COMPETENCIA PARA CONOCER DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA SOLICITUD DE DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA TRAMITADAS PARA VALIDAR LOS CONTRATOS DE SERVIDUMBRE VOLUNTARIA, CONTINUA Y APARENTE DE PASO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO AL SER UN ACTO DICTADO FUERA DE JUICIO QUE DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, ELISEO PUGA CERVANTES, FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ, ROBERTO RAMÍREZ RUIZ, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO Y JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN. DISIDENTES: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ (VOTO PARTICULAR), GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ Y MANUEL ERNESTO SALOMA VERA. PONENTE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. SECRETARIA: MARÍA ALEJANDRA SUÁREZ MORALES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una contradicción de criterios en materia civil, suscitada entre tres Tribunales Colegiados de este circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México en los autos del juicio de amparo 172/2019-II, promovido por la persona jurídica **********, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Cuestión previa.
Previamente a emprender el estudio de fondo de la contradicción de tesis en que se actúa, es necesario precisar que, como se adelantó, por acuerdo de siete de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio remitido por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Alto Tribunal del País, se encuentra radicada la contradicción de tesis 221/2019, sustentada entre el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión RC. 2/2019, 12/2019, 15/2019, 36/2019 y 61/2019; y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al solucionar el amparo en revisión AR. 10/2016, cuyo tema a dilucidar es: "CONTRATO DE SERVIDUMBRE VOLUNTARIA, CONTINUA Y APARTENTE DE PASO, REGULADA POR EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS. DETERMINAR SI LA VÍA PARA VALIDAR AQUÉL ES LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.", que guarda relación con el tema a resolver en la contradicción de tesis en que se actúa.
Al respecto, se advierte que dicha contradicción de tesis fue planteada al considerar que el punto de contradicción entre los citados órganos colegiados radica en que uno de los contendientes estima que la solicitud para validar un contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, regulada por el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, es un procedimiento especial que se distingue de la vía ordinaria civil federal y de la vía de jurisdicción voluntaria, porque se encuentra sujeto a un trámite especial, previsto también en una normatividad de carácter especial, como es la citada ley, en donde se prevé un plazo específico para promover, y el Juez a fin de resolver acerca de la validación del contrato que se somete a su consideración deberá verificar que se cumplan con los requisitos, ya sea de la Ley Agraria, o bien, de la propia Ley de Hidrocarburos, y cumplido lo anterior, deberá resolver acerca de la validación del contrato, pero sin variar el procedimiento establecido para tal efecto.
Por otro lado, el diverso contendiente estima que la solicitud para validar un contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, regulada por el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, debía tramitarse a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria, al no existir controversia entre las partes en virtud del acuerdo celebrado.
Así, el tema a dilucidar en la presente contradicción de tesis radica en: "DETERMINAR SI EL ACUERDO QUE DESECHA LA SOLICITUD DE DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA TRAMITADAS PARA VALIDAR LOS CONTRATOS DE SERVIDUMBRE VOLUNTARIA, CONTINUA Y APARENTE DE PASO, ES O NO UNA RESOLUCIÓN QUE DA POR CONCLUIDO UN JUICIO Y, COMO CONSECUENCIA, SI EN SU CONTRA PROCEDE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO, O JUICIO DE AMPARO DIRECTO ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO."
En ese sentido, se considera que no existe impedimento fáctico ni legal para resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que en los amparos en revisión resueltos por los tribunales aquí contendientes, se determinó la competencia por lo que hace a la validación de contratos de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, regulada por el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, tramitada vía diligencias de jurisdicción voluntaria.
De modo que, en el asunto en que se actúa no existe discordancia respecto a la manera de validar los referidos contratos, sino que, como se dijo, el punto de contradicción se encuentra en determinar, si el acuerdo que desecha la solicitud de diligencias de jurisdicción voluntaria tramitadas para validar los contratos de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, es o no una resolución que da por concluido un juicio y, como consecuencia, si en su contra procede juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito, o juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito.
Por tanto, se estima que no existe impedimento alguno para resolver la presente contradicción de tesis, pues hasta en tanto se tramite vía jurisdicción voluntaria la validación de los mencionados contratos, es necesario que se brinde seguridad jurídica para saber ante cuál órgano jurisdiccional se debe impugnar el desechamiento de la solicitud de la validación de mérito.
Sentado lo que antecede, se procede al estudio del fondo de la contradicción de tesis.
CUARTO.—Posturas contendientes de los Tribunales Colegiados Tercero, Cuarto y Décimo Segundo en Materia Civil del Primer Circuito.
I. Postura del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión RC. 5/2019.
"PRIMERO.—Competencia. En virtud de que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser estudiada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que se procede al análisis correspondiente.
"Con el propósito de dilucidar si este órgano jurisdiccional es competente para conocer del presente recurso de revisión, es importante conocer lo que establece el Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno reservará para su resolución, y el envío de los asuntos de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, el cual, en la parte que para el presente asunto interesa, indica lo siguiente:
"‘CUARTO.—De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los puntos segundo y tercero de este acuerdo general, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: A) No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia. Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba conocer necesariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación; B) En la demanda se hubiere impugnado una ley local, un reglamento federal o local, o cualquier disposición de observancia general, salvo aquellos en los que el análisis de constitucionalidad respectivo implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, respecto del cual no exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de este Alto Tribunal, sin menoscabo de que la Sala en la que se radique el recurso respectivo determine que su resolución corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito; ...’
"Del acuerdo general en comento, se advierte que es competencia del Tribunal Colegiado que conoce del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en juicio de amparo indirecto, donde se deba dirimir o pronunciarse, respecto de la constitucionalidad de un reglamento federal, siempre que el análisis del tema de constitucionalidad no implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales, respecto del que no se haya emitido jurisprudencia.
"En tal tesitura, es de puntualizar que la competencia originaria de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de un recurso de revisión sólo tiene lugar en aquellos casos en que se cuestione la constitucionalidad de un reglamento federal, y en el recurso subsiste el referido problema e involucre algún derecho humano, sin que exista jurisprudencia que lo resuelva, por lo que fuera de ese caso, en el Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se delegó a los Tribunales Colegiados de Circuito la decisión terminal de estos asuntos; de ahí que no exista inconveniente legal para su pronunciamiento.
"Partiendo de las premisas mencionadas, se estima que este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resulta legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en lo establecido en los numerales 107, fracción VIII, inciso b), último párrafo, de la Constitución General de la República; en relación con los preceptos 81, fracción I, inciso e), y 84 de la Ley de Amparo; 37, fracción II, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el contenido del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia dictada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el que no subsiste el problema de constitucionalidad de un Reglamento Federal, porque el Juez Federal que emitió la sentencia recurrida decretó el sobreseimiento en el juicio, y si bien hay agravios en contra de esa determinación los mismos son ineficaces para levantar dicho sobreseimiento, lo que implica que se refiere a aspectos de legalidad; resulta innecesario la remisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución."
De la transcripción preinserta, se aprecia que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció del recurso de revisión RC. 5/2019, interpuesto por la persona jurídica **********, en contra de la resolución dictada en la audiencia constitucional celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, firmada el treinta y uno del propio mes y año, por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 867/2018-I, promovido por la propia persona jurídica, en donde determinó respecto a su competencia, que en virtud de que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debía ser estudiada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada.
Así, con el propósito de dilucidar si ese órgano jurisdiccional era competente para conocer del recurso de revisión, resultó importante conocer lo que establece el Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno reservará para su resolución, y el envío de los asuntos de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, del que se advirtió que es competencia del Tribunal Colegiado que conoce del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en juicio de amparo indirecto, donde se deba dirimir o pronunciarse, respecto de la constitucionalidad de un reglamento federal, siempre que el análisis del tema de constitucionalidad no implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales, respecto del que no se haya emitido jurisprudencia.
En tal tesitura, se puntualizó que la competencia originaria de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de un recurso de revisión sólo tiene lugar en aquellos casos en que se cuestione la constitucionalidad de un reglamento federal y en el recurso subsista el referido problema e involucre algún derecho humano, sin que exista jurisprudencia que lo resuelva, por lo que fuera de ese caso, en el Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se delegó a los Tribunales Colegiados de Circuito la decisión terminal de estos asuntos.
Partiendo de las premisas mencionadas, se estimó que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, era legalmente competente para conocer y resolver el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en lo establecido en los numerales 107, fracción VIII, inciso b), último párrafo, de la Constitución General de la República; en relación con los preceptos 81, fracción I, inciso e), y 84 de la Ley de Amparo; 37, fracción II, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el contenido del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia dictada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el que no subsistía el problema de constitucionalidad de un reglamento federal, porque el Juez Federal que emitió la sentencia recurrida decretó el sobreseimiento en el juicio, y si bien había agravios en contra de esa determinación, los mismos fueron ineficaces para levantar dicho sobreseimiento, lo que implicó que se refería a aspectos de legalidad.
Por ello, resultó innecesario la remisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución.
II. Postura del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión RC. 73/2019.
"PRIMERO.—Competencia y procedencia.
"En este recurso de revisión se reclama una sentencia dictada por un Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
"Este Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer del presente recurso, en términos de los artículos 84 de la Ley de Amparo, 37, fracción IV, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y la especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito."
De la transcripción preinserta, se advierte que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RC. 73/2019, interpuesto por la persona jurídica **********, contra los acuerdos dictados en la audiencia constitucional de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, y de la sentencia pronunciada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 1291/2018-II, respecto a su competencia, determinó que era competente para conocer del recurso, en términos de los artículos 84 de la Ley de Amparo, 37, fracción IV, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y la especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
II. Postura del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión RC. 316/2018.
"QUINTO.—Resulta innecesario aludir a las consideraciones que sostienen la sentencia recurrida, así como a los conceptos de agravio, en razón de que este órgano colegiado estima que el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es legalmente incompetente para conocer del acto que la quejosa reclamó en el juicio de amparo indirecto del que deriva este recurso de revisión.
"En efecto, la competencia es un presupuesto procesal que por ser una cuestión de orden público es de estudio oficioso, ya que como una condición indispensable para la validez de sus actuaciones, un órgano jurisdiccional sólo puede actuar dentro de los límites que le están fijados en la ley.
"Además, debe precisarse que con la finalidad de otorgar una tutela efectiva al derecho fundamental de la recurrente, consagrado en el artículo 17 constitucional, relativo al acceso efectivo a la justicia, se estudiarán los presupuestos procesales necesarios para la resolución del juicio constitucional en análisis.
"Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicación del viernes 24 de noviembre de 2017, tesis 1a./J. 90/2017 (10a.), de rubro y texto siguientes:
"DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." (se transcribe).
"El acto reclamado en el juicio de amparo motivo del presente recurso, es el acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, pronunciado por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en esta ciudad, en el expediente 43/2018, en el que desechó la solicitud de validación del contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso celebrado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, por ********** y **********, a través de su apoderado **********, sobre el predio rústico identificado como **********, ubicado en la **********.
"En la especie, el anterior contrato se encuentra regulado por el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, cuyo texto es el siguiente: (se transcribe).
"De lo transcrito, se obtiene que el acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes, deberá presentarse por el contratista ante el Juez de Distrito en Materia Civil o Tribunal Unitario Agrario competente, con el fin de que sea validado y le otorgue, en su caso, la categoría de cosa juzgada mediante la resolución que dicte, la cual tendrá el carácter de sentencia que debe pronunciar dentro de los quince días siguientes a la primera publicación en el periódico de circulación local y, en su caso, en los lugares más visibles del ejido; contra la resolución emitida únicamente procederá el juicio de amparo.
"Así, para que se actualice la figura de cosa juzgada a que alude el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, se exigen los siguientes requisitos:
"• Identidad de personas que intervienen en los juicios relativos.
"• Identidad en las cosas que se demandan en los juicios.
"• Identidad de las causas en que se fundan las demandas.
"• Se hubiere analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones reclamadas.
"En el caso, el acto reclamado en la demanda de amparo fue el auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, que desechó la solicitud de la parte quejosa hoy recurrente, respecto de las diligencias de jurisdicción voluntaria, expediente 43/2018, del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en esta Ciudad, tramitadas para validar el contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso celebrado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete por ********** y **********; constituye una resolución que dio por concluido el juicio en lo principal, ante lo cual, el Juez de amparo (Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en esta ciudad) carece de competencia legal para conocer de ese juicio constitucional dada la naturaleza de los actos reclamados.
"Ello es así, pues el aspecto trascendente en el caso, es que el Juez de instancia, Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el expediente 43/2018 de su índice, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria para sancionar mediante cosa juzgada el anterior contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, celebrado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en términos de lo establecido por el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos; desechó tal solicitud debido a la extemporaneidad de ésta, ya que fue tramitada cuando el plazo de treinta días establecido por el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos había fenecido.
"La anterior aseveración cobra relevancia de acuerdo a lo establecido por el artículo 107, fracción (sic) III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: (se transcribe).
"Por otra parte, la procedencia del juicio de amparo en la vía directa, está establecida en la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, al establecer: (se transcribe).
"De lo transcrito, se obtiene que el juicio de amparo en la vía directa procede contra resoluciones emitidas por tribunales judiciales que decidan el juicio en lo principal o bien, respecto de aquellas que pongan fin al juicio aun sin decidirlo en lo principal.
"A su vez, los artículos 33, fracción II, 34, primer párrafo, y 47 de la Ley de Amparo, prevén: (se transcribe).
"En esa tesitura, se considera que en el caso, la vía idónea para el ejercicio de la acción constitucional es la directa, en virtud de que la determinación reclamada dio por concluido el procedimiento de origen sin decidirlo en lo principal.
"Por ende, resulta evidente que el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es legalmente incompetente para conocer y resolver del juicio de amparo planteado contra el acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, que el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, pronunció en el expediente 43/2018, donde desechó, por extemporánea, la jurisdicción voluntaria formulada de acuerdo a lo establecido por el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, para la validación del contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, tramitada ante ese Juzgado de Distrito por **********. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del proceso constitucional corresponde a este Tribunal Colegiado y no al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en esta ciudad.
"En consecuencia, de acuerdo a lo establecido por el artículo 44, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en estos casos debe declararse insubsistente la sentencia y conocer del asunto en la vía directa.
"Dicho precepto dispone: (se transcribe).
"En esa tesitura, se declara la insubsistencia de la sentencia recurrida.
"Con los insertos necesarios, dése aviso a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, con el objeto de hacer de su conocimiento el contenido de la presente resolución para fines estadísticos, a efecto de que reencauce el presente asunto como amparo directo y lo remita a este Tribunal Colegiado para los fines conducentes por ser de su competencia, ello en términos del artículo 44 de la Ley de Amparo.
"Apoya esta decisión, la tesis 1a.XXV/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala, Libro 14, Tomo I, enero de 2015, página 771, materia común, de rubro y texto:
"‘RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTIMA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ERA INCOMPETENTE PARA EMITIR LA SENTENCIA IMPUGNADA, POR TRATARSE DE ACTOS RECLAMADOS EN LA VÍA DIRECTA, DEBERÁ DECLARARLA INSUBSISTENTE Y AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA EN LA VÍA DIRECTA (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’ ..."
De la transcripción preinserta, se observa que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó que, atento a que el acto reclamado en el juicio de amparo motivo del recurso, era el acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, pronunciado por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en esta ciudad en el expediente 43/2018, en el que desechó la solicitud de validación del contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso celebrado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, por ********** y **********, a través de su apoderado **********, sobre el predio rústico identificado como **********, ubicado en la **********.
Dicho contrato se encuentra regulado por el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, que dispone que el acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes, deberá presentarse por el contratista ante el Juez de Distrito en Materia Civil o Tribunal Unitario Agrario competente, con el fin de que sea validado y le otorgue, en su caso, la categoría de cosa juzgada mediante la resolución que dicte, la cual tendrá el carácter de sentencia que debe pronunciar dentro de los quince días siguientes a la primera publicación en el periódico de circulación local y, en su caso, en los lugares más visibles del ejido; contra la resolución emitida únicamente procederá el juicio de amparo.
Así, para que se actualice la figura de cosa juzgada a que alude el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, se exigen los siguientes requisitos:
• Identidad de personas que intervienen en los juicios relativos.
• Identidad en las cosas que se demandan en los juicios.
• Identidad de las causas en que se fundan las demandas.
• Se hubiere analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones reclamadas.
En ese sentido, consideró que el acto reclamado en la demanda de amparo fue una resolución que dio por concluido el juicio en lo principal, ante lo cual, el Juez de amparo (Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en esta ciudad) carecía de competencia legal para conocer de ese juicio constitucional dada la naturaleza de los actos reclamados.
Ello fue así, pues el aspecto trascendente en el caso, era que el Juez de instancia, Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el expediente 43/2018 de su índice, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria para sancionar mediante cosa juzgada el anterior contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, celebrado el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, en términos de lo establecido por el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos; desechó tal solicitud debido a la extemporaneidad de ésta, ya que fue tramitada cuando el plazo de treinta días establecido por el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos había fenecido.
La anterior aseveración cobró relevancia de acuerdo a lo establecido por el artículo 107, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, dado que el juicio de amparo en la vía directa procede contra resoluciones emitidas por tribunales judiciales que decidan el juicio en lo principal o bien, respecto de aquellas que pongan fin al juicio aun sin decidirlo en lo principal.
En esa tesitura, se estimó que la vía idónea para el ejercicio de la acción constitucional es la directa, en virtud de que la determinación reclamada dio por concluido el procedimiento de origen sin decidirlo en lo principal.
Por ende, resultó evidente que el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, era legalmente incompetente para conocer y resolver del juicio de amparo planteado contra el acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho; que el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, pronunció en el expediente 43/2018, donde desechó, por extemporánea, la jurisdicción voluntaria formulada de acuerdo a lo establecido por el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, para la validación del contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, tramitada ante ese Juzgado de Distrito por **********.
Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se determinó que la competencia para conocer del proceso constitucional correspondía a ese Tribunal Colegiado y no al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en esta ciudad.
QUINTO.—Objeto concreto de la denuncia de contradicción de criterios.
Determinar, si el acuerdo que desecha la solicitud de diligencias de jurisdicción voluntaria tramitadas para validar los contratos de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso de conformidad con el artículo 105 de la Le
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29101-99ee31c3/competencia-para-conocer-del-acuerdo-por-el-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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