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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SUS DIFERENCIAS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE URUAPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). V. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE URUAPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE URUAPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VII. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE URUAPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE AQUÉLLOS GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE URUAPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE URUAPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE URUAPAN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 118/2017. · Registro digital (IUS): 29245
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-01-17
Promovente: MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN DE OCAMPO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, Pág. 657.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 118/2017. MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN DE OCAMPO. 3 DE ABRIL DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de abril de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

SENTENCIA:

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 118/2017, promovida por el Municipio de Uruapan, Michoacán en contra del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa. El problema jurídico a resolver, consiste en determinar si existe una afectación al Municipio actor, respecto a la falta de ministración de las participaciones y aportaciones que le corresponden provenientes del Ramo General Número 28, por parte de la entidad estatal correspondiente.

I. Antecedentes y trámite del asunto

1. Presentación de la demanda. El seis de abril de dos mil diecisiete, Víctor Manríquez González e Ignacio Campos Equihua en su carácter de presidente y síndico, respectivamente, del Municipio de Uruapan del Estado de Michoacán de Ocampo, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovieron una demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo local.

2. En la demanda, el actor señala como acto impugnado la omisión, retención y falta de ministración de las participaciones a favor del Ayuntamiento provenientes del Fondo General de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, también denominado Ramo General 28, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince, por la suma que ascendió a la cantidad $29'461,450.00 (veintinueve millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). De ahí que ante dichas conductas se transgredió el orden constitucional en agravio del Municipio, frente a lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, en la que se establecen los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal. De igual modo, ante la extemporaneidad de pago considera procedente el pago de intereses de acuerdo a las tasas fijadas por el Congreso de la Unión.

3. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el Municipio argumentó lo siguiente:

a) La omisión, retención ilegal y falta de ministración en que incurrió el Estado viola en su perjuicio el artículo 115, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, en relación con el principio constitucional que garantiza el libre y autónomo ejercicio hacendario del Municipio.

b) La omisión atribuida al Gobierno de Michoacán repercute directamente, en la garantía hacendaria municipal, así como en el desarrollo y fines propios de la organización política y territorial municipal, pues ésta persigue como fin último proveer los servicios públicos de interés social y general.

c) En concreto, reclama de la autoridad estatal, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, así como a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que ha sido omisa en entregar las participaciones federales.

d) Ante la omisión reclamada en la entrega de los recursos financieros por parte de la entidad, considera procedente el pago de intereses a favor del Municipio en atención a las tasas fijadas por el Congreso de la Unión en la materia, para pago a plazos de contribuciones.

e) Dicha omisión la sustenta con el contenido del "Acuerdo mediante el cual se da a conocer el cálculo, distribución, calendario y monto estimado de las participaciones en ingresos federales y estatales, correspondientes a los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal del año 2015", haciéndola valer en relación con los siguientes fondos:

Ver fondos

4. Trámite de la demanda. El seis de abril de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente como 118/2017 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

5. En consecuencia, el Ministro instructor, por acuerdo de siete de abril siguiente, admitió la demanda, tuvo por presentando únicamente al síndico en virtud de que la representación legal le corresponde sólo a él en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal de la entidad.(1)

6. Por otro lado, tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y la designación de delegados y admitió las pruebas aportadas por el Municipio actor. Asimismo, consideró como demandado al Poder Ejecutivo de Michoacán.

7. Consecuentemente, emplazó al Poder Ejecutivo Local con copia simple de la demanda y sus anexos para que, por conducto de la persona que lo representara, manifestara lo que a su interés legal conviniera; asimismo, requirió a la Procuraduría General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley manifestara lo que a su representación conviniera.

8. Contestación de la demanda. Seguido el trámite de la controversia la autoridad demandada contestó la demanda, exponiendo, en síntesis los razonamientos que siguen:

a) En la especie, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el numeral 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 de esa ley.

b) Del contenido del escrito de demanda se desprende que el Municipio actor revela que es de su conocimiento la calendarización preestablecida para la entrega de los recursos federales que reclama.

En esa tesitura, el Municipio actor conocía las fechas en las que debió recibir los recursos federales que ahora reclama. Por tanto, al no haberlas recibido en los plazos establecidos para ello, el cómputo del término para inconformarse concluyó sin que el interesado haya hecho valer su reclamo.

c) Señala que la obligación de pago se generó durante la administración anterior. La falta de pago no se debe a una actitud omisiva de la parte demandada, pues la presente administración asumió el cargo el primero de octubre de dos mil quince, y las obligaciones de pago se generaron en fecha previa a la señalada, por tanto, los pasivos que en su caso existan se han venido asumiendo a través de negociaciones y convenios con los acreedores que han demostrado serlo.

d) Aclara que el monto referido por el Municipio actor a recibir por el Estado de Michoacán de Ocampo por la cantidad de $4'583,025,929.00 (cuatro mil quinientos ochenta y tres millones veinticinco mil novecientos veintinueve pesos 00/100 m.n.) del cual el Municipio reclama el monto de $29, 461, 450.00 (veintinueve millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) es erróneo. Considera que el "Acuerdo mediante el cual el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, da a conocer las variables y fórmulas utilizadas en el cálculo, distribución y asignación del monto que corresponde a cada Municipio del Estado de Michoacán de Ocampo, así como el calendario de pagos de los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal del año 2015", establece una cantidad 50% inferior, es decir, $2'078,293,763.00 (dos mil setenta y ocho millones doscientos noventa y tres mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.).(2)

9. Referencia a la opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República, se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.

10. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el diez de agosto de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por no interpuestos los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

11. Radicación. Previo dictamen del Ministro instructor, el seis de noviembre de dos mil diecisiete el presidente de esta Corte ordenó el envío del asunto a esta Primera Sala. Por acuerdo de diez de noviembre del mismo año se acordó el avocamiento respectivo.

II. COMPETENCIA

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Uruapan, y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. PRECISIÓN DE LA LITIS

13. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados. En su escrito inicial de demanda, el Municipio actor literalmente señaló como acto impugnado el siguiente:

• La ilegal omisión, retención y falta de ministración de las aportaciones y participaciones federales a favor del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, provenientes del Fondo General de Participaciones del Ramo General 28, de diversos meses y conceptos, mismo que serán especificados más adelante, correspondientes al ejercicio fiscal 2015, derivados de la Ley de Coordinación Fiscal y el Convenio de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y sus anexos, suscritos por la Federación y el Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, las cuales debieron ser enteradas al gobierno municipal que represento, dentro del plazo contemplado en el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.

14. Lo anterior, por los conceptos y montos que se detallan a continuación:

Ver conceptos y montos

15. Valorando la tabla transcrita con el resto de la demanda, se estima que si bien el Municipio actor refirió que estaba en contra de la "[i]legal omisión, retención ilegal y falta de ministración de aportaciones y participaciones federales", advirtiendo la causa de pedir, se llega a la conclusión que lo reclamado no fueron actos específicos de retención, sino la omisión en la entrega de participaciones federales. Toda vez que el motivo principal para la presentación de la demanda es precisamente la ausencia de pago de esos recursos.

16. Respecto a la omisión y la consecuente falta de entrega de los fondos respectivos, el Poder Ejecutivo no niega ni afirma el adeudo pero señala que las omisiones en las que hayan incurrido administraciones anteriores no le pueden ser atribuibles, pues las administraciones públicas al momento de cambio que por ley se da, reciben obligaciones económicas que se solventan acorde a las posibilidades financieras que se tiene. En este sentido, señala de forma abstracta "los pasivos que en su caso existan se han asumido a través de negociaciones y convenios con acreedores que demuestren serlo".

17. Esta Primera Sala señala que el hecho que el actual gobernador hubiera alegado que inició su encargo el primero de octubre de dos mil quince, es decir, con posterioridad a las omisiones demandadas y, en consecuencia, desconoce los hechos que se le imputan, no libera –en principio– de una posible responsabilidad, pues la obligación corresponde al poder que encabeza de forma abstracta y no a él como persona física.

18. Este criterio ya fue establecido por esta Sala al resolverse las controversias constitucionales 184/2016,(4) 230/2016(5) y 245/2016,(6) resueltas el once de abril de dos mil dieciocho, dos de mayo de dos mil dieciocho y el seis de junio de dos mil dieciocho, respectivamente.

19. El análisis de la existencia de los actos omisivos reclamados debe estudiarse en el fondo, pues para determinar si los recursos fueron debidamente entregados debe atenderse al marco legal aplicable, además de que, de ser cierta la falta de pago, ello por sí solo constituiría una violación a los principios de integridad, ejercicio directo y, en última instancia, la autonomía municipal, lo que denota que la cuestión es propiamente de fondo.

IV. OPORTUNIDAD

20. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003,(7) tratándose de omisiones la oportunidad se actualiza día con día. A continuación se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.

21. En la controversia constitucional 5/2004,(8) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(9) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

22. En la controversia constitucional 20/2005,(10) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del Oficio SFA/0442/04, de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(11) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

23. En la controversia constitucional 98/2011,(12) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(13) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

24. En la controversia constitucional 78/2014,(14) el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, demandó del Poder Ejecutivo local 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce; 2) la omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes. Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estima que se trata de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.(15)

25. Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4), la sentencia de esta Corte determina que son omisiones, pues el Municipio actor impugna de forma absoluta la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se han entregado dichas participaciones.(16) Finalmente por lo que hace al acto 5) debe tenerse en tiempo toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encuentran programados descuentos de participaciones federales que deben aplicarse al Municipio actor.

26. En la controversia constitucional 73/2015,(17) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó al Poder Ejecutivo lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince, 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince, y 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil quince el adeudo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. La sentencia determinó que se trataba de omisiones en virtud de que se impugna la falta absoluta de pago de distintos conceptos.

27. En la controversia constitucional 118/2014,(18) promovida por el Municipio de San Agustín Amatengo, Oaxaca, se analizó la oportunidad de la demanda en contra de: 1) la autorización y entrega de los recursos económicos municipales por concepto de participaciones y aportaciones federales respecto a los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, incluyendo ajustes cuatrimestrales y cálculo de diferencias entre las cantidades pagadas en concepto de anticipos a cuenta y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación a José Ramírez, supuesto tesorero municipal de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce; 2) la retención de recursos federales participables a partir del dos de diciembre de dos mil catorce. En relación con el acto 1) la sentencia consideró que se trataba de una entrega indebida,(19) por lo que le era aplicable el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria. Por lo que hace a los actos precisados en el numeral 2) la sentencia estimó que se trataba de una omisión, consistente en la falta de entrega de recursos municipales.(20)

28. De acuerdo con los anteriores precedentes es posible advertir que la Suprema Corte ha tenido por actos positivos: a) los descuentos, b) los pagos parciales, c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales, y d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, se consideran omisiones la falta absoluta de entrega de los recursos. Además, en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, por lo que el cómputo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento, sea quincenal, mensual, etcétera.

29. Respecto a los actos positivos el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la interposición de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(21) Por su parte, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento mientras subsistan.

30. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tal como se expuso en el apartado anterior, el Municipio actor reclama la omisión de entrega total de los recursos provenientes del Fondo Participable del Estado de Michoacán por distintos conceptos, a saber: a) Fondo General, correspondiente a los meses de agosto y septiembre de dos mil quince; b) Fondo de Fiscalización de los Estados, correspondiente a los meses de junio de dos mil quince; c) Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, correspondiente a los meses de junio, septiembre y noviembre de dos mil quince; d) Impuesto especial sobre producción y servicios, sobre la venta final de gasolinas y diésel, correspondiente al mes de junio de dos mil quince; e) Fondo de Compensación derivado del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Sobre la Venta Final de Gasolinas y Diésel, correspondiente al periodo de enero a diciembre de dos mil quince; e f) Incentivos por el impuesto sobre automóviles nuevos correspondiente al mes de junio de dos mil quince.

31. Al valorarse como una omisión total de entrega, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento y, por ende, a diferencia de lo expuesto por el Poder Ejecutivo en su informe, la demanda se interpuso en tiempo.(22)

32. Este criterio ya fue suscrito por esta Primera Sala al resolverse las controversias constitucionales 108/2014, 162/2016 y 137/2016, resueltas el once de enero de dos mil diecisiete, once de abril de dos mil dieciocho y cinco de septiembre de dos mil dieciocho, respectivamente.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

33. El actor es el Municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo y en su representación promueve la demanda Ignacio Campos Equihua, quien se ostenta como síndico municipal. Dicho carácter se acreditó con la copia de la constancia de mayoría y validez de la elección del Ayuntamiento por el que se le designó el carácter de síndico municipal del once de diciembre de dos mil quince, así como copia certificada de la toma de protesta del primero de septiembre de dos mil quince.(23)

34. Ahora, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria,(24) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen estén facultados para representarlo.

35. El artículo 51, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo,(25) establece que los síndicos municipales tendrán la representación legal del Municipio en los litigios en que éste sea parte.

36. Por tanto, si en el caso suscribe la demanda Ignacio Campos Equihua, síndico municipal, es claro que tiene la representación necesaria para promover la presente controversia constitucional a favor del Municipio actor.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

37. En el auto de admisión de siete de abril de dos mil diecisiete, se tuvo como demandado al Poder Ejecutivo de Michoacán de Ocampo.

38. Por el poder demandado compareció Eduardo León Rodríguez, quien se ostenta como director de asuntos constitucionales y legales de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Michoacán de Ocampo, carácter que acreditó con la copia certificada de su nombramiento de fecha quince de octubre de dos mil quince expedido por el secretario de gobierno del Estado.(26)

39. Ahora, de conformidad con el artículo 11, fracción VI, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo,(27) el citado funcionario cuenta con las atribuciones para representar a dicho Poder.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

40. El Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán señala que la controversia es improcedente, porque la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 de esa ley. De ahí que ésta se interpuso fuera del término legal. Al respecto, se ha dado respuesta en el apartado de oportunidad.

41. Al no existir otro motivo de improcedencia planteada por las partes adicional a los ya analizados ni advertido de oficio por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procede a estudiar el fondo del asunto.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

42. De conformidad con lo precisado en el apartado relativo a la existencia de actos y oportunidad, lo que debe resolverse en esta controversia constitucional es si la autoridad demandada –Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán–, ha incurrido en omisión en la entrega de los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor.

43. Esta Primera Sala estima que es fundado el concepto de invalidez que hace valer el Municipio actor, en virtud de las siguientes consideraciones y fundamentos.

44. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes,(28) se ha pronunciado sobre la interpretación y el alcance de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al tema de la hacienda municipal.

45. Ha sostenido que la fracción IV de este precepto establece un conjunto de previsiones cuyo objetivo consiste en regular las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales. En dichas previsiones se establecen diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios, lo cual resulta totalmente congruente con el propósito del Constituyente Permanente –fundamentalmente a partir de las reformas de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve–, para el fortalecimiento de la autonomía municipal a nivel constitucional, por lo que, el cumplimiento de los contenidos de dicha fracción genera y garantiza el respeto a la autonomía municipal. Todo esto se advierte en la tesis aislada 1a. CXI/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

46. En el aspecto que nos ocupa, se ha señalado esencialmente, lo siguiente:

a) Que los Estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio Libre.

b) Se consagra el principio de libre administración de la hacienda municipal, el cual es consustancial al régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución Federal, a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más cercana las conocen, puedan priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra razón, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.

c) Este principio de libre administración de la hacienda municipal, rige únicamente sobre una parte de los recursos que integran la hacienda municipal y no sobre la totalidad de los mismos.(29)

d) Se ha dicho, básicamente, que tanto las participaciones como las aportaciones federales forman parte de la hacienda municipal, pero sólo las primeras están comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria.

e) Así, las aportaciones federales son recursos previamente etiquetados que no pueden ser destinados a otro tipo de gasto más que el indicado por los diversos fondos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal, aunque esto último no debe entenderse en el sentido de que los Municipios no tengan facultades de decisión en el ejercicio de las aportaciones federales, sino que se trata de una pre etiquetación temática en la que los Municipios tienen flexibilidad en la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a sus propias necesidades y dando cuenta de la utilización de los mismos, a posteriori, en la cuenta pública correspondiente.(30) Esto último se ha entendido como el principio de ejercicio directo por parte del Ayuntamiento

f) Derivado de la finalidad constitucional del principio de libertad hacendaria, se ha reconocido el principio de integridad de los recursos federales destinados a los Municipios,(31) el cual consiste básicamente, en que los Municipios tienen derecho a la recepción puntual, efectiva y completa de los citados recursos, por lo que la entrega extemporánea genera en su favor el pago de los intereses correspondientes.

47. El artículo 115, fracción IV, inciso b), establece que las participaciones deben ser cubiertas a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

48. Es importante advertir que no obstante que dicho precepto sólo se refiere a las participaciones federales, la obligación de pago de intereses derivada del mismo, resulta igualmente aplicable a las aportaciones federales, atendiendo a que éstos recursos también integran la hacienda municipal, por lo que igualmente el citado orden de gobierno tiene derecho a contar con ellos en tiempo a fin de poder llevar a cabo, de manera inmediata, los programas para los que fueron destinados.

49. En ese sentido, es claro que la demora en el pago le ocasiona daños y/o perjuicios al Municipio. De ahí el principio jurídico de que quien incurre en mora debitoria, está obligado a pagar intereses.

50. En desarrollo con las citadas garantías constitucionales a favor de la hacienda pública municipal, la Ley de Coordinación Fiscal –que tiene como finalidad, entre otras, coordinar el sistema fiscal de la Federación con los Estados, Municipios y Distrito Federal– en sus artículos 3o. y 6o. establece lo siguiente respecto de las participaciones federales:(32)

1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, estimados, que recibirá cada entidad federativa del fondo general y del fondo de fomento municipal, para cada ejercicio fiscal, a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio de que se trate.(33)

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29245-a61e9458/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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