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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGO PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS POSTERIORES A AQUEL EN QUE LA ENTREGA DE RECURSOS TUVO LUGAR (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD DE LA IMPUGNACIÓN (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO RESPECTO DEL PODER LEGISLATIVO, AL NO HABER TENIDO PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS IMPUGNADOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A QUE LOS ACTOS IMPUGNADOS NO LE SON PROPIOS, AL CORRESPONDER EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN RECLAMADA AL PODER QUE REPRESENTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). VIII. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE RECLAMEN OMISIONES, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA DESVIRTUAR LAS PRUEBAS CON LAS QUE LA DEMANDADA DEMOSTRÓ SU INEXISTENCIA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). XI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SUS DIFERENCIAS. XII. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), AHORA CIUDAD DE MÉXICO, DE OCTUBRE DE 2016, AL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE AQUÉLLOS GENERA INTERESES [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), AHORA CIUDAD DE MÉXICO, DE OCTUBRE DE 2016, AL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), AHORA CIUDAD DE MÉXICO, DE OCTUBRE DE 2016, AL MUNICIPIO DE TEHUIPANGO POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE].

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 77/2019. · Registro digital (IUS): 29452
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-14
Promovente: MUNICIPIO DE TEHUIPANGO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, Pág. 3151.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 77/2019. MUNICIPIO DE TEHUIPANGO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional 77/2019, promovida por el Municipio de Tehuipango, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Araceli Fabián Sánchez, en su carácter de síndica del Ayuntamiento de Tehuipango, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que combate los siguientes actos:

"d) Actos reclamados:

"1) De las autoridades señaladas se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Tehuipango, Veracruz, por el concepto de Ramo 33, y en lo particular a:

"Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., (FISMDF), $14'575,933.20.

"Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"2. Se reclama de todas las autoridades antes señaladas la invalidez de cualquier orden para llevar acabo los descuentos y retención indebidos de las participaciones federales que le corresponden al Municipio que represento por concepto de Ramo 33, y en lo particular a:

"1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., (FISMDF), $14'575,933.20.

"Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"3. Se reclama la omisión de las autoridades aquí señaladas como demandadas, en el cumplimiento de las obligaciones Constitucionales a su cargo, así como lo dispuesto en el número sexto párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que han sido omisas en entregar las participaciones federales por el concepto de Ramo 33, y en lo particular:

"1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., (FISMDF), $14,575,933.20.

"Que le corresponden al Municipio que represento, no obstante que hace meses que estas le fueron transferidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"4. Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido a las participaciones que corresponden al Municipio que represento provenientes del fondo por el concepto de Ramo 33, y en lo particular a:

"1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., (FISMDF), $14'575,933.20.

"Así como también se les condena al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones, por el retraso injustificado en entregarlos a mi representado."

2. Tales actos fueron atribuidos al gobernador; a la Secretaría de Finanzas y Planeación; al director general de Contabilidad Gubernamental y al director de Cuenta Pública, ambos de la Secretaría de Finanzas y Planeación; así como a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

3. SEGUNDO.—Antecedentes. En el escrito de demanda, el Municipio actor señaló que:

4. 1. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, se detalló el monto que recibiría el Municipio de Tehuipango por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., (FISMDF), así como los días en que se depositaría el referido recurso, sin que se hayan depositado los últimos tres meses.

5. 2. Desde hace meses el Municipio ha hecho requerimientos y solicitudes a la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz, con el propósito de que pagaran las cantidades correspondientes al concepto del Ramo 33, en lo particular, al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., (FISMDF), por la cantidad de $14'575,933.20 (catorce millones quinientos setenta y cinco mil novecientos treinta y tres pesos 20/100 M.N.); sin embargo, en las oficinas administrativas nunca se le ha dado una respuesta clara y la retención de los recursos ha sido reiterativa.

6. 3. Desde hace meses se ha repetido la omisión en la entrega de los recursos federales por parte de las autoridades demandadas, lo que pone en riesgo el desarrollo social y económico del Municipio.

7. 4. Se asignó al Municipio, por concepto de fondos federales del Ramo 33, en particular del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., (FISMDF) la cantidad de $14'575,933.20 (catorce millones quinientos setenta y cinco mil novecientos treinta y tres pesos 20/100 M.N.), correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, cantidades que ya fueron entregadas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que ha sido omiso en hacer entrega de estos recursos al Ayuntamiento.

8. 5. La omisión referida está poniendo en peligro el derecho humano al desarrollo social a que tienen derecho los habitantes de Tehuipango, Veracruz; asimismo, está impidiendo el normal funcionamiento de la hacienda municipal, con el riesgo de paralizar las obras públicas municipales.

9. TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora expone, fundamentalmente, lo siguiente:

10. Las autoridades demandadas, al retener indebidamente los fondos federales correspondientes al concepto del Ramo 33, transgreden el principio de integridad de los recursos municipales, lo que redunda en un perjuicio económico e impacta su autonomía, concretamente en la libertad de administración hacendaria, al afectarse su autosuficiencia económica y la libre disposición de los recursos económicos que le corresponden.

11. De los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Federal; 2o.-A, 6o. y 9o., de la Ley de Coordinación Fiscal; 3, 7, 8 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Veracruz, se advierte que las participaciones federales que reciban los Municipios están sujetas a un régimen de libre administración y su disposición será acorde a las leyes, lo que en la especie no ocurre y agravia al Municipio.

12. Puede haber casos de excepción en los que resulte válida la afectación y retención de las participaciones federales que le corresponden a los Municipios; sin embargo, el caso no se encuentra en ninguna de esas hipótesis, por lo que resulta ilegal que las autoridades demandadas retengan sin justificación alguna los fondos y participaciones federales que se reclaman.

13. No existe por parte del Municipio alguna manifestación de voluntad o consentimiento para que las autoridades estatales llevaran a cabo la retención de tales fondos, esto es, no existe ningún acuerdo o convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el Municipio de Tehuipango en el que se comprometan los recursos que se reclaman, por lo que existe violación a los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos.

14. El artículo 115 de la Constitución Federal contempla el principio de libre administración para establecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos para satisfacer sus necesidades en los términos que fijen las leyes.

15. Existe violación al principio de integridad de los recursos, en virtud de que el Municipio no ha recibido el recurso de forma puntual, efectiva y completa.

16. Cita en apoyo los siguientes criterios: P./J. 5/2000 de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).", P./J. 9/2000 de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA." y P./J. 46/2004 de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."

17. La intervención del Estado de Veracruz y de las autoridades demandadas respecto de los fondos de participaciones que por ley corresponden a los Municipios, es de simple mediación administrativa; en el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, de control y de supervisión en su manejo, pero nunca de disposición, suspensión o retención; de ahí que el Gobierno del Estado de Veracruz no tiene facultades para retener el entero de los fondos correspondientes al Ramo 33.

18. La omisión reclamada, además, violenta los artículos 40, 41, 115 y 124 de la Constitución Federal, pues transgrede el sistema de Coordinación Fiscal y la autonomía municipal.

19. El Municipio tampoco se ubica en las dos excepciones para que se efectúe la retención del fondo, tocante la primera de ellas, a las obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, la segunda, referente a las compensaciones que deban efectuarse a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o descuentos originados del incumplimiento de las metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones.

20. CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor expone que se contravienen los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 115, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

21. QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 77/2019; asimismo, ordenó turnarla al Ministro Luis María Aguilar Morales, como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

22. Posteriormente, mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, el Ministro Luis María Aguilar Morales, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y, entre otras cuestiones, ordenó emplazar como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pero no así a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, su director general de Contabilidad Gubernamental y su director de Cuenta Pública, así como la Contaduría Mayor de Hacienda del Poder Legislativo, todos de dicha entidad, por tratarse de dependencias subordinadas a esos Poderes.

23. Además, requirió a los Poderes demandados para que al rendir su contestación, enviaran a este Alto Tribunal todas las documentales relacionadas con los actos impugnados; determinó no tener como tercero interesado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como dar vista a la Fiscalía General de la República, para que expresara lo que a su representación correspondiera.

24. SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. Por escrito depositado el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, en la oficina de correos de Xalapa y recibido el catorce de mayo siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amadeo Condado Espinoza, en su carácter de jefe del Departamento de Amparos del Congreso del Estado, contestó la demanda, respecto de la cual manifestó lo siguiente:

25. Señaló como motivos de improcedencia la inexistencia de la autoridad señalada como "Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Veracruz", así como la inexistencia de los actos materia de la controversia constitucional, esto último bajo el argumento de que el Congreso del Estado ni sus órganos administrativos intervinieron en los actos combatidos, sumado a que de la lectura de la demanda no se aprecia un agravio que le fuera atribuible.

26. En cuanto a los hechos, reiteró que ningún acto impugnado fue emitido por el Poder Legislativo Local, pues no ha ordenado que se retenga alguna de las participaciones federales que corresponden al Municipio actor, por lo que no se justificaba tenerlo como demandado.

27. Finalmente solicitó, entre otras cosas, que se sobresea en el juicio por lo que hace al Poder Legislativo de la entidad.

28. SÉPTIMO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. A través de escrito depositado el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en la oficina de correos local y recibido el veintiuno de mayo siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Veracruz dio contestación a la demanda. En el escrito respectivo manifestó, esencialmente, que:

29. En cuanto a los hechos, por lo que hace a la omisión y retraso en la entrega de los recursos, no los afirma ni los niega al no ser propios de la actual administración que dio inicio el uno de diciembre de dos mil dieciocho.

30. El Municipio pretende ejercer un derecho de forma extemporánea, ya que el plazo para reclamar lo que pretende transcurrió de forma excesiva, pues pasaron más de dos años desde el acto hasta la presentación de la demanda.

31. Los fondos de aportaciones, al ser recursos de índole federal, no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria, lo que los hace distintos de las participaciones.

32. - Al advertirse la diferencia entre participaciones federales y fondos de aportaciones federales, la omisión de pago encuentra protección en los medios de defensa previstos en las leyes de coordinación fiscal o en las vías legales pactadas en los convenios de coordinación fiscal estatales para efectos de su cumplimiento.

33. En el caso no se surte alguna excepción al principio de definitividad, en virtud que el actor tuvo a su alcance los medios idóneos, ya sea pactados en los convenios de coordinación fiscal y estatal, así como en lo previsto en el artículos 5 y 8 de la Ley de Coordinación Fiscal de la entidad para combatir los actos que le ocasionaban el agravio, por ende, la controversia es improcedente en términos del artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria.

34. El Municipio actor tenía conocimiento de las fechas y calendario de entregas de recursos del ejercicio fiscal 2016, por lo que al no haberlos recibido pasados cinco días de su recepción por parte del Estado, debió ejercer la acción correspondiente para exigirlos.

35. Contrario a lo que aduce el Municipio, que pretende ajustar la oportunidad de la demanda aduciendo que se encuentra reclamando una omisión, en realidad se reclama una omisión derivada de un acto positivo.

36. Los conceptos de invalidez del Municipio actor son inatendibles al actualizarse las causas de improcedencia que hizo valer, sumado a que con las pruebas que anexa, demuestra los pagos realizados.

37. OCTAVO.—Opinión del fiscal general de la República. El fiscal general de la República se abstuvo de formular pedimento.

38. NOVENO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y, con relación a los alegatos, se indicó que las partes no los habían formulado; por último, se puso el expediente en estado de resolución.

39. DÉCIMO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de presidencia de diecinueve de noviembre del año en curso, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y se determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

40. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio actor y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.

41. SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuál es el acto o los actos concretos y específicamente reclamados por el Ayuntamiento actor.

42. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 Constitucional, resulta procedente hacer las siguientes precisiones que derivan de la lectura integral y sistemática de las constancias de autos, particularmente de la demanda, de la contestación y de las documentales exhibidas como pruebas.

43. En el apartado correspondiente, el Municipio actor precisa lo siguiente:

"d) Actos reclamados:

"1) De las autoridades señaladas se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para la realización de la indebida retención de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Tehuipango, Veracruz, por el concepto de Ramo 33, y en lo particular a:

"Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., (FISMDF), $14'575,933.20.

"Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"2. Se reclama de todas las autoridades antes señaladas la invalidez de cualquier orden para llevar acabo los descuentos y retención indebidos de las participaciones federales que le corresponden al Municipio que represento por concepto de Ramo 33, y en lo particular a:

"1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., (FISMDF), $14'575,933.20.

"Mismos que hace meses ya fueron entregados al Estado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"3. Se reclama la omisión de las autoridades aquí señaladas como demandadas, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, así como lo dispuesto en el número sexto párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que han sido omisas en entregar las participaciones federales por el concepto de Ramo 33, y en lo particular:

"1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., (FISMDF), $14'575,933.20.

"Que le corresponden al Municipio que represento, no obstante que hace meses que éstas le fueron transferidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"4. Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido a las participaciones que corresponden al Municipio que represento provenientes del fondo por el concepto de Ramo 33, y en lo particular a:

"1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D.F., (FISMDF) $14'575,933.20.

"Así como también se les condena al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones, por el retraso injustificado en entregarlos a mi representado."

44. En cuanto a los antecedentes del acto, destaca que ha solicitado a la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz, el pago del recurso federal correspondiente al concepto del Ramo 33, sin que a la fecha de presentación de la demanda se haya realizado. Asimismo, menciona que reclama como adeudo los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.

45. Por último, solicita que se condene a la demandada al pago de intereses que se hayan generado, en virtud de la falta de pago injustificada del fondo reclamado.

46. De lo anterior, se puede afirmar que el Municipio actor efectivamente impugna:

47. 1) La omisión de pago de las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis; y,

48. 2) El pago de intereses que se hubieren generado por la falta de entrega oportuna del citado fondo.

49. En consecuencia, los actos impugnados que se precisan en este apartado serán los que se estudiarán a la luz de los preceptos constitucionales aplicables al caso, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(1) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."

50. TERCERO.—Oportunidad. A continuación se determinará si la controversia fue promovida en tiempo.

51. En virtud de los actos precisados, cabe destacar que respecto de las controversias constitucionales en las que se impugnan actos de naturaleza negativa –es decir, los que implican un no hacer– el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido diversas directrices para proceder a su estudio, las cuales fueron reiteradas al resolverse la controversia constitucional 135/2016:

52. Al resolver la controversia constitucional 3/97,(2) se destacó que de conformidad con los artículos 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10 y 21 de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del propio precepto constitucional, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre las entidades, poderes u órganos que se precisan en la fracción I del artículo 105 constitucional y 10 de su ley reglamentaria, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, sin que hagan distinción alguna sobre la naturaleza de los actos que pueden ser objeto de la acción, por lo que al referirse dichos numerales, en forma genérica a "actos", debe entenderse que éstos pueden ser, atendiendo a su naturaleza, tanto positivos –implican un hacer– como negativos –implican un no hacer u omisión–.

53. Lo anterior se reflejó en la jurisprudencia P./J. 82/99,(3) de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES."

54. Por otra parte, en la ejecutoria que resolvió la diversa controversia constitucional 10/2001,(4) se determinó que los actos de naturaleza negativa tienen el carácter de continuos, pues al implicar un no hacer por parte de la autoridad, generan una situación permanente que no se subsana mientras no se realice la obligación de hacer, la cual se reitera día a día mientras subsista la actitud omisiva.

55. De esto se concluyó que, como regla general, dada la reiteración constante de la omisión, el plazo para su impugnación también se actualiza día a día, permitiendo entonces que la demanda pueda presentarse en cualquier momento, mientras que tal omisión persista.

56. La regla general de mérito se ve reflejada en la jurisprudencia P./J. 43/2003,(5) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."

57. Cabe destacar que para que se actualice la aplicación de la regla general de referencia, se requiere de la existencia de una falta absoluta de actuación de la demandada y no del solo incumplimiento parcial o de la mera infracción de alguna disposición legal, por ejemplo, la emisión de un oficio –acto positivo– que no cumpla con todos los requisitos previstos en las disposiciones conducentes.

58. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 66/2009,(6) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD."

59. En consecuencia, sólo si el demandado demuestra que llevó a cabo el acto cuya omisión se le imputa y que tal circunstancia fue del conocimiento del actor antes de la presentación de la demanda de controversia constitucional, entonces resultará inexistente el acto negativo impugnado y procederá sobreseer en el juicio por ese motivo.

60. De lo anterior, puede concluirse válidamente que en caso de que se solicite el pago de intereses con motivo de una entrega atrasada de participaciones federales, el plazo de treinta días para presentar la demanda de controversia constitucional, empieza a correr con motivo del conocimiento que tenga el Municipio respectivo de la fecha en que se llevó a cabo dicha entrega.

61. Por ende, la falta de pago de intereses, en el caso descrito, no puede estimarse como una mera omisión o acto de naturaleza negativa respecto del cual pueda presentarse en cualquier momento la demanda de controversia constitucional, pues no se trata de una abstención absoluta, puesto que se encuentra íntimamente relacionada con un acto positivo consistente en la entrega de la participación federal, es decir, se trata de un accesorio vinculado con el pago del principal.

62. Apoya las consideraciones precedentes –por identidad de razón– la jurisprudencia P./J. 113/2010,(7) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CONTRA UNA OMISIÓN DERIVADA DE UN ACTO POSITIVO QUE NO SE CONTROVIRTIÓ OPORTUNAMENTE ES EL QUE RIGE LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE."

63. Ahora, el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia no establece plazo para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.

64. Lo anterior es acorde la tesis número P./J. 43/2003,(8) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."

65. En el caso, se impugna la omisión total por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de ministrar los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor, de las aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.

66. Sin embargo, de las pruebas que obran en autos, se advierte que en relación con los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciséis, sí se realizaron los pagos correspondientes.

67. En efecto, el pago de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), relativos a los meses de agosto y septiembre de dos mil dieciséis, se realizaron el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, lo que se corrobora con la copia certificada de los comprobantes denominados "Reporte de Historial de operaciones BancaNet Empresarial Premium", del banco Banamex, relativos al Gobierno del Estado de Veracruz,(9) que incluyen la siguiente información:

Ver información

68. Tales documentos fueron exhibidos en copia certificada por el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, como anexos al oficio TES-VER/1748/2019, de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por la tesorera de la Subsecretaría de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, a través del cual da noticia de diversos pagos realizados por la dependencia al Municipio de Tehuipango, los cuales merecen validez probatoria plena en virtud de no haber sido objetad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29452-0e7a369b/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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