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Modo: Corpus Pro

I. CAUSAS DE EXCLUSIÓN O DE JUSTIFICACIÓN DEL DELITO. PUEDEN DEFINIRSE COMO AQUELLOS HECHOS FORMALES A LOS CUALES LA LEY LES ATRIBUYE EL EFECTO DE HACER QUE UNA CONDUCTA TÍPICA NO SEA ANTIJURÍDICA. II. LEGÍTIMA DEFENSA. CONSTITUYE UNA REACCIÓN RACIONAL Y NECESARIA CONTRA UNA AGRESIÓN INJUSTA, ACTUAL Y NO PROVOCADA, POR LO QUE SU ACTUALIZACIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LOS REQUISITOS DE NECESIDAD, RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD. III. LEGÍTIMA DEFENSA. LA FINALIDAD DE SU DELIMITACIÓN EN EL ORDENAMIENTO PENAL POSITIVO ES IMPEDIR QUE SEAN LOS GOBERNADOS QUIENES ESTABLEZCAN SUS PROPIOS ESTÁNDARES DEL USO PERMISIBLE DE LA FUERZA DEFENSIVA Y, POR ENDE, QUE SE ENCUENTRE JURÍDICAMENTE JUSTIFICADA TODA LESIÓN O INCLUSIVE LA MUERTE DE LOS AGRESORES. IV. LEGÍTIMA DEFENSA. NO IMPLICA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR ACTOS DE VENGANZA INSTITUCIONALIZADOS. V. LEGÍTIMA DEFENSA. DERIVA DEL VALOR MORAL POSITIVO QUE UNA SOCIEDAD LE OTORGA A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD PERSONAL E, INCLUSIVE, A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD. VI. LEGÍTIMA DEFENSA. SU CONFIGURACIÓN ESTÁ SUPEDITADA A LOS PRINCIPIOS DE INVIOLABILIDAD, AUTONOMÍA Y DIGNIDAD DE LA PERSONA. VII. LEGÍTIMA DEFENSA PRIVILEGIADA. PRESUME UNA CONDICIÓN DEL PELIGRO IMPLÍCITO EN DETERMINADOS ACTOS DESCRITOS POR LA LEY, POR LO QUE PRESCINDE DE EXIGIR, A QUIEN LA EMPLEA, EN PRINCIPIO, QUE HA COLMADO TODOS LOS REQUISITOS PARA ACOGERSE EN TAL CAUSA DE JUSTIFICACIÓN (ARTÍCULO 25, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LESIÓN O INCLUSO LA PRIVACIÓN DE LA VIDA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. LEGÍTIMA DEFENSA. NO PUEDE INTERPRETARSE DE MANERA AISLADA, TODA VEZ QUE PERTENECE A UN CONJUNTO DE ENUNCIADOS NORMATIVOS QUE DEBEN SER ENTENDIDOS COMO UNIDAD, EN TANTO QUE SE REFIEREN A LA MISMA FIGURA (ARTÍCULO 25, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LESIÓN O INCLUSO LA PRIVACIÓN DE LA VIDA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. LEGÍTIMA DEFENSA. EL PRINCIPIO DE NECESIDAD SE REFIERE, EN TÉRMINOS GENERALES, A QUE DEBE ENCONTRARSE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO EL EMPLEO DE LA FUERZA DEFENSIVA PARA REPELER O RECHAZAR LA AGRESIÓN QUE SUFRE UNA PERSONA A FIN DE PROTEGER SU VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL, LA DE SU FAMILIA, SU PROPIEDAD O, EN SU CASO, LA DE TERCEROS (ARTÍCULO 25, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LESIÓN O INCLUSO LA PRIVACIÓN DE LA VIDA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). X. LEGÍTIMA DEFENSA. LA REACCIÓN DEFENSIVA EFECTUADA CUANDO YA SE HA CONSUMADO EL ATAQUE Y EL PELIGRO QUE LA MOTIVARON, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO AQUÉLLA NI EXIMIR DE RESPONSABILIDAD AL AGENTE ACTIVO (ARTÍCULO 25, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LESIÓN O INCLUSO LA PRIVACIÓN DE LA VIDA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XI. LEGÍTIMA DEFENSA. EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD DEL MEDIO EMPLEADO IMPLICA, EN TÉRMINOS GENERALES, QUE EL DEFENSOR, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS, HA DE EMPLEAR DE MANERA RAZONABLE Y NO EXCESIVA LOS MEDIOS DEFENSIVOS CON LOS QUE DISPONE, ACORDE A LA MAGNITUD DE LA AGRESIÓN, LA PELIGROSIDAD DEL ATACANTE Y AL VALOR DEL BIEN AMENAZADO (ARTÍCULO 25, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LESIÓN O INCLUSO LA PRIVACIÓN DE LA VIDA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XII. LEGÍTIMA DEFENSA. EL EXCESO EN EL USO DE LA FUERZA, AL MOMENTO DE REPELERSE LA AGRESIÓN, EQUIVALE A LA IRRACIONALIDAD (ARTÍCULO 25, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LESIÓN O INCLUSO LA PRIVACIÓN DE LA VIDA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XIII. LEGÍTIMA DEFENSA. LA RACIONALIDAD DEL MEDIO EMPLEADO NO SE EJERCITA AL EXTREMO DE REALIZAR UN CÁLCULO ARITMÉTICO DE EQUIVALENCIA ENTRE LOS MEDIOS DEFENSIVOS Y DE ATAQUE, SINO QUE IMPLICA UN EJERCICIO DE PONDERACIÓN QUE PERMITA DETERMINAR QUE EL USO DE LA FUERZA DEFENSIVA NO RESULTA DEL TODO EXCESIVO PARA RECHAZAR EL ATAQUE GENERADO POR EL AGRESOR (ARTÍCULO 25, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LESIÓN O INCLUSO LA PRIVACIÓN DE LA VIDA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XIV. LEGÍTIMA DEFENSA PRIVILEGIADA. OTORGA UN BENEFICIO PROCESAL A QUIEN LA ALEGA, EN TANTO LO LIBERA DE LA CARGA PROBATORIA DE ACREDITAR TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS JURÍDICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEGÍTIMA DEFENSA (ARTÍCULO 25, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LESIÓN O INCLUSO LA PRIVACIÓN DE LA VIDA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XV. LEGÍTIMA DEFENSA PRIVILEGIADA. NO OBSTANTE QUE SE ACTUALICEN LOS HECHOS PARA QUE OPERE LA PRESUNCIÓN DE CONFIGURACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA FIGURA DE LA DEFENSA PROPIA, EL JUZGADOR D

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2018. · Registro digital (IUS): 29458
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-14
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo II, Pág. 2157.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE NOVIEMBRE DE 2019. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO MUÑOZ ACEVEDO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Normas impugnadas, autoridades emisoras y promulgadoras. Mediante oficio presentado el dos de enero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad contra el artículo 25, fracción III, segundo párrafo, en la porción normativa "lesión o incluso la privación de la vida", del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, reformado mediante Decreto Número 358, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa, segunda parte, el uno de diciembre de dos mil diecisiete, señalando como órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la mencionada norma, al Congreso del Estado y al Gobernador Constitucional de tal Estado.

Dicho precepto establece lo siguiente:

"Artículo 25. Son causas de justificación:

"...

"III. Actuar en defensa de su persona, de su familia, de los bienes propios o de un tercero, repeliendo una agresión, actual o inminente y sin derecho; a no ser que intervino alguna de las siguientes circunstancias:

"a. Existió una provocación inmediata y suficiente por parte de la persona que repele la agresión; o

"b. Utilizó un medio irracional para repeler la agresión de acuerdo con la necesidad.

"Se presumirá la defensa legítima, salvo prueba en contrario, al causar un daño, lesión o incluso la privación de la vida, a quien, por cualquier medio, trate de penetrar o penetre sin derecho al lugar en que, temporal o permanentemente, habite el que se defiende, su familia o cualquier persona a la que tenga obligación de defender, o donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que tenga igual obligación de defensa, ... siempre y cuando medien circunstancias que revelen la probabilidad de una agresión."

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El promovente estimó violados los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 4, 5 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos e hizo valer el argumento de invalidez que se sintetiza a continuación:

• En principio, aduce que la norma impugnada establece una causa de justificación del delito en sentido amplio, fuera de los límites de racionalidad, proporcionalidad y necesidad que regulan la figura de la legítima defensa, dando pauta al exceso de la misma.

Lo anterior, en virtud de que la porción normativa que indica "lesión o incluso la privación de la vida" del Código Penal para el Estado de Veracruz, presume la existencia de la causa de justificación del delito consistente en la figura de la defensa legítima, "incluso cuando se realice una actuación desproporcionada e irrazonable", lo que se traduce en una vulneración al derecho de seguridad jurídica, así como al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, ya que la norma "permite que se cause cualquier tipo de lesiones o incluso se prive de la vida a un individuo sin incurrir en responsabilidad penal", con base en una presunción positiva.

• Por lo que dicha presunción se traduce, necesariamente, en una norma penal abierta e inexacta, sin la determinación ni las limitantes necesarias que rigen la figura de la defensa legítima, situación que se traduce en una vulneración "al derecho de seguridad jurídica y legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad".

En otras palabras, la composición de la porción normativa que indica "lesión o incluso la privación de la vida", contenida en el artículo 25, fracción III, párrafo segundo, de la legislación penal local, resulta una presunción abierta sobre la figura de defensa legítima que puede realizar el agente pasivo sin restricción alguna, lo que implica un incumplimiento al deber del legislador penal de establecer normas que brinden seguridad jurídica. Es decir, la norma impugnada establece una causa de exclusión del delito en sentido amplio "fuera de los principios que rigen la figura de la legítima defensa, a saber: racionalidad, proporcionalidad y necesidad".

• En efecto, es contraria a los principios de racionalidad y proporcionalidad, toda vez que excluye de forma absoluta de la responsabilidad penal –con base en una presunción–, a la persona que cause cualquier lesión o, incluso, prive de la vida a otra persona que trate de penetrar o penetre sin derecho al lugar en que, temporal o permanentemente, habite el que se defiende, su familia o cualquier persona a la que se tenga obligación de defender, o donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que tenga igual obligación de defensa. Lo anterior, sin contemplar que dicha conducta debe guiarse por los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Así, la norma impugnada posibilita el exceso en la legítima defensa cuando una persona irrumpa en casa habitación y derivado de ello se le agreda, lesione, inclusive, de forma desproporcionada, "dando pauta que se prive de la vida sin atender al grado de la conducta".

Por lo que refiere el requisito de necesidad y razonabilidad, conviene precisar que si bien la porción normativa que indica "siempre y cuando medien circunstancias que revelen la probabilidad de una agresión", contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 25 puede identificarse con el principio de necesidad, no es óbice a señalar que la norma "no delimita los principios de proporcionalidad y razonabilidad", lo que devendría en un exceso de la legítima defensa.

En suma, la norma impugnada, al permitir una presunción abierta e imprecisa, abre el camino para que la defensa de los bienes jurídicos propios o ajenos que una persona lleve a cabo, "sea mayor incluso a la propia agresión ante la cual, sus bienes se vean afectados".

• Bajo esta tesitura, si se efectuó una agresión real e inminente consistente en la irrupción en casa habitación, la repulsa que permite la norma será cualquier daño, lesión o, en su caso, privación de la vida; de tal suerte que lejos de dotar de seguridad jurídica sobre el alcance de la legítima defensa se podrá comprender cualquier daño, "cuyos actos excesivos podrían quedar en impunidad".

Habida cuenta que si bien el exceso en la legítima defensa debe analizarse en cada caso concreto, "la norma impugnada, no admite esta ponderación, ya que su campo de interpretación es restrictivo", en tanto que es una norma que se basa en una presunción y, por tanto, resulta indeterminada e imprecisa generando inseguridad jurídica.

• Por otra parte, si bien se advierte que la norma combatida pretende enfrentar los problemas de inseguridad que aquejan al Estado veracruzano, no obstante, contrario a ello, "su efecto real es generar un espectro de impunidad ante la posible responsabilidad penal que pudiera llegar a presentarse con base en el uso excesivo de la figura de legítima defensa", previsto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 25 de la legislación penal.

De ahí que la intención del legislador, al concebir la excluyente de responsabilidad penal, no cuadra con el resultado que tiene la norma, toda vez que el creador de la disposición pretende salvaguardar a las personas de cualquier reclamo penal en que pudieran incurrir cuando repelan la agresión de otro consistente en la intromisión ilegítima de su casa habitación; sin embargo, los efectos normativos implican necesariamente dar pauta a un actuar excesivo por parte de los particulares, mismo que quedaría impune.

• Lo anterior deja en evidencia que la norma impugnada, "lejos de brindar la protección y seguridad que la sociedad requiere, posibilita la impunidad ante hechos antijurídicos desproporcionados", por ello, queda demostrado que dicha disposición no brinda protección ni seguridad alguna, sino que, por el contrario, lo que hace es enfatizar la falta de capacidad del Estado para prevenir y sancionar los delitos. Es así que la norma impugnada se constituye no como una forma de exclusión del delito, sino como una permisión afirmativa para que los particulares tengan la posibilidad de solventar por propia mano un acto delictivo, de manera desproporcionada.

Adicionalmente, la disposición impugnada atenta contra la prohibición categórica de hacerse justicia por sí mismo, prevista en el artículo 17 constitucional, en tanto que deja en manos de los particulares la defensa de sus bienes jurídicos, permitiendo que se realicen actos como lesiones o, incluso, que se prive de la vida a una persona, sin incurrir en responsabilidad alguna.

• Por todo lo anterior, se colige que la porción normativa "lesión o incluso la privación de la vida", contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 25 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, al establecer una presunción positiva de carácter absoluto, se constituye como una norma penal indefinida e indeterminada, sobre la procedencia de la legítima defensa como excluyente de responsabilidad penal y, a su vez, se traduce en una vulneración a los derechos de seguridad jurídica, y el principio de legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad, lo que, consecuentemente, puede redundar en la permisión de violación a derechos como la integridad personal e incluso a la vida, mismas que quedarían impunes.

TERCERO.—Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de dos de enero de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, respectivamente, formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 1/2018, y designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.

Por auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió la acción referida, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

CUARTO.—Informe de las autoridades. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente:

El secretario general de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, señaló:

• Del artículo 10 de la Constitución Federal se desprende que todo mexicano por derecho puede poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, lo que resulta ser lógico que en caso de situación de un inminente peligro en su persona, bienes o familia, como consecuencia, puede resultar una lesión o, incluso, privar de la vida a quien intenta introducirse de manera ilegal al lugar en que habita el agredido de manera permanente o temporal, lo que implica que la CNDH se ciñe en reclamar algo que evidentemente es tutelado por la propia norma constitucional.

Habida cuenta que la accionante pretende establecer que la norma combatida atenta contra derechos humanos, empero, soslaya la naturaleza del texto normativo, puesto que existen limitantes sobre la legítima defensa previstas en el propio precepto, ya que si se lleva a cabo un análisis concreto de la norma que se impugna, la legítima defensa sólo será presumible cuando se atiendan los supuesto que la misma legislación penal establece.

• En efecto, en el propio texto del artículo 25, fracción III, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, se prevé una limitante, la cual fue ignorada por la demandante, ya que la legítima defensa se presumirá con base en pruebas fehacientes que han de determinar su validez, lo que no significa que se pueda hacer justicia por mano propia o que se violen bienes jurídicos tutelados reconocidos por la Constitución Federal, sino que simplemente implica que se establezcan las consecuencias jurídicas de repeler un ataque inminente en contra de la vida o integridad de quien puede ser agredido, lo que, de igual forma, deberá ser desvirtuado por la fiscalía u autoridad que le corresponda verificar la situación en la que se dio tal acción, evitando así un sinónimo de impunidad.

Siendo que el legislador local estableció de manera clara y precisa las diversas hipótesis y consecuencias que se pueden producir a efecto de ejercitar un derecho esencial que tienen y poseen los gobernados establecido en la propia Constitución Federal, a saber, la legítima defensa, la cual sólo se presume "cuando medien circunstancias que revelen la probabilidad de una agresión", por lo que evidentemente se establecen las limitantes de justificación de la exclusión del delito, evitando de tal manera que se pueda concebir fuera de los límites de racionalidad y necesidad.

• De ese modo, para que se pueda actualizar la legítima defensa se requiere, en primer lugar, que no se incurra en un uso desproporcionado, lo que resulta ser lógico que para que dicho derecho sea llevado a cabo de manera legítima por quien resulta ser agredido, siendo que la norma combatida prevé con claridad en su texto que la legítima defensa se presumirá siempre que el estado de necesidad y la proporcionalidad así lo ameriten y, de ser necesario su uso, se establecen las consecuencias que de ella derivan, para tal efecto, se tendrá que presumir o comprobar la probabilidad e igualdad de circunstancias de una agresión inminente y de difícil reparación.

De tal modo que si la porción normativa que se impugna permitiera hacer un uso excesivo de la legítima defensa como privar de la vida o causar una lesión, sin consecuencia alguna como la impunidad –como lo alega la accionante–, entonces, no estuviese plasmado en la misma norma las excepciones relativas a que "la legítima defensa se hará presumir salvo prueba en contrario" o "siempre y cuando medien circunstancias que revelen la probabilidad de un agresión".

El Poder Legislativo del Estado de Veracruz, representado por su mesa directiva, señaló:

• En principio, considera que la interpretación de la accionante de la porción normativa combatida se encuentra incompleta, en atención a que no analiza de manera amplia los alcances de la fracción III del artículo 25 del Código Penal para nuestro Estado, en donde se determina de qué manera opera y se encuentra prevista la legítima defensa.

Correlacionado con lo anterior la propia hipótesis normativa, determina que no se acreditará la legítima defensa cuando concurran las siguientes circunstancias: exista una provocación inmediata y suficiente por parte de la persona que repele la agresión; o utilizó un medio irracional para repeler la agresión de acuerdo con la necesidad; de ahí que jurídicamente el legislador ha puesto los candados necesarios para que no todo acto de violencia pueda quedar impune, es así que la propia fracción que tilda de inconstitucional, pertenece a la propia fracción III antes citada y, por tanto, el segundo párrafo se debe regir bajo los principios que se establecen en los incisos a) y b) del primer párrafo del artículo en cuestión.

• La legítima defensa en el Estado de Veracruz cumple con todos los requisitos doctrinales de dicha figura jurídica, toda vez que se establece que ésta sólo opera cuando exista una agresión actual o inminente y sin derecho, esto es, una agresión ilegítima y que sea necesario defender los bienes jurídicos propios o ajenos, mediante la repulsa de una agresión. Es decir, no se puede considerar que exista legítima defensa cuando el provocador es quien causa daños repeliendo la agresión o si se utilizó un medio irracional para repeler la agresión.

Por ende, los elementos esenciales de la figura jurídica de la legítima defensa, a saber: la existencia de una agresión real actual sin derecho, un peligro eminente derivado de ésta y una repulsa, rechazo o defensa proporcionada a la agresión; se encuentran previstos en el artículo 25, fracción III, del Código Penal para el Estado de Veracruz, razón por la cual, no se puede considerar que la norma combatida resulte inconstitucional.

• Siendo que, en cumplimiento a los alcances de la legítima defensa y a la exacta aplicación de la ley penal, de conformidad con el artículo 14 constitucional federal, la legítima defensa en el Estado de Veracruz se encuentra constituida con claridad en cuanto a cómo se configura y en qué casos no puede considerarse la existencia de dicha hipótesis jurídica, todo ello conforme a lo previsto en la fracción III del artículo 25 del Código Penal para el Estado de Veracruz, pues es necesario hacer una interpretación integral de dicho artículo para comprender los alcances de la norma.

En esa tesitura, no en todos los casos en que una persona resulte lesionada o, incluso, pierda la vida se actualizará la hipótesis de la legítima defensa, pues la presunción de la existencia de esa figura jurídica sólo operará cuando una persona ajena trate de penetrar al lugar donde habite el que se defiende, siempre y cuando medien circunstancias que revelen probabilidad de la agresión.

• En ese contexto, la legítima defensa se encontrará sujeta a prueba y a labor de lo que realice la fiscalía, por lo que dicha hipótesis no es una figura abierta o absoluta que genere impunidad. Aunado a que la Fiscalía General del Estado de Veracruz tiene la obligación de investigar cualquier conducta que resulta constitutiva de delito y sólo a dicha entidad le corresponde la labor de desvirtuarla.

Por otra parte, en el artículo 25 se estableció en los incisos a) y b) del párrafo primero de la fracción III, que si al ejercitarse un acto de repulsa no existe racionalidad o probabilidad de agresión que genere una necesidad, el acto no podría considerarse como legítima defensa. Cuestión que deberá ponderarse por los fiscales del Estado para el efecto de desvirtuarla y por los Jueces y Magistrados que valorarán lo expuesto por los investigadores.

• De ahí que resulta equívoco considerar que el párrafo segundo de la fracción III del Código Penal para el Estado de Veracruz faculte para privar de la vida a cualquier individuo que ingrese de manera ilegal al domicilio de la víctima, pues la propia hipótesis jurídica no dice que el hecho de lesionar o privar de la vida a un posible agresor sea una causal de justificación, la norma jurídica impugnada establece que solamente se presumirá la defensa legítima.

Bajo la perspectiva antes citada, se debe tener en cuenta que la presunción de la legítima defensa es relativa y no absoluta como lo interpretó el actor, aunado que, para que subsista tal presunción, deben mediar circunstancias que revelen la probabilidad de una agresión.

QUINTO.—Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de veintiséis de marzo de la presente anualidad, se declaró cerrada la instrucción.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 25, fracción III, segundo párrafo, en la porción normativa "lesión o incluso la privación de la vida", del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, reformado mediante Decreto Número 358, publicado en la Gaceta Oficial del citado Estado, segunda parte, el uno de diciembre de dos mil diecisiete.

SEGUNDO.—Oportunidad. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada.

En congruencia con lo anterior, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

El análisis armónico de los preceptos constitucional y legal antes precisados permite establecer que tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.

En el caso, el precepto legal impugnado se publicó en la Gaceta Oficial del Estado Libre y Soberano de Veracruz, el viernes primero de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el sábado dos de diciembre y concluyó el domingo treinta y uno de diciembre del mismo año. Sin embargo, al ser inhábil el día en que feneció tal plazo, la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, a saber, el martes dos de enero de dos mil dieciocho.

En ese contexto, debe precisarse que la demanda relativa a la presente acción de inconstitucionalidad se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dos de enero de dos mil dieciocho, por lo que su interposición resulta oportuna.

TERCERO.—Legitimación. Se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe la demanda Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por el Pleno del Senado de la República.

Ahora bien, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal establece:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."

Por lo que si, en el caso, se plantea la inconstitucionalidad del artículo 25, fracción III, segundo párrafo, en la porción normativa "lesión o incluso la privación de la vida", del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, reformado mediante Decreto Número 358, publicado en la Gaceta Oficial del citado Estado, segunda parte, se colige que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

Apoya la conclusión anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 7/2007, que es del tenor literal siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA.—La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de tratados internacionales. Así, tratándose de la impugnación de leyes federales, están legitimados: 1. El 33% de los diputados del Congreso de la Unión; 2. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 3. El procurador general de la República; 4. Los partidos políticos con registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y 5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Por su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. El 33% de los diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El procurador general de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, siempre y cuando se impugne una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Cuando la impugnación verse contra leyes del Distrito Federal, tendrán legitimación: 1. El 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2. El procurador general de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, siempre que se trate de la impugnación de una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando se trate de leyes que vulneren los consagrados en la Constitución Federal. Finalmente, tratándose de tratados internacionales, pueden impugnarlos: 1. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 2. El procurador general de la República; y 3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de un tratado internacional que vulnere los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal."(1)

CUARTO.—Causas de improcedencia. En este asunto no se hace valer causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno.

QUINTO.—Estudio. De los conceptos de invalidez hechos valer por la comisión actora se desprende que la litis en la presente vía se circunscribe a determinar si el artículo 25, fracción III, segundo párrafo, en la porción normativa "lesión o incluso la privación de la vida", del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, genera inseguridad jurídica y permite a las personas hacerse justicia por propia mano, en detrimento de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, al prever una causa de justificación del delito en sentido amplio, fuera de los límites de racionalidad, proporcionalidad y necesidad que regulan la figura de la legítima defensa, dando pauta al exceso de la misma.

A juicio del Pleno de este Alto Tribunal, la porción normativa impugnada no resulta inconstitucional y, para establecer las razones de ello, el Pleno de esta Suprema Corte examinará los principios generales que atañen a la institución de la legítima defensa y, con base en ellos, procederá a examinar la regularidad constitucional de la norma combatida y los razonamientos que justifican su validez.

1. Principios generales sobre la legítima defensa. Atendiendo a los postulados de la teoría del delito,(2) en un primer plano de estudio, es ineludible establecer la comprensión franca sobre la naturaleza legal de la institución de derecho penal sustantivo, denominada legítima defensa,(3) que se enmarca en diversas hipótesis normativas como una de las causas de exclusión del delito, también conocidas doctrinalmente como causas de justificación.

Las causas de exclusión del delito o de justificación se pueden definir, como aquellos hechos formales a los cuales la ley les atribuye el efecto de hacer que una conducta típica no sea antijurídica, lo que acontece, sustancialmente, por dos razones.

La primera ante la ausencia del interés protegido. Cuando el legislador tipifica una conducta es porque pretende proteger un determinado interés o bien jurídico, como puede ser la vida, la propiedad, la libertad, etcétera; en ocasiones ocurre que el titular de ese bien jurídico, consciente en que le sea afectado; cuando esto ocurre, obviamente, ya no existe el interés que el legislador posiblemente tiene y pretende proteger y por eso opera la causal de justificación y no existirá antijuridicidad en la conducta típica.

Pero las más de las veces esta causal de justificación existe por otra razón. En muchos casos, se presenta un conflicto entre dos bienes jurídicamente protegidos, entre dos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29458-4a62e00a/i-causas-de-exclusion-o-de-justificacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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