I. CAUSAS DE EXCLUSIÓN O DE JUSTIFICACIÓN DEL DELITO. PUEDEN DEFINIRSE COMO AQUELLOS HECHOS FORMALES A LOS CUALES LA LEY LES ATRIBUYE EL EFECTO DE HACER QUE UNA CONDUCTA TÍPICA NO SEA ANTIJURÍDICA. II. LEGÍTIMA DEFENSA. CONSTITUYE UNA REACCIÓN RACIONAL Y NECESARIA CONTRA UNA AGRESIÓN INJUSTA, ACTUAL Y NO PROVOCADA, POR LO QUE SU ACTUALIZACIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LOS REQUISITOS DE NECESIDAD, RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD. III. LEGÍTIMA DEFENSA. LA FINALIDAD DE SU DELIMITACIÓN EN EL ORDENAMIENTO PENAL POSITIVO ES IMPEDIR QUE SEAN LOS GOBERNADOS QUIENES ESTABLEZCAN SUS PROPIOS ESTÁNDARES DEL USO PERMISIBLE DE LA FUERZA DEFENSIVA Y, POR ENDE, QUE SE ENCUENTRE JURÍDICAMENTE JUSTIFICADA TODA LESIÓN O INCLUSIVE LA MUERTE DE LOS AGRESORES. IV. LEGÍTIMA DEFENSA. NO IMPLICA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR ACTOS DE VENGANZA INSTITUCIONALIZADOS. V. LEGÍTIMA DEFENSA. DERIVA DEL VALOR MORAL POSITIVO QUE UNA SOCIEDAD LE OTORGA A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD PERSONAL E, INCLUSIVE, A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD. VI. LEGÍTIMA DEFENSA. SU CONFIGURACIÓN ESTÁ SUPEDITADA A LOS PRINCIPIOS DE INVIOLABILIDAD, AUTONOMÍA Y DIGNIDAD DE LA PERSONA. VII. LEGÍTIMA DEFENSA PRIVILEGIADA. PRESUME UNA CONDICIÓN DE PELIGRO IMPLÍCITO EN DETERMINADOS ACTOS DESCRITOS POR LA LEY, POR LO QUE PRESCINDE DE EXIGIR, A QUIEN LA EMPLEA, EN PRINCIPIO, QUE HA COLMADO TODOS LOS REQUISITOS PARA ACOGERSE EN TAL CAUSA DE JUSTIFICACIÓN (ARTÍCULO 23, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). VIII. LEGÍTIMA DEFENSA. NO PUEDE INTERPRETARSE DE MANERA AISLADA, TODA VEZ QUE PERTENECE A UN CONJUNTO DE ENUNCIADOS NORMATIVOS QUE DEBEN SER ENTENDIDOS COMO UNIDAD, EN TANTO QUE SE REFIEREN A LA MISMA FIGURA (ARTÍCULO 23, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). IX. LEGÍTIMA DEFENSA. EL PRINCIPIO DE NECESIDAD SE REFIERE, EN TÉRMINOS GENERALES, A QUE DEBE ENCONTRARSE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO EL EMPLEO DE LA FUERZA DEFENSIVA PARA REPELER O RECHAZAR LA AGRESIÓN QUE SUFRE UNA PERSONA A FIN DE PROTEGER SU VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL, LA DE SU FAMILIA, SU PROPIEDAD O, EN SU CASO, LA DE TERCEROS (ARTÍCULO 23, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). X. LEGÍTIMA DEFENSA. LA REACCIÓN DEFENSIVA EFECTUADA CUANDO YA SE HA CONSUMADO EL ATAQUE Y EL PELIGRO QUE LA MOTIVARON, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO AQUÉLLA NI EXIMIR DE RESPONSABILIDAD AL AGENTE ACTIVO (ARTÍCULO 23, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XI. LEGÍTIMA DEFENSA. EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD DEL MEDIO EMPLEADO IMPLICA, EN TÉRMINOS GENERALES, QUE EL DEFENSOR, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS, HA DE EMPLEAR DE MANERA RAZONABLE Y NO EXCESIVA LOS MEDIOS DEFENSIVOS CON LOS QUE DISPONE, ACORDE A LA MAGNITUD DE LA AGRESIÓN, LA PELIGROSIDAD DEL ATACANTE Y AL VALOR DEL BIEN AMENAZADO (ARTÍCULO 23, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XII. LEGÍTIMA DEFENSA. EL EXCESO EN EL USO DE LA FUERZA, AL MOMENTO DE REPELERSE LA AGRESIÓN, EQUIVALE A LA IRRACIONALIDAD (ARTÍCULO 23, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XIII. LEGÍTIMA DEFENSA. LA RACIONALIDAD DEL MEDIO EMPLEADO NO SE EJERCITA AL EXTREMO DE REALIZAR UN CÁLCULO ARITMÉTICO DE EQUIVALENCIA ENTRE LOS MEDIOS DEFENSIVOS Y DE ATAQUE, SINO QUE IMPLICA UN EJERCICIO DE PONDERACIÓN QUE PERMITA DETERMINAR QUE EL USO DE LA FUERZA DEFENSIVA NO RESULTA DEL TODO EXCESIVO PARA RECHAZAR EL ATAQUE GENERADO POR EL AGRESOR (ARTÍCULO 23, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XIV. LEGÍTIMA DEFENSA. LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR DE ALUDIR EXPRESAMENTE AL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD DEL MEDIO EMPLEADO NO PUEDE CONLLEVAR SU INOBSERVANCIA (ARTÍCULO 23, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XV. CAUSAS DE EXCLUSIÓN O DE JUSTIFICACIÓN DEL DELITO. PUEDEN SER INTERPRETADAS DE MANERA AMPLIA O EXTENSIVA, EN TANTO DEPARAN UN BENEFICIO A LOS INDICIADOS (ARTÍCULO 23, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XVI. LEGÍTIMA DEFENSA. AUNQUE EL LEGISLADOR NO REFIERA EXPRESAMENTE AL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD DE LOS MEDIOS EMPLEADOS, ÉSTE SE ENTIENDE IMPLÍCITO, POR LO QUE EL OPERADOR JURÍDICO DEBE DETERMINAR EN CADA CASO SI LA FUERZA DEFENSIVA RESULTA PROPORCIONAL AL DAÑO ACTUAL O INMINENTE QUE HUBIESE DEPARADO LA AGRESIÓN (ARTÍCULO 23, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XVII. LEGÍTIMA DEFENSA PRIVILEGIADA. OTORGA UN BENEFICIO PROCESAL A QUIEN LA ALEGA, EN TANTO LO LIBERA DE LA CARGA PROBATORIA DE ACREDITAR TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS JURÍDICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEGÍTIMA DEFENSA (ARTÍCULO 23, APARTADO B, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XVIII. LEGÍTIMA DEFENSA PRIVILEGIADA. NO OBSTANTE QUE SE ACTUALICEN LOS HECHOS PARA QUE OPERE LA PRESUNCIÓN DE CONFIGURACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIG
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE NOVIEMBRE DE 2019. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO MUÑOZ ACEVEDO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de noviembre de dos mil diecinueve.
VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Normas impugnadas, autoridades emisoras y promulgadoras. Mediante oficio presentado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad contra el artículo 23, apartado B, fracción II, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Baja California, reformado mediante Decreto Número 155, publicado en el Periódico Oficial del citado Estado, número 4, sección IV, el diecinueve de enero del año antes mencionado, señalando como órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la mencionada norma, al Congreso del Estado y al Gobernador Constitucional de tal Estado.
Dicho precepto establece lo siguiente:
"Artículo 23. Exclusión del delito. El delito se excluye cuando se actualice alguna causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad.
"...
"B. Causas de justificación:
"...
"II. Legítima defensa: Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor;
"Se presumirá que concurren los requisitos de la legitima defensa, respecto de aquel que cause un daño, a quien a través de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro medio trate de penetrar o ya haya penetrado sin derecho, su hogar o sus dependencias, aunque no sea su hogar habitual, a los de su familia o los de cualquier persona que tenga el mismo deber de defender o al sitio donde se encuentren bienes jurídicos propios ajenos de los que tenga la misma obligación; dentro de la casa donde se encuentre su familia en la oficina de trabajo, su negocio comercial, o bien, cuando lo encuentre en alguno de esos lugares, en circunstancia tales que revelen la posibilidad de una agresión."
SEGUNDO.—Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El promovente estimó violados los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 2, 4, 5 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos e hizo valer el argumento de invalidez que se sintetiza a continuación:
• En principio, aduce que la norma impugnada al "establecer una presunción afirmativa y absoluta de la figura de legítima defensa, sin precisar los límites de racionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el daño causado" contra quien trate de penetrar o haya penetrado sin derecho a los lugares que la norma señala "se erige como la permisión abierta de un uso excesivo de la legítima defensa que no atiende a los principios que la configuran, violando los derechos de seguridad jurídica, seguridad personal, integridad personal, vida".
En efecto, la presunción en todos los casos que refiere la norma de la causa de justificación del delito consistente en la figura de la defensa legítima, "incluso cuando se realice una actuación desproporcionada e irrazonable", se traduce en una vulneración al derecho de seguridad jurídica, así como al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, ya que la norma "permite que se cause cualquier tipo de lesiones o, incluso, se prive de la vida a una persona sin incurrir en responsabilidad penal, con base en una presunción positiva".
• Es así, pues la norma impugnada carece específicamente de los elementos de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que excluye de forma absoluta de la responsabilidad penal –con base en una presunción–, a la persona que cause cualquier daño a otra persona que trate de penetrar o "ya haya penetrado" sin derecho a cualquiera de los lugares señalados por la norma, en circunstancias que revelen la posibilidad de una agresión. Lo anterior, "sin contemplar que dicha conducta debe guiarse por los principios de razonabilidad y proporcionalidad".
En el caso concreto, la norma impugnada, al presumir que concurren los requisitos de la legítima defensa, abre el camino para que la defensa de los bienes jurídicos propios o ajenos que una persona lleve a cabo sea mayor, incluso, a la propia agresión ante la cual, sus bienes se vean afectados.
• Bajo esta tesitura si se efectuó una agresión real e inminente consistente en la irrupción en casa habitación, la repulsa que permite la norma será cualquier daño, lesión o, en su caso, privación de la vida; de tal suerte que lejos de dotar de seguridad jurídica sobre el alcance de la legítima defensa se podrá comprender cualquier daño, "cuyos actos excesivos podrían quedar en impunidad".
Habida cuenta que si bien el exceso en la legítima defensa debe analizarse en cada caso concreto, "la norma impugnada, no admite esta ponderación, ya que su campo de interpretación es restrictivo", en tanto que es una norma que se basa en una presunción y, por tanto, resulta indeterminada e imprecisa generando inseguridad jurídica.
• Por otra parte, si bien se advierte que la norma combatida pretende enfrentar los problemas de inseguridad que aquejan al Estado de Baja California, no obstante, contrario a ello, "su efecto real es generar un espectro de impunidad ante la posible responsabilidad penal que pudiera llegar a presentarse con base en el uso excesivo de la figura de legítima defensa", previsto en el segundo párrafo de la fracción III del apartado B del artículo 23 de la legislación penal.
De ahí que la intención del legislador, al concebir la excluyente de responsabilidad penal, no encuadra con el resultado que tiene la norma, toda vez que el creador de la disposición pretende salvaguardar a las personas de cualquier reclamo penal en que pudieran incurrir cuando repelan la agresión de otro consistente en la intromisión ilegítima, ya sea de su hogar, dependencias, los de su familia, cualquier otro que tenga deber de defender, donde se encuentre su familia, su oficina o negocio comercial, sin embargo, los efectos normativos implican necesariamente dar pauta a un actuar excesivo por parte de los particulares, mismo que quedaría impune.
• Lo anterior deja en evidencia que la norma impugnada, "lejos de brindar la protección y seguridad que la sociedad requiere, posibilita la impunidad ante hechos antijurídicos desproporcionados", por ello, queda demostrado que dicha disposición no brinda protección ni seguridad alguna, sino que, por el contrario, lo que hace es enfatizar la falta de capacidad del Estado para prevenir y sancionar los delitos. Es así que la norma impugnada se constituye no como una forma de exclusión del delito, sino como una permisión afirmativa para que los particulares tengan la posibilidad de solventar por propia mano un acto delictivo, de manera desproporcionada.
Adicionalmente, la disposición impugnada atenta contra la prohibición categórica de hacerse justicia por sí mismo, prevista en el artículo 17 constitucional, en tanto que deja en manos de los particulares la defensa de sus bienes jurídicos, permitiendo que se realicen actos como lesiones o, incluso, que se prive de la vida a una persona, sin incurrir en responsabilidad alguna.
TERCERO.—Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veinte de febrero de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, respectivamente, formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 31/2018, y designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió la acción referida, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.
CUARTO.—Informe de las autoridades. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente:
El secretario general de Gobierno, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, señaló:
• En principio, aduce que de la propia norma impugnada se aprecia que el legislador del Estado de Baja California en todo momento observó los principios de plenitud hermética y taxatividad, al no establecerse una norma abierta, vaga o imprecisa, sino que se redactó de manera detallada (en cuanto a los espacios que deben considerarse se presume la legítima defensa) y limitada (a que se tenga el deber de defender en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión) las hipótesis en donde se presume concurren los requisitos de la legítima defensa.
En efecto, cuando la demandante refiere que la ampliación en la presunción de legítima defensa como excluyente del delito se traduce necesariamente en una norma penal abierta e inexacta, se encuentra inadvirtiendo que, en todo caso, la anterior redacción del precepto impugnado comprendía un mayor número de elementos hipotéticos que permitían extender el catálogo de dicha figura. Hipotéticos frente a los cuales, tal como se señaló en la exposición de motivos que originó la reforma, se buscó dar certeza jurídica a los gobernados, al señalarse con toda claridad algunas de las posibilidades en las que se presume se configura la legítima defensa.
• Por lo anterior, se reitera, la norma combatida no carece de delimitantes específicos que permitan definir los alcances de la configuración de la legítima defensa, sino que la misma se encuentra limitada por los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad; no obstante, cabe destacar que cuando una norma se encuentre limitada por principios y no por reglas generales y abstractas, no se puede obligar al legislador a establecer un catálogo de posibilidades, pues éste sería inconmensurable.
Sin perjuicio de lo anterior, el elemento principal para la configuración de la legítima defensa no se centra en el tipo de acciones que realice el agresor –pues se estableció que éstas pueden adoptar indefinidas formas–, sino que el factor primordial lo constituye la existencia de un daño o lesión actual a bienes jurídicos tutelados por el Estado y que, precisamente, deben ser salvaguardados por sus titulares.
• Bajo esa premisa, ante imprevisibilidad de conductas que conlleva o pueden llevar a una persona a sufrir un daño o lesión y, por tanto, al uso de la legítima defensa, no es factible que el legislador se centre en la elaboración de un catálogo limitativo o detallado de todas las acciones humanas que pongan en peligro bienes jurídicos tutelados y, a su vez, qué bienes deben considerarse protegidos y cuáles no, o en qué lugares se puede repeler una agresión y en cuáles no; con lo cual se demuestra que existirán ocasiones en donde resulte imposible cumplir con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, como demanda el accionante.
Con base en lo dicho, adoptar el planteamiento que propone el promovente de la acción de inconstitucionalidad implicaría, pues, que una persona que repele una agresión violenta, real, actual e inminente fuera de su domicilio habitual (o los lugares estrictamente comprendidos en cuerpo de la norma) no se encuentre protegido por la figura de la legítima defensa como excluyente del delito, caso en el cual sería enjuiciado de manera tradicional y sin atenuante alguna, lo cual sería injusto e incorrecto, pues la conducta humana es variable y, por tanto, la legítima defensa no debe ceñirse a los lugares sino a la persona que resiente una agresión.
• Habida cuenta que, contrario a lo sostenido por el accionante, sí se encuentran inmersos en el texto de la norma legal los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Bajo esa circunstancia, la adición realizada a la norma impugnada únicamente se ocupó de hacer extensiva la excluyente del delito en cuanto a los sitios que refiere la propia disposición y en los que puede presumirse que concurren los requisitos para la configuración de la legítima defensa, quedando intocadas las causas o requisitos de procedencia de esta figura jurídica.
Por ende, no asiste razón al demandante cuando afirma que dicha ampliación no contiene la determinación ni las limitantes necesarias que rigen en la legítima defensa, o cuando refiere que se excluye de manera absoluta la responsabilidad penal.
• Lo anterior, pues de acuerdo con la redacción actual del artículo 23, en su parte conducente, se establece claramente que únicamente es posible la configuración –y también su utilización como excluyente del delito– en caso de que se persiga un objetivo legítimo, mismo que se actualiza ante la salvaguarda de bienes legales reconocidos por el sistema jurídico, los cuales pueden enmarcar una gran cantidad de valores que los particulares tienen interés en proteger, como lo es la propiedad, la integridad personal y la vida, ya sea propia o ajena.
En suma, la protección del bien jurídico que es sujeto a la agresión es lo que determina cuál es el "objetivo legítimo" y delimita qué medios pueden usarse para hacerle frente de acuerdo con las circunstancias reales y actuales a la agresión y el agresor, lo cual se traduce en los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de la defensa empleada.
El Poder Legislativo del Estado de Baja California, representado por su mesa directiva, señaló:
• Que las aseveraciones de la actora resultan infundadas, porque contrario a lo que aduce, la norma penal reformada establece los elementos valorativos y necesarios como para que el Juez de la causa pueda determinar que existe culpabilidad del gobernado por el exceso en su actuación, aunque haya sido en legítima defensa, o bien, valorar que su conducta permite la exacta aplicación de la norma y pueda aplicar, en su caso, la exclusión de responsabilidad.
Ello, ya que los elementos determinantes para que se configure la legítima defensa excluye de responsabilidad, son claros y suficientes, al grado tal que la autoridad aplicadora de la norma penal, no afecte la esfera de derechos de las personas de manera arbitraria, dado que, contrario a lo aducido por la actora, la forma en la norma reformada le permite actuar al gobernado cuando lo hace en legítima defensa, e igual a la autoridad al momento de analizar si con el actuar del gobernado se configura un delito, pero cumple las condicionantes tales para excluirlo de responsabilidad.
• Si bien la referida excluyente de delito hablando de la legítima defensa no contiene las palabras racional, ni proporcional, hablando en estricto sentido de los medios empleados para su defensa, no puede existir una exigencia tal que el legislador tenga que insertar todos los principios constitucionales.
Máxime que su contenido no da pie a que, bajo el argumento de legítima defensa, puedan realizarse actos antijurídicos, punibles, con el propósito de ajustar cuentas, o realizar alguna venganza, dicho de otra manera, se haga justicia por propia mano. Ello, porque en la norma se establecen condiciones que deben cumplirse, tales como: que la agresión o medida tomada sea para repeler una agresión real, actual, inminente y sin derecho, que sea en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, que exista necesidad de la defensa empleada y que no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.
• Sobre la base de lo anterior, se concluye que la norma no es contraria a las disposiciones del numeral 17 constitucional, de lo que lógicamente se deduce que deberá declararse constitucionalmente válida.
QUINTO.—Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de dieciocho de mayo de la presente anualidad, se declaró cerrada la instrucción.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 23, apartado B, fracción II, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Baja California, reformado mediante Decreto Número 155, publicado en el Periódico Oficial del citado Estado, número 4, sección IV, el diecinueve de enero de dos mil dieciocho.
SEGUNDO.—Oportunidad. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada.
En congruencia con lo anterior, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
El análisis armónico de los preceptos constitucional y legal antes precisados permite establecer que, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.
En el caso, el precepto legal impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el viernes diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el sábado veinte de enero y concluyó el domingo dieciocho de febrero del mismo año. Sin embargo, al ser inhábil el día en que feneció tal plazo, la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, a saber, el lunes diecinueve de febrero de dos mil dieciocho.
En ese contexto, debe precisarse que la demanda relativa a la presente acción de inconstitucionalidad se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, por lo que su interposición resulta oportuna.
TERCERO.—Legitimación. Se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe la demanda Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por el Pleno del Senado de la República.
Ahora bien, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal establece:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."
Por lo que si, en el caso, se plantea la inconstitucionalidad del artículo 23, apartado B, fracción II, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Baja California, reformado mediante Decreto Número 155, publicado en el Periódico Oficial del citado Estado número 4, sección IV, el diecinueve de enero del dos mil dieciocho, se colige que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Apoya la conclusión anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 7/2007, que es del tenor literal siguiente:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA.—La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de tratados internacionales. Así, tratándose de la impugnación de leyes federales, están legitimados: 1. El 33% de los diputados del Congreso de la Unión; 2. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 3. El procurador general de la República; 4. Los partidos políticos con registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y, 5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Por su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. El 33% de los diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El procurador general de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, siempre y cuando se impugne una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Cuando la impugnación verse contra leyes del Distrito Federal, tendrán legitimación: 1. El 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2. El procurador general de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, siempre que se trate de la impugnación de una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando se trate de leyes que vulneren los consagrados en la Constitución Federal. Finalmente, tratándose de tratados internacionales, pueden impugnarlos: 1. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 2. El procurador general de la República; y 3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de un tratado internacional que vulnere los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal."(1)
CUARTO.—Causas de improcedencia. En este asunto no se hace valer causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno.
QUINTO.—Estudio. De los conceptos de invalidez hechos valer por la comisión actora se desprende que la litis en la presente vía se circunscribe a determinar si el artículo 23, apartado B, fracción II, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Baja California, genera inseguridad jurídica y permite a las personas hacerse justicia por propia mano, en detrimento de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, al prever una causa de justificación del delito en sentido amplio, fuera de los límites de racionalidad, proporcionalidad y necesidad que regulan la figura de la legítima defensa, dando pauta al exceso de la misma.
A juicio del Pleno de este Alto Tribunal, la porción normativa impugnada no resulta inconstitucional y, para establecer las razones de ello, el Pleno de esta Suprema Corte examinará los principios generales que atañen a la institución de la legítima defensa y, con base en ellos, procederá a examinar la regularidad constitucional de la norma combatida y los razonamientos que justifican su validez.
1. Principios generales sobre la legítima defensa. Atendiendo a los postulados de la teoría del delito,(2) en un primer plano de estudio, es ineludible establecer la comprensión franca sobre la naturaleza legal de la institución de derecho penal sustantivo, denominada legítima defensa,(3) que se enmarca en diversas hipótesis normativas como una de las causas de exclusión del delito, también conocidas doctrinalmente como causas de justificación.
Las causas de exclusión del delito o de justificación se pueden definir como aquellos hechos formales a los cuales la ley les atribuye el efecto de hacer que una conducta típica no sea antijurídica, lo que acontece, sustancialmente, por dos razones:
La primera, ante la ausencia del interés protegido. Cuando el legislador tipifica una conducta es porque pretende proteger un determinado interés o bien jurídico, como puede ser la vida, la propiedad, la libertad, etcétera; en ocasiones ocurre que el titular de ese bien jurídico, consciente en que le sea afectado; cuando esto ocurre, obviamente, ya no existe el interés que el legislador posiblemente tiene y pretende proteger y por eso opera la causal de justificación y no existirá antijuridicidad en la conducta típica.
Pero las más de las veces esta causal de justificación existe por otra razón. En muchos casos, se presenta un conflicto entre dos bienes jurídicamente protegidos, entre dos vidas, entre una vida y una integridad corporal, entre una libertad y una propiedad, y el legislador reconoce la existencia de posibles conflictos de intereses y opta por uno de ellos. Prefiere un bien jurídico en menoscabo de otro y se fundamenta normalmente en la solución de un conflicto de intereses en virtud del cual el legislador prefiere el interés que se denomina preponderante por sobre el otro bien en conflicto.(4)
Ahora, el tema medular del presente estudio es la legítima defensa, que es una de estas causas de justificación, esto es, un hecho al cual le atribuye el efecto de hacer que la conducta típica no sea antijurídica; porque el legislador, frente a un conflicto de intereses, frente al interés o al bien jurídico cuyo titular es el agresor y el bien jurídico cuyo titular es el defensor, prefieren el bien jurídico del defensor o víctima en desmedro del bien jurídico del agresor.
En este caso, la conducta típica realizada por el defensor, que, incluso, puede llegar a dar muerte al agresor, es una conducta no sancionada por el derecho y aunque típica no es, por tanto, antijurídica y no constituirá delito ni dará lugar a responsabilidad criminal ni a sus consecuencias, que es la aplicación de la pena. Cuando hay legítima defensa entonces no hay antijuridicidad y, por ello, es que no hay delito, aunque la conducta realizada por el que se defiende sea típica.
Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado una interpretación de la institución de la legítima defensa, como norma de derecho penal positivo que integra tanto elementos subjetivos como objetivos.
En efecto, este Alto Tribunal ha determinado que la causa excluyente de incriminación de legítima defensa, consiste en "la acción que es necesaria para evitar o repeler el ataque que es dirigido contra la misma persona que se defiende o contra un tercero; de tal manera que cuando la conducta de un ser viviente amenace lesionar o lesiona intereses jurídicamente protegidos, como lo son la vida o la integridad corporal del agredido, éste se encuentra en posibilidad de dañar a su atacante para no reportar en su persona el daño que éste pretende causarle".
Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis que se lee bajo el rubro: "LEGÍTIMA DEFENSA."(5)
Por ende, en un primer acercamiento a esta figura, podría entenderse que la referida causa de justificación consiste en el rechazo por medios racionales de una agresión antijurídica, real, actual o inminente y no provocada contra bienes jurídicos del propio defensor o, inclusive, de un tercero.(6) Por ello, se ha concebido a la legítima defensa como la reacción racional y necesaria contra una agresión injusta, actual y no provocada.
En efecto, en términos generales, la actualización de la legítima defensa se encuentra condicionada al cumplimiento de requisitos tales como la "necesidad", "razonabilidad" o "proporcionalidad".(7) Por ello, se ha señalado que una persona que no ha provocado una agresión en contra de otra, se encuentra legitimada para usar la fuerza cuando considera razonablemente que ésta es necesaria para repeler tal agresión, de mane
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29416-f503abc1/i-causas-de-exclusion-o-de-justificacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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