ACCIONES COLECTIVAS. EL ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AL PREVER SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE EN MATERIA DE RELACIONES DE CONSUMO DE BIENES O SERVICIOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, Y MEDIO AMBIENTE, NO ES INCONSTITUCIONAL. ACCIONES COLECTIVAS. LAS RELACIONES DE CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 578 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA SU PROCEDENCIA, SON AQUELLAS DE NATURALEZA COMERCIAL O FINANCIERA QUE SE ESTABLECEN ENTRE PROVEEDOR Y CONSUMIDOR EN LA DINÁMICA DE UN DETERMINADO MERCADO DE LA ECONOMÍA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 197/2022. CAROLINA REYES VALENZUELA Y OTROS. 6 DE JULIO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROMÁN SILVA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una colectividad de al menos treinta personas, representadas por quien eligieron como su representante común en términos del artículo 585, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, promovieron acción colectiva en sentido estricto, con la finalidad de reclamar del titular de la Secretaría de Educación Pública Federal y del titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, el daño causado por el deficiente servicio público de educación, ante la falta de suministro de materiales necesarios para que se lleven a cabo adecuadamente las clases en un telebachillerato. El Juez de Distrito que radicó la demanda la desechó de plano por estimar que la pretensión se refería al reclamo del servicio público de educación obligatoria y gratuita en términos del artículo 3o. constitucional, y no se ubicaba en los supuestos de relaciones de consumo y medio ambiente previstos en el precepto 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles para dar curso a la acción colectiva, por lo que la demanda era notoriamente improcedente. En apelación se confirmó dicha decisión; y en el juicio de amparo directo promovido por la colectividad, también se negó el amparo, considerándose que el artículo 578 no es inconstitucional por prever la procedencia de las acciones colectivas únicamente respecto de relaciones de consumo y medio ambiente. En el recurso de revisión subsiste la impugnación de dicha norma.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día seis de julio de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 197/2022, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión de veinte de octubre de dos mil veintiuno por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán Sinaloa, en auxilio a las labores del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, en el juicio de amparo directo 306/2021 (cuaderno auxiliar 428/2021).
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Juicio de acción colectiva. Carolina Reyes Valenzuela, ostentándose representante común de una colectividad conformada por al menos treinta personas que manifestaron ser pobladores de la localidad Campo Nuevo Las Lajitas, Ahome, Sinaloa,(1) presentó demanda de acción colectiva en sentido estricto, en contra de los titulares de la Delegación Sinaloa de la Secretaría de Educación Pública Federal y de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, ambos con residencia en Culiacán, a quienes reclamó las siguientes prestaciones:
"1) La declaración que haga este juzgado, en el sentido de condenar a las demandadas al pago de la reparación del daño causado a los pobladores de la comunidad Campo Nuevo Las Lajitas, Ahome, Sinaloa, demandantes, por la falta de cumplimiento de sus obligaciones constitucionalmente determinadas en el artículo 3o. de nuestra Carta Magna, así como en la Ley General de Educación, con relación al suministro de bienes materiales indispensables para el correcto funcionamiento del telebachillerato comunitario, instalado en nuestra comunidad, lo que redunda en la deficiente prestación del servicio público de impartición de la educación por parte del Estado.
"En este orden de ideas, se solicita la condena judicial a que las demandadas reparen el daño a los pobladores de la comunidad Campo Nuevo Las Lajitas, Ahome, Sinaloa, demandantes, consistente en que realicen las acciones necesarias para que se otorguen los elementos materiales y de infraestructura necesarios para que se brinde el servicio de educación pública a los estudiantes del telebachillerato Las Lajitas, en términos de lo dispuesto por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Educación."
2. La demanda se radicó por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en los Mochis, bajo el expediente 43/2020, quien determinó que resultaba notoriamente improcedente la acción colectiva intentada; ello, porque estimó que la pretensión no se ubicaba en alguna de las materias de procedencia de la acción colectiva, previstas en el artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que no se está en presencia de una relación de consumo entre los promoventes y las instituciones públicas demandadas y tampoco se trata de un asunto en materia de medio ambiente; en consecuencia, desechó de plano la demanda planteada.
3. Recurso de apelación. En contra de dicha determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Segundo Tribunal Unitario del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, bajo el toca 2/2021. En resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dicho tribunal confirmó el auto recurrido.
4. En concreto, el órgano de alzada sostuvo: (i) que las acciones colectivas se previeron por el Congreso de la Unión respecto de las materias relativas a relaciones de consumo –comerciales y financieras–, y medio ambiente; (ii) que no se actualiza una relación de consumo cuando se pretende la reparación del daño por parte del Estado con motivo de una inadecuada y deficiente prestación del servicio de educación pública, obligatoria, gratuita, inclusiva, laica y universal, garantizada como función social, a fin de que se realice el suministro de materiales e infraestructura necesarios para la adecuada impartición de ese servicio educativo en un telebachillerato; (iii) la educación pública es un derecho fundamental y un servicio público, pero su reclamo al Estado no coloca a los usuarios como consumidores y a aquél como proveedor en una relación comercial o económica, esto, conforme al espíritu de la ley que rige a las acciones colectivas; y (iv) se descarta que se trate de un reclamo en materia de medio ambiente.
5. Demanda de amparo directo. En contra de dicha determinación, Carolina Reyes Valenzuela, en lo que interesa, como representante común de la colectividad accionante, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa.
6. De la demanda de amparo correspondió conocer por razón de turno al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, quien la admitió y registró bajo el número 306/2021; dicho órgano posteriormente fue auxiliado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa quien radicó el cuaderno auxiliar con el número 428/2021, y en sesión ordinaria celebrada en forma remota el veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitió sentencia en la que negó el amparo a la parte quejosa.
7. Los conceptos de violación se hicieron consistir en lo siguiente:
Primero. Al confirmar el desechamiento de la demanda de acción colectiva se vulnera el derecho de la parte actora a tener acceso a una justicia completa, pronta e imparcial, previsto en el artículo 17 constitucional y en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; esto, porque no se realizó control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio ante la evidente inconstitucionalidad del artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pese a que se invocó la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO." y se cumplían los presupuestos para dicho control. Asimismo, se contraviene en su perjuicio el principio pro personae contenido en el artículo 1o. constitucional. Por lo que solicitaron al Tribunal Colegiado que hiciera dicho control oficioso en relación con ese precepto que sirvió de base tanto al Juez como al tribunal de alzada para desechar su demanda.
Argumentaron que el Tribunal Colegiado debía hacer primero una interpretación conforme del artículo 578, con la que llegaría a la ineludible conclusión de que esa norma y en general el respectivo capítulo de la legislación, sí admite la posibilidad de que la pretensión planteada por ellos se encuadre en una acción colectiva en sentido estricto, pues se trata del reclamo a las autoridades señaladas como demandadas, del cumplimiento de su obligación de entregar insumos materiales para la educación en un telebachillerato, lo cual se trata de un servicio público con cargo a órganos del Estado que se presta de manera deficiente por éstos como proveedores, en perjuicio de los consumidores que son los accionantes, sin que de ningún modo se deba añadir un carácter económico o comercial a dicha relación de consumo, porque no se señala así en la legislación de la materia; de ahí que tanto el Juez de origen como la autoridad responsable hacen una interpretación violatoria del artículo 1o. constitucional, y de los artículos 8 y 25 de la Convención referida, negándoles el acceso a un recurso efectivo para hacer valer su pretensión.
Si la interpretación conforme no se estimara procedente, entonces, se debe establecer la inaplicación del artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles por ser contrario al precepto 17 constitucional y a las normas convencionales referidas, ya que impide el acceso a la justicia pronta, completa e imparcial, y debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se admita la demanda de acción colectiva.
Segundo. La resolución reclamada es inconstitucional porque para confirmar el desechamiento de la demanda, la responsable prácticamente hace una transcripción de las consideraciones del Juez natural, y reitera que el artículo 578 sólo prevé relaciones de consumo de bienes, productos o servicios públicos o privados, pero limitadas a la materia económica, comercial y financiera, con lo que se extralimita la interpretación literal de la norma que debe prevalecer conforme al artículo 14 constitucional.
Si bien no se niega que el espíritu del legislador al reformar el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (en las reformas que dieron lugar a las acciones colectivas) fue la protección de los grupos o colectividades afectadas por actos de consumo comercial; ello no implica la exclusión de la protección a los consumidores de bienes y servicios públicos que no revistan el carácter de comerciales, pues de haberse querido así, el legislador lo habría establecido literalmente, lo que no aconteció en el caso, según se observa de la lectura del libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Si bien es cierto que esa parte actora pudo promover el juicio de amparo indirecto para buscar la protección al derecho humano de educación pública, e incluso pedir la suspensión del acto reclamado para lograr una protección inmediata como lo sugirió la responsable al invocar diversos criterios; lo cierto es que la acción colectiva elegida también puede ser idónea para la protección de sus derechos e, inclusive, contempla medidas cautelares aunque en el caso no se solicitaron; de modo que si esa actora optó por la vía de acción colectiva en términos del artículo 594 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lugar del juicio de amparo, fue porque la estimó legalmente procedente y más conveniente a sus intereses jurídicos, ya que contempla la posibilidad de que más miembros se adhieran a la acción en los términos previstos en ese dispositivo, lo que no prevé el juicio de amparo en razón del principio de relatividad de la sentencia.
Adujeron que las autoridades (Juez y tribunal de alzada) interpretaron sus prestaciones en la acción colectiva como un reclamo de acceso a la educación de manera directa, es decir, como si se estuviera reclamando el aspecto sustantivo del derecho fundamental de acceso a la educación pública en términos del artículo 3o. constitucional, el cual si bien es cierto es un hecho que se está vulnerando en perjuicio de la comunidad demandante, ello no es de manera directa, ya que el servicio de educación de telebachillerato sí se está brindando a los pobladores aunque de forma deficiente, y lo que se reclama es una afectación material por la falta de equipo didáctico para que los alumnos puedan tomar clases de manera adecuada en términos de esa norma fundamental y de la Ley General de Educación.
Tercero. Si se estimara que lo anterior no es procedente, reiteraron que reclamaban la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el acceso a la justicia en los términos ya referidos; insistieron en que están sufriendo un incumplimiento por parte de un proveedor de un servicio público como es la educación, por la falta de suministro de equipo material didáctico para la impartición del telebachillerato, para el adecuado aprovechamiento escolar.
Si se determinara que las acciones colectivas proceden sólo en relación con relaciones de consumo de naturaleza económica, comercial o financiera, se presenta una discriminación no justificada de otros grupos que ven vulnerados sus derechos que no tienen esa naturaleza, y cuyo reclamo no requiere de la intervención de una autoridad especializada en esas materias, sino de un Juez civil que se pronuncie sobre un reclamo legítimo de un grupo de consumidores de un servicio público como la educación por la falta de materiales idóneos para un telebachillerato.
Refirieron que la autoridad responsable al invocar doctrina reconoce que la materia de las acciones colectivas quedó limitada y que existe indefensión para ellos por no poder contar con dicha vía, lo que atenta contra la impartición de justicia, pues se limita la procedencia a las materias comercial, financiera y de medio ambiente, cuando ellos como grupo estiman más conveniente la acción colectiva, que el juicio de amparo indirecto.
8. Consideraciones de la sentencia de amparo. Luego de reseñar los conceptos de violación, a foja diecinueve de su sentencia, el Tribunal Colegiado precisó cuáles eran las líneas de argumentación de la parte quejosa, y dio respuesta en los términos siguientes:
a). La interpretación del artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
El Tribunal Colegiado estimó infundados los argumentos de la parte quejosa al respecto. Está ajustada a derecho la consideración de la responsable de que la procedencia de las acciones colectivas sólo está reservada a las materias de: (i) relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados; y (ii) medio ambiente; esto conforme a la literalidad de dicha norma.
Es cierto que el numeral referido permite el ejercicio de acciones colectivas derivadas de la prestación de un servicio público; sin embargo, es correcto sostener que dicho servicio debe estar ligado a una relación de consumo entre un proveedor y el usuario que lo recibe; esta distinción es la que permite que los usuarios que sufran afectación a sus derechos puedan accionar de manera colectiva en términos del libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles. El artículo 578 al respecto contiene tres submaterias: (i) relaciones de consumo de bienes; (ii) relaciones de consumo de servicios privados; y (iii) relaciones de consumo de servicios públicos. Además de la materia relativa al medio ambiente que no es parte del cuestionamiento.
El texto de la norma no permite la desvinculación de la prestación de un servicio público del concepto de relación de consumo, pues la expresión "sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios" evidencia que se pretendió ubicar allí tanto al consumo de bienes, como al consumo de servicios, y la utilización de una coma (,) al final de la frase, con la adición de "públicos o privados" sirve para enlistar las características de los servicios que son objeto de relaciones de consumo.
Lo anterior, además, es armónico con el ordenamiento, en cuanto en su artículo 585 reconoce legitimación para promover las acciones colectivas, entre otros, a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia; lo que da cuenta de que se faculta a instituciones que en sede administrativa protegen los derechos de consumidores o de usuarios de servicios financieros, y de evitar que se produzcan prácticas monopólicas en el mercado, en perjuicio de la colectividad.
Asimismo, se faculta para promover la acción al representante común de la colectividad conformada por al menos treinta miembros; y las asociaciones civiles sin fines de lucro que cumplan con los requisitos exigibles, que tengan por objeto la promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate, entiéndase, de los derivados de las relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados, o bien, en materia ambiental.
Mientras que el artículo 588 prevé como requisito de legitimación en la causa que se trate de actos que dañen a consumidores o usuarios de bienes o servicios públicos o privados o que se trate de actos que hayan dañado al consumidor por la existencia de concentraciones indebidas o prácticas monopólicas, declaradas existentes por resolución firme emitida por la Comisión Federal de Competencia; y que exista coincidencia entre el objeto de la acción ejercitada y la afectación sufrida.
Por tanto, se confirma que la interpretación funcional y armónica del artículo 578 debe ser en el sentido de que los particulares pueden acudir a ejercer acción colectiva cuando conforman una colectividad de al menos treinta miembros, pero la acción necesariamente debe estar ligada y debe versar sobre relaciones de consumo, es decir, actos que los dañen como consumidores o usuarios de bienes o servicios, públicos o privados; lo cual es acorde con los argumentos de los procesos legislativos que impulsaron la reforma por la cual se implementaron las acciones colectivas en el orden jurídico nacional.
Ni el Juez ni la responsable se extralimitaron en la interpretación del precepto; en la resolución de primer grado se definió que una transacción habitual de consumo debe entenderse como aquella en que un proveedor proporciona un producto o servicio, por determinado precio y con una calidad aceptable para el cliente, mediante un canal adecuado de venta, conforme a los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y se concluyó que la prestación del servicio de educación pública por parte del Estado no encuadra en ese tipo de relaciones de consumo, porque se trata del cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 3o. de la Constitución que se rige por la gratuidad, lo cual validó la responsable en la sentencia de alzada, y ello fue acertado, porque la prestación del servicio de educación pública por parte del Estado escapa al ámbito de las relaciones de consumo, al ser de orden público, interés social, tratarse de una prerrogativa constitucional y gratuita; el Estado no es un proveedor al satisfacerla, se ubica en un plano de supra a subordinación con los particulares, obligado a garantizar el derecho a una educación pública de calidad a los gobernados. No hay duda de que la obligación del Estado de entregar insumos y materiales para la debida prestación del servicio de educación pública en un telebachillerato, reclamada en el caso, no se da en un plano de coordinación entre un proveedor y un consumidor o usuario, por lo que no se trata de una relación de consumo, por ende, no es procedente la acción colectiva.
b). Solicitud de control constitucional y convencional del artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Son ineficaces los argumentos de la parte quejosa, en los que aduce que el tribunal responsable no realizó un control constitucional y convencional del artículo 578; esto, pues aunque son acertados respecto a la omisión de la responsable de realizar dicho control bajo el argumento de que la apelante no precisó la norma que estimaba se aplicó indebidamente, pues era claro que esa colectividad se refirió al artículo 578, no era dable otorgar el amparo para que la Sala responsable hiciera el ejercicio de control difuso solicitado, ya que ese Tribunal Colegiado se ocuparía de ese análisis, a través del control concentrado.
c). Estudio de constitucionalidad del artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a la luz del principio pro persona y los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo.
Son infundados los planteamientos al respecto.
Es errada la afirmación de la parte quejosa de que la interpretación que propone del artículo 578 es la que resulta más favorable a los gobernados y acorde con ese principio y derechos fundamentales.
La parte quejosa sostiene que pueden promoverse acciones colectivas en materia de prestación de servicios públicos, sin necesidad de ligarlos a una relación de consumo. Ello no es acorde con el mandato contenido en el artículo 17 constitucional que reservó al Congreso de la Unión la facultad de implementar en el orden jurídico nacional las acciones colectivas, incluidas las materias en que éstas podrían ejercerse; tampoco es acorde con el libro quinto, título único, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del que se desprende que el legislador federal sólo implementó las acciones colectivas para las materias financiera, económica y ambiental. Por tanto, aunque no se excluyó de manera expresa las acciones que se deduzcan contra el Estado, tampoco se obtiene la intención del legislador de implementarlas para deducir colectivamente acciones contra éste por los servicios públicos que presta en su calidad de garante constitucional, en un plano de supra a subordinación. La limitante expresa de las acciones colectivas está en el propio artículo tildado de inconstitucional que supedita la procedencia en materia de servicios públicos, a los que deriven de una relación de consumo, esto, concuerda con las razones que motivaron la inclusión de las acciones colectivas en el orden jurídico mexicano, relativas a atemperar o mitigar la desigualdad material que por lo general existe entre consumidores o usuarios y los proveedores de bienes y servicios, a fin de facilitar el ejercicio de acciones que, de ser ejercidas en lo individual, resultarían inviables o poco efectivas.
En relación con lo anterior, el Tribunal Colegiado resalta las consideraciones que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo 28/2013, sobre los objetivos de las acciones colectivas, a saber: a) proporcionar economía procesal; b) garantizar el acceso a la justicia y brindar seguridad jurídica, y c) generar en la sociedad un efecto disuasivo ante abusos (transcribe las consideraciones relativas). Y señala que tales consideraciones ilustran que la disposición que establece los supuestos de procedencia de las acciones colectivas no es contraria al principio pro persona y a los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, al contrario, en términos del diverso artículo 583, se puede deducir que una de sus finalidades primordiales es el respeto a dichas prerrogativas, pues busca atemperar o mitigar la desigualdad material entre consumidores y usuarios de servicios financieros, y proveedores de bienes y servicios, facilitando el ejercicio de determinadas acciones que, de otra manera, en lo individual resultarían inviables o poco efectivas. Cita como apoyo los criterios de rubros: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL CONSUMIDOR. SU ALCANCE SE PROYECTA A TODAS LAS VERTIENTES JURÍDICAS QUE ENMARCAN LAS RELACIONES DE CONSUMO.", y "DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA. SU RELEVANCIA TRATÁNDOSE DE CONSUMIDORES."
Sin embargo, dice, lo anterior no es el caso de las acciones ejercidas contra el Estado en relación con los servicios públicos que presta por mandato constitucional, pues ante la afectación por parte de aquél, de los derechos que los justiciables tienen garantizados en la Constitución, éstos cuentan con una amplia gama de mecanismos a través de los cuales pueden lograr la satisfacción de sus pretensiones o la restauración de la afectación causada por el aparato estatal, como son, el procedimiento administrativo, el juicio de nulidad, el juicio de responsabilidad patrimonial o el juicio de amparo.
Por tanto, el artículo 578 al establecer la procedencia de las acciones colectivas sólo respecto de determinadas materias, respeta ese principio y derechos; y el hecho de que no se pueda acceder a dicho procedimiento para ventilar cualquier acción, o que la vía colectiva ofrezca las ventajas que dice la parte promovente, no implica que la norma sea contraria a ellos, pues el legislador cuenta con amplia libertad configurativa para establecer la procedencia de distintas vías y procedimientos para que los justiciables puedan deducir sus derechos ante las autoridades jurisdiccionales competentes, y la implementación de las acciones colectivas como medida para mitigar la desigualdad histórica en el ejercicio de ciertas acciones, no carece de racionalidad. Apoya lo anterior con los criterios de rubros: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." y "ACCESO A LA JUSTICIA. LA FACULTAD DE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS RAZONABLES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL LEGISLADOR."
d). Examen de constitucionalidad vinculado con los principios de igualdad y no discriminación.
Son infundados los planteamientos que hace la parte quejosa en cuanto sostiene que si se concluye que la procedencia de las acciones colectivas se reserva única y exclusivamente a relaciones de consumo de bienes o servicios de naturaleza económica o comercial, se presentaría una situación de discriminación no justificada para colectivos que ven vulnerados sus derechos por actos que no tienen que ver con el comercio, las finanzas o el medio ambiente.
Luego de exponer algunas reflexiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su doctrina sobre el derecho de igualdad y no discriminación, el Tribunal Colegiado sostuvo que la "distinción" que hizo el legislador en el artículo 578, al reservar la procedencia de las acciones colectivas sólo a determinados supuestos, no resulta contraria al principio de igualdad y no discriminación. Ello, porque no se da un trato privilegiado a un determinado grupo considerado superior, ni se trata con hostilidad a algún sector específico por considerarlo inferior; ni se emplea una categoría sospechosa para hacer la distinción.
La quejosa pretende encuadrar una desigualdad formal o de derecho basada en una diferenciación legislativa sin justificación constitucional, al decir que se le pone en desventaja respecto de colectividades quienes sí pueden ejercer la acción. Sin embargo, el precepto legal no estatuye un trato discriminatorio de manera directa o indirecta, pues la distinción no obedece a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente ni produce efectos cuyo resultado conlleve una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social. Por el contrario, la distinción tiene como finalidad lograr una igualdad sustantiva o de hecho, pues busca alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo del derecho de acceso a la justicia para un sector históricamente en desventaja como son los consumidores y los usuarios de servicios financieros frente a proveedores de servicios, donde el Constituyente y el legislador ordinario advirtieron la necesidad de remover obstáculos primordialmente sociales y económicos que impiden a consumidores y usuarios en relaciones de consumo ejercer tales derechos. Sin que en el caso exista una discriminación estructural en contra de un grupo social o sus integrantes individualmente considerados, pues cualquier grupo o sector que pretenda ejercer una acción colectiva en alguna de las materias que condicionan su procedencia; y reúna los requisitos de legitimación contenidos en la legislación que las regula, puede acceder a ese tipo de procedimientos; de ahí que se diga que el artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en la resolución reclamada, no vulnera el principio de igualdad y no discriminación.
En consecuencia, negó el amparo.
9. Recurso de revisión. En contra de la sentencia de amparo referida, Carolina Reyes Valenzuela, con el carácter de representante común que ostentó y por conducto de Luis Javier Jiménez González, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, interpuso recurso de revisión, en el que hizo valer los agravios que enseguida se resumen:
Primero. Subsiste el problema de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles, planteado en la demanda de amparo.
La sentencia de amparo carece de congruencia y exhaustividad, pues no hac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31084-4669fd38/acciones-colectivas-el-articulo-578-del-codigo-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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