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Modo: Corpus Pro

INDEMNIZACIÓN JUSTA POR CAUSA DE EXPROPIACIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN, OCUPACIÓN TEMPORAL O LIMITACIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SU INTERPRETACIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN DE NORMAS Y PRO PERSONA, PERMITEN SATISFACERLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. · Registro digital (IUS): 29594
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-12-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, Pág. 948.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MAURICIO FERNÁNDEZ DE LA MORA, OSBALDO LÓPEZ GARCÍA, JORGE HOLDER GÓMEZ, GUILLERMO CUAUTLE VARGAS Y JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ. AUSENTE: JAVIER LOYOLA ZOSA. PONENTE: OSBALDO LÓPEZ GARCÍA. SECRETARIO: EDGAR FILEMÓN LUNA CRUZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno del Decimonoveno Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Décimo Noveno Circuito.

SEGUNDO. —Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha denuncia la hizo el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, órgano jurisdiccional que conoció en primera instancia de los asuntos de amparo indirecto en que se sostuvieron las diversas posturas, por parte de los órganos revisores que participan en esta contradicción.

Es de utilidad en torno al tema, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 27/2001, Novena Época, con registro: 189998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, materia común, página 77, intitulada:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

TERCERO.—Consideraciones en que se sustentan los criterios contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en el juicio de amparo en revisión administrativo 177/2016, estableció como antecedentes del acto reclamado, los siguientes:

Que mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil quince, ante las oficinas de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, **********, ********** y **********, por su propio derecho promovieron juicio de amparo indirecto, por violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalando como autoridades responsables al Congreso Constitucional del Estado de Tamaulipas y al gobernador de la misma entidad federativa.

Los actos que fueron reclamados a las autoridades fueron los siguientes:

"a) Del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la aprobación y expedición del decreto por el que se expide la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 14 de abril del año 1992. Asimismo, se reclama, la aprobación y expedición del Decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 27 de noviembre del año 2014.

"b) Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la expedición del acuerdo de fecha 7 de julio de 2015, notificado el día 11 de agosto de 2015 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 30 de julio de 2015, mediante el cual se decretó por causa de utilidad pública, la expropiación de una finca con una superficie de 5,220 metros cuadrados, con motivo de la Modernización de la Garita Puente Internacional II ‘Juárez-Lincoln’.

"c) Del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en su carácter de autoridad ejecutora, se le reclama el pago de la indemnización que se pretende realizar y que se ordena sea cubierto por su conducto, con base en la cantidad que como valor fiscal del mismo figure en las oficinas catastrales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo (sic) 12 y 26 de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas y que conforme a lo determinado en el acuerdo que se le reclama al C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, el pago que se ordena es a razón de $600 (seis cientos (sic) pesos 00/100 moneda nacional) por metro cuadrado."

Seguidos los trámites legales, la audiencia constitucional se llevó a cabo el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, en la que se dictó resolución terminada de engrosar el veintiséis de febrero del citado año, en cuyo punto resolutivo único se concluyó:

"PRIMERO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, **********, y **********, contra el decreto expropiatorio de siete de julio de dos mil quince, relativo a la expropiación de un predio de su propiedad, que se imputa al gobernador constitucional de Tamaulipas, situado en Victoria, y su ejecución reclamada al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por los motivos y para los efectos contenidos en el considerando último de esta sentencia, en el que, además, se expusieron las razones por las cuales no se analiza la constitucionalidad del artículo 12 de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, en cuanto a su aprobación, expedición, promulgación, y publicación que se atribuyen al Congreso del Estado, y al gobernador del Estado, ambos de Tamaulipas ubicados en Victoria, dejando a salvo los derechos para combatir en el amparo en el supuesto de que les sea aplicado."

Inconformes con la citada resolución, los quejosos, así como las autoridades responsables, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas y el Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, interpusieron recurso de revisión.

Los pliegos de agravios se turnaron al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, y por auto de su presidencia de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, admitió a trámite los recursos, formándose el cuaderno de amparo en revisión administrativo 177/2016, el cual fue resuelto en sesión de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en el sentido de modificar la sentencia concesoria de amparo y declarar la inconvencionalidad del artículo 12 de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, por resultar violatorio del artículo 1o. de la Constitución, en relación con el artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Primer Tribunal Colegiado analizó el artículo 12 de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, que estatuye:

"Artículo 12. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas."

Sobre el particular, consideró que el valor fijado por el legislador no respeta las limitaciones que el artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha impuesto a las autoridades, al afectar el derecho humano a la propiedad privada, pues dicho numeral establece lo siguiente:

"21. Derecho a la propiedad privada ... 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley."

Afirmó que en el artículo 21 que ha sido transcrito contiene el derecho humano a la propiedad privada, estableciendo en su punto 2 que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas en la ley.

Relató que el artículo 12 de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, no garantiza el derecho humano a la propiedad privada, porque no prevé el pago de una indemnización justa, ya que fija el valor de la indemnización, con base en el valor que para efectos fiscales se tenga del bien en las oficinas catastrales.

Al efecto sostuvo que para que una indemnización se pueda considerar justa, se requiere que sea una indemnización adecuada, pronta y efectiva, siendo considerada adecuada, una indemnización que toma como referencia el valor comercial del bien objeto de la expropiación.

Lo anterior, conforme al criterio definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de seis de mayo de dos mil ocho, en el Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, que en lo conducente reza:

"Corte Interamericana de Derechos Humanos

"Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador

"Sentencia de 6 de mayo de 2008

(Excepción preliminar y fondo)

"...

"B) Pago de una justa indemnización

"91. Una vez determinada la legitimidad en las razones de utilidad pública o interés social de la privación del derecho a la propiedad privada, la Corte procede a determinar si ésta privación se vio acompañada del pago de una justa indemnización como lo dispone la Convención Americana.

"...

"95. El artículo 21.2 de la Convención Americana expresamente señala como requisito para poder llevar a cabo una privación de la propiedad el pago de una justa indemnización.

"96. Al respecto, el tribunal estima que en casos de expropiación el pago de una indemnización constituye un principio general del derecho internacional, el cual deriva de la necesidad de buscar un equilibrio entre el interés general y el del propietario. Dicho principio ha sido recogido en la Convención Americana en su artículo 21, al referirse al pago de una ‘justa indemnización’. Esta Corte considera que para alcanzar el pago de una justa indemnización ésta debe ser adecuada, pronta y efectiva.

"97. En este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha interpretado la norma contenida en el artículo 1o. del protocolo No. 1, considerando que existe un derecho intrínseco a recibir una indemnización por la privación de la propiedad. Asimismo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante resolución No. 1803 señaló que dentro del marco de la soberanía de un Estado para la expropiación por causas de utilidad pública se encuentra el deber de éste de pagar al dueño la compensación apropiada. Más aún, el principio según el cual es exigible la indemnización en caso de expropiación ha sido reafirmado por la jurisprudencia internacional.

"98. La Corte estima que, en casos de expropiación, para que la justa indemnización sea adecuada se debe tomar como referencia el valor comercial del bien objeto de la expropiación anterior a la declaratoria de utilidad pública de éste, y atendiendo el justo equilibrio entre el interés general y el interés particular a que se ha hecho referencia en la presente sentencia (supra párr. 63).

"...

"114. La Corte constata que la falta pago de una justa indemnización, de acuerdo con los estándares previamente establecidos (supra párrs. 95 a 110), es evidente en el presente caso, y por lo tanto considera que la privación de la propiedad sin el pago de una justa indemnización constituye una violación al derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21.2 de la convención.

"...

"116. En conclusión, la Corte sostiene que el Estado privó del derecho a la propiedad privada a la señora María Salvador Chiriboga por razones de utilidad pública legítimas y debidamente fundamentadas, las cuales consistieron en la protección del medio ambiente a través del establecimiento del Parque Metropolitano. Sin embargo, el Estado no respetó los requerimientos necesarios para restringir el derecho a la propiedad acogidos en los principios generales del derecho internacional y explícitamente señalados en la Convención Americana."

El referido órgano colegiado señaló que de la transcripción que antecede, se podía observar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había definido que la privación de la propiedad sin el pago de una indemnización justa, constituye una violación al derecho humano a la propiedad privada consagrado en el artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, ha destacado que para alcanzar el pago de una indemnización justa, ésta debe ser adecuada, pronta y efectiva, y que una indemnización adecuada es la que toma como referencia el valor comercial del bien expropiado.

Por lo que, en el caso concreto, la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas vulneraba al (sic) derecho humano a la propiedad privada consagrado en el artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al establecer que el precio que se fijará para la indemnización será el valor fiscal que figure en las oficinas de catastro, es decir, el valor catastral del bien que se consideró para determinar el impuesto a la propiedad urbana, suburbana y rústica (conocido como impuesto predial), previsto en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Lo anterior es así –puntualizó–, porque la indemnización se fija atendiendo al valor fiscal, de acuerdo al que pudo haber sido manifestado por el propietario, o simplemente aceptado por él de un modo tácito, al haber pagado contribuciones sobre esa base; de ahí que el valor del bien inmueble fijado en el precepto legal reclamado, no corresponde al valor comercial del bien inmueble.

En este punto relató que era dable señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sostenido que el valor comercial de los bienes inmuebles es el adecuado para fijar su cuantía cuando se trata del pago de daños y perjuicios (como cumplimiento sustituto de sentencias de amparo), en virtud de que constituye el precio más probable estimado por el cual una propiedad se intercambiaría en la fecha del avalúo entre un comprador y un vendedor, actuando por voluntad propia en una transacción sin intermediarios con un plazo razonable de exposición, donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión.

Además, dijo que en la doctrina también se ha aceptado como método de valoración el valor de mercado, el cual se ha definido como la suma de dinero para el que en condiciones normales se hallaría comprador para el inmueble, el más probable que un vendedor es capaz de aceptar y un comprador de pagar en una situación similar a la del mercado analizado, es decir, el importe neto que razonablemente podría recibir un vendedor por la venta de la propiedad en la fecha de la valoración, mediante una comercialización adecuada y suponiendo que exista al menos un comprador correctamente informado de las características del inmueble y que ambos, comprador y vendedor, actúen libremente y sin un interés particular en la operación.

Criterio que afirmó, se contiene en la tesis aislada número P. XXIV/2004, del Pleno del Máximo Tribunal, con registro: 181445, consultable en la página 146 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, materia común, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. EN EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS COMO CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE AQUÉLLAS, EL VALOR COMERCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES ES EL ADECUADO PARA FIJAR SU CUANTÍA."

Lo anterior le permitió considerar que el valor comercial del inmueble es un pago justo para indemnizar a los quejosos por la expropiación del bien, al existir un equilibrio entre el interés general y el interés particular, ya que no implica generar una ganancia al gobernado, sino otorgarle un resarcimiento adecuado.

Al respecto citó, por las razones que la informan, la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CXCV/2012 (10a.), visible en la página 502 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 1, septiembre de 2012, materia constitucional, que dice. "DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. CONCEPTO Y ALCANCE."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión administrativo 120/2016, tomó en cuenta los siguientes aspectos y resolvió en los siguientes términos:

Que mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil quince, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, **********, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, señalando como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

"1. H. Congreso del Estado de Tamaulipas.—Autoridad quien tiene su domicilio en el número 3100 –tres mil cien–, del Boulevard Praxedis Balboa, Colonia Parque Bicentenario en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y de quien se reclama la iniciación, asignación a comisión, dictamen de comisión, sometimiento al pleno, votación, aprobación y orden de envío al gobernador del Estado para su sanción y orden de publicación y de observancia general de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas.—Impugnación que se plantea ante esta jurisdicción constitucional, en razón de que el articulado en referencia transgrede las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la forma y términos que se expresan en el capítulo de conceptos de violación que más adelante expreso, habida cuenta de que existe contrariedad entre la ley combatida y la convención aludida.—2. C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.—Autoridad quien tiene su domicilio en el Palacio de Gobierno, ubicado en los números 15 y 16 de la calle Juárez, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y de quien se reclama: a) La sanción, orden de observancia general y orden de publicación en el Periódico Oficial del Estado, del acto que se reclama al Congreso del Estado, esto es, la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas.—b) La omisión de verificar observaciones y ejercer el derecho de veto del acto que se reclama del Congreso del Estado, en razón de su franca contradicción con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.—c) El decreto expropiatorio, denominado ‘Acuerdo mediante el cual se expropia por causa de utilidad pública la totalidad del predio propiedad de los CC. **********, **********, **********, ********** y ********** (50% derechos de propiedad) identificado como **********, con una superficie de ********** metros cuadrados; predio propiedad del C. **********, identificado como **********, **********, con una superficie de ********** metros cuadrados; predio propiedad de la C. **********, identificado como **********, **********, con una superficie de ********** metros cuadrados; predio propiedad de la C. **********, identificado como **********, **********, con una superficie de ********** metros cuadrados; el predio de la C. **********, identificado como **********, **********, con una superficie de ********** metros cuadrados; y del predio propiedad de la C. **********, identificado como **********, **********, con una superficie de ********** metros cuadrados, ubicados todos ellos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.—Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el jueves 30 –treinta– de julio de 2015 –dos mil quince–, que se acompaña a esta demanda como anexo 1. 3. C. Secretario general de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.—Autoridad quien tiene su domicilio en el Palacio de Gobierno, ubicado en el cruce de las calles Juárez y 5 de Mayo, piso 3, zona Centro en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de quien se reclama: a) El refrendo ministerial de la sanción, orden de observancia general y orden de publicación en el Periódico Oficial del Estado, que el C. Gobernador del Estado de Tamaulipas verificó respecto a la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas.—b) El refrendo ministerial del decreto expropiatorio que se reclama del C. Gobernador del Estado de Tamaulipas.—4. C. Director del Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.—Autoridad quien tiene su domicilio en la planta baja del Palacio de Gobierno, ubicado en los números 15 y 16 de la Avenida Juárez, en el centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de quien se reclama la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de: a) Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, publicada el 25 –veinticinco– de abril de 1992 –mil novecientos noventa y dos–.—b) Decreto expropiatorio, denominado ‘Acuerdo mediante el cual se expropia por causa de utilidad pública la totalidad del predio propiedad de los C.V. **********, **********, **********, ********** y ********** (50% derechos de propiedad) y ********** (50% derechos de propiedad) identificado como **********, con una superficie de ********** metros cuadrados; predio propiedad del C. **********, identificado como **********, **********, con una superficie de ********** metros cuadrados; predio propiedad de la C. **********, identificado como **********, **********, con una superficie de ********** metros cuadrados; predio propiedad de la C. **********, identificado como **********, **********, con una superficie de 286.13 metros cuadrados; el predio de la C. **********, identificado como **********, **********, con una superficie de ********** metros cuadrados; y del predio propiedad de la C. **********, identificado como **********, **********, con una superficie de ********** metros cuadrados, ubicados todos ellos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.—Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el jueves 30 –treinta– de julio de 2015 –dos mil quince–.—5. C. Secretario de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, autoridad quien puede ser localizada en piso 12 del Centro de Oficinas Gubernamentales, sito en el Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Boulevard Praxedis Balboa en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Autoridad de quien se reclama: a) El primer acto de aplicación de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, que lo es el acuerdo de iniciación del procedimiento expropiatorio, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas de fecha 21 –veintiuno– de abril de 2015 –dos mil quince–, referido en el resolutivo cuarto de la resolución expropiatoria, acto administrativo que se combate asimismo por los defectos de forma que se refieren en el capítulo de conceptos de violación.—6. R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, persona de derecho público que tiene su domicilio en el recinto de su encargo, y de quien se reclama la omisión de realizar el control difuso de convencionalidad de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas."

Por acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil quince, el secretario encargado del despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, a quien por razón de turno tocó conocer del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo y requirió informe justificado a las autoridades responsables.

El asunto se registró como juicio de amparo indirecto 366/2015, y seguidos los trámites legales, el quince de febrero de dos mil dieciséis se dictó sentencia, en la cual, por una parte, sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, negó la protección constitucional solicitada.

Inconforme con la resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, y una vez recibido el pliego de agravios en el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se admitió el medio de impugnación hecho valer, asimismo, se ordenó formar el expediente de amparo en revisión 120/2016, y se mandó notificar al representante social de la adscripción.

Luego, una vez seguidos los trámites del juicio, en sesión de treinta de marzo de dos mil diecisiete, el órgano colegiado determinó confirmar la sentencia recurrida que negó la protección constitucional a la quejosa.

El Tribunal Colegiado en la parte considerativa de la ejecutoria dejó firme la determinación del Juez de amparo, relativa al sobreseimiento por inexistencia del acto que se hizo consistir en la omisión de realizar un control difuso de convencionalidad de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas que fue reclamada, asimismo, dejó firme el sobreseimiento por improcedencia del juicio de amparo, en contra de los actos reclamados al secretario general de Gobierno del Estado y a la directora del Periódico Oficial del Estado, ambos con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dado que la parte quejosa, a quien perjudicó esa determinación, no había expresado agravios para controvertir esa parte de la sentencia.

En lo que respecta al análisis de los agravios por los cuales la parte quejosa adujo que el artículo 12 de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas era inconvencional, al señalar que la indemnización de un bien expropiado debe ser al valor catastral, ya que así lo dispone el artículo 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al establecer que la indemnización de un bien por causa de utilidad pública o de interés social debe ser justa, para lo cual invocó el precedente Caso Salvador Chiriboga VS Ecuador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre ese aspecto, el tribunal relató que en la sentencia venida en revisión, el Juez de Distrito había declarado inoperante el concepto de violación relativo, al considerar que no se podía alegar inconvencionalidad de una norma legal si la misma reproducía una disposición constitucional, por lo que, en este caso, en vez de aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos debería estarse a lo dispuesto en la Constitución, ya que so pretexto de control convencional, no se podía desconocer el Texto Constitucional.

Al respecto, se realizó el siguiente cuadro comparativo entre la norma reclamada y el texto constitucional:

Ver cuadro comparativo

Por otra parte, tomó en cuenta que en su primer agravio, la quejosa adujo que el Juez de Distrito se había equivocado en su interpretación del artículo 27, fracción VI, segundo párrafo, constitucional, ya que desde su punto de vista, esta disposición se refiere a un valor basal, lo que entiende que es un valor mínimo, invocando a su favor el principio pro persona, así como la tesis aislada 2a. CXXI/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2096, Libro 23, Tomo II, octubre de 2015, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 horas, de título y subtítulo: "RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS PERSONAS, EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES."

El citado agravio fue calificado infundado, toda vez que el órgano de control constitucional colegiado examinó el texto del artículo 27, fracción VI, segundo párrafo, constitucional, el cual señaló que es claro y no admite interpretación alguna, en el sentido de que la indemnización por un bien expropiado será conforme (sic) su valor catastral.

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado estableció que la disposición en comento no establece que el valor de la indemnización por la expropiación de un bien "será cuando menos" el del valor catastral, supuesto en el cual sí ser

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29594-bb069b75/indemnizacion-justa-por-causa-de-expropiacion-interpretacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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