I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A QUE LOS ACTOS IMPUGNADOS NO LE SON PROPIOS, AL CORRESPONDER EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN RECLAMADA AL PODER QUE REPRESENTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ACTOS OMISIVOS NO ESTÁN SUJETOS AL PRINCIPIO DE ANUALIDAD (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). VI. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE RECLAMEN OMISIONES, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA DESVIRTUAR LAS PRUEBAS CON LAS QUE LA DEMANDADA DEMOSTRÓ SU INEXISTENCIA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). IX. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), AHORA CIUDAD DE MÉXICO, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2016, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE AQUÉLLOS GENERA INTERESES [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), AHORA CIUDAD DE MÉXICO, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2016, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), AHORA CIUDAD DE MÉXICO, DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2016, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 151/2019. MUNICIPIO DE COSAUTLÁN DE CARVAJAL, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE Y PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LILIANA HERNÁNDEZ PANIAGUA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.
VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional 151/2019, promovida por el Municipio de Cosautlán de Carvajal, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alicia Valdivia Vargas y Rogelio Bonilla Herrera, en su carácter de presidenta municipal y síndico del Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovieron controversia constitucional en representación del citado Municipio, contra los siguientes actos:
"d) Actos reclamados:
"1. De las autoridades señaladas se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, por el concepto de del (sic) Ramo 33, en lo particular al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), $5'227,457.00 (cinco millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"2. Se reclama de todas las autoridades antes señaladas la invalidez de cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y retención indebidos de las participaciones federales que le corresponden al Municipio que represento por concepto de Ramo 33, en lo particular al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), $5'227,457.00 (cinco millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"3. Se reclama la omisión de las autoridades aquí señaladas como demandadas, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, así como lo dispuesto en el número sexto, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que han sido omisas en entregar las participaciones federales por el concepto de Ramo 33, en lo particular al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), $5'227,457.00 (cinco millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). Que le corresponden al Municipio de Cosautlán de Carvajal, Veracruz de Ignacio de la Llave, que represento, no obstante que hace meses éstas le fueron transferidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"4. Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido a las participaciones que corresponden al Municipio que represento provenientes del fondo por el concepto de Ramo 33, al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), $5'227,457.00 (cinco millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de aportaciones provenientes del fondo del FISMDF que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave omitió depositar al Municipio de Cosautlán de Carvajal, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016."
2. Tales actos fueron atribuidos al gobernador, a la Secretaría de Finanzas, al director general de Contabilidad Gubernamental, así como al director de Cuenta Pública, ambos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
3. SEGUNDO.—Antecedentes. En el escrito de demanda, el Municipio actor señaló que:
a) En el decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2015, en su artículo 3 y sus diversas fracciones y anexos, correspondientes a los rubros mencionados, se autorizaron lo recursos en las asignaciones previstas.
b) Desde hace meses el Municipio ha hecho requerimientos y solicitudes a la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz, con el propósito de que pagaran las cantidades correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., FISMDF, por la cantidad de $5'227,457.00 (cinco millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional); sin embargo, en las oficinas administrativas nunca se le ha dado una respuesta clara y el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve se les informó que el pago de dichos montos estaba retenido debido a que existían indicaciones a esa dependencia para que suspendiera su entrega hasta nueva orden.
c) Desde hace más de dos años se omitió realizar la entrega de los recursos federales que les corresponden al Ayuntamientos que representan, lo cual pone en riesgo el desarrollo social y económico del Municipio.
d) La omisión referida está poniendo en peligro el derecho humano al desarrollo social a que tienen derecho los habitantes de Cosautlán de Carvajal, Veracruz; asimismo, está impidiendo el normal funcionamiento de la hacienda municipal, con el riesgo de paralizar las obras públicas municipales.
4. TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora expone, fundamentalmente, lo siguiente:
a) Las autoridades demandadas, al retener indebidamente los fondos federales correspondientes al concepto del Ramo 33, transgreden el principio de integridad de los recursos municipales, lo que redunda en un perjuicio económico e impacta su autonomía, concretamente en la libertad de administración hacendaria, al afectarse su autosuficiencia económica y la libre disposición de los recursos económicos que le corresponden.
b) De los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Federal; 2o.-A, 6o., y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal; 3, 7, 8 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Veracruz, se advierte que las participaciones federales que reciban los Municipios están sujetas a un régimen de libre administración y su disposición será acorde a las leyes, lo que, en la especie, no ocurre y agravia al Municipio.
c) No existe, por parte del Municipio, alguna manifestación de voluntad o consentimiento para que las autoridades estatales llevaran a cabo la retención de tales fondos, esto es, no existe ningún acuerdo o convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el Municipio de Cosautlán de Carvajal en el que se comprometan los recursos que se reclaman, por lo que existe violación a los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos.
d) El artículo 115, fracción IV, de la Constitución General contempla el principio de libre administración para establecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos para satisfacer sus necesidades en los términos que fijen las leyes.
e) Existe violación al principio de integridad de los recursos, en virtud de que el Municipio no ha recibido el recurso de forma puntual y efectiva.
f) Cita en apoyo los siguientes criterios: P./J. 5/2000, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).", P./J. 9/2000, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA." y P./J. 46/2004, de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."
g) La intervención del Estado de Veracruz y de las autoridades demandadas, respecto de los fondos de participaciones que por ley corresponden a los Municipios, es de simple mediación administrativa, de control y de supervisión en su manejo, pero nunca de disposición, suspensión o retención; de ahí que el Gobierno del Estado de Veracruz no tiene facultades para retener el entero de los fondos correspondientes al Ramo 33.
h) La omisión reclamada, además, violenta los artículos 40, 41, 115 y 124 de la Constitución General, pues transgrede el sistema de coordinación fiscal y la autonomía municipal.
i) El Municipio tampoco se ubica en las dos excepciones para que se efectúe la retención del fondo, tocante la primera de ellas, a las obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, la segunda, referente a las compensaciones que deban efectuarse a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o descuentos originados del incumplimiento de las metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones.
5. CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor expone que se contravienen los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 151/2019; asimismo, ordenó turnarla al Ministro Luis María Aguilar Morales, como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
7. Posteriormente, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro Luis María Aguilar Morales, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y, entre otras cuestiones, tuvo como demandado en este procedimiento constitucional únicamente al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas no así a la Secretaría de Finanzas, al director general de Contabilidad Gubernamental, ni al director de Cuenta Pública de la mencionada secretaría, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por tratarse de dependencias subordinadas a dicho poder.
8. Además, requirió al poder demandado para que, al rendir su contestación, enviaran a este Alto Tribunal todas las documentales relacionadas con los actos impugnados; determinó no tener como tercero interesado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que expresaran lo que a su representación correspondiera.
9. SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Por escrito depositado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve en la Oficina de Correos de México y recibido el once de junio siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contestó la demanda, respecto de la cual, manifestó lo siguiente:
• En cuanto a los hechos, por lo que hace a la omisión y retraso en la entrega de los recursos, no los afirma ni los niega, al no ser propios de la actual administración que inició el uno de diciembre de dos mil dieciocho.
• Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional (definitividad), toda vez que los recursos que reclama el Municipio actor son federales, por lo que, al emanar del sistema de coordinación fiscal y regularse por las leyes de coordinación fiscal, ante alguna omisión de pago, los Municipios tienen la posibilidad de hacer valer los medios de defensa previstos en tales ordenamientos.
• Se actualiza lo dispuesto en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 45 del mismo ordenamiento, toda vez que han cesado los efectos del acto que se impugna, pues corresponde al ejercicio fiscal dos mil dieciséis y, al haberse aprobado recursos federales para los ejercicios fiscales dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, resulta inconcuso que el promovente de la controversia pretenda allegarse de recursos que evidentemente no serán ejercidos. Además, destaca que, en caso de condenar a la parte demandada, se afectaría el presupuesto de un ejercicio fiscal vigente que ya no se puede modificar y/o adecuar, por lo que el titular del Ejecutivo podría incurrir en alguna responsabilidad administrativa, por lo que al momento de dictarse el fallo, en su caso, se fije un plazo razonable para dar cumplimiento a la ejecutoria.
• El Municipio pretende ejercer un derecho de forma extemporánea, ya que el plazo para reclamar lo que pretende, transcurrió de forma excesiva, pues pasaron más de dos años desde el acto hasta la presentación de la demanda.
• El Municipio actor tenía conocimiento de las fechas y calendario de entregas de recursos del ejercicio fiscal 2016, por lo que, al no haberlos recibido pasados cinco días de su recepción por parte del Estado, debió ejercer la acción correspondiente para exigirlos.
• Los conceptos de invalidez del Municipio actor son inatendibles, al actualizarse las causas de improcedencia que hizo valer, sumado a que en caso de que exista algún derecho a favor del Municipio actor, éste únicamente será de aquellas cantidades que efectivamente no le hayan sido entregadas.
10. SÉPTIMO.—Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de formular pedimento.
11. OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del mismo ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y, con relación a los alegatos, se indicó que las partes no los habían formulado; por último, se puso el expediente en estado de resolución.
12. NOVENO.—Avocamiento. En atención con la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de presidencia de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se envió el presente asunto a esta Primera Sala para su resolución, y en acuerdo de diecinueve de noviembre siguiente, ésta realizó el acuerdo de avocamiento correspondiente y se determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.
SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados.
14. Del análisis integral de la demanda, se advierte que los actos concretos y específicamente reclamados por el Ayuntamiento actor, son:
• La omisión de pago de las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis; y,
• El pago de intereses que se hubieren generado por la falta de entrega oportuna del citado fondo.
15. En consecuencia, los actos impugnados que se precisan en este apartado serán los que se estudiarán a la luz de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(1) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."
TERCERO.—Oportunidad.
16. A continuación, se determinará si la controversia fue promovida en tiempo:
17. En virtud de los actos precisados, cabe destacar que respecto de las controversias constitucionales en las que se impugnan actos de naturaleza negativa –es decir, los que implican un no hacer– el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido diversas directrices para proceder a su estudio, las cuales fueron reiteradas, al resolverse la controversia constitucional 135/2016:
18. Al resolver la controversia constitucional 3/97,(2) se destacó, que de conformidad con los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10 y 21 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del propio precepto constitucional, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que, al referirse dichos numerales, en forma genérica a "actos", debe entenderse que éstos pueden ser, atendiendo a su naturaleza, tanto positivos –implican un hacer– como negativos –implican un no hacer u omisión–.
19. Lo anterior se reflejó en la jurisprudencia P./J. 82/99,(3) de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES."
20. Por otra parte, en la ejecutoria que resolvió la diversa controversia constitucional 10/2001,(4) se determinó que los actos de naturaleza negativa tienen el carácter de continuos, pues al implicar un no hacer por parte de la autoridad, generan una situación permanente que no se subsana mientras no se realice la obligación de hacer, la cual se reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva.
21. De esto se concluyó que, como regla general, dada la reiteración constante de la omisión, el plazo para su impugnación también se actualiza día a día, permitiendo, entonces, que la demanda pueda presentarse en cualquier momento, mientras que tal omisión persista.
22. La regla general de mérito se ve reflejada en la jurisprudencia P./J. 43/2003,(5) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."
23. Cabe destacar que para que se actualice la aplicación de la regla general de referencia se requiere de la existencia de una falta absoluta de actuación de la demandada y no del solo incumplimiento parcial o de la mera infracción de alguna disposición legal, por ejemplo, la emisión de un oficio –acto positivo– que no cumpla con todos los requisitos previstos en las disposiciones conducentes.
24. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 66/2009,(6) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD."
25. En consecuencia, sólo si el demandado demuestra que llevó a cabo el acto cuya omisión se le imputa y que tal circunstancia fue del conocimiento del actor antes de la presentación de la demanda de controversia constitucional, entonces, resultará inexistente el acto negativo impugnado y procederá sobreseer en el juicio por ese motivo.
26. De lo anterior puede concluirse válidamente que, en caso de que se solicite el pago de intereses con motivo de una entrega atrasada de participaciones federales, el plazo de treinta días para presentar la demanda de controversia constitucional empieza a correr con motivo del conocimiento que tenga el Municipio respectivo de la fecha en que se llevó a cabo dicha entrega.
27. Por ende, la falta pago de intereses, en el caso descrito, no puede estimarse como una mera omisión o acto de naturaleza negativa respecto del cual pueda presentarse en cualquier momento la demanda de controversia constitucional, pues no se trata de una abstención absoluta, puesto que se encuentra íntimamente relacionada con un acto positivo consistente en la entrega de la participación federal, es decir, se trata de un accesorio vinculado con el pago del principal.
28. Apoya las consideraciones precedentes –por identidad de razón– la jurisprudencia P./J. 113/2010,(7) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE."
29. Ahora, el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia no establece plazo para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión; de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.
30. Lo anterior es acorde con la tesis número P./J. 43/2003,(8) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."
31. En el caso, se impugna la omisión total por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de ministrar los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor, de las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
32. Conforme a lo expuesto, se estima que no se actualiza el motivo de improcedencia planteado por la parte demandada, respecto de la extemporaneidad de la controversia, toda vez que, de forma preliminar, no se puede advertir la existencia de alguna entrega parcial u otro acto positivo; por tanto, la presentación de la demanda es oportuna.
CUARTO.—Legitimación activa.
33. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"i). Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."
34. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia señalan, expresamente, lo siguiente:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
35. De los preceptos legales reproducidos se desprende, sustancialmente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, en relación con la constitucionalidad de sus actos; además, que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder u órgano que la promueva, que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
36. En el caso, como se determinó en el auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictado por el Ministro instructor, la demanda de controversia constitucional se tiene por presentada únicamente respecto del síndico del Municipio de Cosautlán de Carvajal, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Rogelio Bonilla Herrera, quien acreditó su personalidad con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez que lo acredita como síndico propietario, expedida por el Consejo Municipal de Cosautlán de Carvajal del organismo público local electoral del Estado,(9) así como de un extracto de la Gaceta Oficial de la entidad de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la que fue publicada la "Lista de nombres de quienes resultaron electos en la elección de Ayuntamientos conforme a las constancias de mayoría relativa y de asignación expedidas por el organismo público electoral del Estado de Veracruz".(10)
37. Por tanto, con base en las documentales que al efecto exhibe y conforme al artículo 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, del Estado de Veracruz,(11) se reconoce la representación que ostenta el referido funcionario, para promover en nombre del Municipio actor, ente que tiene legitimación para promover el presente juicio constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Ley Fundamental.
QUINTO.—Legitimación pasiva.
38. A continuación, se analizará la legitimación de la parte demandada, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda:
39. En el auto de admisión de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve se tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
40. Así, el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz dio contestación a la demanda por conducto de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su carácter de secretario de Gobierno del Estado, personalidad que acreditó con la copia certificada de su nombramiento, expedido el uno de diciembre de dos mil dieciocho por el gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.(12)
41. Ahora bien, los artículos 42 y 50 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 8, fracción X, 9, fracción I y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del citado Estado; y 15, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno de la mencionada entidad, disponen:
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
"Artículo 42. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, denominado: gobernador del Estado."
"Artículo 50. El Poder Ejecutivo, para el despacho de los asuntos de su competencia, tendrá las dependencias centralizadas y entidades paraestatales que señale la ley, con las atribuciones y organización que ésta determine."
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
"Artículo 8. El titular del Poder Ejecutivo, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, podrá:
"...
"X. Designar a quien lo represente en las controversias a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, y en los demás juicios en que intervenga con cualquier carácter; así como a quien lo represente ante el Congreso del Estado, para efectos de lo previsto en los artículos 35 fracción III y 36, ambos de la Constitución Política del Estado."
"Artículo 9. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la administración pública centralizada, el titular del Poder Ejecutivo contará con las siguientes dependencias:
"I. Secretaría de Gobierno."
"Artículo 17. La Secretaría de Gobierno es la dependencia responsable de coordinar la política interna de la entidad y tendrá la competencia que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, esta ley y demás legislación aplicable."
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
"Artículo 15. El titular de la secretaría tendrá las facultades siguientes:
"...
"XXXII. Representar legalmente al Gobierno del Es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29449-918a813b/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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