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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. CAUSAS DE EXCLUSIÓN O DE JUSTIFICACIÓN DEL DELITO. PUEDEN DEFINIRSE COMO AQUELLOS HECHOS FORMALES A LOS CUALES LA LEY LES ATRIBUYE EL EFECTO DE HACER QUE UNA CONDUCTA TÍPICA NO SEA ANTIJURÍDICA. III. LEGÍTIMA DEFENSA. CONSTITUYE UNA REACCIÓN RACIONAL Y NECESARIA CONTRA UNA AGRESIÓN INJUSTA, ACTUAL Y NO PROVOCADA, POR LO QUE SU ACTUALIZACIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LOS REQUISITOS DE NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD. IV. LEGÍTIMA DEFENSA. LA FINALIDAD DE SU DELIMITACIÓN EN EL ORDENAMIENTO PENAL POSITIVO ES IMPEDIR QUE SEAN LOS GOBERNADOS QUIENES ESTABLEZCAN SUS PROPIOS ESTÁNDARES DEL USO PERMISIBLE DE LA FUERZA DEFENSIVA Y, POR ENDE, QUE SE ENCUENTRE JURÍDICAMENTE JUSTIFICADA TODA LESIÓN O INCLUSIVE LA MUERTE DE LOS AGRESORES. V. LEGÍTIMA DEFENSA. NO IMPLICA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR ACTOS DE VENGANZA INSTITUCIONALIZADOS. VI. LEGÍTIMA DEFENSA. DERIVA DEL VALOR MORAL POSITIVO QUE UNA SOCIEDAD LE OTORGA A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD PERSONAL E, INCLUSIVE, A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD. VII. LEGÍTIMA DEFENSA. SU CONFIGURACIÓN ESTÁ SUPEDITADA A LOS PRINCIPIOS DE INVIOLABILIDAD, AUTONOMÍA Y DIGNIDAD DE LA PERSONA. VIII. LEGÍTIMA DEFENSA PRIVILEGIADA. PRESUME UNA CONDICIÓN DE PELIGRO IMPLÍCITO EN DETERMINADOS ACTOS DESCRITOS POR LA LEY, POR LO QUE PRESCINDE DE EXISTIR A QUIEN LA EMPLEA, EN PRINCIPIO, QUE HA COLMADO TODO LOS REQUISITOS PARA ACOGERSE EN TAL CAUSA DE JUSTIFICACIÓN (ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA, "LESIÓN O PRIVE DE LA VIDA A OTRO" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IX. LEGÍTIMA DEFENSA PRIVILEGIADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE LA ESTABLECE, NO PUEDE INTERPRETARSE DE MANERA AISLADA, TODA VEZ QUE PERTENECE A UN CONJUNTO DE ENUNCIADOS NORMATIVOS QUE DEBEN SER ENTENDIDOS COMO UNA UNIDAD, PORQUE SE REFIEREN A LA MISMA FIGURA (ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA, "LESIÓN O PRIVE DE LA VIDA A OTRO" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). X. LEGÍTIMA DEFENSA. EL PRINCIPIO DE NECESIDAD SE REFIERE, EN TÉRMINOS GENERALES, A QUE DEBE ENCONTRARSE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO EL EMPLEO DE LA FUERZA DEFENSIVA PARA REPELER O RECHAZAR LA AGRESIÓN QUE SUFRE UNA PERSONA A FIN DE PROTEGER SU VIDA, SU INTEGRIDAD PERSONAL, LA DE SU FAMILIA, SU PROPIEDAD O, EN SU CASO, LA DE TERCEROS (ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA, "LESIÓN O PRIVE DE LA VIDA A OTRO" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XI. LEGÍTIMA DEFENSA. LA REACCIÓN DEFENSIVA EFECTUADA, CUANDO YA SE HA CONSUMADO EL ATAQUE Y EL PELIGRO QUE LA MOTIVARON, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO AQUÉLLA NI EXIMIR DE RESPONSABILIDAD AL AGENTE ACTIVO (ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA, "LESIÓN O PRIVE DE LA VIDA A OTRO" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XII. LEGÍTIMA DEFENSA. EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD DEL MEDIO EMPLEADO IMPLICA, EN TÉRMINOS GENERALES, QUE EL DEFENSOR, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS, HA DE EMPLEAR DE MANERA RAZONABLE Y NO EXCESIVA LOS MEDIOS DEFENSIVOS CON LOS QUE DISPONE, ACORDE A LA MAGNITUD DE LA AGRESIÓN, LA PELIGROSIDAD DEL ATACANTE Y AL VALOR DEL BIEN AMENAZADO (ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LESIÓN O PRIVE DE LA VIDA A OTRO" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XIII. LEGÍTIMA DEFENSA. EL USO EXCESIVO DE LA FUERZA, AL MOMENTO DE REPELERSE LA AGRESIÓN, EQUIVALE AL EMPLEO DE UN MEDIO IRRACIONAL (ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA, "LESIÓN O PRIVE DE LA VIDA A OTRO" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XIV. LEGÍTIMA DEFENSA. LA RACIONALIDAD DEL MEDIO EMPLEADO NO SE EJERCITA AL EXTREMO DE REALIZAR UN CÁLCULO ARITMÉTICO DE EQUIVALENCIA ENTRE LOS MEDIOS DEFENSIVOS Y DE ATAQUE, SINO QUE IMPLICA UN EJERCICIO DE PONDERACIÓN QUE PERMITA DETERMINAR QUE EL USO DE LA FUERZA DEFENSIVA NO RESULTA DEL TODO EXCESIVO PARA RECHAZAR EL ATAQUE GENERADO POR EL AGRESOR (ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO EN SU PORCIÓN NORMATIVA, "LESIÓN O PRIVE DE LA VIDA A OTRO" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XV. LEGÍTIMA DEFENSA PRIVILEGIADA. OTORGA UN BENEFICIO PROCESAL A QUIEN LA ALEGA, EN TANTO LO LIBERA DE LA CARGA PROBATORIA DE ACREDITAR TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS JURÍDICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEGÍTIMA DEFENSA (ARTÍCULO 17, FRACCIÓN III, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA, "LESIÓN O PRIVE DE LA VIDA A OTRO" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XVI. LEGÍTIMA DEFENSA PRIVILEGIADA. NO OBSTANTE QUE SE ACTUALICEN LOS HECHOS PARA QUE OPERE LA PRESUNCIÓN DE CONFIGURACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA FIGURA DE LA DEFENSA PROPIA, EL JUZGADOR DEBE VERIFICAR, ACORDE CON LAS PRUEBAS QUE OBREN EN AUTOS, SI LA CONDUCTA DEFENSIVA SE ENCUENTRA APEGADA O NO A LOS PRINCIPIOS DE NECESIDAD Y

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 85/2017. · Registro digital (IUS): 30086
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-09-10
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Pág. 1073.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 85/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE NOVIEMBRE DE 2019. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: HORACIO VITE TORRES Y MAURO ARTURO RIVERA LEÓN.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de la porción normativa "lesión o prive de la vida a otro" del artículo 17, fracción III, párrafo último, del Código Penal para el Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto Núm. 268 publicado el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial de la entidad.

I. TRÁMITE

1. Presentación del escrito, autoridades (emisora y promulgadora) y norma impugnada. Por escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió la presente acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la referida porción normativa.

2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan. Congreso del Estado de Nuevo León y Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

3. Norma general cuya invalidez se reclama. A través de este medio de control constitucional se impugna la porción normativa "lesión o prive de la vida a otro" contenida en el artículo 17, fracción III, párrafo último, del Código Penal para el Estado de Nuevo León, publicado mediante Decreto Núm. 268, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el día veintiocho de junio de dos mil diecisiete.

4. Concepto de invalidez. En su único concepto de invalidez, el promovente expuso, en síntesis, que el párrafo tercero del artículo 17 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, en la porción normativa "lesión o prive de la vida a otro", favorece una causa de justificación del delito en sentido amplio, fuera de los límites de racionalidad, proporcionalidad y necesidad que regulan el exceso en la legítima defensa, lo que transgrede la norma y su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la vida y a la integridad personal.

5. De acuerdo con el artículo 17, fracción III, del Código Penal del Estado de Nuevo León, la legítima defensa, como causa de justificación, se actualiza cuando el acusado actúa en defensa de su persona, de su familia, de su honor, de bienes propios o ajenos, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente.

6. Lo anterior, siempre y cuando quien repela la agresión pruebe que no se presentó ninguna de las cuatro circunstancias previstas por la norma, como son que el agredido provocó la agresión (primera); que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales (segunda); que no hubo necesidad racional del medio empleado (tercera); y, que el daño que iba a causar el agresor, era fácilmente reparable después por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa (cuarta).

7. Así, precisó que a través de esas cuatro condiciones, el legislador reguló la repulsa de la agresión. Sin embargo, la porción normativa "lesión o prive de la vida a otro", excede las condiciones que el mismo artículo 17 prevé para evitar el exceso a la legítima defensa, porque sobrepasa la naturaleza propia de dicha figura jurídica.

8. En ese sentido, tal exceso consiste en permitir, para la defensa de bienes, la privación de la vida de alguna persona, lo que resulta excesivo y establece un margen de actuación muy amplio. Esa amplitud podría incluso llegar a resultar en una transgresión a los derechos humanos por parte de los servidores públicos, a través del uso de la fuerza, así como a su obligación de proteger el derecho a la vida y al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

9. Para sustentar su argumento, el promovente estudia los principios que rigen la legítima defensa y apunta que, conforme al principio de proporcionalidad, la agresión debe ser repelida con medios acordes a su impacto. Empero, la norma impugnada prevé la presunción de inocencia cuando se lesione o se prive de la vida a una persona por haber irrumpido en lugares ajenos; incluso cuando se trate de la protección de bienes jurídicos de menor jerarquía que la vida, como podrían ser los bienes patrimoniales.

10. Lo anterior impide que la norma reclamada se ajuste a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, a la luz del test de proporcionalidad. Es así, que la finalidad de la norma (la protección de bienes jurídicos) podría alcanzarse por acciones de un menor costo, sin representar la desprotección del agredido.(1)

11. En lo que concierne al principio de necesidad, señala que la agresión, además de ilegítima y actual, debe ser inevitable, lo que también contraviene la norma que se combate, porque contempla al homicidio como posible resultado, sin que las condiciones en que se desarrolla la agresión tengan relación directa con la inevitable defensa.

12. Ello, trastoca frontalmente lo establecido por el propio artículo 17, fracción III, de la norma penal reclamada, porque contempla que, si no hubo necesidad, no habrá causa de justificación para el delito. La causa de justificación opera como una presunción de legalidad, lo que haría que, con el artículo combatido, sea innecesaria la investigación de las circunstancias en las que ocurre la privación de la vida de otras personas.

13. Por su parte, el principio de racionalidad en estrecha relación con el de proporcionalidad, concierne a los medios empleados para la repulsa de la agresión. En ese sentido, el artículo 17, fracción III, del Código Penal en estudio, señala como circunstancia que elimina la legítima defensa, el que no exista necesidad racional del medio empleado en la defensa, contrario a lo que produce la norma impugnada.

14. Así, el promovente expone que para determinar si existió exceso en la legítima defensa, se deben comparar los principios de ésta en contraste con la porción normativa impugnada, de manera que al establecer como lícita la privación de la vida y las lesiones por legítima defensa, se elimina la valoración de la repulsa y entonces, lejos de dotar de seguridad jurídica sobre el alcance de esta figura, se elimina la referida valoración y quedan impunes los actos de exceso.

15. Además, aduce que la existencia de la legítima defensa se condiciona a sus requisitos de procedencia y al objeto de que se repele la agresión, por lo que la evaluación de la procedencia de la legítima defensa, cuando hace referencia a cualquier daño, sólo puede ser interpretada en el sentido de una violencia necesaria para repeler la agresión. Sin que ello deba ser entendido en automático como una autorización legal que permite la privación de la vida de cualquier agresor, ya que se facultaría al gobernado a ejercer actos desproporcionados.

16. Asimismo, el promovente precisa que no soslaya que el legislador de Nuevo León, en la exposición de motivos de la ley impugnada, refirió que con la reforma busca otorgar a los ciudadanos mayor certeza en torno a la figura de legítima defensa, en un contexto de alta criminalidad estatal. No obstante, la norma impugnada trae efectos drásticos, porque bajo la presunción legal que instaura, se dan "por sentados los presupuestos válidos para la actualización de una causa de justificación del delito, que impide la posibilidad de investigación de las circunstancias del ilícito".

17. Ahora, la norma impugnada establece un delito de alto impacto (privación de la vida), sin la gradación que requiere acreditar para esta causa de justificación, lo que resulta contrario a lo dispuesto por la Constitución en el artículo 29 y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras Vs. México, de donde se extrae que el derecho a la vida no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas por ser inderogable.

18. Asimismo, la misma Corte se pronunció conforme a los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, sobre el deber de investigar efectivamente los hechos derivados de la garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal.

19. La finalidad de la norma reclamada es la protección personal o de bienes propios o ajenos, empero, no es proporcional la medida propuesta (lesión o privación de la vida) y puede resultar incluso en perjuicio para quien se acoja a la misma "por considerarla un imperativo".

20. Justamente, en virtud del principio de exacta aplicación de la ley penal, la norma que se aplica debe quedar redactada de tal forma que sus términos sean claros, precisos y exactos.(2) La norma impugnada no delimita el alcance de una causa de justificación y favorece la comisión de delitos de alto impacto por la alusión a una permisión fuera de los límites establecidos en la misma.

21. Artículos constitucionales que el promovente señala como violados. El 1o. y 14 de la Constitución Federal, así como los numerales 1, 2, 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

22. Admisión y trámite. Por auto de uno de agosto de dos mil diecisiete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 85/2017,(3) promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

23. En acuerdo de dos de agosto de dos mil diecisiete,(4) el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León, por ser quienes respectivamente emitieron y promulgaron las normas impugnadas, para que rindieran sus informes. También solicitó opinión a la Procuraduría General de la República.

24. Informe del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.(5) La diputada Karina Marlen Barrón Perales, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, rindió informe en el que aceptó la expedición del Decreto Núm. 268, que reforma el artículo 17 del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

25. En síntesis, en su único concepto de invalidez, la autoridad legislativa de mérito señala que la reforma no pretende transgredir los derechos humanos, sino defender a las víctimas de delitos y permitirles su participación en la defensa de sus propios bienes jurídicos, lo que está sustentado en una necesidad de la sociedad en el Estado de Nuevo León.

26. En relación con el argumento del promovente de que la norma impugnada podría producir actuaciones desproporcionadas por parte de los servidores públicos, señala que éstos están capacitados para cualquier situación de riesgo en protección de la ciudadanía, siendo incluso "su especialidad", contrario a la situación en la que se encuentran los particulares.

27. Señala que el defensor es aquel que respeta la validez normativa del ordenamiento jurídico y situarse de su lado confirma el interés en la racionalidad del derecho y es a ese mismo principio que se debe someter la legítima defensa, haciendo primar siempre los principios y valores que sostiene el propio ordenamiento jurídico.

28. En este sentido, la legítima defensa no debe ser valorada como una acción aislada situada exclusivamente en la esfera de libertad del amenazado, sino dentro del marco de los principios y valoraciones supraindividuales en los que se basa el derecho; los cuales, en ciertos casos, obligan al reconocimiento de restricciones particulares de la legítima defensa.

29. Empero, debido al latente peligro y grado de violencia empleado por los delincuentes, aunado a la justicia por propia mano que los particulares emplean, llegando incluso a matar al agresor, tal defensa, en muchos casos, puede ocasionar dejar libre al culpable y castigar al inocente. Por tanto, esta reforma pretende llenar un vacío legal y regular de manera clara y completa la legítima defensa.

30. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.(6) El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional de la entidad referida, rindió su informe en el sentido de aceptar la publicación del Decreto Núm. 268, mediante el cual se reformó el artículo 17 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, señalando que el Gobernador Constitucional de la entidad no presentó la iniciativa en virtud de la cual se realizó la reforma, limitando su intervención únicamente a la promulgación del decreto referido; situación por la que no se manifiesta sobre el concepto de invalidez expuesto en la demanda de la acción de inconstitucionalidad.

31. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción, se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

32. Returno del asunto. En virtud de la conclusión del encargo del Ministro José Ramón Cossío Díaz, por acuerdo de dos de enero del año en curso se returnó el presente asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.(7)

II. COMPETENCIA

33. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se plantea la posible contradicción entre una norma general y la Ley Fundamental.

III. OPORTUNIDAD

34. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(8) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente de aquel en que se haya publicado, en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados y si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

35. La reforma al artículo 17 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad federativa el veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Así, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el veintinueve de junio, por lo que el plazo de treinta días naturales feneció el viernes veintiocho de julio de dos mil diecisiete.

36. Por tanto, si la demanda se presentó el veintiocho de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte del sello que obra al reverso de la foja treinta y seis del expediente, la impugnación resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

37. Legitimación del promovente de la acción. Se procederá a analizar la legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

38. La demanda fue suscrita por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada de su designación en ese cargo por el Pleno del Senado de la República emitida el trece de noviembre de dos mil catorce.(9)

39. Al respecto, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por las Legislaturas Locales "que vulneren los derechos humanos".

40. En el caso, se plantea la inconstitucionalidad del artículo 17 del Código Penal del Estado de Nuevo León en la porción normativa "lesión o prive de la vida a otro", reformado mediante Decreto Núm. 268, publicado el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial de la entidad que, a considerar de la accionante, vulnera diversos derechos humanos.

41. Consecuentemente, en términos del invocado precepto constitucional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación activa y ha sido representada por un funcionario competente en términos del artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(10)

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

42. En el presente asunto no se hacen valer causas de improcedencia o de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte alguna de oficio, por lo que se procede al análisis del único concepto de invalidez formulado por el promovente.

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

43. Para una adecuada comprensión de la materia de impugnación, es necesario transcribir el artículo 17 del Código Penal del Estado de Nuevo León, reformado por Decreto Núm. 268, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiocho de junio de dos mil diecisiete:

"Capítulo II

"Causas de justificación

"Artículo 17. Son causas de justificación:

"I. Obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho consignado en la ley;

"II. Contravenir lo dispuesto en una ley penal, dejando de hacer lo que manda, por un impedimiento (sic) legítimo;

"III. Obrar el acusado en defensa de su persona, de su familia, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes:

"Primera: que el agredido provocó la agresión, dando causa inmediata y suficiente para ella.

"Segunda: que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales.

"Tercera: que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y

"Cuarta: que el daño que iba a causar el agresor, era fácilmente reparable después por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa.

"Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel que rechazare al agresor, en el momento mismo de estarse introduciendo o realizando actos idóneos encaminados a lograr entrar a su casa o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor.

"Igual presunción salvo prueba en contrario favorecerá al que causare cualquier daño, lesión o prive de la vida a otro, a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en el local en que aquél tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen." (Énfasis añadido)

44. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera, en síntesis, que el Congreso del Estado de Nuevo León, al incluir la porción normativa "lesión o prive de la vida a otro" en el artículo 17, fracción III, último párrafo, del Código Penal local, establece una causa de justificación tan amplia que escaparía a los límites de racionalidad, proporcionalidad y necesidad que regulan la legítima defensa y que permiten calificar el exceso en la misma.

45. Lo anterior, transgrediría la figura misma y la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la vida y a la integridad personal, prescritos por el artículo 1o. constitucional y garantizados también a nivel convencional.

46. En específico, el promovente considera que la adición permite e incentiva un exceso en la legítima defensa, consistente en privar de la vida a alguna persona para defender bienes, lo que resulta, a su criterio, desproporcional.

47. A juicio del Pleno de este Alto Tribunal, la porción normativa impugnada no resulta inconstitucional y, para establecer las razones de ello, el Pleno de esta Suprema Corte, tomando en consideración lo resuelto en la diversa acción de inconstitucionalidad 1/2018,(11) examinará los principios generales que atañen a la institución de la legítima defensa y, con base en ellos, procederá a examinar la regularidad constitucional de la norma combatida y los razonamientos que justifican su validez.

1. Principios generales sobre la legítima defensa

48. Atendiendo a los postulados de la teoría del delito,(12) en un primer plano de estudio, es ineludible establecer la comprensión franca sobre la naturaleza legal de la institución de derecho penal sustantivo, denominada legítima defensa,(13) que se enmarca en diversas hipótesis normativas como una de las causas de exclusión del delito, también conocidas doctrinalmente como causas de justificación.

49. Las causas de exclusión del delito o de justificación se pueden definir como aquellos hechos formales a los cuales la ley les atribuye el efecto de hacer que una conducta típica no sea antijurídica, lo que acontece, sustancialmente, por dos razones.

50. La primera, ante la ausencia del interés protegido. Cuando el legislador tipifica una conducta es porque pretende proteger un determinado interés o bien jurídico, como puede ser la vida, la propiedad, la libertad, etcétera. En ocasiones, ocurre que el titular de ese bien jurídico, consciente en que le sea afectado. Cuando esto acontece, obviamente, ya no existe el interés que el legislador posiblemente tiene y pretende proteger, por lo que opera la causal de justificación y así no existirá antijuridicidad en la conducta típica.

51. No obstante, la mayoría de las veces esta causal de justificación existe por otra razón. En numerosos casos, se presenta un conflicto entre dos bienes jurídicamente protegidos, entre dos vidas, entre una vida y una integridad corporal, entre una libertad y una propiedad, y el legislador reconoce la existencia de posibles conflictos de intereses y opta por uno de ellos. Prefiere un bien jurídico en menoscabo de otro y se fundamenta normalmente en la solución de un conflicto de intereses, en virtud del cual el legislador prefiere el interés que se denomina preponderante por sobre el otro bien en conflicto.(14)

52. Ahora, el tema medular del presente estudio es la legítima defensa, que constituye una de estas causas de justificación, esto es, un hecho al cual le atribuye el efecto de hacer que la conducta típica no sea antijurídica; porque el legislador, ante un conflicto de intereses, en el que se enfrentan el bien jurídico cuyo titular es el agresor y el diverso cuyo titular es el defensor, prefieren el bien jurídico del defensor o víctima en desmedro del bien jurídico del agresor.

53. En este caso, la conducta típica realizada por el defensor, que incluso puede llegar a dar muerte al agresor, es una conducta no sancionada por el derecho y aunque típica no es por tanto antijurídica y no constituirá delito ni dará lugar a responsabilidad criminal ni a sus consecuencias, que es la aplicación de la pena. Cuando hay legítima defensa, entonces no hay antijuridicidad y por ello es que no existe delito, aunque la conducta realizada por el que se defiende sea típica.

54. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado una interpretación de la institución de la legítima defensa, como norma de derecho penal positivo que integra, tanto elementos subjetivos como objetivos.

55. En efecto, este Alto Tribunal ha determinado que la causa excluyente de incriminación de legítima defensa, consiste en "la acción que es necesaria para evitar o repeler el ataque que es dirigido contra la misma persona que se defiende o contra un tercero. De tal manera, cuando la conducta de un ser viviente amenace lesionar o lesiona intereses jurídicamente protegidos, como lo son la vida o la integridad corporal del agredido, éste se encuentra en posibilidad de dañar a su atacante para no reportar en su persona el daño que éste pretende causarle."

56. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis que se lee bajo el rubro: "LEGÍTIMA DEFENSA."(15)

57. Por ende, en un primer acercamiento a esta figura, podría entenderse que la referida causa de justificación consiste en el rechazo por medios racionales de una agresión antijurídica, real, actual o inminente y no provocada contra bienes jurídicos del propio defensor o, inclusive, de un tercero.(16) Por ello, se ha concebido a la legítima defensa como la reacción racional y necesaria contra una agresión injusta, actual y no provocada.

58. En efecto, en términos generales la actualización de la legítima defensa se encuentra condicionada al cumplimiento de requisitos tales como la "necesidad", "razonabilidad" o "proporcionalidad".(17) Por ello, se ha señalado que una persona que no ha provocado una agresión en contra de otra, se encuentra legitimada para usar la fuerza cuando considera razonablemente que ésta es necesaria para repeler tal agresión, de manera proporcionada a la magnitud de los daños derivados de tal agresión.(18)

59. La razón de que la legítima defensa se encuentre delimitada por el ordenamiento penal positivo, tiene como finalidad impedir que sean los gobernados quienes establezcan sus propios estándares del uso permisible de la fuerza defensiva y, por ende, que se encuentre jurídicamente justificada toda lesión o inclusive la muerte de los agresores, con base en meras percepciones individuales o subjetivas acerca de cómo una persona debe conducirse frente a tales situaciones.(19)

60. Lo cual, se relaciona con el establecimiento normativo de ciertos elementos objetivos que regulen la actualización de tal causa de justificación, porque si ésta estuviese desprovista de estándares jurídicos que limiten su operatividad, sería tanto como justificar, o al menos propiciar, que quien sufre un ilícito penal pudiese hacerse justicia por su propia mano, en contravención clara al artículo 17 de la Constitución Política.(20)

61. En ese sentido, la legítima defensa no puede ser percibida como un instrumento legal de autojusticia, en tanto la referida figura de justificación no implica la posibilidad de realizar actos de venganza institucionalizados, sino la diversa de permitir la protección y rechazo de ataques antijurídicos que atenten contra la integridad personal y los bienes de las personas.(21)

62. En efecto, el admitir la posibilidad de que el derecho pueda fungir u operar como un instrumento de venganza individual, implicaría el abandono de las aspiraciones de construir una sociedad mejor y más civilizada, es decir, una sociedad que priorice las normas de paz sobre las normas de la violencia. Las instituciones estatales deben reflejar la condición social, la cual consiste no sólo en lo que la sociedad es, sino en la esperanza de lo que la sociedad puede convertirse.(22)

63. Por esa misma razón, la legítima defensa no debe ser concebida como la admisión de un "mal menor", sino como la consecución de un verdadero bien, en tanto radica en la ejecución de una acción justa que carece de un verdadero reproche moral.(23) Es decir, no se traduce en una acción permisible simplemente derivada de un cálculo utilitarista.

64. Por el contrario, la legítima defensa deriva del valor moral positivo que una sociedad le otorga a la vida, a la integridad personal e inclusive, a la protección de la propiedad. Ésa es la consideración sustancial en la que debe basarse la construcción y entendimiento de la legítima defensa dentro del derecho penal.(24)

65. La actuación prototípica de la legítima defensa busca la realización de un fin, no sólo jurídicamente deseable, sino necesario, a saber: la prevención de un daño dentro del marco de los principios de necesidad y racionalidad del medio empleado. Bajo esta perspectiva, la legítima defensa no constituye una excepción moral a la aplicación del derecho penal, sino que se erige como parte y fundamento de la existencia moral y política de tal derecho punitivo.(25)

66. En efecto, la configuración de la legítima defensa está supeditada a tres principios básicos: (I) inviolabilidad de la persona –de acuerdo al cual no son válidos los argumentos puramente utilitaristas o que traten a la persona como un mero medio para lograr un fin–; (II) autonomía de la persona –el Estado debe permanecer neutral respecto de los planes de vida individuales e ideales de la excelencia humana– y, (III) dignidad de la persona –juzgada por sus acciones, y no por su raza, origen social, u otras características personales–.

67. Consecuentemente, la legítima defensa resulta instrumental a tales valores, en tanto impide que el individuo se sacrifique frente a derechos heterónomos o consideraciones de beneficio colectivo.(26)

2. Análisis de la regularidad constitucional de la porción normativa impugnada

68. Una vez precisado lo anterior, por lo que respecta a la legítima defensa prevista en la legislación penal del Estado de Nuevo León, debe tenerse en cuenta que el precepto 17, establece como causa de justificación, en esencia, lo siguiente: actuar en defensa de su persona, de su familia, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión, actual, violenta y sin derecho, de la que resulte un peligro inminente.

69. Ello es así, a no ser que intervenga alguna de las siguientes circunstancias: que el agredido provoque la agresión con causa inmediata y suficiente para ello; que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales o bien, que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa o que el daño que causaría el agresor era reparable por medios legales o notoriamente de poca importancia, comparado con el que causó la defensa.

70. De ahí que la legislación del Estado de Nuevo León reconoce la legítima defensa propia o personal; así como la legítima defensa de terceros; y existen requi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30086-bb1175e6/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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