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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 408 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE DESECHA O NO ADMITE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. · Registro digital (IUS): 29162
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-11-22
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, Pág. 1683.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ GABRIEL CLEMENTE RODRÍGUEZ, TERESA MUNGUÍA SÁNCHEZ Y ERIC ROBERTO SANTOS PARTIDO. PONENTE: ERIC ROBERTO SANTOS PARTIDO. SECRETARIO: SALVADOR AGUILAR CARRERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Pleno en Materia Civil del Sexto Circuito es competente para conocer de la presente contradicción de tesis, en atención a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una posible divergencia de criterios, entre los sustentados por Tribunales Colegiados del mismo Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializado este Pleno.

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue hecha por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del secretario adscrito a dicho Juzgado; por lo que se actualiza el supuesto a que aluden los numerales 107, fracción XIII, primer párrafo constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Los criterios contendientes son:

1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en sesión de diez de julio de dos mil siete, resolvió por unanimidad de votos, el amparo en revisión 186/2007, en los siguientes términos:

"Tercero.—Son infundados los agravios antes transcritos.

"Opuesto a lo alegado por el recurrente, debe decirse que es cierto que de acuerdo con la fracción VI, del artículo 414 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en contra de las resoluciones dictadas en los incidentes no procede recurso alguno; sin embargo, en la especie no está reclamando esa clase de resoluciones con que culmina el trámite establecido en ese precepto legal, sino un auto que no admitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones que promovió, el que, además de no poner fin al procedimiento, porque no resuelve el fondo del negocio, no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutoria porque no resolvió el incidente respectivo, situación que se corrobora con lo dispuesto en el diverso artículo 47 del mencionado ordenamiento legal, que dice: Las resoluciones judiciales son sentencias y autos.—Son sentencias definitivas aquellas que resuelven el fondo del negocio. Son sentencias interlocutorias las que resuelven un incidente.—Las resoluciones no comprendidas en el párrafo anterior, son autos.

"De esta forma, si se parte de la base que el acto reclamado no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutoria, sino que constituye un simple auto que no pone fin al procedimiento, es incuestionable que debe ser combatido a través del recurso de reclamación previsto por el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que es el medio de defensa establecido por la ley ordinaria para impugnar autos como el de la especie, lo anterior con el fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Al no haberse hecho así en el presente asunto, efectivamente se surte la causal de improcedencia que invocó el Juez de Distrito a quo, prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por lo que fue correcto que sobreseyera el juicio de garantías de mérito, de conformidad con lo previsto por el artículo 74, fracción III, de ese ordenamiento legal.

"Lo anterior es así, porque de la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial número VI.2o. J/52, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil, ahora resuelve, publicada en la página cuatrocientos uno, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.—El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común.’, así como la jurisprudencia 986 sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página seiscientos setenta y ocho, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.—Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’

"Por otra parte, en contra de lo alegado por el recurrente, debe decirse que el hecho de que el mencionado auto de siete de marzo de dos mil siete, sea o no un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, no significa que sea procedente el amparo indirecto, sin que deba agotar el recurso que la ley común prevé para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues el supuesto contenido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, no tiene como finalidad regular actos dentro del juicio de ejecución irreparable sino que expresamente descansa sobre el imperativo de que el acto reclamado sea impugnado a través del medio de defensa ordinario, ya que el juicio de amparo únicamente está reservado como un medio extraordinario de defensa a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos jurisdiccionales de la federación.

"Lo anterior es así, porque no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, sino por el contrario, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de alguno de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio. Son aplicables al caso la jurisprudencia VI.2o.C. J/239 y las tesis X.1o.31 K y II.4o.C.22 C, sustentadas respectivamente por este órgano colegiado, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visibles en las páginas setecientos sesenta y cinco, dos mil seiscientos sesenta y uno, y mil quinientos veintisiete, Tomos XVIII, noviembre de dos mil tres, XXII, diciembre de dos mil cinco, XXII, septiembre de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: ‘ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA.—El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’; ‘DEFINITIVIDAD. DEBE RESPETARSE ESTE PRINCIPIO INCLUSO CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DENTRO DE JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.—El hecho de que ante el Juez de Distrito se señale como acto reclamado uno dictado dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en contra del cual procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, porque las reglas del amparo indirecto, tratándose de actos intraprocesales, determinan que antes de acudir al juicio de garantías deben combatirse mediante los recursos correspondientes, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a menos que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o se trate de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, caso en el que se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 73, fracción XIII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.’; y, ‘PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUS EXCEPCIONES, EN ASUNTOS DEL ORDEN CIVIL.—En la tesis aislada número 2a. LVI/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, del mes de julio de dos mil, de rubro: «DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.», se estimó que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman, entre otros, los actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y los que carezcan de fundamentación. Dicho criterio, a pesar de estar ubicado en la materia común, según se desprende de sus datos de localización, y de que resulta tajante al referir dichas excepciones, no se estima aplicable a los asuntos del orden civil. Lo anterior es así, en virtud de que en relación con el primer supuesto de excepción citado, este tribunal considera que del contenido de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende que esa haya sido la intención del Constituyente, ya que por el contrario, del inciso aludido claramente se evidencia que si bien el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; sin embargo, ello está condicionado al agotamiento previo de los recursos que en su caso procedan; lo anterior, sin desconocer que existen supuestos de excepción a dicha regla, como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 73, fracciones XII (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XIII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional) y XV (los que carezcan de fundamentación) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que, como todas las normas que establecen excepciones, son de estricta aplicación, según lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XIX, página 754 de rubro: «LEYES DE EXCEPCIÓN.»; de ahí que no se estime acertado sostener como regla general, que contra los actos de ejecución irreparable no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues al menos en la materia civil ello, en todo caso, resulta excepcional; asimismo, tampoco se comparte la afirmación genérica contenida en dicha tesis aislada en el sentido de que no existe la obligación de cumplir con el principio de definitividad, cuando se reclaman actos que carezcan de fundamentación, pues dicha excepción no resulta aplicable cuando el acto reclamado hubiere sido dictado por un tribunal judicial, como es el caso de la materia civil, ya que dicha salvedad se ubica en el segundo párrafo de la fracción XV del numeral 73 de la Ley de Amparo, la cual sólo es aplicable, como literalmente lo refiere: «Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo...», hipótesis que evidentemente no sería extensiva a casos en donde el acto reclamado se trate de resoluciones dictadas por tribunales judiciales, como generalmente lo es en la materia civil; además, como se ha dicho, las normas que establecen excepciones son de estricta aplicación y, por tanto, dicha excepción no puede aplicarse por analogía a caso alguno no comprendido en ellas; de ahí que la afirmación genérica que se contiene en tales supuestos de la tesis aislada en comento, no es de compartirse en asuntos del orden civil, sobre todo cuando de los datos de localización de tal criterio, se le ubica en la Materia Común.’

"No son obstáculo para lo anterior las diversas tesis que invoca el recurrente, pues las mismas se refieren a la naturaleza de los actos de imposible reparación, no a que en contra de éstos no es obligatorio agotar los recursos ordinarios procedentes.

"Las consideraciones que preceden conducen a confirmar la sentencia sujeta a revisión.

"Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

"PRIMERO.—Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

"SEGUNDO.—Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por **********, respecto del acto que reclama de la Juez Primero de lo Civil de Puebla, el cual quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria. ..."

De dicha ejecutoria, derivo la tesis aislada VI.2o.C.567 C, la cual se encuentra visible en la página 1646, del Tomo XXVI, de agosto de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia civil, registro 171750, de rubro y texto, siguientes:

"INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. EL AUTO QUE LO DESECHA DEBE COMBATIRSE MEDIANTE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, PREVIO A SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—De los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47, 408 y 414, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano (sic) de Puebla, se advierte que si bien es cierto que contra las resoluciones dictadas en los incidentes no procede recurso alguno, también lo es que el auto que desecha un incidente de nulidad de actuaciones no es de aquellos con que culmina el procedimiento incidental previsto en el último de los numerales mencionados; aunado a ello, dicho proveído no pone fin al procedimiento principal, ni tiene la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutoria, ya que no resuelve la cuestión incidental planteada. De tal suerte que la resolución que desecha un incidente de nulidad de actuaciones constituye un simple auto que no pone fin al procedimiento y, por tanto, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, previo a su impugnación en amparo indirecto, debe ser combatido mediante el recurso de reclamación previsto en el referido artículo 408, pues dicho principio establece la obligación del quejoso de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. De lo contrario, el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, conforme a la fracción XIII del artículo 73 de la ley de la materia."

2. Criterio del señalado órgano colegiado que fue reiterado, en la sesión de trece de noviembre de dos mil quince, al resolver el amparo directo 272/2015, bajo el tenor siguiente:

"QUINTO.—Son en un aspecto infundados y en lo demás inoperantes los conceptos de violación.

"En efecto, como se precisó en el considerando que precede, el quejoso se duele de la resolución emitida el veintisiete de febrero de dos mil quince, por la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca de apelación **********, en la cual se determinó confirmar la pronunciada el trece de junio de dos mil catorce –y su correspondiente aclaración de sentencia–, dictada por el Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, en el expediente **********, relativo al juicio de nulidad de escritura promovido por **********, por su propio derecho y en su carácter de albacea definitivo de la sucesión intestamentaria a bienes de **********, en contra del ahora amparista, en el cual se declaró fundada la acción intentada.

"Ahora bien, en el fallo reclamado, la citada responsable desestimó los agravios propuestos por el entonces recurrente, aquí quejoso, por lo siguiente:

"1. Declaró inoperante el agravio en el cual el inconforme planteó la ilegalidad del desechamiento del incidente de nulidad de actuaciones en el juicio natural, promovido a fin de combatir la notificación efectuada por lista del acuerdo de siete de abril de dos mil catorce, en el que se proveyó lo relativo a las pruebas de las partes y se señaló fecha para la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia; lo anterior, por los motivos que a continuación se indican:

"- Consideró que el agraviado consintió la decisión por la que se desechó el mencionado incidente de nulidad de actuaciones, al estimar que el auto en el que se efectuó no es de aquellos con los que culmina el trámite incidental, tampoco pone fin al procedimiento principal, ni tiene la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutoria, porque no resuelve la cuestión incidental planteada y, por ende, al tratarse de un mero auto, no le era aplicable la disposición contenida en el artículo 414, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual prescribe que contra las resoluciones dictadas en los incidentes no procede recurso alguno, sino que debió hacer valer la reclamación prevista en el artículo 408 de la invocada legislación adjetiva, lo cual no aconteció.

"- Que por ese motivo, el inconforme no podía plantear como agravio la negativa de dar trámite al incidente en cuestión, dado que no interpuso el recurso de reclamación en contra del auto que desechó el incidente de nulidad de actuaciones.

"- Que independientemente de lo anterior, resultaba inocuo que el apelante alegara que el auto de admisión de pruebas, en el cual también se señaló fecha para la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia, debió notificársele personalmente en su domicilio, debido a que el proveído en cuestión no es de aquellos que deben ser notificados de manera personal, de acuerdo con lo dispuesto en el ... artículo 65 del Código de Procedimientos aplicable ... además, debido a que no fue ordenado así por el Juez primigenio y, finalmente, en razón de que las partes tienen la carga procesal de acudir ante el Tribunal de que se trate, a fin de que sean notificados e imponerse de los autos, en términos de lo establecido en el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

"2. En otro aspecto, declaró inoperante el motivo de disenso en el cual rebatió el que se haya desechado la prueba testimonial que ofreció a cargo de **********; lo anterior, al considerar que la inconforme no preparó debidamente su reclamo, al no haber interpuesto el recurso de reclamación que procedía en contra, acorde a lo dispuesto en el artículo 408 de la legislación adjetiva civil del Estado.

"3. Asimismo, estimó infundado el agravio en el cual el recurrente se dolió de la forma en que concibió el juzgador primigenio la sociedad conyugal y el alcance que se le dio en la sentencia impugnada; al respecto la responsable sostuvo que ello no le causa perjuicio al agraviado, dado que tal figura jurídica no tiene relevancia en relación con el acto jurídico del que se reclamó la nulidad.

"4. Asimismo, concluyó que de las pruebas existentes en autos, particularmente de las copias certificadas del instrumento **********, volumen **********; y de las actas de matrimonio de ********** y **********, y la correspondiente a la defunción de esta última, las cuales merecían eficacia demostrativa plena, se lograba evidenciar que en el contrato de compraventa cuya nulidad se demandó, no había intervenido la vendedora **********, dado que falleció con anterioridad a su celebración y, por ende, que el acuerdo de voluntades carecía de consentimiento.

"5. Que no debía soslayarse que el matrimonio de **********, al no indicar bajo qué régimen se celebró, debía entenderse que fue bajo el régimen de sociedad conyugal, como lo establecía el artículo 1820 de la legislación sustantiva civil del Estado, aplicable al caso concreto, que era la que se encontraba en vigor en mil novecientos dos, de acuerdo a la fecha en que se celebró el referido matrimonio; que por ese motivo, si el bien inmueble objeto de la controversia, fue adquirido por **********, el veintitrés de febrero de mil novecientos cincuenta y siete, de acuerdo al contenido del instrumento notarial **********, volumen **********, por ende, que resultaba inconcuso que el referido bien perteneció a la sociedad conyugal del matrimonio; de tal manera que si **********, falleció el**********, era indudable que el acto jurídico de compraventa materia de la controversia es inexistente, al no haber existido el consentimiento de la vendedora.

"6. Por ello, ante la suficiencia de tales probanzas, declaró infundado el agravio mediante el cual el recurrente controvirtió el valor probatorio otorgado a la declaración de hechos propios y ajenos a cargo del actor del juicio.

"Ahora bien, en el concepto de violación marcado como primero en su demanda de amparo, el solicitante del amparo controvierte las razones sintetizadas en el punto primero que antecede, mediante las cuales la Sala responsable desestimó el agravio en el cual dicho recurrente había planteado, como transgresión a las leyes del procedimiento, el hecho de que el Juez de origen haya desechado el incidente de nulidad de actuaciones que promovió en el juicio natural, lo cual discute ahora en sus motivos de disenso, en dos vertientes:

"a) Por una parte, el quejoso se duele de las razones que expuso el tribunal de alzada al declarar inoperantes los agravios en los que él planteó la mencionada violación procesal, es decir, de lo considerado en cuanto a que dicho inconforme debió interponer previamente el recurso de reclamación previsto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, a fin de combatir en apelación el auto que desechó el incidente de nulidad en trato.

"Al respecto, el peticionario arguye que tal consideración es ilegal, debido a que la promoción del recurso correspondiente se requiere sólo para antes de acudir al juicio de amparo, pero no para su impugnación mediante el recurso ordinario, pues refiere que de acuerdo con el marco normativo previsto en la invocada legislación adjetiva civil de la entidad, en la apelación es donde deben ventilarse las contravenciones a las normas del procedimiento; lo anterior, máxime que de acuerdo con los artículos 74, 382, fracción I, y 414, fracción VI, todos del invocado cuerpo de leyes, cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida por la ley, deberá hacerse valer el incidente de nulidad correspondiente, siendo que contra la resolución dictada en éste, no procede recurso alguno, razón por la que –sigue diciendo el quejoso–, de acuerdo con el segundo de los invocados dispositivos legales, al apelar la sentencia definitiva, el recurrente se encuentra constreñido a exponer los agravios que en su concepto le cause la resolución y, en el rubro relativo a violaciones procesales, debe exponer aquellos que tiendan a combatir las resoluciones y actuaciones intraprocesales que las contengan; por lo que, según refiere el inconforme, es precisamente en la apelación donde debe impugnarse el desechamiento del incidente de nulidad.

"b) Asimismo, bajo otro enfoque, el amparista controvierte propiamente la referida violación procesal, y para ello aduce que tal determinación es ilegal, por lo siguiente:

"i. Debido a que el juzgador de origen sí debió notificarle de manera personal el auto de siete de abril de dos mil catorce, en términos de lo establecido en el artículo 65 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual fue modificado por Decreto de uno de noviembre de dos mil trece, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de ese mismo año; lo anterior, según expone el amparista, a pesar de que al momento de iniciar el juicio, que lo fue con antelación a que entrara en vigor la referida reforma, no se establecía la obligación de notificar personalmente a las partes el auto en el que se admitieran o desecharan pruebas, sin embargo –sigue diciendo el quejoso–, de acuerdo con la redacción actual del invocado artículo 65, particularmente en la fracción IV del mismo, se prevé expresamente la obligación de que tal determinación sea notificada de manera personal y, por tanto, debió ordenarse en esos términos, al tratarse de una norma de índole procesal, la cual resultaba aplicable al juicio a partir del día siguiente de la publicación del decreto correspondiente.

"ii. Que aun cuando en el proveído en el cual se acordó lo relativo a la admisión y desechamiento de pruebas, no haya sido ordenada la práctica de la notificación personal que corresponde, ello no hace legal el hecho de que se le haya dado a conocer tal determinación en diversa forma, que en el caso fue mediante lista, pues insiste que ésta debió efectuarse de manera personal en el domicilio que tiene designado en autos para tal efecto, ya que al no haberlo efectuado así, esa notificación es nula, en términos de lo establecido en el artículo 74, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

"iii. En ese mismo tenor, refiere que la obligación de ordenar y practicar notificaciones de manera personal no puede ser inobservada, a pesar de que las partes tengan la carga procesal de acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, a fin de imponerse de los autos.

"Estos conceptos de violación son en parte infundados y por otra inoperantes.

"Son infundados aquellos en los que el peticionario del amparo arguye que de manera ilegal el tribunal señalado como responsable declaró inoperantes los agravios en los que planteó como violación procesal el que se haya desechado el incidente de nulidad de actuaciones que propuso en el curso del juicio, debido a que, a su parecer, no es verdad que previamente debió agotar el recurso de reclamación correspondiente, a fin de combatir el auto que desechó el mencionado incidente.

"Para considerarlo así, resulta necesario tener presente el contenido del artículo 382 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual establece lo siguiente:

"‘Artículo 382. En el escrito en que se interponga la apelación, el recurrente expondrá los agravios que en su concepto le cause la resolución, los que deberán expresarse guardando el orden siguiente:—I. Bajo el rubro: VIOLACIONES PROCESALES, se expondrán aquéllos, que tiendan a combatir las resoluciones y actuaciones intraprocesales, siempre y cuando hubieren sido objeto de la reclamación oportuna;—II. Bajo el rubro: VIOLACIONES SUBSTANCIALES EN EL PROCEDIMIENTO, se expondrán aquellos que tiendan a combatir las resoluciones y actuaciones que afecten la debida defensa del apelante y trasciendan al fallo; y—III. Bajo el rubro: VIOLACIONES DE FONDO, se expondrán aquéllos que tiendan a combatir la resolución apelada, ya sea por aplicación inexacta o por falta de aplicación de leyes, su interpretación jurídica o de los principios generales del derecho; por comprender acciones, excepcione

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29162-eeb5b2b6/recurso-de-reclamacion-previsto-en-el-articulo-408 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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