CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO ATACAN CUESTIONES QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
AMPARO EN REVISIÓN 396/98. JORGE ISMAEL ALONSO GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Previo al estudio de los motivos de inconformidad expresados por el quejoso, es pertinente advertir que toda vez que éste no controvierte la determinación de sobreseimiento respecto al acto reclamado a la Juez Primero de lo Civil del Distrito Federal, consistente en la sentencia interlocutoria de siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis, la misma permanece intocada y continúa rigiendo el sentido de la resolución impugnada.
Sentado lo precedente, se estiman esencialmente fundados los agravios que el recurrente aduce, en el sentido de que el Juez de Distrito estimó la existencia de los actos reclamados, lo que quedó debidamente acreditado en autos, mismos que precisó, consistentes tanto en la interlocutoria de siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis, dictada por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Federal, que aprobó el remate en primera almoneda y además, el fallo que la confirmó, pronunciado por la Décimo Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad capital, el tres de abril de mil novecientos noventa y siete, reconociéndole por ende a ésta el carácter de autoridad responsable, al estar demostrada su intervención en los actos reclamados, y no obstante ello, impropiamente y contradiciéndose, consideró que el ad quem no era autoridad responsable, en virtud de que la sentencia de tres de abril de mil novecientos noventa y siete, emitida al resolverse el recurso de apelación en comento, dentro del toca 567/97, fue dictada por un Magistrado que actuó unitariamente, y que debió señalarse al mismo, y no a la Sala como autoridad responsable, que tal consideración se controvertía, porque si bien era cierto que el artículo 38, párrafo II, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, establecía que los Magistrados de la Sala podían actuar en forma colegiada o unitaria, en los términos establecidos por esa legislación y que de igual forma, el numeral 43 en su último párrafo, consignaba también la facultad de que los Magistrados integrantes de una Sala, podrían dictar resoluciones en forma colegiada o unitaria, como en el presente caso había acontecido, que un solo Magistrado había resuelto el recurso de apelación que interpuso, actuando consecuentemente en forma unitaria, lo que no implicaba que por proceder en esa forma, dejara de pertenecer ni ser parte del cuerpo colegiado, como lo era la Décimo Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consideración indebida del Juez de Distrito que lo llevó a sobreseer el amparo que interpuso, que por ende, no resultaba aplicable la causal de improcedencia advertida.
Son fundados los anteriores agravios, toda vez que de las constancias de autos con valor probatorio pleno, como lo prevén los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, como lo consigna el numeral 2o. de esta última normatividad, se advierte que la Sala responsable, rindió el informe justificado, al que acompañó el toca 567/97, fallado el tres de abril del año próximo pasado, mismo que se formó con motivo de la apelación interpuesta por la parte codemandada, hoy quejoso, en contra de la sentencia interlocutoria de siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis, pronunciada por la Juez Primero de lo Civil de esta ciudad capital, en el juicio ejecutivo mercantil seguido por Aurum Heller Factoraje, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Jorge Ismael Alonso González y otro; habida cuenta, de que las Salas están posibilitadas para emitir sus resoluciones en los negocios que les competen, tanto de manera colegiada como unitaria dependiendo del tipo de fallo, lo que no implica dos jurisdicciones distintas, porque de cualquier forma, el órgano jurisdiccional es sólo uno, por lo que, no obstante que en los juicios de amparo debe señalarse como autoridad responsable a la Sala, para cumplir con los requisitos de los numerales 116 y 166 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque los objetivos que se pretenden al establecer como requisito que en la demanda de amparo se señale a la autoridad responsable, es que ésta sea llamada a juicio a defender la constitucionalidad de su acto y en su caso, así saber a quien exigir el cumplimiento de la sentencia protectora, pero aun cuando no se señale con toda claridad, pero de modo tal que se esté en posibilidad de llamarle a juicio, la falta de exactitud, no debe ser motivo para considerar improcedente el juicio de garantías, es más, ni siquiera para prevenir al quejoso para que subsane esa falta de precisión; por lo tanto, cabe concluir que el quejoso sí cumplió con el requisito de señalar a la autoridad responsable por lo que no se actualiza la causal de improcedencia, a que se refieren los artículos 5o., fracción II, y 7o., en relación con el 73, fracción XVIII, todos de la Ley de Amparo.
Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 1a./J. 8/98, derivada de la contradicción de tesis 99/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis de entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Séptimo y Octavo, en Materia Civil del Primer Circuito, publicada a fojas 140 y 141 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, Pleno y Salas, que a continuación se transcribe:
"AUTORIDAD RESPONSABLE. LO ES LA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CUANDO SE RECLAMA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR ELLA, EN FORMA COLEGIADA O UNITARIA, EN UN ASUNTO DE SU COMPETENCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).-El hecho de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, las Salas puedan dictar sus resoluciones en los asuntos de su competencia en forma colegiada o en forma unitaria, dependiendo del tipo de resolución, no significa que existan dos jurisdicciones diferentes, pues, en todo caso, el órgano jurisdiccional sigue siendo uno solo, la Sala, y propiamente es ésta quien dicta la resolución, independientemente de si lo hace en forma colegiada o unitaria. Por tanto, para cumplir con el requisito que establece la fracción III de los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo, cuando se reclame en un juicio de amparo una resolución dictada por una Sala en un asunto de su competencia, deberá señalarse como autoridad responsable a la Sala. No obstante que los objetivos que se persiguen al establecerse como requisito que en la demanda de amparo se señale a la autoridad responsable, son que ésta pueda ser llamada a juicio a defender la constitucionalidad de su acto y, en su caso, que el tribunal de amparo conozca a quién exigir el cumplimiento de la sentencia protectora, en su señalamiento debe exigirse al quejoso tanta exactitud como sea necesaria para que se cumplan los dos objetivos que se persiguen, de manera que, aun cuando no la señale con toda claridad, pero de modo tal que se esté en posibilidad de llamarla a juicio y de saber a quién exigir, en su caso, el cumplimiento de la sentencia protectora, la falta de exactitud no debe ser motivo para considerar improcedente el juicio, más aún, ni siquiera para prevenir al quejoso para que subsane la falta de precisión. Consecuentemente, cuando se reclama a través del juicio de amparo una resolución dictada por un integrante de la Sala, el quejoso cumple con el requisito que establece la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo si señala como autoridad responsable a la Sala, así como específicamente al Magistrado que la dictó, incluso, a los Magistrados integrantes de ésta; debiendo en todo caso, tenerse como responsable a la Sala."
Consecuentemente, debe revocarse el sobreseimiento en el juicio de amparo decretado en la sentencia que se revisa y entrar desde luego al fondo de la controversia constitucional, con fundamento en el artículo 91, fracciones I y III de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario estudiar los conceptos de violación, que son del tenor literal siguiente: "Primero. Los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, violan en perjuicio del suscrito quejoso lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que no respetan en manera alguna los principios de seguridad jurídica y de legalidad con base en las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación preciso.-La esencia de este primer concepto de violación consiste en el considerando II contenido en la sentencia de fecha 3 de abril del año en curso, que dictó la Sala responsable en el toca de apelación 567/97, y que obran a fojas 1 vuelta, 2 frente y primer párrafo de la foja 2 vuelta, en el cual supuestamente la Sala analizó y estudió mi primer agravio que le hice valer a través de mi escrito de fecha 18 de noviembre de 1996, cuando le señalé que no se cumplieron en ningún momento las formalidades que establecen los artículos 1410, 1411, 1412 del Código de Comercio, en relación con los artículos 565, 566, 569, 570 y 579 del Código de Procedimientos Civiles para el D.F., de aplicación supletoria al Código de Comercio, y de la lectura del considerando II consta fehacientemente que la Sala no estudió tales violaciones y en consecuencia se limita única y exclusivamente a declarar infundados los agravios expresados de mi parte sin que haya expresado la Sala un razonamiento jurídico por lo que falta a lo establecido en el artículo 16 de nuestra Constitución, en virtud de que el acto de la autoridad en manera alguna se encuentra fundado ni motivado, y esto hace que la sentencia dictada por la Sala incumpla con el principio de legalidad que establece esta disposición legal.-Más aún la violación que ha cometido la Sala responsable al artículo 14 de nuestra Constitución, consiste en que la falta de estudio de los agravios expresados de mi parte al sustanciar el toca de apelación 567/97, consiste en que no se respetó por la Juez Primero de lo Civil y en apelación por la Sala responsable, las normas del procedimiento, dado que no estudió la Sala responsable la esencia del concepto primero invocado.-Segundo. En perjuicio del suscrito quejoso se viola lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que los actos de las responsables han faltado al principio de seguridad jurídica y de legalidad establecido en las disposiciones constitucionales antes citadas, con base en lo siguiente: Como segundo agravio el suscrito expresó ante la Sala responsable por escrito de fecha 18 de noviembre de 1996, hice del conocimiento de dicha autoridad que la interlocutoria que dictó la Juez Primero de lo Civil de fecha 7 de noviembre de 1996, era violatorio de lo dispuesto en los artículos 324 y 325 del Código de Comercio en vigor, así como lo establecido en los artículos 1410 y 1411 del mismo código en relación con los artículos 566 y 569 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio situación que consta expresamente en mi agravio segundo expresado ante la Sala responsable.-Ahora bien, de la sentencia que dictó la Décimo Quinta Sala con fecha (sic) de abril del año en curso, se desprende que no analizó las violaciones a las disposiciones legales invocadas de mi parte, toda vez que de la lectura de la sentencia dictada en manera alguna se refiere a todas y cada una de las invocadas.-La Sala responsable se limita como consta en el considerando II de la sentencia en su inicio que el suscrito únicamente me referí a la violación a lo dispuesto por los artículos 1324 y 1325 del Código de Comercio en vigor, toda vez que tal aseveración está plasmada al inicio del considerando II de la sentencia que dictó la Sala.-Sin embargo, la Sala responsable en esta demanda de garantías dejó de estudiar la violación que cometió la Juez Primero de lo Civil al artículo 1410 del Código de Comercio en vigor, así como dejó de estudiar la violación que invoqué al artículo 569 del Código de Procedimientos Civiles para el D.F., y ahora la Sala responsable viola en mi perjuicio estas disposiciones.-Consta en la sentencia que la Sala se limita a expresar que la Juez Primero de lo Civil sí cumplió con todas y cada una de las formalidades de ley atento a lo previsto en audiencia de remate, aduciendo que si bien es cierto, el perito de la parte actora no tiene título de perito valuador, el hecho de haberse adherido al dictamen de la parte actora es suficiente para cumplir con tal formalidad.-Sin embargo, controvierto tal improcedente e infundada afirmación, toda vez que es claro el artículo 1410 del Código de Comercio en vigor, que la Sala responsable ha violado, porque se establece que debe de llevarse al cabo un avalúo hecho por dos corredores y peritos y en el presente caso la persona designada por la parte actora no reunió tal calidad de perito, por lo que se viola el artículo 1410 del Código de Comercio.-La violación al artículo 569 que llevó al cabo la Sala responsable al Código de Procedimientos Civiles es claro, toda vez que se refiere a que el avalúo debe ser practicado por dos peritos valuadores e igual que la disposición anterior la persona que designó la parte actora no reunió el carácter y la calidad de perito por lo que se faltó a esta disposición que ha sido violada.-Esto trae como consecuencia la violación flagrante al artículo 14 constitucional, toda vez que se pretende privar al suscrito de mis propiedades posesiones y derechos sin que se hayan observado las formalidades esenciales del procedimiento que establecen los artículos 1410 del Código de Comercio en vigor y el artículo 569 del código procesal civil, aplicado supletoriamente al anterior.-Igualmente conlleva a la violación flagrante al artículo 16 constitucional, toda vez que los actos de las responsables no contienen la fundamentación y legalidad que les impone el artículo 16 constitucional, por lo que faltan al principio de legalidad y de protección al individuo que consagra esta disposición.-Tercero. Los actos de las autoridades señaladas como responsables, son violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que a través de sus actos que acreditaré en la audiencia constitucional este juicio de garantías, (sic) acreditaré que los mismos son violatorios de los principios de seguridad jurídica y de legalidad que establecen las disposiciones constitucionales antes señaladas, con base en las consideraciones siguientes:-La Sala responsable a través de su sentencia de fecha 3 de abril del año en curso, en manera alguna estudió el agravio tercero y cuarto que le invoqué a través de mi escrito de fecha 16 de noviembre de 1996, toda vez que consta en la foja 2 vuelta a partir del párrafo segundo que la Sala se limita a declarar infundados e inoperantes los demás motivos de inconformidad expuestos de mi parte a pesar de su obligación y analizar en todas y cada una de sus partes las violaciones cometidas por la Juez Primero de lo Civil, en virtud de que a través de un razonamiento simple y sin entrar al fondo de los agravios expresados y con el único fin de confirmar la sentencia interlocutoria dictada, lleva al cabo una manifestación sencilla que se cumplió con las formalidades para que tuviera verificativo la audiencia de remate, y además que resulta que el certificado de gravámenes resultó adecuado para que tuviera verificativo la audiencia de remate y más aún el hecho de que existieran otros acreedores en manera alguna causa al suscrito agravio alguno, situación que resulta infundada y además controvierto ya que ha faltado a las reglas del procedimiento con base en lo siguiente:-En el agravio tercero que le expresé a la Sala responsable, señalé como disposiciones violadas lo establecido en los artículos 566, 567 y 568 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio que no estudió la Sala responsable al resolver la apelación interpuesta de mi parte y que se radicó en el toca de apelación 567/97 y que ha violado en mi perjuicio, pese a que el artículo 566 del Código referido establece que el registrador de la propiedad deberá expedir certificado de gravámenes de los últimos diez años, situación que no se cumplió dado que el propio registrador hizo constar que no era posible determinar si el inmueble de referencia reportaba algún otro gravamen, dado que la partida se encontraba deteriorada, implicando con esto que el certificado de gravámenes emitido resultaba incompleto y en consecuencia la Juez y la Sala que debió de revocar la interlocutoria de fecha 7 de noviembre de 1996, debieron de considerar que tal documento no satisfacía en todas y cada una de sus partes los requisitos establecidos en el artículo 566 del código procesal civil la cual fue negada a pesar de la petición expresa de mi parte hecha por escrito de fecha 24 de octubre de 1996, por lo que se viola esta disposición.-Resulta clara la violación cometida por las responsables inicialmente por la Juez Primero de lo Civil y subsecuentemente en la sustanciación de la apelación por la Décima Quinta Sala, la violación a los artículos 567 y 568 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que el primero de ellos establece que se hará saber a los acreedores el estado de ejecución para intervenir en el avalúo y subasta de los bienes y el segundo numeral establece la obligación de citar a los acreedores, situación que incumplieron las responsables, violando estas disposiciones y ahora no pueden argumentar como lo hace la Sala responsable que se cumplieron con las formalidades para que tuviera verificativo la audiencia de remate.-De una manera por demás simple y sin sustento alguno la Sala a través de su sentencia manifiesta que del certificado de gravámenes exhibido no se desprendía la existencia de otros acreedores, sin embargo, a través de mi escrito de 24 de octubre de 1996, y del propio certificado de gravámenes que exhibió la parte actora el registrador hizo constar su imposibilidad de determinar si existían otros gravámenes, dado que la partida se encontraba deteriorada.-Esto a petición del suscrito y con el objeto de cumplir con las reglas del procedimiento establecidas en los artículos 566, 567, 568 del código adjetivo para el Distrito Federal, debieron las responsables cerciorarse y tener la certeza de que no existían otros acreedores, situación que ignoraron violando estas disposiciones.-No puede la Sala responsable como lo hizo a través de su sentencia ignorar el contenido invocado en este concepto de violación a los artículos tanto del Código de Comercio como del Código de Procedimientos Civiles que he invocado en este concepto de violación y considerar que la sentencia interlocutoria de fecha 7 de noviembre de 1996, se ajustó y se reunieron las formalidades de ley para que fuera aprobado el remate, porque en la especie no sucedió así y es violatorio de los artículos señalados de mi parte.-Es notoria la falta de estudio de la Sala responsable de los agravios expresados y su sentencia se traduce en violación flagrante al artículo 14 constitucional al no respetar las formalidades esenciales del procedimiento en cuanto a los artículos invocados en este concepto y que conllevar (sic) a la consecuente violación de que los actos y las responsables son violatorios del artículo 16 constitucional porque se pretende infringir el contenido de este artículo dada la ausencia de legalidad que deben de contener todos los actos de autoridad." (fojas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del cuaderno principal).
Ahora bien, las consideraciones contenidas en el acto reclamado, se transcriben a continuación: "I. La parte apelante expresó los agravios que corren agregados al cuaderno principal y forman parte integrante de esta resolución.-II. Los agravios vertidos por el apelante resultan infundados. Aduce esencialmente el recurrente violación a los artículos 1324, 1325 del Código de Comercio porque en su concepto la sentencia apelada no se encuentra fundada en la ley ni en los principios generales de derecho en virtud de que no toma en consideración todas y cada una de las circunstancias del caso, no observó y acató las formalidades a que hacen referencia los artículos 1410 y 1411 del mismo ordenamiento invocado y 566 y 569 del Código de Procedimientos Civiles porque el perito valuador designado por la parte actora además de que no acreditó tener el carácter de perito valuador, ni ser profesional en la materia, pues no demostró ser ingeniero o arquitecto, nunca emitió un dictamen, sino que simple y llanamente se adhirió al dictamen emitido por el arquitecto Marco Antonio Beltrán Rueda.-Los anteriores argumentos resultan infundados porque en forma contraria a lo expuesto, la sentencia recurrida se dictó tomando en consideración todas las circunstancias del caso y se encuentra debidamente fundada en ley. En efecto, se afirma lo anterior porque si bien es cierto que el remate judicial por su naturaleza, está constituido por un conjunto de actos jurídicos que permiten a la autoridad realizar la venta forzada de los bienes del deudor para satisfacer una obligación contraída por éste, por tal motivo es su finalidad la de transformar un bien en dinero que se destinará al pago de dicha obligación. En consecuencia, no puede desconocerse el derecho que asiste al ejecutante, en su carácter de acreedor, de intervenir en la subasta de esos bienes, y por lo tanto, para pedir la adjudicación de los bienes cuando no haya postor. En el caso, se reunieron las formalidades de ley, atento que previo a la diligencia de remate se practicó el avalúo del bien secuestrado por dos peritos, y si bien es cierto que el designado por la parte actora no acreditó tener el carácter de arquitecto o ingeniero, sin embargo, ello no importa perjuicio alguno al recurrente porque no desvirtúa la existencia del avalúo, toda vez que dicho perito se adhirió al dictamen emitido por el designado en rebeldía del propio demandado apelante, quien como se reconoce, sí justificó tener título en la ciencia de que se trata, y designó un valor comercial del bien en la suma de un millón seiscientos treinta mil pesos 00/100 M.N., que el enjuiciado apelante no desvirtúa y respecto del que se adhirió el perito designado por la parte actora, suma por la que el actor solicitó se le adjudicara, por lo que, si existió consenso de opiniones en los peritos, se hizo innecesario designar tercero en discordia y por ende, la actuación del juzgador al señalar como precio de subasta el valor del bien en la cantidad señalada por los peritos, es legal, y por ende el agravio deviene en infundado, máxime que las consideraciones en que se sustentó la sentencia combatida encuentran base legal, tanto en los preceptos legales expresamente citados por el Juez resolutor como en principios de derecho, y en los agravios no se combate su legalidad mediante razonamientos concretos, por lo que subsisten en sus términos.-Por otro lado, son infundados e inoperantes los demás motivos de inconformidad expuestos porque aun cuando asiste razón al apelante al sostener que si del certificado aparecieren gravámenes se hará saber a los acreedores el estado de ejecución, para que intervengan en el avalúo y subasta de los bienes; sin embargo, para que en la almoneda de remate pudieran considerarse acreedores a las personas morales que el enjuiciado señala, debió acreditarse que su crédito se encontraba inscrito en el Registro Público, pues su existencia no puede fundarse en la sola manifestación del ejecutado, por lo que, si en autos no se justificó su existencia, el agravio resulta infundado, toda vez que del certificado exhibido no se desprende la existencia de diversos acreedores, y por otra parte, al recurrente ningún perjuicio le infiere dicha circunstancia, sino en todo caso a los acreedores no llamados al juicio, y por tanto, el agravio resulta inoperante.-En las relatadas circunstancias, lo conducente es confirmar la sentencia apelada y no estando el caso en alguno de los supuestos del artículo 1084 del Código de Comercio, no se hace especial condena en costas en esta alzada." (fojas 104 vta., 105 y 106 idem).
SEXTO.-Por razón de método, se inicia con el estudio de los motivos de queja de índole formal, que se hacen consistir en que en los agravios, se le hizo saber a la Sala responsable, las violaciones cometidas por la Juez a quo, a los artículos 324, 325, 1410, 1411 y 1412 del Código de Comercio, con relación a los numerales 565, 566, 568, 569, 570, 579 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a aquél, las que no estudió, al no referirse a todas y cada una de ellas; que respecto al primer motivo de inconformidad; mismo que no se analizó en su esencia, sin fundar, ni motivar dicha autoridad se limitó a declararlo infundado, constriñéndose a considerar, que sólo se invocó transgresión a los artículos 1324 y 1325 del Código de Comercio, y que el Juez natural, sí cumplió con todas las formalidades de ley, atento a lo previsto en la audiencia de remate; que no se abordaron los agravios tercero y cuarto los que sólo fueron declarados infundados e inoperantes, no obstante que se señalaron como disposiciones violadas las identificadas anteriormente; porque el técnico que propuso la parte actora, carecía de título de "perito valuador", omisión que no podía subsanarse por la circunstancia de haberse adherido al dictamen del designado por la demandada, ya que el avalúo que serviría de base para la venta del inmueble, hubo de realizarse por dos corredores públicos, o por dos peritos; además que el registrador de la propiedad, debería expedir el certificado de gravámenes de la propiedad raíz, por los últimos diez años, lo cual no sucedió, atento a que éste hizo constar que no era posible determinar si el bien reportaba algún otro gravamen, dado a que la partida registral se encontraba deteriorada; por lo que dicho certificado resultaba ser incompleto, sin satisfacer los requisitos contenidos por el artículo 566 del Código de Procedimientos Civiles, y por ende, debió resolverse revocar la interlocutoria de remate.
Previo al estudio de los conceptos de violación de mérito, es pertinente advertir la ambigüedad e inconsistencia de aquéllos; ya que por una parte, se invoca que existe una renuencia total en el análisis de los agravios (3o. y 4o.) que se declararon infundados e inoperantes, por otra, de que su estudio fue parcial.
Son infundados en parte e inoperantes en otra, dichos motivos de queja.
En efecto, lo primero, porque es inexacta tal afirmación, sobre la renuencia total del estudio de sus agravios; toda vez que, por una parte, la Décimo Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad capital, para desestimar el agravio en cuestión, precisó: que si bien era cierto que el remate judicial por su naturaleza estaba constituido por un conjunto de actos jurídicos que permitían a la autoridad la venta forzada de los bienes del deudor, para satisfacer una obligación contraída por éste, por tal motivo, su finalidad era transformarlos en dinero, que se destinaría a esa finalidad, por lo que no podía desconocerse el derecho del ejecutante a intervenir en la subasta respectiva y a pedir su adjudicación cuando no hubiese postor; consideración toral la anterior que además no fue controvertida ni mucho menos desvirtuada por el quejoso, por lo que deberá continuar normando el sentido del fallo reclamado, con la consecuente inoperancia también de los conceptos de violación.
Asimismo, si bien es cierto que el resolutor de segundo grado, simple y llanamente se concretó a considerar que en el remate en controversia, sí se había cumplido con las formalidades de ley; no menos verdad es que en los agravios (primero), se le planteó en abstracto: "que en momento alguno se habían cumplido con todas y cada una de las formalidades" contenidas en los dispositivos legales señalados (foja 72 del cuaderno principal), lo que limitó a la Sala para resolver como lo hizo y a este Tribunal Colegiado, puesto que el agraviado no revela cuáles fueron los requisitos o las formalidades que prevén esos dispositivos legales que no fueron cumplidos por la autoridad responsable.
De la misma manera, es incorrecta la afirmación del quejoso sobre que el ad quem, consideró que únicamente se había invocado violación a los artículos 1324 y 1325 del ordenamiento mercantil; porque lo que al respecto estimó la autoridad responsable fue que "esencialmente", se había aducido conculcación a esos dispositivos legales y no que sólo se había alegado, violación a ellos, es más, se agregó, que en los agravios se expresó, que no se habían acatado las formalidades a que hacían referencia los ordinales 1410 y 1411 del Código de Comercio y 566 y 569 del Código de Procedimientos Civiles; de donde deviene lo infundado de dicha afirmación.
Recapitulando, en los agravios en cuestión se invocaron diversas violaciones procesales a distintos dispositivos legales sin precisarlos y sólo determinó las concernientes a la falta de título del perito designado en rebeldía de la actora del juicio natural y lo "incompleto" del certificado de gravámenes emitido por el registrador público de la propiedad, porque éste hizo constar que no podía determinar si el inmueble a rematarse reportaba algún otro gravamen porque en el anverso de la partida en cuestión se encontraba deteriorada.
En esa tesitura, es infundada la afirmación de que no se abordaron los agravios tercero y cuarto, en los que se manifestó en el primero, que el certificado de libertad de gravámenes era incompleto y que tomando en cuenta que existían diversos acreedores, para que intervinieran en el avalúo y la subasta, deberían respetarse las formalidades a que aludían los artículos 1324 y 1325 del Código de Comercio y en el segundo, se reiteró la generalidad sobre las violaciones aducidas; infundado como ya se consideró, porque sob
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5088-6720b330/conceptos-de-violacion-inoperantes-cuando-atacan-cuestiones-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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