Que sí reconoce su adeudo pero que le ha ido mal en sus negocios pero que la próxima semana lo liquidará para que se termine el problema. Requerido (s) para que en este momento haga (n) señalamiento de bienes de su propiedad, bastantes a garantizar las especies reclamadas y los accesorios legales, en los cuales trabar ejecución advertido (s) de que de no hacerlo, este derecho le será trasladado a la parte actora, a lo que dijo: Que de momento no puede hacer el pago ya que necesita tiempo para poder pagarlo. Trasladado este derecho a la parte actora, dijo: Que señala para que se trabe ejecución el lote número veintisiete de la manzana ocho de San Baltazar Campeche, de esta ciudad, el cual se encuentra inscrito bajo el número quinientos dieciocho a foja ciento cuarenta y uno del tomo cuatrocientos noventa y seis del libro uno, y bajo el predio mayor número ciento noventa y siete mil ochocientos cuarenta y cinco del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta capital, señalamiento que hace tanto en su parte raíz como en sus construcciones. Acto seguido, el suscrito diligenciario dijo: Es de trabarse y se traba formal embargo sobre el (los) bien (es) inmueble (s) antes descrito, tanto en su parte raíz como en sus construcciones y hasta en tanto en cuanto basten a cubrir las especies reclamadas y los accesorios legales. Acto seguido procedo a emplazar a la parte demandada en términos de lo previsto por el artículo 1396 del Código de Comercio para que ... (ilegibles) se presente (n) ante este juzgado a hacer paga llana de las especies reclamadas, o en su caso, a oponerse a la ejecución si tuviere (n) excepciones que hacer valer y le (s) hago entrega de las copias de traslado autorizadas, compuestas de ocho fojas útiles, mismas que recibe (n) de conformidad el (los) demandados. Diligencia que se desahogó conforme al artículo 49, fracciones I, II, VII, y VIII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Con lo que se dio por terminada la diligencia, levantándose la presente acta para constancia que se firma por el actor, el suscrito, no así por el (los) demandados por negarse a hacerlo. Doy fe (rúbricas).".

De la transcripción que antecede se observa que el funcionario que practicó la diligencia de emplazamiento no cumplió con las formalidades establecidas para la práctica de notificaciones personales y en especial, de la primera notificación. En efecto, aun cuando del acta mencionada se aprecia que el actuario responsable corrió el traslado respectivo con las copias autorizadas, compuestas de ocho fojas útiles, no se asienta razón de la que se desprenda que dicho funcionario también hubiese entregado al demandado, copia autorizada de la resolución que ordenó la notificación (tal y como lo dispone el artículo 49, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), esto es, del auto de exequendo dictado dentro del juicio de origen el día veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, pues únicamente señaló que hizo saber a José Ibáñez Navarro "... el motivo de mi presencia, notificándole (s) personalmente y mediante instructivo la resolución que antecede de fecha veintiocho de marzo del año en curso ...".

Por otra parte, al haberse realizado la diligencia de emplazamiento personalmente con el demandado no era necesario que se le dejara instructivo; pero si se notificó el auto de exequendo mediante instructivo, era necesario que se agregara al expediente una copia de dicho instructivo para tener la certeza de que se transcribió o se le dio a conocer la resolución materia de la notificación, con los datos completos, requisito que no se cumplió en la especie, a pesar de que el artículo 49, fracción VIII, inciso c), del código adjetivo civil del Estado, prescribe que: "Artículo 49. En la primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones: ... VIII. En el instructivo se hará constar: ... c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó.".

No obsta a lo anterior, el hecho de que en el artículo 49 citado, sólo se establezcan los requisitos que el instructivo debe contener, sin disponer expresamente que en autos deba quedar copia del mismo, pues este requisito debe considerarse sobreentendido, ya que de otra forma existiría la imposibilidad de determinar, a través del expediente, si la diligencia de emplazamiento satisfizo o no los requisitos que marca la ley. No debe olvidarse que éste es un acto trascendental y, por lo mismo, la satisfacción de todos y cada uno de los requisitos legales es de orden público, motivo por el cual no se puede estimar apegada a derecho una diligencia respecto de la cual se ignore si el demandado tuvo conocimiento preciso del contenido de la resolución materia del emplazamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J/19, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas seiscientos veintiocho del Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO REALIZADO MEDIANTE INSTRUCTIVO. NECESIDAD DE DEJAR EN AUTOS COPIA DEL MISMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-En los casos en que la ley permita que la resolución materia del emplazamiento se dé a conocer a la demandada mediante instructivo, resulta necesario que dicho funcionario adjunte al acta respectiva una copia de tal instructivo, a efecto de que se pueda tener la certeza de que en éste se transcribió, en forma completa, la resolución materia de la notificación y, asimismo, que se dio cumplimiento a los requisitos que se establecen en la fracción VIII del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. No obsta a lo anterior, el hecho de que en el citado artículo 49 sólo se establezcan los requisitos que el instructivo debe contener, sin disponer expresamente que en autos deba quedar copia del mismo, pues este requisito debe considerarse sobreentendido, ya que de otra forma existiría la imposibilidad de determinar, a través del expediente, si la diligencia de emplazamiento satisfizo o no los requisitos que marca la ley. No debe olvidarse que aquél es un acto trascendental y, por lo mismo, la satisfacción de todos y cada uno de los requisitos legales es de orden público, motivo por el que sería aberrante estimar apegada a derecho una diligencia respecto de la cual se ignora si el demandado tuvo conocimiento preciso del contenido de la resolución materia del emplazamiento.".

Cabe agregar que no es aplicable en la especie, la tesis invocada por los inconformes, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL EFECTUADO DE MANERA PERSONAL. LA EXISTENCIA DE LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR SU LEGALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).", pues ésta se refiere precisamente al caso en el que dentro del expediente obre cédula de notificación y en la especie, a pesar de que el acto reclamado supuestamente se haya dado a conocer a través de instructivo, el mismo no obra dentro del expediente relativo.

Asimismo, no se inobservó la tesis intitulada: "EMPLAZAMIENTO Y EMBARGO. ES LEGAL SI SE REALIZÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL DEUDOR EN EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN COMO LUGAR DE PAGO.", porque la misma sólo se refiere a uno de los requisitos de la notificación que se estudia, que es el lugar en el que debe realizarse.

Por último, los recurrentes aducen que aun suponiendo que se confirmara la concesión del amparo solicitado, éste debe otorgarse para el efecto de que se ordene la reposición del procedimiento a partir del emplazamiento practicado, por lo que quedaría firme el embargo trabado sobre el bien inmueble, por ser anterior a aquél.

Los agravios son infundados, toda vez que de lo dispuesto en el artículo 1394, primer párrafo, del Código de Comercio vigente, que dice: "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor; a continuación se emplazará al demandado.", se desprende que la diligencia de embargo constituye una unidad y si bien es cierto que el acto reclamado que se analiza se hizo consistir en el ilegal emplazamiento practicado por el diligenciario responsable, y el mismo se realizó después del embargo, es obvio que tal irregularidad vició toda la diligencia practicada, por lo que la misma debe quedar insubsistente en su integridad, para que se pueda practicar una nueva con todas las formalidades exigidas por la ley. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 28/96, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 16/96, entre las sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a foja doscientos siete, del Tomo IV, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS.-Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento."; razón por la cual no se inobservó la tesis invocada por el inconforme, bajo el rubro: "EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE EFECTUARSE PRIMERO EL EMBARGO PARA DESPUÉS CON VALIDEZ EMPLAZAR.".

Por lo anterior, debe considerarse que la sentencia recurrida se ajustó a derecho y por lo tanto, se impone confirmarla en sus términos.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma el fallo que se revisa.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a José Ibáñez Navarro, contra las autoridades y por los actos que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, licenciados Norma Fiallega Sánchez, Omar Losson Ovando y María de la Paz Flores Berruecos, esta última en su carácter de secretaria en funciones de Magistrada, autorizada por acuerdo del pleno de este órgano colegiado de cinco de julio de mil novecientos noventa y nueve, en términos de los artículos 26 y 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Nota: Los rubros de las tesis: "EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE EFECTUARSE PRIMERO EL EMBARGO PARA DESPUÉS CON VALIDEZ EMPLAZAR.", "EMPLAZAMIENTO, CONSENTIMIENTO DE SUS IRREGULARIDADES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", "EMPLAZAMIENTO Y EMBARGO. ES LEGAL SI SE REALIZÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL DEUDOR EN EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN COMO LUGAR DE PAGO.", y "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL EFECTUADO DE MANERA PERSONAL. LA EXISTENCIA DE LA CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ES INSUFICIENTE PARA DESVIRTUAR SU LEGALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).", que se citan en esta ejecutoria aparecen publicados, el primero y segundo, en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomos V y VI, Segunda Parte-1, páginas 199 y 153, respectivamente; el tercero, en el mismo Semanario y Época, Tomo XII, agosto de 1993, página 431, y el último, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 718.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5909-4ce8f37a/emplazamiento-necesidad-de-hacer-constar-la-entrega-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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