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Modo: Corpus Pro

MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES. SON INHERENTES AL DERECHO A LA JURISDICCIÓN, POR LO QUE LA LIMITACIÓN DE SU OTORGAMIENTO DEBE ATENDER A UNA INTERPRETACIÓN FUNCIONAL Y CONFORME DEL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CON LOS ARTÍCULOS 1o. Y 17 CONSTITUCIONALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2019. · Registro digital (IUS): 29108
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-10-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, Pág. 2949.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE AGOSTO DE 2019. UNANIMIDAD DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, JOSÉ LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, ELISEO PUGA CERVANTES, FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ, ROBERTO RAMÍREZ RUIZ, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN Y MANUEL ERNESTO SALOMA VERA. PONENTE: MANUEL ERNESTO SALOMA VERA. SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis en materia civil, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por Magistrados de un Tribunal Colegiado de este Circuito, que se encuentran facultados para ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(1)

TERCERO.—Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito.

I. Criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Lo emitió al resolver el recurso de revisión 283/2018, promovido por la tercera interesada y recurrente **********, el veinte de febrero de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de sus integrantes, cuyos antecedentes procesales son:

- Mediante escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, **********, todos de apellidos **********, a través de su apoderado **********, promovieron juicio de amparo indirecto contra actos de la Sexta Sala y del Juez Cuadragésimo Noveno, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la sentencia dictada el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en el toca número 1965/2017, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por los codemandados ahora quejosos en contra del auto de diez de octubre del año citado en el juicio ordinario mercantil 909/2017, proveído en el que se concedieron las medidas cautelares de "mantención de hechos" que la actora **********, había solicitado en su escrito inicial de demanda; y del Juez la ejecución de la sentencia reclamada.

- El Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien conoció del amparo indirecto número 163/2018 de su índice, pronunció sentencia el tres de mayo de dos mil dieciocho firmada el treinta y uno de julio siguiente, en la que otorgó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos, porque a su criterio era inaplicable al litigio natural la jurisprudencia 1a./J. 27/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro:

"PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO LA SOLICITUD DE LA MEDIDA NO SE FUNDA EN LOS CASOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA RESTRICCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1171 DE LA MISMA LEY PARA DICTARLAS, NO IMPIDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PREVISTAS EN LOS NUMERALES 384 A 388 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (ABANDONO PARCIAL DE LAS TESIS 1a. LXXIX/2007 Y 1a. LXXXI/2007)."

- En contra de ese fallo la tercera interesada **********, interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y no amparar ni proteger a los peticionarios de garantías.

Al resolver el amparo en revisión mencionado, el Tercer Tribunal Colegiado determinó en esencia lo siguiente:

- Son fundados los agravios planteados por la recurrente, consistentes en que el Juez de Distrito debió negar el amparo a su contraparte, porque la Sala Civil responsable no conculcó los derechos humanos de los quejosos, en razón de que en la contienda mercantil de origen, mediante la aplicación supletoria de los preceptos 384 a 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles al Código de Comercio, cabe decretar como medida cautelar, la "mantención de hechos existentes" solicitada en el juicio ordinario mercantil de origen, pues adverso a lo que el Juzgador Federal estimó, con la reforma publicada el diez de enero de dos mil catorce no se alteraron sustancialmente los artículos 1168 y 1171 del Código Mercantil.

- Lo anterior, lo juzgó de esa manera por considerar que el proceso legislativo del que derivó el decreto reformador al Código de Comercio, hace patente que el espíritu de la reforma no es impedir que en los juicios mercantiles se decrete la "mantención de hechos" existentes que en estricto sentido configura una medida cautelar de tipo conservativo, mediante la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, sino perfeccionar las reglas de las medidas cautelares de tipo garantizador para el cobro efectivo de créditos.

- Ello, lo estimó en atención a que como lo recalcó la recurrente, la iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión –Cámara de Origen–, se propuso reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

- Al respecto, el Tribunal Colegiado determinó que esa propuesta tomó en cuenta que:

• El otorgamiento de una mayor cantidad de créditos y bajo condiciones más favorables, en cuanto a tasas de interés, plazos y montos, es un medio determinante para lograr una distribución eficiente de recursos financieros que abone a la trayectoria del crecimiento económico nacional.

• Un factor muy importante que impulsa la ampliación de fuentes de financiamiento, consiste en la existencia de certeza jurídica para las partes que participan en la celebración de contratos de otorgamiento de crédito, especialmente para los acreedores y, particularmente, en relación con la recuperación de sus recursos.

• Por lo general, al celebrar un contrato de crédito las partes que en él intervienen esperan que la otra parte cumpla de manera puntual y voluntaria con las obligaciones adquiridas, únicamente, ante un escenario de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, la parte afectada tendrá que considerar la ejecución forzosa de la obligación incumplida.

• Es importante que un estado de derecho como "el nuestro" cuente con un marco jurídico sólido de otorgamiento y recuperación de créditos, especialmente en aquellos casos en los que existe una garantía otorgada por el deudor.

• Por ello, la iniciativa incorporó, en primer lugar, modificaciones al Código de Comercio a efecto de fortalecer los procesos mercantiles, con el propósito de facilitar tanto el cobro de créditos como la ejecución de garantías en casos de incumplimiento.

- A juicio del Tribunal Colegiado, tales modificaciones –según se destaca en la iniciativa– se propusieron en tres ejes específicos:

a. Ajustes para mejorar la celeridad y la seguridad jurídica en los juicios mercantiles.

b. Reorganización de los mecanismos de aseguramiento de bienes.

c. Mejoras al juicio ejecutivo mercantil.

- En cuanto al apartado b, el ad quem indicó que se refiere explícitamente a las medidas cautelares mercantiles, en las que en lo conducente consta:

"b. Reorganización de los mecanismos de aseguramiento de bienes.—En general, con la presente iniciativa se propone reordenar las disposiciones normativas que regulan los mecanismos de aseguramiento de bienes dentro de los juicios mercantiles.—Lo anterior, permite organizar los tipos de providencias precautorias en materia mercantil de manera lógica, así como establecer los supuestos en que las mismas podrán ser decretadas, a fin de incrementar la eficacia en el cobro de los créditos mercantiles.—Se plantea diferenciar entre los requisitos para la procedencia del arraigo y los requisitos del secuestro provisional de bienes. Asimismo, se establecen los medios de prueba respecto de la medida provisional consistente en el arraigo.—En ese sentido, se busca establecer los requisitos de procedencia del secuestro provisional de bienes, de forma independiente a los del arraigo de personas. De igual forma, a fin de otorgar mayor seguridad jurídica a quien solicita la providencia precautoria y a quien la resiente, se prevé la obligación del juzgador de concederla de plano, una vez cumplidos los requisitos respectivos. Tratándose del embargo de dinero y de otros bienes fungibles, se presume el riesgo de que se oculten o dilapiden, para efectos de la providencia. Igualmente se obliga al Juez a fijar una garantía asequible, a fin de no hacer nugatoria la medida.—Asimismo, se establece la posibilidad de pedir la modificación o revocación de la medida cuando exista un hecho superveniente, en vez de dejar abierta la posibilidad de impugnarla en cualquier tiempo."

- Por otra parte, el Tribunal Colegiado de mérito consideró que en relación a la minuta que se envió al Senado de la República –Cámara Revisora– para su dictaminación, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara Revisora, en el apartado "Otorgamiento y Ejecución de Garantías" puntualizaron con respecto a las medidas precautorias:

"Asimismo, en materia de las providencias precautorias que contempla el Código de Comercio, se coincide en la importancia de diferenciar los requisitos para que procedan cada una de ellas, así como en dar orden y claridad a las disposiciones vigentes que las regulan.—Al respecto, es relevante destacar la propuesta aprobada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para modificar las denominaciones de las providencias precautorias a que nos referimos en el párrafo anterior, a efecto de evitar confusiones dañinas, que generen inseguridad en los deudores."

- El Órgano Colegiado señaló que finalmente en la discusión senatorial de veintiséis de noviembre de dos mil trece, con respecto a las medidas precautorias mercantiles, legisladores de oposición como Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y Mónica Arriola Gordillo dirigieron sus argumentos contra el arraigo y el secuestro de bienes, no obstante que la Cámara de Diputados modificó la nomenclatura de esas dos figuras.

- De igual manera, indicó con la salvedad de que el Senador David Monreal Ávila retiró su reserva al artículo 1168 del Código de Comercio, siendo ésta la única reserva que dentro del proceso legislativo se formuló de forma específica en contra de la reforma a ese precepto legal.

- Con base en lo expuesto, el ad quem consideró que tales párrafos demuestran que en el órgano legislativo no fue objeto de discusión expresa, el primer enunciado normativo del artículo 1168 del Código de Comercio, que propuso el dictamen de la Cámara de Origen, en el sentido de que: "En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse como las medidas cautelares o providencias precautorias previstas en este Código, y que son las siguientes:"

- Sin embargo, a su juicio aún persiste la interrogante planteada: ¿Con la reforma aludida, el legislador tuvo la intención de impedir que en los juicios mercantiles se decreten "mantenciones de hechos existentes"?

- A ese cuestionamiento respondió: No, porque el enunciado que encabeza el artículo 1168 del Código de Comercio vigente a partir de la reforma, al utilizar la palabra "únicamente" en relación con las medidas precautorias o providencias cautelares que podrán decretarse en los juicios del orden mercantil, no refleja la intención de la reforma, cuyo propósito, como consideró, se concretó a la implementación de reglas claras y precisas que permiten a los acreedores obtener el cobro efectivo de sus créditos insolutos, mediante la radicación de personas o la retención de bienes.

- Así determinó, que en modo alguno, se colige que el legislador tuvo la finalidad reformatoria de impedir que en las contiendas judiciales que tengan como objeto de disputa actos de comercio, se otorguen "mantenciones de hechos existentes", en aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles.

- Lo anterior, lo consideró porque adquiere sentido, si se tiene en cuenta que en la ejecutoria que decidió la contradicción de tesis 415/2012, de la que derivó la jurisprudencia que invocó la Sala responsable como sustento del acto reclamado y que en la sentencia sujeta a revisión, el Juez de Distrito consideró superada por referirse a los artículos 1168 y 1171 del código mercantil en su texto anterior a la reforma del diez de enero de dos mil catorce; los Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretaron que la prohibición de que "...no pueden dictarse otras providencias precautorias que las establecidas en el propio Código", no debe hacerse extensiva "a las mantenciones de hechos existentes" reguladas por el Código Procesal Civil Federal.

- Ello, en concepto del ad quem, obedeció a que el arraigo y el secuestro de bienes, según se normaba antes de la reforma, o la radicación de personas o la retención de bienes, como se les denomina actualmente, constituyen medidas precautorias que acorde con su regulación, tienden a garantizar el resultado del juicio, así como que no se oculten, se pierdan o se alteren las cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse el juicio; es decir, se traducen en medidas precautorias de garantía.

- En cambio, "la mantención de hechos existentes" en palabras de la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal expresadas en la ejecutoria que originó la jurisprudencia aludida, configura una medida precautoria de aseguramiento, que se traduce en una medida de tipo conservativo que procura evitar que la sentencia de fondo resulte inútil y lograr que la misma tenga eficacia práctica, pues bajo la óptica de ese Tribunal Colegiado, conserva viva la materia del litigio.

- Todo lo anterior, llevó a concluir al Órgano Colegiado que, pese al decreto de reforma al Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil catorce, sus artículos 1168 y 1171 no constituyen un impedimento jurídico para que en los juicios mercantiles se decreten como medidas precautorias de aseguramiento "las mantenciones de hechos existentes", normadas en el supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que la limitante expresa que prevén esas disposiciones legales se encuentra referida exclusivamente a otras medidas precautorias de garantía [género] –a las que el código también denomina como providencias precautorias [especie]–, distintas a la radicación de personas y a la retención de bienes, pero esa limitante no abarca a las medidas de tipo conservativo como son las emitidas para mantener la situación de hechos existentes.

- De esta manera, señaló que si el Juez de Distrito no lo consideró así, la concesión del amparo otorgada a los quejosos resulta indebida, ya que se sustenta en una premisa errónea, en cuanto a que en las contiendas comerciales no pueden decretarse medidas de aseguramiento para mantener la situación de hechos existentes, cuando en realidad no existe imposibilidad legal para otorgarlas, conforme a la supletoriedad prevista en los artículos 1054 y 1061 del Código de Comercio.

- Igualmente, el Tribunal Colegiado estimó que de una interpretación funcional del artículo 1168 del Código de Comercio, conduce a sostener que esas medidas de aseguramiento sí tienen cabida en los juicios mercantiles, pues tal postura es acorde con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, garantizado en el artículo 17, segundo y sexto párrafos, de la Constitución Federal, así como en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por tanto, el Órgano Colegiado resolvió lo siguiente:

"PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.—La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a **********, a través de su apoderado **********, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución..."

II. Criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en sesión de diez de febrero de dos mil diecisiete, los recursos de revisión números: 226/2016 y 227/2016, de los que se advierten los antecedentes siguientes:

a). La revisión 226/2016, fue interpuesta por el quejoso y recurrente **********, por conducto de su apoderado ********** y **********, antes ********** antes mencionado, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo **********, en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, autorizada el diez de marzo posterior, en el juicio de amparo indirecto 71/2015.

- En el referido juicio de amparo indirecto, los actos reclamados consistieron en la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil quince, dictada en los tocas civiles relacionados 172/2015 y 173/2015, formados con motivo de los recursos de apelación interpuestos por ********** y la quejosa **********, antes **********, en contra de la interlocutoria emitida el seis de febrero del mismo año, por el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en el cuaderno de medidas precautorias 122/2014, a través de la cual resolvió el incidente de medidas cautelares en el que concedió las medidas precautorias solicitadas para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban; así como la ejecución de esa resolución.

Al resolver el recurso de revisión aludido, el Tribunal Colegiado sostuvo lo que en esencia se expone a continuación:

- Es fundado el primer agravio planteado, relativo a que en la sentencia recurrida se concluyó que sigue siendo aplicable la jurisprudencia 1a./J. 27/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio al Código de Comercio en materia de medidas cautelares.

- Lo expuesto, porque el Tribunal Unitario de Amparo partió de que el artículo 1168 del Código de Comercio posterior a las reformas publicadas el diez de enero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, no varió sustancialmente su contenido respecto de los anteriores numerales 1171 y 1168 del mismo ordenamiento, que fueron interpretados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada por lo que dicho criterio continúa siendo aplicable por analogía para resolver el problema jurídico de este asunto.

- En ese sentido, señaló que a las medidas precautorias no les es aplicable de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que conforme a la reforma a ambos artículos citados, publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil catorce, en los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en el Código de Comercio y que son la radicación de persona y la retención de bienes, y toda vez que esas modificaciones hechas por el legislador fueron posteriores al seis de febrero de dos mil trece, cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 415/2012, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Primero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2013 (10a.), este criterio no es aplicable en cuanto a medidas cautelares o providencias precautorias no previstas en el Código de Comercio.

- Ello en atención a que como lo adujo el inconforme, no era sólo una reordenación de los preceptos, sino que es evidente la intención del legislador de limitar la procedencia de las medidas cautelares a las providencias precautorias que diferenciaba y precisaba en la reforma.

- Así, determinó que sí es sustancial la reforma, ya que pudiendo el legislador solamente referirse a las providencias precautorias, como originalmente lo propuso el Ejecutivo Federal, lo cierto es que el legislador modificó la propuesta de iniciativa, para limitar las medidas cautelares en los juicios mercantiles únicamente a las providencias precautorias previstas en el Código de Comercio.

- Derivado de lo expuesto, insistió, que sí se trata de una reforma sustancial de lo que preveían los artículos 1168 y 1171 del Código de Comercio y, por tanto, consideró fundado el agravio consistente en lo afirmado por el recurrente de que es incorrecto aplicar de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles por ser aplicable por analogía la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 27/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya citada con antelación.

- De igual forma, determinó fundado el segundo agravio, porque del artículo 1177 del Código de Comercio se desprende: que las providencias precautorias se pueden decretar, antes o después de iniciar un juicio mercantil, pero en el segundo caso, se sustanciará en incidente, por cuerda separada.

- Así, consideró que de los artículos 1349, 1350, 1352, 1353, 1354, 1355 a 1358 de la legislación mercantil invocada, se advierte con claridad que en esencia los incidentes se tramitan por cuerda separada y, los que se hacen valer por escrito al promoverse, el incidente, o al darse contestación al mismo, deben proponerse las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas, que de ser procedentes se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten.

- Asimismo, indicó que en la audiencia incidental se recibirán las pruebas y, acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes; y cuando éstas no ofrezcan pruebas o las que propongan no se admitan, una vez contestado el incidente o transcurrido el término para hacerlo, el Juez citará a las partes para oír la interlocutoria que proceda, la que se pronunciará y notificará dentro de los tres días siguientes.

- En ese orden de ideas, estimó que si bien es cierto, de los preceptos citados no se advierte alguna limitante en cuanto al tiempo en que dentro de un juicio se pueda promover un incidente, o respecto de los hechos que puedan invocarse, que es el motivo por el cual el recurrente adujo que se actualiza la preclusión para promoverlo, sí le asiste la razón al inconforme cuando sostiene que no se encuentra prevista la ampliación de un incidente.

- En ese sentido, consideró que si las providencias precautorias se pueden pedir una vez iniciado el juicio mercantil mediante la sustanciación de un incidente, al no estar previsto en el Código de Comercio, lo referente a la ampliación, ello lleva a concluir que se debe tramitar y resolver sólo respecto de lo pretendido en el escrito por medio del cual se promueve, sin que esto signifique que existe la imposibilidad de promover un diverso incidente para solicitar que se decrete alguna providencia precautoria no solicitada en un incidente diverso.

- Así las cosas, consideró que como en la sentencia recurrida, se parte de la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación a las medidas cautelares, y además, de que sí es posible considerar la ampliación de las medidas cautelares, no obstante que no se prevea la figura de la ampliación de la demanda incidental.

- Al estimar dichas consideraciones incorrectas, pero además, esencialmente fundados los conceptos de violación primero y tercero expuestos en la demanda de amparo por la parte quejosa; eso llevó a modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo para los efectos de que el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito:

"1. Deje insubsistente la resolución de veinticuatro de junio de dos mil quince, dictada en el toca 172/2015 relacionado con el toca 173/2015; y,— 2. Dicte una nueva, en la que al dar respuesta a los agravios expuestos por el quejoso, tome en consideración que no es aplicable de forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación a las medidas cautelares, ni se encuentra previsto la ampliación de un incidente.—Dicha concesión se hace extensiva por lo que hace a los actos de ejecución atribuidos al Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, de quien no se reclamaron actos por vicios propios sino como consecuencia de la ejecución de la sentencia reclamada."

- En consecuencia, el Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente:

"PRIMERO.—Se modifica la sentencia dictada en la audiencia constitucional de diecinueve de enero de dos mil dieciséis y autorizada el diez de marzo de ese año, por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo indirecto 71/2015, promovido por **********, antes **********, por conducto de su delegada fiduciaria **********; a través de la cual se concedió el amparo. SEGUNDO.—Para los efectos precisados en la parte final del considerando cuarto, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, antes **********, por conducto de su delegada fiduciaria **********, contra los actos reclamados del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito y del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."

b). La revisión 227/2016, fue interpuesta por el quejoso y recurrente **********, por conducto de su apoderado **********, en el que recurrió la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, autorizada el diez de marzo de ese mismo, en el juicio de amparo indirecto 72/2015.

- En el indicado juicio de amparo indirecto, los actos reclamados consistieron en la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil quince, dictada en el toca 173/2015 relacionado con 172/2015, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por ********** en contra de la interlocutoria de seis de febrero de dos mil quince emitida por el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en el juicio ordinario mercantil 122/2014, a través de la cual resolvió el incidente de medidas cautelares y concedió las medidas precautorias solicitadas para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban; así como la ejecución de esa resolución.

En el fallo que resolvió el citado recurso el Tribunal Colegiado determinó esencialmente lo siguiente:

- Es fundado el segundo agravio hecho valer por el quejoso y recurrente consistente en que contrario a lo sustentado por el Tribunal Unitario de Amparo, la reforma del capítulo de Medidas Cautelares tuvo como fin reordenar las disposiciones normativas que regulan los mecanismos de aseguramiento de bienes dentro de los juicios mercantiles a fin de incrementar la eficacia en el cobro de los créditos mercantiles, toda vez que si en la exposición de motivos se consideró que la importancia era que nuestro País cuente con un marco jurídico sólido de otorgamiento y recuperación de créditos, especialmente en aquellos casos en los que existe una garantía otorgada por el deudor, lo que resulta de la dificultad que se tenía para obtener la recuperación de un crédito.

- Lo que hace que la jurisprudencia 1a./J. 27/2013 (10a.), deje de ser aplicable, pues claramente la óptica hacia las medidas cautelares del Código de Comercio es distinta a la que se tenía con anterioridad que no tomaban en consideración los actuales parámetros del legislador, ni su objetivo tendente a la recuperación de los créditos; de ahí que si la disposición en comentario establece que "únicamente podrán decretarse" se considere que no es posible aplicar de forma supletoria las medidas cautelares del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que como señaló el recurrente entonces no tendría sentido incluir dicha limitante al modificar la iniciativa.

- Lo expuesto, en virtud de que conforme a la reforma a ambos artículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil catorce, en los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en el Código de Comercio, y que son la radicación de persona y la retención de bienes, y toda vez que esas modificaciones hechas por el legislador fueron posteriores al seis de febrero de dos mil trece, cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 415/2012, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Primero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2013 (10a.), esta jurisprudencia no es aplicable en cuanto a medidas cautelares o providencias precautorias no previstas en el Código de Comercio, dada esa reforma legislativa.

- De igual forma, determinó fundado el sexto agravio, porque del artículo 1177 del Código de Comercio, se desprende: que las providencias precautorias se pueden decretar, ante

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29108-71a5e0b2/medidas-cautelares-o-providencias-precautorias-en-los-juicios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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