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Modo: Corpus Pro

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER LA POSIBILIDAD DE JUSTIFICAR LA INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SÓLO AL CONSUMIDOR, PREVIO A IMPONER UNA SANCIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 485/2019. · Registro digital (IUS): 29484
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-09-04
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Pág. 496.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 485/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE FEBRERO DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: ROBERTO FRAGA JIMÉNEZ Y DIANA CRISTINA RANGEL LEÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente,(6) toda vez que fue formulada por José Antonio García Guillén, Magistrado integrante del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio es contendiente en la presente contradicción.

TERCERO.—Antecedentes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias, que en síntesis son los siguientes:

1. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

• Amparo directo 26/2017.

Instituto Americano de Estudio Abiertos, asociación civil demandó la nulidad de las resoluciones emitidas en los expedientes P.F.C.JAL.B.3/005241-2015, P.F.C.JAL.B.3/005244-2015 y P.F.C.JAL.B.3/005246-2015, por medio de las cuales el jefe de Departamento de Servicios en la Delegación Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor, con motivo de su incomparecencia como "parte proveedora", le impuso tres multas, cada una por la cantidad de $********** (**********), con fundamento en los artículos 25, fracción II, 112 y 119 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Del asunto conoció la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien lo registró con el número 3141/16-07-01-6 y seguida la secuela procesal, el quince de noviembre de dos mil dieciséis dictó sentencia en la que reconoció la validez de las resoluciones impugnadas.

En contra, promovió juicio de amparo directo, en el que entre otros aspectos, impugnó la constitucionalidad del artículo 112 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al considerar que vulnera el principio de igualdad procesal entre las partes, en virtud de que establece un trato desigual entre la parte proveedora y la parte consumidora, pues a la primera señala como consecuencia directa de la incomparecencia a la audiencia respectiva la imposición de una sanción, mientras que a la segunda, le permite justificarla, previo a la imposición de cualquier medida de apremio.

El asunto se radicó en el índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con el número 26/2017 y, en sesión de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, concedió el amparo solicitado tras considerar, en lo que interesa, lo siguiente:

a) Dijo que el hecho de que el artículo 112 de la Ley Federal de Protección al Consumidor permita a la parte consumidora, previo a la imposición de cualquier sanción, justificar su inasistencia a la audiencia respectiva, y que a la parte proveedora no le brinde esa posibilidad, pone en evidencia una desigualdad entre las partes.

b) Que dicha divergencia de trato es inexplicable y contrario a lo que disponen los artículos 1o. y 3o. de la propia ley, que esencialmente establecen la equidad e igualdad que debe haber entre las partes, incluso si éstas invirtieran los papeles dentro del procedimiento.

c) De manera que sostuvo, que la posibilidad de que la parte consumidora pueda justificar su inasistencia a la audiencia, también debe prevalecer para la parte proveedora, porque sólo así podría entenderse que se trata igual a los contendientes en el procedimiento.

d) Apoyó su determinación con la jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J. 19/2010, de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LOS ARTÍCULOS 12 Y 73 DE LA LEY RELATIVA DE TAMAULIPAS, QUE PREVÉN LOS PLAZOS PARA SU INTERPOSICIÓN VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES."

De dicho criterio derivó la tesis III.5o.A.64 A (10a.), cuyos título, subtítulo y texto son los siguientes:

"PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 112, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER LA POSIBILIDAD DE JUSTIFICAR LA INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SÓLO AL RECLAMANTE, VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto aludido concede al reclamante la posibilidad de justificar la causa por la que no asistió a la audiencia de conciliación, sin incluir a su contraparte proveedora, cuya inasistencia propicia que, de inmediato, se le imponga una medida de apremio. Por tanto, el artículo 112, segundo párrafo, de la Ley Federal de Protección al Consumidor viola el principio de igualdad de las partes en el proceso, que implica que ninguna de ellas tenga mayores prerrogativas frente a la otra y, en consecuencia, los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

2. Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

• Amparo directo 150/2019.

Comercial City Fresko, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, demandó la nulidad de la resolución de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, emitida en el expediente PFC.PVA.B.3/000208/2018 por el jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Jalisco, Unidad de Servicios en Puerto Vallarta, Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor, por medio de la cual le impusieron tres multas por la cantidad total de $********** (**********).

Del asunto conoció la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien lo registró con el número 21537/18-17-02-4 y seguida la secuela procesal, reconoció la validez de sólo dos de las multas impuestas.

En contra, promovió juicio de amparo directo en el que impugnó, entre otros aspectos, la constitucionalidad del artículo 112 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al considerar que vulnera el principio de igualdad procesal entre las partes, en virtud de que establece un trato desigual entre el proveedor y el consumidor, pues a la primera señala como consecuencia directa de la incomparecencia a la audiencia respectiva la imposición de una sanción, mientras que al segundo, le permite justificarla, previo a la imposición de cualquier medida de apremio. Apoyó su argumento con la tesis III.5o.A.64 A mencionada.

El asunto se radicó en el índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número 150/2019 y en sesión de seis de junio de dos mil diecinueve, concedió el amparo solicitado por cuestiones de legalidad. En relación con el tema de constitucionalidad planteado, consideró:

a) Que el artículo 112 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, no vulnera el principio de igualdad procesal, ya que no tiene por objeto ni como consecuencia afectar la igualdad de las partes, que está inmersa en el derecho al debido proceso e íntimamente relacionada con el derecho de contradicción y constituye el núcleo fundamental del derecho de audiencia que consiste, en esencia, en que toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, se comunique a la contraria para que ésta pueda prestar a ella su consentimiento o formular su oposición.

b) Si bien a la parte consumidora le permite justificar su inasistencia y a la proveedora no, lo cierto es que ello no quiere decir que reconozca en favor de la consumidora una mayor o mejor oportunidad para demostrar su pretensión en el procedimiento de conciliación ni propicia una situación ventajosa para aquélla.

c) Que el precepto legal reclamado en realidad establece una regulación que va dirigida a sujetos que no son iguales para efectos de la ley en comento (consumidor y proveedor) y, por ende, el legislador le asigna consecuencias distintas, de ahí que no puede dar un mismo tratamiento a la inasistencia al procedimiento de conciliación.

d) Estimó que de razonar lo contrario, es decir, de exigir que el legislador dé un tratamiento igual a los sujetos destinatarios desiguales (proveedor y consumidor), implicaría que el legislador le asignara idéntica consecuencia a la inasistencia de las partes a la audiencia, esto es, que solamente previera la imposición de una medida de apremio o bien, únicamente que de no justificarse fehacientemente en el plazo conferido la inasistencia de las partes, se tuviera por desistido de la reclamación a la parte consumidora.

e) Lo anterior, traería como consecuencia que eventualmente, la inasistencia de la parte proveedora provocaría que se tuviera desistida de la reclamación a la consumidora, conclusión que resulta inadmisible, y que por ello, la norma da un trato distinto a sujetos que son desiguales ante la ley.

f) En ese sentido, señaló que la medida de apremio prevista para la parte proveedora tiene como finalidad mediata que ésta facilite que se lleve a cabo el procedimiento conciliatorio en el que se procurará avenir los intereses de las partes, ello dado que la asistencia de las mismas a dicha audiencia no corresponde a un interés exclusivo o propio de éstas, sino a uno general, por incidir en la actividad conciliadora de la procuraduría.

g) Sustentó lo anterior con la tesis aislada emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación número 1a. CLXXIV/2018 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE AVENENCIA. EL ARTÍCULO 218, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR QUE PREVÉ UNA MULTA EN CASO DE INASISTENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES A LA JUNTA RELATIVA, PERSIGUE UN FIN ACORDE CON LA CONSTITUCIÓN."

h) Insistió en que el principio de igualdad procesal no implica una igualdad aritmética o simétrica, por la cual sea exigible la exactitud numérica de derechos y cargas para cada una de las partes, sino que se refiere a una razonable igualdad de posibilidad en el ejercicio de sus pretensiones, de modo que no genere una posición sustancialmente desventajosa para una de ellas frente a la otra, de ahí que las necesidades técnicas del proceso, no quebranten dicho principio.

i) Aunado a ello sostuvo que el principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o incluso, constitucionalmente exigido.

j) Así, consideró que el trato desigual que el legislador le dio a la inasistencia de las partes, además de que está sustentado en razones objetivas, es constitucionalmente exigido al órgano legislativo en términos del artículo 28, tercer párrafo, constitucional, que prevé el derecho de protección a los intereses del consumidor, cuyo objeto es contrarrestar las asimetrías que puedan presentarse entre las partes de una relación de consumo y proporciona a aquél los medios y la protección legal necesarios para propiciar su organización y procurar el mejor cuidado de sus intereses ante posibles situaciones desventajosas.

k) De ahí que no exista razón objetiva y constitucionalmente válida para exigirle al legislador que estableciera consecuencias análogas ante la inasistencia a la audiencia de conciliación de las partes de la relación de consumo, lo que se apoya en que entre la parte proveedora y la consumidora no existe igualdad de circunstancias.

l) Es aplicable a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 1a. CIII/2015 (10a.) de título y subtítulo: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. RÉGIMEN JURÍDICO SINGULAR QUE REGULA A LA LEY FEDERAL RELATIVA."

m) Consideró que es válido que el legislador estableciera una naturaleza proteccionista al consumidor cuando diseñó la ley en comento, aunado a que ello no significa que los derechos que correspondan a los proveedores estén excluidos de dicha legislación y que por ende, sea una norma violatoria del artículo 1o. constitucional.

n) Ello aunado a que los artículos 1o. y 114 de la propia ley, esencialmente establecen la equidad e igualdad que debe haber entre las partes, así como la posibilidad de ambas de aportar pruebas en el procedimiento.

o) Sustentó su determinación en la tesis aislada y la jurisprudencia emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación números 1a. XCVII/2015 (10a.) y 1a./J. 101/2005, de título, subtítulo y rubro: "CONSUMIDOR. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN TIENE RANGO CONSTITUCIONAL." y "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE ESTABLECE SU OBJETO Y REGULA LOS PRINCIPIOS BÁSICOS EN LAS RELACIONES DE CONSUMO, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", respectivamente.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Con el propósito de determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia

P./J. 72/2010, estableció que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales. El citado criterio prevé lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(7)

De la jurisprudencia transcrita se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

En tal virtud, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis –mediante aclaraciones–, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

Precisado lo anterior, de los aspectos relevantes que se advierten de las ejecutorias que dieron origen a los criterios que se consideran discrepantes, se observa que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues los Tribunales Colegiados contendientes analizaron juicios de amparo directo en los que se reclamó la sentencia de nulidad que reconoció la validez de resoluciones de la Procuraduría Federal del Consumidor en las que impuso a las quejosas –ahí proveedoras–, multas con motivo de su incomparecencia a la audiencia de conciliación respectiva de conformidad con el artículo 112 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Así, al resolver los juicios de garantías se pronunciaron respecto de un mismo punto de derecho, esto es, si el artículo 112 de la Ley Federal de Protección al Consumidor transgrede o no el principio de igualdad procesal, al brindar la posibilidad a la parte consumidora de justificar su inasistencia a la audiencia de conciliación previo a la imposición de una sanción y no prever dicha oportunidad para la parte proveedora, pero arribaron a conclusiones diversas.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito señaló que el artículo en comento es inconstitucional, pues el hecho de no brindar a ambas partes la posibilidad de justificar su inasistencia previo a la imposición de una sanción hace evidente el trato desigual que les da, aunado a que ello contraviene los artículos 1o. y 3o. de la propia ley, que esencialmente establecen la equidad e igualdad que debe haber entre las partes, incluso si éstas invirtieran los papeles dentro del procedimiento.

De manera que dijo que la posibilidad de que la parte consumidora pueda justificar su inasistencia a la audiencia, también debe prevalecer para la parte proveedora, porque sólo así podría entender que se trata igual a los contendientes en el procedimiento.

De dicho criterio derivó la tesis III.5o.A.64 A (10a.), cuyos título y subtítulo son los siguientes:

"PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 112, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER LA POSIBILIDAD DE JUSTIFICAR LA INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SÓLO AL RECLAMANTE, VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCESO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA."

En cambio, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que el artículo impugnado es acorde al principio de igualdad procesal y al derecho de igualdad y no discriminación; toda vez que si bien señala consecuencias distintas para proveedor y consumidor, dicho trato diferenciado no sólo está justificado sino que incluso está exigido en el artículo 28 constitucional, que prevé el derecho de protección a los intereses del consumidor, cuyo objeto es contrarrestar las asimetrías que puedan presentarse entre las partes en una relación de consumo y proporciona a aquél los medios y la protección legal necesarios para propiciar su organización y procurar el mejor cuidado de sus intereses ante posibles situaciones desventajosas.

De ahí que sea válido que el legislador estableciera una naturaleza proteccionista al consumidor cuando diseñó la ley en comento, aunado a que ello no significa que los derechos que correspondan a los proveedores estén excluidos de dicha legislación y que por ende sea una norma violatoria del artículo 1o. constitucional, pues incluso los numerales 1o. y 114 de la propia ley, esencialmente establecen la equidad e igualdad que debe haber entre las partes, así como la posibilidad de ambas de aportar pruebas en el procedimiento.

De ahí que el punto jurídico a dilucidar en esta contradicción consiste en determinar si el artículo 112 de la Ley Federal de Protección al Consumidor vulnera el principio de igualdad procesal al prever que la posibilidad de justificar la inasistencia a la audiencia de conciliación es sólo para el consumidor, previo a imponer una sanción.

QUINTO.—Estudio. A fin de resolver el problema antedicho, habrá que hacer referencia a los alcances del principio de igualdad, previsto en el artículo 1o. y de igualdad procesal que también se encuentra en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

El primer párrafo del precepto constitucional aludido refiere el principio de igualdad, en la medida que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección; esto conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once.

En el último párrafo está contenido el principio constitucional de no discriminación, en tanto se proscribe cualquier distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión o cualquier otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Los principios constitucionales de igualdad y no discriminación están estrechamente vinculados, pero no son idénticos; en todo caso son complementarios, incluso la prohibición de discriminar constituye una de las distintas manifestaciones que adopta el principio de igualdad, en tanto la norma constitucional limita la posibilidad de tratos diferenciados no razonables o desproporcionados entre las personas, a partir de determinadas características que presenten las personas, con base en las cuales se impone la proscripción de discriminar.

De la lectura de este dispositivo, se advierte que los principios de igualdad y no discriminación implican que las autoridades no traten de manera diferente a los individuos cuando se encuentren en la misma situación jurídica, es decir, que sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicha garantía se refiere a la igualdad jurídica, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato respecto de quienes se ubican en similar situación de hecho, situación que por ser ley suprema debe acatarse por todas las autoridades del país.

Debe ponerse de relieve que la igualdad y la no discriminación se encuentran en relación directa con la situación jurídica de los destinatarios de la norma, y no así de sus otras situaciones particulares tales como económicas, de negocios, de mercado, materiales, etcétera.

El principio de igualdad tiene un carácter complejo, pues no postula la paridad absoluta entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato como criterio básico para la producción normativa.

Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario:

I. Por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y,

II. Por otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga.

Así, la finalidad de la garantía de igualdad en la ley radica en colocar a los habitantes del país en condiciones tales que puedan acceder a otros bienes y derechos superiores protegidos constitucionalmente, lo que significa que el beneficio que un gobernado obtenga, también lo deberá obtener otro gobernado que se encuentre en igualdad de circunstancias.

El principio de igualdad implica que se debe tratar igual a quienes se encuentren en la misma situación y de manera desigual a los sujetos que se ubiquen en una situación diversa, lo que implica que el legislador puede crear categorías o clasificaciones que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales; pero siempre evitando cualquier distinción no razonada y desproporcional, discriminatoria de las personas.

En conclusión, el principio de igualdad contiene los rasgos esenciales que a continuación se resumen:

1. No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción a la garantía de igualdad, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carecen de una justificación objetiva y razonable.

2. El principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten injustificadas por no estar fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados, los cuales podrán ser apreciados en la exposición de motivos o advertirse de la misma norma.

3. Por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente válida, no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable, además, que las consecuencias jurídicas que resultan de tal disposición sean adecuadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, la norma que prevé un trato desigual será inconstitucional cuando imponga arbitrariamente discriminaciones entre situaciones jurídicas objetivamente iguales, no distinga de la misma forma situaciones discrepantes o que carezcan de razonabilidad.

De esta forma, para el control de la constitucionalidad de las normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad, conviene observar los siguientes criterios orientadores:

A. Debe advertirse si existe una situación comparable y, con base en ésta, establecer si los sujetos se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente.

B. Anotada la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si ésta persigue una finalidad constitucionalmente válida, para lo cual conviene:

1. Señalar si la diferencia normativa persigue una finalidad constitucionalmente aceptable;

2. Si la diferenciación cuestionada es adecuada para el logro del fin legítimo buscado; y,

3. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar.

Así lo ha establecido esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 42/2010, de rubro y texto siguientes:

"IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.—La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29484-cfd8a52f/proteccion-al-consumidor-el-articulo-112-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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