ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.
AMPARO EN REVISIÓN 873/98. IVÁN GONZÁLEZ JOSÉ (MENOR).
CONSIDERANDO:
TERCERO.-En principio, se precisa que debe quedar firme, dado que el recurrente no manifestó agravio en su contra, el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo con base en los razonamientos contenidos en el considerando segundo de la sentencia recurrida, respecto de los actos atribuidos al jefe de Grupo de Combate a la Delincuencia y Política Criminal y al director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, México, consistentes en la ejecución del auto de fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictado por el Juez Primero de lo Familiar del Municipio mencionado, en el expediente juicio ordinario civil pérdida de la patria potestad 9/96, por el cual se pretende privarle de su libertad personal.
CUARTO.-Previamente al análisis de los agravios expuestos por el recurrente conviene destacar lo siguiente:
1. En la demanda de garantías se señalaron como actos reclamados los que a continuación se enumeran:
a) La sentencia de fecha doce de julio de mil novecientos noventa y seis, dictada por la Décima Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca 1592/96, relativo al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Ernestina del Rosario González García y/o Rosario González José, en contra del proveído de fecha dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, dictado por el Juez Décimo de lo Familiar del Distrito Federal en el juicio ordinario civil, pérdida de la patria potestad promovido por González del Castillo María Antonia en contra de la persona citada en primer término.
b) La ejecución de la sentencia indicada en el punto anterior, por parte del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, México, derivada del exhorto que le giró el Juez Décimo de lo Familiar del Distrito Federal, con esa finalidad, a efecto de que el menor Iván González José se reintegre a su madre la señora Rosario González José o Ernestina del Rosario González García, por conducto del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
c) La ejecución por parte del notificador y actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México, del auto de fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictado por el titular de ese juzgado, con la finalidad de cumplimentar la sentencia mencionada en el inciso a) de la presente relación.
d) Los actos de ejecución que realicen el director de la Policía Judicial del Estado de México y la Policía Municipal de Naucalpan de Juárez México, tendientes a la afectación de la libertad personal del quejoso.
e) La expedición, promulgación y refrendo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, atribuidos a la Legislatura, gobernador y secretario general de Gobierno del Estado de México, específicamente del artículo 225, párrafo cuarto.
Cabe advertir que del examen de los conceptos de violación se advierte que el quejoso en el quinto concepto de impugnación también reclamó la inconstitucionalidad del artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el artículo 497 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México.
2. La Juez de Distrito que conoció del asunto determinó sobreseer en el juicio respecto de los actos atribuidos al jefe de Grupo de Combate a la Delincuencia y Política Criminal y al director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez México, en los términos precisados en el considerando tercero de la presente resolución.
Asimismo, la Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio respecto de la sentencia dictada el doce de julio de mil novecientos noventa y seis por la Décimo Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelación 1592/96, con fundamento en el artículo 73, fracción IV de la Ley de Amparo, en atención a que esa resolución fue materia del juicio de amparo directo 6134/96, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por consecuencia, decretó el sobreseimiento en el juicio con fundamento en la fracción II del invocado artículo 73, respecto de los acuerdos de fechas veintisiete de mayo y veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictados respectivamente por el Juez Décimo Familiar del Distrito Federal y Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México por el que se emitieron las medidas tendientes a reintegrar al menor Iván González José al seno materno, en cumplimiento a la citada resolución de fecha doce de julio de mil novecientos noventa y seis, que fue objeto de estudio en el juicio de amparo directo 6134/96; toda vez que estos actos fueron emitidos en cumplimiento a la resolución antes citada de doce de julio de mil novecientos noventa y seis, y no fueron reclamadas por vicios propios, haciendo extensivo este sobreseimiento a los actos del notificador adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar, citado.
Por otra parte, en relación al acto reclamado a la Legislatura del Estado de México, consistente en la expedición del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de México, la Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio con apoyo en los artículos 73, fracción XVIII y 11 de la Ley de Amparo, en atención a que ese ordenamiento legal no fue emitido por esa legislatura sino por el gobernador a través de las facultades extraordinarias que le fueron concedidas en el Decreto Número 62, publicado en la Gaceta de Gobierno de fecha seis de enero de mil novecientos treinta y siete.
Finalmente en relación a los actos reclamados al gobernador y al secretario de Gobierno del Estado de México, consistentes en la expedición, publicación y refrendo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de México, específicamente del artículo 225, párrafo cuarto, la Juez Federal determinó sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que estimó aun en suplencia de la queja (de conformidad con el artículo 76 bis, fracción V de la Ley de Amparo), que el quejoso no acreditó que el ordenamiento mencionado le cause un agravio personal directo ya que si se toma en cuenta que ese cuerpo legal entró en vigor el primero de septiembre de mil novecientos treinta y siete y que no pudo reclamarlo como autoaplicativo, se entiende que impugna este precepto con motivo de un acto concreto de aplicación, el cual no demuestra.
QUINTO.-Previamente al análisis de los agravios que expresa el recurrente, este tribunal estima necesario corregir de oficio la incongruencia que se advierte en la sentencia recurrida de conformidad con las siguientes consideraciones.
El principio de congruencia se encuentra consagrado en el artículo 77 de la Ley de Amparo, de cuya interpretación se ha distinguido la congruencia externa, que consiste en la conformidad entre lo pedido y lo resuelto, y la congruencia interna, considerada como la coherencia entre las afirmaciones y resoluciones contenidas a lo largo de una sentencia, tal y como puede observarse de los criterios jurisprudenciales consultables en los Apéndices del Semanario Judicial de la Federación de 1988 y 1995, páginas 2859 y 330 a 331, respectivamente, que dicen:
"SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.-El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó.".-"SENTENCIAS INCONGRUENTES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO. CUANDO EL CASO LO PERMITA EL TRIBUNAL REVISOR PUEDE SUBSANAR TALES IRREGULARIDADES.-Si en la demanda de amparo se impugnó una ley con motivo de actos concretos de aplicación y el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto de estos últimos, pero en lugar de sobreseer también respecto de la ley reclamada entró al estudio de su inconstitucionalidad, se considera que, no obstante la inoperancia de los agravios expuestos por el recurrente, el tribunal revisor puede oficiosamente subsanar esa irregularidad decretando el sobreseimiento respectivo, a efecto de evitar ejecutorias incongruentes. Debe tomarse en cuenta, por una parte, que en los términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio y, por la otra, que si de acuerdo con el espíritu del artículo 79 del citado ordenamiento es factible suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada en la cita de la garantía cuya violación reclama, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada, por mayoría de razón debe conferirse esa facultad al tribunal revisor para que subsane notorias incongruencias en que haya incurrido el tribunal de primera instancia cuando el caso lo permita, puesto que con ello se cumple cabalmente con la alta función encomendada al órgano jurisdiccional."
De los criterios transcritos, se advierte que el dictado de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, porque constituye la base del correcto cumplimiento que pudiera llegar a darse a la ejecutoria de amparo, con el propósito de evitar resoluciones cuyos términos impidan o entorpezcan la realización de los actos que deben llevar a cabo las autoridades responsables en acatamiento de los fallos dictados en los juicios de garantías.
En la especie, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló entre otros actos reclamados la inconstitucionalidad del artículo 225, párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México acto que atribuyó a la Legislatura del Estado de México.
Asimismo, del análisis integral del escrito de demanda se desprende que el quejoso, en el quinto concepto de violación, externó argumentos para combatir la inconstitucionalidad de los artículos 24 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 497 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.
En la sentencia recurrida, la Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio respecto a la impugnación del artículo 225, párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, con fundamento en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo. Por otra parte, decretó el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos consistentes en la sentencia dictada el doce de julio de mil novecientos noventa y seis, por la Décimo Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca de apelación número 1592/96; los acuerdos de fechas veintisiete de mayo y veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictados respectivamente por el Juez Décimo Familiar del Distrito Federal y Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México; y los actos del notificador adscrito al juzgado, citado en último lugar en los términos que quedaron expuestos con anterioridad.
Como puede advertirse, existe una notoria incongruencia en la sentencia que se revisa que debe ser subsanada por esta Segunda Sala oficiosamente, teniendo para tal efecto como impugnados los artículos 24 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el artículo 497 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, pues no obstante que estos preceptos no se precisaron dentro del capítulo de actos reclamados de la demanda de garantías, del examen integral de ésta se desprende que el quejoso expresó argumentos tendientes a combatir la constitucionalidad de estos artículos en el quinto concepto de violación, lo cual revela que también debieron tenerse como reclamadas esas normas.
Tienen aplicación al caso, las siguientes tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno y aislada de esta Segunda Sala que aparecen publicadas, respectivamente, en la página 177, del Tomo 193-198 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, y en la página 167, Tomo II, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que son del tenor literal siguiente:
"ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL.-Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, pero sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado."
"ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR EL.-No obstante que algún acto propuesto como materia del amparo no se incluya en el apartado de la demanda referente a los actos reclamados, atento al criterio de esta Suprema Corte de Justicia, si del análisis integral del escrito de la demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, en capítulo especial, dentro de los conceptos de violación se señala dicho acto como lesivo de garantías individuales, resulta correcto el estudio que se haga de la constitucionalidad del mismo, teniéndolo como acto reclamado, en virtud de que la demanda debe contemplarse como un todo."
Ahora bien, cabe señalar que en relación al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en el juicio de garantías no se tuvo como autoridad responsable al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que es la autoridad que expidió este ordenamiento en ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron concedidas por el Congreso de la Unión (Diario Oficial de 1o. al 21 de septiembre de 1932), lo que ameritaría que se repusiera el procedimiento a fin de que esta autoridad se apersonara a juicio a defender la constitucionalidad del acto mencionado. Sin embargo, en atención a que respecto de la inconstitucionalidad de los ordenamientos señalados (Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México) debe subsistir el sobreseimiento decretado por la Juez Federal, es innecesario ordenar la reposición del procedimiento del juicio de garantías, ya que el resultado respecto a la impugnación de estos ordenamientos no variaría.
SEXTO.-Los agravios expuestos por el recurrente en relación a los actos competencia de esta Segunda Sala, suplidos en su deficiencia conforme a lo dispuesto en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, son infundados atentas las consideraciones que se pasan a exponer.
A fin de una mejor comprensión del asunto conviene realizar las siguientes precisiones:
1. Que María Antonia González del Castillo, directora de la Casa Cuna Coyoacán del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ostentándose como tutriz legítima por ministerio de ley del menor Iván González José, promovió juicio ordinario civil, pérdida de la patria potestad en contra de Rosario González José o Ernestina del Rosario González García (madre del menor) (fojas 91 a 98 del expediente de amparo).
2. Que la demanda precisada en el punto anterior fue del conocimiento del Juzgado Décimo de lo Familiar del Distrito Federal (expediente 9/96), cuyo titular, en auto de fecha diez de enero de mil novecientos noventa y seis, la tuvo por admitida, corrió traslado y emplazó a la parte demandada (fojas 136-137 del expediente de amparo).
3. Que por escrito de primero de marzo de mil novecientos noventa y seis, Rosario González José o Ernestina del Rosario González García, produjo su contestación a la demanda de que se trata, oponiendo, entre otras cuestiones, la excepción de falta de personalidad de la promovente (fojas 150 a 176 del expediente de amparo).
4. Que en auto de siete de marzo de mil novecientos noventa y seis, el Juez Décimo de lo Familiar tuvo por contestada en tiempo la demanda y en diverso acuerdo de fecha dos de mayo del año citado, con apoyo en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles, procedió (a petición de la demandada) a regularizar el procedimiento respecto a la falta de personalidad opuesta por la demandada, determinando que la parte actora acreditó debidamente su personalidad, ya que exhibió copia certificada de su nombramiento y encuadra en los supuestos de los artículos 492, 493 y 494 del Código Civil para el Distrito Federal (fojas 136 y 230 del expediente de amparo).
5. Que en contra del auto de fecha dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, la parte demandada interpuso recurso de apelación (fojas 235 expediente de amparo) del que conoció la Décimo Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (toca 1592/96), la cual, seguidos los trámites legales, dictó sentencia el doce de julio de mil novecientos noventa y seis, en la que determinó que los agravios de la apelante resultaron fundados y suficientes para modificar el auto apelado en el sentido de que María Antonia González del Castillo carece de personalidad para ostentarse como representante legítima del menor Iván González José, ya que no se dan los supuestos contenidos en los artículos 492, 493 y 494 del Código Civil para el Distrito Federal, así como que el menor se encuentra bajo la patria potestad de su madre Rosario González José y/o Ernestina del Rosario González García, quien en los términos del artículo 425 del mismo ordenamiento, es su representante legítima, por lo que se estimó procedente la excepción de falta de personalidad, que al ser una excepción perentoria daba lugar a tener por concluido el juicio (fojas 618 a 625 del expediente de amparo).
6. Que en contra de la sentencia dictada por la Décimo Tercera Sala el doce de julio de mil novecientos noventa y seis, María Antonia González del Castillo, ostentándose como tutriz legítima de Iván González José, promovió juicio de amparo directo del que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual, seguidos los trámites legales, con fecha seis de marzo de mil novecientos noventa y seis, dictó sentencia en la que determinó negar el amparo a la quejosa, esencialmente porque contrariamente a lo argumentado por ésta no se le puede atribuir el carácter de tutriz legítima del menor Iván González José, pues la institución de la tutela no puede coexistir con la patria potestad que ejerce la madre del menor mencionado, ya que doctrinalmente y conforme a los antecedentes legislativos y disposiciones vigentes del Código Civil para el Distrito Federal, la tutela está supeditada a la falta de quienes puedan ejercer la patria potestad y, en consecuencia, existe derecho a desempeñar la tutela, sólo en tanto existe la necesidad de ella, por no haber ascendientes del menor (fojas 680 a 708 del expediente de amparo).
7. Que por escrito de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, la representante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, solicitó al Juez Décimo de lo Familiar del Distrito Federal, dictar las medidas conducentes a efecto de que el matrimonio Caballero Abundes, quienes tienen la custodia del menor Iván González José, lo reintegren a esa institución, con el fin de que ésta dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo citada en el punto anterior.
8. En relación al escrito precisado en el punto anterior el Juez Décimo de lo Familiar dictó el auto de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, que a la letra dice lo siguiente:
"México, Distrito Federal, a veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete.-A sus autos el escrito de cuenta de la ocursante y atento su contenido y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en sentencia de fecha doce de julio del año próximo pasado, con fundamento en el artículo 526 del Código de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto con el oficio correspondiente dirigido al C. presidente del Tribunal del Estado de México, para que los remita al C. Juez competente en Naucalpan, quien de encontrar ajustado a derecho el exhorto que se le diligencia, por su conducto haga uso de cualquier medida a fin de poder recuperar al menor Iván González José, quien se encuentra viviendo con los señores Filiberto Caballero Hernández y Silvia Abundes Vázquez, quienes tienen su domicilio en Damas cuarenta y uno B, Fraccionamiento Concordia, Lomas Verdes, Municipio de Naucalpan, Estado de México, incluso para hacer uso de la fuerza pública de ser necesario a fin de que no quede frustrada la recuperación del menor antes mencionado y se faculta asimismo al C. Juez exhortado para que pueda acordar promociones presentadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.-Notifíquese.-Lo proveyó y firma el C. Juez Décimo de lo Familiar y C. secretaria de Acuerdos ‘A’, quien actúa por ministerio de ley.-Doy fe." (fojas 487 del expediente de amparo).
9. Que el seis de junio de mil novecientos noventa y siete, el Juez Décimo de lo Familiar giró exhorto al Juez competente en Naucalpan de Juárez, México, a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada el doce de julio de mil novecientos noventa y seis por la Décimo Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a que se ha hecho referencia (fojas 66 a 69 del expediente de amparo).
10. Que en auto de trece de junio de mil novecientos noventa y siete, el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México, tuvo por recibido el exhorto precisado en el punto anterior y ordenó su diligenciación (foja 70 del expediente de amparo).
11. Que por escrito presentado el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y siete, el representante legal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia solicitó al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México, que en atención a que las personas que tienen en su poder al menor Iván González José se han negado a entregarlo a esa institución, se dicten medidas de apremio más eficaces para que se dé cumplimiento a lo solicitado, y se gire oficio a la Policía Judicial del Estado de México para que preste el auxilio correspondiente (foja 487 del expediente de amparo).
12. Que en acuerdo de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete, el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México, reclamado, determinó lo siguiente:
"Naucalpan de Juárez, México, a veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete.-Con el ocurso de cuenta de Bonifacio Osorio Castro, visto el contenido, y el estado procesal que guarda el presente exhorto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 del Código de Procedimientos Civiles, se dejan los presentes autos a disposición del C. notificador de la adscripción, a fin de que se sirva notificar en forma personal en el domicilio señalado en autos a los señores Filiberto Caballero Hernández y Silvia Abundes Vázquez, para que comparezcan al local de este juzgado ante la presencia judicial a las catorce horas del día diez de noviembre del año en curso, a hacer entrega a cualesquiera de los representantes legales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del menor Iván González José, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha doce de julio del año próximo pasado y del proveído de fecha veintisiete de mayo del presente año, dictados por el C. Juez Décimo Familiar del Distrito Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo se harán acreedores indistintamente a una multa inconmutable por el equivalente a cinco días de salario mínimo vigente en esta zona económica, conforme a lo establecido por el artículo 146 fracción I del código en cita, sin perjuicio de que se le sigan aplicando las medidas de apremio establecidas por la ley.-Cúmplase.-Así lo acordó y firmó el C. Juez de los autos.-Doy fe." (foja 77 del expediente de amparo).
13. Que en la demanda de garantías Iván González José (menor) representado en los términos precisados en el resultando tercero de esta resolución, reclamó de la Décimo Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la sentencia dictada el doce de julio de mil novecientos noventa y seis, en el toca de apelación 1592/96, así como los acuerdos de fechas veintisiete de mayo y veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictados respectivamente, por el Juez Décimo de lo Familiar del Distrito Federal y Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con sede en Naucalpan de Juárez, México, en relación a la ejecución de esa sentencia.
Asimismo, conviene transcribir los artículos cuya inconstitucionalidad se reclama.
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México.
"Artículo 225. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria.-La cosa juzgada es la verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley.-Para que la cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra identidad en las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueren.-En las cuestiones relativas al estado civil de las personas y a las de validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, la cosa juzgada es eficaz contra terceros aunque no hubiesen litigado.-Se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito, sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior o estén unidos a ellos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas."
"Artículo 497. Las acciones del estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, emancipación, tutela, adopción, divorcio y ausencia; o atacar el contenido de las constancias del Registro Civil para que se anulen o rectifiquen. Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones del estado civil, perjudican aun a los que no litigaron.-Las acciones del estado civil fundadas en la posesión de estado, producirán el efecto de que se ampare o restituya a quien la disfrute contra cualquier perturbador."
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
"Artículo 24. Las acciones del estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, emancipación, tutela, adopción, divorcio y ausencia; o atacar el contenido de las constancias del Registro Civil para que se anulen o rectifiquen. Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones del estado civil, perjudican aun a los que no litigaron.-Las acciones del estado civil fundadas en la posesión de estado, producirán el efecto de que se ampare o restituya a quien la disfrute contra cualquier perturbador."
De la lectura de la demanda de garantías se desprende que el quejoso impugna de inconstitucionales los preceptos transcritos, ya que estima encontrarse en el supuesto contemplado por estas disposiciones, pues no obstante que no participó en el juicio sobre la pérdida de la patria potestad a que se ha venido haciendo referencia, considera que atendiendo a lo estipulado en esos artículos respecto a que las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones del estado civil perjudican aun a los que no litigaron, la sentencia dictada en ese procedimiento, así como todas las actuaciones relativas, le ocasionan perjuicio, por virtud de lo señalado en esas disposiciones.
En las condiciones anotadas debe concluirse que el quejoso reclamó la constitucionalidad de los preceptos indicados porque las disposiciones en ellos contenidas le causan perjuicio por sí mismas al no haber intervenido en los procedimientos a que se hizo alusión, es decir, los impugna con el carácter de autoaplicativos, situación que se corrobora al no existir en autos un acto concreto de aplicación de esas normas.
Ahora bien, a fin de establecer la naturaleza de las normas reclamadas de inconstitucionales, conviene destacar el contenido de los artículos 1o., 73, fracciones III, VI y XII y 114, fracción I, de Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fijan diversas reglas del amparo contra leyes, y que son del tenor literal siguiente:
"Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal."
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"III. Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5090-efc52833/actos-reclamados-debe-estudiarse-integramente-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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