DELITOS COMETIDOS POR ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES. EL ELEMENTO NORMATIVO "LITIGANTE" PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA CALIDAD ESPECÍFICA DE SUJETO ACTIVO EN DICHOS ILÍCITOS, NO COMPRENDE AL ACTOR O DEMANDADO QUE PARTICIPA EN UNA CONTIENDA, SINO QUE CORRESPONDE AL PROFESIONAL DEL DERECHO QUE COMPARECE A ÉSTA EN DEFENSA DE AQUÉLLOS (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE COAHUILA ABROGADA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 354/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO. 26 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, QUIEN PRECISÓ QUE ESTÁ CON EL SENTIDO PERO CONTRA ALGUNAS CONSIDERACIONES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: SULEIMAN MERAZ ORTIZ.
CONSIDERANDO:
4. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto respecto de la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno en la tesis P. I/2012 (10a.), de título y subtítulo: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).";(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distinto Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
5. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II,(2) en relación con el diverso 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
6. TERCERO.—Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente precisar las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus resoluciones.
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
7. El acto reclamado en el amparo indirecto consistió en la resolución emitida el diez de junio de dos mil dieciséis, por la fiscal (sic) desconcentrada de Investigación en Coyoacán, en la que determinó confirmar la autorización de propuesta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa, por el delito de abogados, patronos y litigantes, previsto en el artículo 319, fracción III, del Código Penal de la Ciudad de México, porque para su configuración era necesaria la existencia de una calidad específica del sujeto activo (profesional del derecho) que realiza la conducta descrita, en este caso, que a sabiendas alegue hechos falsos en un proceso.
8. El Juez de Distrito determinó negar el amparo, entre otras razones, porque resultaban fundados pero inoperantes los conceptos de violación, en el sentido de que, en autos, no se configuraba el delito de abogados, patronos, litigantes y asesores jurídicos.
9. Lo anterior, en virtud de que, si bien la responsable no se pronunció respecto de la totalidad de los sujetos activos que intervinieron en la comisión del referido tipo penal, no asistía razón a la parte quejosa, ya que fue ajustado a derecho que la responsable haya sostenido que no se acreditaba el referido tipo penal, en virtud de que exige una calidad específica en el sujeto activo, relativa a que sea un especialista en derecho, pues se pretenden sancionar las conductas de los profesionales del derecho que comparecen a una contienda judicial y despliegan actos desleales, sin importar que su denominación se titule como "delito de abogados, patronos, litigantes y asesores jurídicos", ya que la norma se encuentra dirigida a un sector especial de la población y no a toda la comunidad; inclusive, una de las sanciones a imponer es la suspensión para ejercer la abogacía, lo que asegura que el tipo penal se encuentre dirigido a un gremio en particular.
10. Indicó que era incorrecto el argumento de la quejosa de encuadrar la conducta del tercero interesado en la descripción normativa de "litigante", basándose en la definición general de ese concepto, porque, como lo consideró la responsable, el tipo penal regula acciones u omisiones desplegadas por expertos del derecho en ejercicio de su profesión.
11. En el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado analizó el tipo penal en cuestión, a la luz del artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Federal, en el sentido de que no precisa la calidad que debe poseer el sujeto activo para incurrir en la conducta descrita por la norma; sin embargo, sí exige, para su acreditación, una calidad específica en el activo, consistente en ser abogado, patrono o litigante.
12. Indicó que el vocablo "litigante" era un elemento normativo, ya que, si bien puede tener un contenido claramente objetivo (descriptivo), en tanto que su descripción puede ser apreciada por los sentidos, a la vez, supone también un contenido que requiere ser precisado a la luz del derecho o de una cierta valoración cultural.
13. En ese tenor, de las fuentes que consultó el Tribunal Colegiado apreció la valoración jurídica y cultural que contrae el concepto "litigante", el cual no exigía una preparación académica o profesional determinada, sino más bien, aludía a una posición, rol o actividad que desempeñaba una persona en un proceso determinado.
14. Por Tanto, contrariamente a lo determinado por el Juez de Distrito, la palabra "litigante" no podía asimilarse ni aludir a un especialista en derecho, porque si bien pudiera tener esa distinción, lingüísticamente tal vocablo no tenía ese alcance, ni tampoco en términos jurídicos, dado que, de facto, litigante podía ser quien participa en un proceso como parte en un litigio (demandante o demandado, acusado, etcétera), porque en éste discute o contiende sobre algo en particular.
15. Añadió que el concepto "litigante" no posee ningún matiz de la necesidad de una formación o preparación académica o profesional para llevar a cabo ese ejercicio, sino se circunscribe justamente a la posición, rol o actividad en el proceso.
16. Precisó que no podía soslayarse la realidad que impera en diversos procesos materialmente jurisdiccionales, en los que procesalmente no es indispensable que la parte actora o demandada cuenten con un especialista en derecho (abogado) para hacer valer sus acciones y excepciones; sino que lejos de esa postura, por sí mismos pueden acudir ante el órgano o tribunal que corresponda, para ejercer sus derechos, tramitar sus asuntos, pelearlos, discutirlos y controvertirlos, con el fin de consolidar sus pretensiones jurídicas.
17. Estimar que "litigante" se circunscribe a alguien que es docto en la materia de derecho, correría el riesgo de generar un marco de impunidad respecto de aquellas personas que no poseen esa cualidad pero que litigan sus asuntos por propia cuenta, sin auxilio de un perito en leyes, ya que cabría la posibilidad de que incurran en alguna conducta descrita por el tipo penal examinado, pero sería imposible poderles hacer un reproche criminal, al carecer de la patente de licenciado en derecho.
18. Sin que sea óbice, que una de las penas previstas en el delito en cuestión sea la suspensión para ejercer la abogacía por un término igual al de la pena impuesta; sin embargo, no constituye un factor de referencia para brindar al elemento normativo "litigante", una naturaleza distinta a la que, por sí misma, cuenta dicha palabra, tanto jurídica como lingüísticamente. Máxime que, en todo caso, debe deducirse que dicha pena sólo es susceptible de imponerse para quienes tienen cédula profesional que los identifica como licenciados en derecho, es decir, no cobra aplicación para las personas que no posean la referida cualidad.
19. Por tanto, el Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable tomara en consideración el elemento normativo "litigante" previsto en el tipo penal, a fin de determinar si tal calidad específica se configuraba en el caso, así como la acreditación del resto de elementos integrantes de la tipicidad prevista en la fracción III del artículo 319 del Código Penal para la Ciudad de México, y resolviera lo conducente.
II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito)
20. El acto reclamado en el amparo directo consistió en la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil tres, dictada por el Juez Primero Local Letrado en Materia Penal del Distrito Judicial de Viesca, con residencia en Torreón, Coahuila, en la que se emitió condena con motivo de la comisión del delito de abogados, patronos y litigantes, previsto y sancionado por el artículo 233, fracción VI, del Código Penal del Estado de Coahuila.
21. El Tribunal Colegiado precisó, que los hechos que el fiscal atribuyó a la quejosa consistieron en que presentó una demanda laboral fundada en hechos falsos,(3) con el objeto de obtener prestaciones económicas que no le correspondían, razón por la que el Juez de la causa estimó que, con esa conducta, se violó el bien jurídico tutelado por la norma.
22. Al respecto, indicó que la quejosa sólo fue parte actora en el referido juicio laboral, por lo que carecía de la calidad de sujeto activo que exige el artículo 233 del Código Penal del Estado de Coahuila, ya que no era abogado, patrono, defensor o litigante, no obstante que la responsable haya establecido esa circunstancia con base en una definición doctrinal del término "litigante",(4) en el sentido de que es la persona que participa en un proceso como parte o en representación de una de ellas.
23. El Tribunal Colegiado afirmó que el legislador fue preciso al prever las penas y describir las conductas que se señalan como típicas en el delito, en las cuales únicamente pueden incurrir aquellas personas que ejercen la actividad profesional de abogados, patronos, defensores o litigantes, pues, con independencia de las penas privativas de libertad y pecuniarias que precisa el delito, adicionalmente establece otras dos, consistentes en la inhabilitación del derecho de ejercer la actividad profesional y la privación definitiva en caso de reincidencia para el abogado, patrono, defensor o litigante que:
- Abandone una defensa o negocio sin causa justificada.
- Asista, patrocine o defienda simultáneamente a dos o a más personas con intereses claramente opuestos en un mismo proceso o procedimiento, o en procesos o procedimientos con acciones conexas.
- Alegue a sabiendas hechos falsos.
- Pida términos para probar lo que, en forma evidente, no puede probarse o no ha de aprovechar a quien asista, defienda o patrocine; o promueva incidentes o recursos manifiestamente improcedentes; o de cualquier otro modo procure dilaciones que sean claramente ilegales.
- En causas penales sólo acepte el cargo o pida la libertad caucional del inculpado; o no promueva pruebas que claramente deba ofrecer.
- A sabiendas, afirme o alegue hechos falsos; o presente documento falso o alterado; para que se inicie o continúe un juicio, proceso o procedimiento, sea administrativo, judicial o de cualquier orden legal; o dentro de cualquiera de aquellos y sin hacerlo del conocimiento de la autoridad que conozca, presente u ofrezca documento falso o alterado, o un testigo falso; o por sí o por otro, haga que un testigo declare con falsedad en el curso de aquéllos.
24. En ese tenor –precisó el Tribunal Colegiado– la actora no puede incurrir en el referido ilícito, por carecer de la calidad que precisa la descripción típica, en virtud de que no es abogado, patrono, defensor, litigante, en los términos que define el precepto reclamado, por lo que el acto reclamado era contrario al principio de exacta aplicación de la ley penal prevista en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, ya que, en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer por simple analogía y por mayoría de razón, pena que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Por tanto, se concedió el amparo solicitado.
25. Tales consideraciones dieron origen a la tesis aislada VIII.2o.33 P (9a.),(5) de rubro y texto siguientes:
"DELITO DE ABOGADOS, PATRONOS, DEFENSORES O LITIGANTES. NO SE MATERIALIZA CUANDO EL SUJETO ACTIVO CARECE DE LOS ATRIBUTOS LEGALES QUE DEFINE LA FIGURA TÍPICA DESCRITA EN LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).—Para la aplicación de las penas a que se refiere el artículo 233 del Código Penal vigente en el Estado de Coahuila, es indispensable que el sujeto activo tenga la calidad específica de abogado, patrono, defensor o litigante, pues sobre el particular, dicho precepto propone como hipótesis sancionables, en sus diversas fracciones, las siguientes: I. Abandono injustificado de asuntos. II. Asistencia jurídica dual contradictoria. III Alegatos falsos. IV. Promoción procesal antijurídica. V. Negligencia en la defensa de causas penales. VI. Promoción o intervención con falsedad en juicio, proceso o procedimiento judicial, administrativo o de cualquier orden legal. De tal suerte que si la sentenciada en el juicio de origen fue parte actora en el juicio laboral y con ese carácter se le atribuyen hechos falsos con el propósito de que se iniciara y continuara un juicio laboral en contra del sujeto pasivo, es evidente que carece de la calidad de sujeto activo a que se refiere el artículo 233 del código citado, es decir, no es abogado, patrono, defensor ni litigante, sin que obste la definición doctrinaria del concepto de ‘litigante’, como la persona que participa en un proceso como parte o en representación de una de ellas, ya que el legislador fue claro y preciso al prever las penas y describir las conductas que se señalan como típicas en el delito de mérito, en las cuales únicamente pueden incurrir aquellas personas que ejercen esa actividad profesional, tan es así, que con independencia de las penas privativas de libertad y pecuniarias que estableció el legislador en el delito de trato, adicionalmente propuso otras dos, consistentes en la inhabilitación de un mes a dos años del derecho de ejercer la actividad profesional y la de privación definitiva en caso de reincidencia para aquel abogado, patrono, defensor o litigante que pudiese incurrir en cualquiera de las hipótesis contenidas en las seis fracciones que integran el delito de referencia; de lo que se sigue que la quejosa no puede incurrir en dicho ilícito por carecer de la calidad que señala la descripción típica del delito que se le atribuyó; caso contrario, se estaría limitando el derecho a la defensa, ya que cualesquiera de las partes que no obtenga sentencia favorable sería reo de dicho ilícito, con la consecuente transgresión a sus garantías de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley."
26. CUARTO.—Existencia de la contradicción. Por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(6) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(7)
27. Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean, en este tipo de asuntos, es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.
28. Para corroborar, entonces, que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificar criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.
29. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de tesis es necesario analizar, detenidamente, cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
30. Por ende, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que, para que una contradicción de tesis sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:
a. Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
31. Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
32. A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados.
Primer requisito: Arbitrio judicial
33. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito analizó el tipo penal previsto en el artículo 319, fracción III, del Código Penal de la Ciudad de México, a fin de determinar si para su configuración era necesaria la existencia de una calidad específica del sujeto activo que realiza la conducta descrita, en este caso, que un abogado, patrono y litigante, a sabiendas, alegue hechos falsos en un proceso.
34. El Tribunal Colegiado acotó su análisis al vocablo "litigante". Al respecto consideró que era un elemento normativo, porque su contenido debía ser precisado a la luz del derecho o de una cierta valoración cultural.
35. Determinó que, de una valoración jurídica y cultural, el concepto litigante no exigía una preparación académica o profesional determinada, sino más bien, aludía a una posición, rol o actividad que desempeñaba una persona en un proceso determinado. Razón por la cual, la palabra "litigante" no podía asimilarse ni aludir a un especialista en derecho, porque si bien pudiera tener esa distinción, tal vocablo lingüísticamente no tenía ese alcance, ni tampoco jurídicamente, dado que, de facto, litigante podía ser quien participa en un proceso como parte demandante o demandado en un litigio, porque en éste discute o contiende sobre algo en particular.
36. Concluyó que el concepto litigante no poseía ningún matiz de la necesidad de una formación o preparación académica o profesional para llevar a cabo ese ejercicio, sino se circunscribía justamente a la posición, rol o actividad que materialmente lleva a cabo la persona a quien se le tilda de tal modo.
37. El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito) examinó la descripción típica prevista en el artículo 233, fracción VI, del Código Penal del Estado de Coahuila, relativo al delito de abogados, patronos y litigantes, particularmente la calidad específica del sujeto activo que realiza la conducta, a saber, quien a sabiendas afirme o alegue hechos falsos en juicio, proceso o procedimiento judicial, administrativo o de cualquier orden legal.
38. Al respecto, precisó que, para que se actualice el tipo penal, era indispensable que el sujeto activo tuviera la calidad específica de abogado, patrono, defensor o litigante, ya que el legislador fue claro y preciso al prever las penas y describir las conductas que se señalan como típicas, en las cuales únicamente pueden incurrir aquellas personas que ejercen esa actividad profesional.
39. Razón por la cual, la palabra litigante no puede conceptualizarse como parte actora o demandada en un proceso, al margen de las definiciones doctrinales, sino a un especialista en derecho. Por tanto, la parte actora o demandada en un proceso, no incurre en dicho delito por carecer de la calidad específica del sujeto activo que señala la descripción típica.
Segundo requisito: Ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto jurídico
40. Como puede advertirse, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito), resolvieron una cuestión jurídica en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, ya que determinaron lo conducente respecto de la calidad específica del sujeto activo (abogado, patrono o litigante), que realiza la conducta descrita por la norma. Específicamente analizaron el vocablo "litigante", como elemento normativo, para determinar si consiste en un profesional del derecho o la persona que participa en un proceso, como parte demandante o demandada, sin que sea necesario que esta última cuente con una formación o preparación académica para llevar a cabo ese ejercicio.
41. En ese tenor, el ejercicio interpretativo de los Tribunales Colegiados se realizó sobre una misma problemática jurídica; sin embargo, adoptaron criterios jurídicos discrepantes.
42. Sin que sea óbice para la actualización de la contienda de criterios, el hecho de que los Tribunales Colegiados hayan analizado el Código Penal para la Ciudad de México y el Código Penal del Estado de Coahuila, respectivamente, porque a pesar de esa circunstancia, los tipos penales que examinaron son de igual contenido jurídico, tal como se advierte del siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo
43. Efectivamente, de la lectura a los artículos 319, fracción III, del Código Penal para la Ciudad de México y 233, fracción VI, del Código Penal del Estado de Coahuila, se advierte que regulan idénticamente el delito cometido por abogados, patronos y litigantes, en su hipótesis normativa consistente en: "A sabiendas, alegue hechos falsos", cuando intervengan en un proceso de cualquier índole.
44. En ese tenor, los Tribunales Colegiados pertenecientes a distintos Circuitos hicieron el ejercicio interpretativo de una disposición en el ámbito de sus respectivas legislaciones, las cuales son de igual contenido jurídico. Por tanto, si examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, es dable considerar que la adopción de posiciones discrepantes provino del examen de los mismos elementos.
45. Ilustra lo relatado la tesis 1a. LXI/2012 (10a.)(8) de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ABORDARON EL ESTUDIO DEL TEMA, CON BASE EN UN PRECEPTO DE IGUAL CONTENIDO JURÍDICO PARA LEGISLACIONES DE DISTINTOS ESTADOS."
46. Bajo esa línea argumentativa, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que los Tribunales Colegiados efectuaron un ejercicio interpretativo sobre los mismos puntos jurídicos y arribaron a conclusiones diferentes.
Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción
47. En el caso, como ya se ha mencionado, la materia de análisis en la contradicción de tesis se hace derivar de la postura asumida por los Tribunales Colegiados contendientes, pues reviste aspectos que no son coincidentes, por lo que se consideran suficientes para que esta Primera Sala tenga por acreditada la existencia de un tema disímil que conduzca a emitir un criterio sobre los tópicos respecto de los que se formuló la denuncia.
48. A partir de todo lo anterior, la divergencia de criterios se actualiza respecto del siguiente cuestionamiento: ¿El elemento normativo "litigante" para efectos de determinar la calidad específica del sujeto activo que realiza la conducta descrita por la norma, debe ser identificado como un profesional del derecho?
49. Así las cosas, se estima que están reunidos los extremos para afirmar la existencia de una contradicción de criterios del conocimiento de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que los tribunales contendientes han expresado una posición antagónica en torno a un tema determinado, en el que esencialmente se controvierten los mismos planteamientos jurídicos.
50. Es importante destacar que, tal como sucede en el presente caso, aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no son constitutivos de jurisprudencia debidamente integrada, ello no representa un obstáculo para determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cual es el criterio que debe prevalecer, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, ni tampoco el artículo 226 de la Ley de Amparo, lo exigen así, al establecer genéricamente que se trate de "tesis contradictorias".
51. QUINTO.—Criterio que debe adoptarse. Debe prevalecer como jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que a continuación se expresan:
52. La materia de la contradicción de tesis es verificar el elemento normativo "litigante" que establecen los artículos 319 del Código Penal para la Ciudad de México y 233 del Código Penal del Estado de Coahuila, para determinar si en este supuesto el activo requiere o no una calidad específica para realizar la conducta típica, sin que sea materia de análisis de esta ejecutoria, realizar un pronunciamiento respecto de las distintas calidades que señalan los preceptos analizados por los Tribunales Colegiados, a saber, abogados, patronos y asesores jurídicos.
53. A fin de responder tal cuestionamiento, es indispensable efectuar algunas precisiones en torno al principio de taxatividad, el elemento normativo del tipo y la calidad específica del sujeto activo, para finalmente analizar el delito de abogados, patronos y litigantes, previsto respectivamente en los artículos 319, fracción III, del Código Penal para la Ciudad de México y 233, fracción VI, del Código Penal del Estado de Coahuila.
I. Principio de taxatividad
54. El párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Federal,(9) dispone que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
55. Ahora bien, en términos de la jurisprudencia emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(10) la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma que los términos mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. A partir de lo anterior, es que la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al describir las conductas que señala como típicas y prever las penas aplicables.(11)
56. Además, resulta conveniente recordar que el principio de taxatividad es una de las tres formulaciones del principio de legalidad, el cual se integra también por los principios de no retroactividad y reserva de ley.(12)
57. A partir de tales premisas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(13) ha señalado que la aplicación exacta de la ley penal exige que las disposiciones normativas sean claras y precisas, pues, de no ser así, se podría generar tal incertidumbre que conllevaría a no poder afirmar (o negar) la existencia de un delito o pena en la ley; en consecuencia, a no poder determinar si se respeta o se infringe su exacta aplicación.(14)
58. Sin embargo, habrá que aclarar que el mandato de taxatividad sólo puede obligar al legislador penal a una determinación suficiente, y no a la mayor precisión imaginable: a cualquier precio no se puede exigir una determinación máxima. Desde esta perspectiva, la taxatividad tiene un matiz consistente en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29328-29fdf3c4/delitos-cometidos-por-abogados-patronos-y-litigantes-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DELITOS COMETIDOS POR ABOGADOS, PATRONOS Y LITIGANTES. EL ELEMENTO NORMATIVO "LITIGANTE" PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA CALIDAD ESPECÍFICA DE SUJETO ACTIVO EN DICHOS ILÍCITOS, NO CO (1a./J. 76/2019 (10a.))
- DELITOS DE ABOGADOS, PATRONOS O LITIGANTES. EL ELEMENTO NORMATIVO "LITIGANTE" DEL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 319, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, A (I.1o.P.86 P (10a.))
- DELITO DE ABOGADOS, DEFENSORES Y LITIGANTES. PARA QUE SE ACTUALICE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEBE DILUCIDARSE PREVIAMENTE LA CALIDAD DE LA INTERVENCIÓN DEL SUJETO ACTIVO EN UN JUICIO O (XXI.1o.P.A.24 P)
- LITIGANTE, QUE DEBE ENTENDERSE POR. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis