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Modo: Corpus Pro

EXPROPIACIÓN. LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY RELATIVA DEBE INTERPONERSE CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE FIJA EN UN AVALÚO LA CANTIDAD QUE HA DE PAGARSE POR CONCEPTO DE LA INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA, EN LA QUE PUEDEN HACERSE VALER LOS VICIOS PROCESALES Y LOS QUE CONTENGA LA PROPIA DETERMINACIÓN DEL MONTO ESTABLECIDO. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE FIJA EN UN AVALÚO LA CANTIDAD QUE HA DE PAGARSE POR CONCEPTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN ESA ENTIDAD EN TÉRMINOS DE LA LEY RESPECTIVA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 386/2013. · Registro digital (IUS): 24848
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-02-14
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Pág. 2391.

AMPARO DIRECTO 386/2013. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ. PONENTE: FRANCISCO JAVIER REBOLLEDO PEÑA, JUEZ DE DISTRITO EN EL CARGO DE MAGISTRADO DE CIRCUITO. SECRETARIO: ANTONIO PRATS GARCÍA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. En el primer concepto de violación, la quejosa sostiene que la Sala responsable ilegalmente desecha los planteamientos que enderezó en contra del avalúo con número secuencial ********** y progresivo **********, de veintitrés de noviembre de dos mil diez, al estimar que consintió el dictamen **********, donde se determinó que la indemnización constitucional a la que tenía derecho, debía hacerse conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Expropiación, vigente al momento de la expropiación (veintiséis de julio de mil novecientos ochenta y nueve), en términos del artículo tercero transitorio del decreto de reformas a dicho ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres; cuando no fue sino hasta que se emitió el aludido avalúo, que sufrió afectación en su esfera patrimonial.

El anterior razonamiento será analizado por este tribunal, atendiendo a la causa de pedir que se advierte, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya sinopsis cita lo siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."

Así, la causa de pedir que se advierte del argumento sintetizado, consiste en que la Sala responsable desestima los conceptos de anulación que hizo valer en contra del avalúo con número secuencial ********** y progresivo ********** de veintitrés de noviembre de dos mil diez, por considerar que derivaba de un acto consentido, cuando no fue así, ya que ese acto no le ocasionó perjuicio en su esfera jurídica sino hasta que se determinó en cantidad líquida, el monto que debía pagarse por concepto de la expropiación de la que fue objeto.

El tópico apuntado es fundado, atento a las razones que enseguida se exponen:

En principio, a fin de contextualizar el asunto, es importante tener presentes algunos de los antecedentes más relevantes:

1. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de julio de mil novecientos ochenta y nueve, se expropió a favor del entonces Departamento del Distrito Federal el inmueble ubicado en la *********.

2. Mediante acta administrativa *********, de tres de noviembre de dos mil ocho, se formalizó la asignación del inmueble a la Delegación Iztapalapa del Gobierno del Distrito Federal, a fin de que se construyera un módulo deportivo a favor de los habitantes de la zona.

3. Por escrito presentado ante la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el treinta de abril de dos mil diez, **********, ostentándose como propietaria del inmueble expropiado, solicitó el pago indemnizatorio correspondiente.

4. El diecinueve de agosto de dos mil diez, la directora general Jurídica y de Estudios Legislativos, emitió dictamen en el cual acordó lo relativo a la procedencia o no de la indemnización reclamada.

En el aludido dictamen, la directora general Jurídica y de Estudios Legislativos, analizó el interés jurídico de la solicitante, concluyendo que acreditó plenamente la propiedad del inmueble expropiado y, en esa virtud, determinó que era procedente la indemnización reclamada.

En lo particular, se destaca el contenido del considerando noveno del dictamen en comento, en el cual se sustenta la determinación que aquí se controvierte, y que es del tenor siguiente:

"... Noveno. Por lo que hace al pago indemnizatorio, y toda vez que la expropiación se llevó a cabo en mil novecientos ochenta y nueve, al presente caso le es aplicable lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Expropiación y 3o. transitorio de las reformas a la citada ley, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Expropiación vigente, el precio que se fije como indemnización por el bien expropiado, será equivalente al valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior, en el caso de los bienes inmuebles, al valor fiscal que se figure en las oficinas catastrales recaudadoras. No obstante lo anterior, el artículo 3o. transitorio de la Ley de Expropiación establece que la reforma al artículo 10 de la Ley de Expropiación se aplicará a las expropiaciones que se realicen a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto que reformó, adicionó y derogó disposiciones de diversas leyes relacionadas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre ellas la Ley de Expropiación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres. En este sentido, existe imposibilidad jurídica de aplicar lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Expropiación vigente, toda vez que por disposición expresa del legislador se determinó utilizar el valor comercial del bien afectado por la expropiación, para el efecto de determinar el precio de la indemnización, sólo respecto a las expropiaciones realizadas a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro, por lo tanto, se concluye que el valor para determinar el monto de la indemnización será el valor catastral del bien expropiado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Expropiación vigente al momento de la expropiación ..."

Como se ve, en la parte inserta del dictamen de que se trata, se estableció que dado que la expropiación materia de éste se había llevado a cabo en mil novecientos ochenta y nueve, le resultaba aplicable el artículo 10 de la Ley de Expropiación vigente en esa fecha, en términos del artículo tercero transitorio del decreto de reformas a dicho ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, por lo que el valor para determinar el monto de la indemnización a la ahora quejosa era el catastral del bien expropiado.

Con base en esos lineamientos se emitió el avalúo con número secuencial ********* y progresivo **********, de veintitrés de noviembre de dos mil diez, a través del cual se determinó que debía pagarse a la quejosa, por concepto de indemnización, la cantidad de *********.

De lo narrado se infiere que no es sino hasta la emisión del avalúo de referencia en que se fija en cantidad líquida el monto de la indemnización que le corresponde a la aquí quejosa.

Ahora, para establecer si la quejosa consintió o no el dictamen emitido por la directora general Jurídica y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal el diecinueve de agosto de dos mil diez, es pertinente establecer qué ordenamiento es el que rige la indemnización a la que tiene derecho, para lo cual se trae a cuenta el contenido de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Expropiación, vigentes en esa fecha, que son del tenor siguiente:

"Artículo 19. El importe de la indemnización será cubierto por el Estado, cuando la cosa expropiada pase a su patrimonio.

"Cuando la cosa expropiada pase al patrimonio de persona distinta del Estado, esa persona cubrirá el importe de la indemnización.

"Estas disposiciones se aplicarán, en lo conducente, a los casos de ocupación temporal o de limitación al derecho de dominio."

"Artículo 20. La indemnización deberá pagarse en moneda nacional a más tardar dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la publicación del decreto de expropiación, sin perjuicio de que se convenga su pago en especie.

"Salvo en los casos a que se refiere el artículo 8o. de la ley, la autoridad podrá proceder a la ocupación del bien o a la disposición del derecho objeto de la expropiación una vez cubierto el monto de la indemnización fijado en el avalúo.

"En caso de que el afectado controvierta el monto de la indemnización, se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del presente ordenamiento. Esta circunstancia no será impedimento para que la autoridad proceda a la ocupación del bien o a la disposición del derecho expropiado.

"La indemnización por la ocupación temporal o por la limitación de dominio consistirá en una compensación a valor de mercado, así como los daños y perjuicios, si los hubiere, que pudieran ocasionarse por la ejecución de dichas medidas, misma que deberá pagarse conforme al plazo referido en el párrafo primero de este artículo."

"Artículo 21. Esta ley es de carácter federal en los casos en que se tienda a alcanzar un fin cuya realización competa a la Federación conforme a sus facultades constitucionales, y de carácter local para el Distrito Federal.

"La aplicación de esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte y, en su caso, en los acuerdos arbitrales que se celebren."

El primero de los numerales insertos, consagra el derecho a una indemnización por parte del Estado cuando la cosa expropiada pase a su patrimonio.

Por su parte, el segundo de los preceptos reproducidos dispone que esa indemnización debe calcularse en moneda nacional, y que para el caso de que el afectado controvierta ésta, deberá estarse a lo previsto en el artículo 11 del propio ordenamiento.

Por último, la tercera de las disposiciones legales transcritas consigna que la Ley de Expropiación será de carácter federal en los casos en que la realización de un fin competa a la Federación conforme a sus facultades constitucionales, y de carácter local para el Distrito Federal.

Acorde con lo establecido en los numerales en comento, si el Distrito Federal expropió el inmueble ubicado en la ***********, es evidente que la indemnización correspondiente debe darse en términos de lo dispuesto en la Ley de Expropiación.

En esa virtud, como se dijo en líneas arriba, su artículo 20 dispone que cuando el afectado controvierta el monto de la indemnización de una expropiación, tendrá que estarse a lo ordenado en su artículo 11, que señala:

"Artículo 11. Cuando se controvierta el monto de la indemnización a que se refiere el artículo anterior, se hará la consignación al Juez que corresponda, quien fijará a las partes el término de tres días para que designen sus peritos, con apercibimiento de designarlos el Juez en rebeldía, si aquéllos no lo hacen. También se les prevendrá designen de común acuerdo un tercer perito para el caso de discordia, y si no lo nombraren, será designado por el Juez."

El artículo citado prevé que cuando se controvierta el monto de la indemnización por expropiación, se hará la consignación ante el Juez que corresponda, para que éste requiera a las partes por el plazo de tres días para que designen perito.

Por otro lado, en términos lo dispuesto en los preceptos 16 y 17 de la Ley de Expropiación, si los dictámenes de los peritos coincidiesen en la fijación del valor de las mejoras o del demérito, el Juez de plano fijará el monto de la indemnización; en caso de inconformidad llamará al perito tercero en discordia para que rinda su dictamen. El Juez resolverá dentro del término de diez días lo que estime procedente, sin que en contra de su decisión proceda recurso alguno.

Para mayor ilustración, a continuación se reproducen los dispositivos legales en comento:

"Artículo 16. Si los peritos estuvieren de acuerdo en la fijación del valor de las mejoras o del demérito, el Juez de plano fijará el monto de la indemnización; en caso de inconformidad, llamará al tercero, para que dentro del plazo que le fije, que no excederá de treinta días, rinda su dictamen. Con vista de los dictámenes de los peritos, el Juez resolverá dentro del término de diez días lo que estime procedente."

"Artículo 17. Contra la resolución judicial que fije el monto de la indemnización, no cabrá ningún recurso."

Lo narrado hace patente que conforme a la ley especial (Ley de Expropiación), el momento en el que el afectado por una expropiación puede inconformarse de la indemnización respectiva, es cuando la autoridad competente fija el monto que se ha de pagar y no ningún otro; por tanto, válidamente la aquí quejosa podía inconformarse del avalúo con número secuencial **********, y progresivo **********, de veintitrés de noviembre de dos mil diez, puesto que a través de éste se determinó que se le debía pagar la cantidad de **********, pero al impugnarlo también estaba en aptitud de controvertir el dictamen de diecinueve de agosto de dos mil diez, por el cual se acordó lo relativo a la procedencia de la indemnización reclamada y se sentaron las bases para fijar su monto, a saber, conforme al valor catastral del bien expropiado.

Se hace esa afirmación, porque de la interpretación pro persona del articulado del que se compone la Ley de Expropiación, se obtiene que el avalúo es la resolución que pone fin al procedimiento de indemnización, porque es la que determina en cantidad líquida el monto a pagar por virtud de la expropiación y, en ese sentido, todos los actos emitidos para arribar a la suma económica dictaminada son preliminares y están vinculados estrechamente, de tal manera que sus vicios o irregularidades son trascendentes e influyen en la determinación del monto a pagar por la indemnización; por ende, es claro que cuando se interponga la inconformidad prevista en el artículo 11 de la Ley de Expropiación en contra del monto de la indemnización, podrán hacerse valer los vicios de todos los actos preliminares de tal modo que, como en el caso ocurre, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal esta constreñido a examinar los argumentos respectivos y resolver lo que en derecho corresponda.

Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 8/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 596, Tomo XXVII, febrero de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son:

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN O AUDITORÍA PUEDEN RECLAMARSE EN EL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN DISCIPLINARIA Y EL PLANTEAMIENTO RESPECTIVO DEBERÁ ESTUDIARSE POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Del análisis sistemático de las disposiciones correspondientes de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se advierte que la resolución que culmina con la imposición de una sanción disciplinaria se apoya en la investigación o en la auditoría efectuada por los funcionarios competentes, ya que la finalidad de estas etapas es aportar a las autoridades sancionadoras elementos, informes o datos que les permitan resolver sobre la presunta responsabilidad administrativa del servidor público federal. En efecto, existe tal vinculación en los procedimientos previstos por el legislador en dicha materia, que los vicios o irregularidades de la investigación o de la auditoría pueden trascender e influir, por ende, en la tramitación o sustanciación del procedimiento disciplinario y en la resolución respectiva, de tal suerte que cuando el interesado demande su nulidad podrá hacer valer también toda clase de vicios de procedimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual estará constreñido a su estudio y resolución, en términos de los artículos 15 de su ley orgánica, 25 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."

Sin que obste a lo determinado el que en el dictamen de diecinueve de agosto de dos mil diez, la directora general Jurídica y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal, estableciera que en contra de éste procedía recurso de inconformidad ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales como su superior jerárquico o bien, el juicio de nulidad ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues conforme al principio de aplicación preferente de la ley especial, la determinación del monto de la indemnización por expropiación podrá impugnarse hasta ese momento; es decir, cuando se fije en cantidad líquida, tal como lo dispone el artículo 11 de la Ley de Expropiación, por lo que no puede hacerse nugatorio ese derecho, por el hecho de que no se hayan agotado esos medios de defensa.

Aunado a lo anterior, es inadmisible jurídicamente pretender obligar al afectado con la expropiación a agotar un recurso previsto en la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (juicio contencioso administrativo), ya que la norma legal aplicada en el acto impugnado es la Ley de Expropiación, ley especial que tiene sus propias reglas, las que se deben atender obligadamente y de ninguna manera perder de vista, que no se trata de un ordenamiento que regule un procedimiento jurisdiccional o administrativo, por lo que no queda constreñido a acatar el funcionamiento y objetivo del aludido tribunal.

Tampoco es obstáculo a la determinación alcanzada, el que el artículo 11 de la Ley de Expropiación disponga que es el Juez que corresponda el que debe conocer de esa controversia y, en el caso, la vía intentada por la aquí quejosa lo sea el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues ese numeral conserva su texto original que data de mil novecientos treinta y seis, cuando en la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 122, base quinta, prevé la existencia de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la administración pública local del Distrito Federal.

Dicho tribunal se encuentra regulado, en cuanto a su integración y atribuciones, en su ley orgánica, cuyo artículo 31, fracción I, establece su competencia para conocer de juicios promovidos en contra de actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales, las autoridades de la administración pública del Distrito Federal, hipótesis en la que encuadra perfectamente el acto impugnado (determinación del monto de la indemnización por expropiación).

Para mayor ilustración, se reproducen los numerales en comento, en su parte conducente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

"...

"Base quinta. Existirá un tribunal de lo contencioso administrativo, que tendrá plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la administración pública local del Distrito Federal.

"Se determinarán las normas para su integración y atribuciones, mismas que serán desarrolladas por su ley orgánica."

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal

"Artículo 31. Las Salas del Tribunal son competentes para conocer:

"I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la administración pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; ..."

De este modo, conforme al principio de supremacía constitucional, los artículos 122, base quinta, constitucional y 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, prevalecen sobre la disposición del artículo 11 de la Ley de Expropiación, en cuanto a que será el Juez correspondiente el que debe conocer de la controversia suscitada por el monto fijado para la indemnización de una expropiación, puesto que establecen reglas específicas -ciertamente no previstas en este último ordenamiento-, respecto de la vía y la autoridad ante la cual debe plantearse la controversia originada con motivo de los actos emitidos por las autoridades del Distrito Federal.

Conforme a lo anterior, a partir de una interpretación histórica-tradicional, se obtiene que si bien el artículo 11 de la Ley de Expropiación establece que será un Juez el que conozca de las controversias que se susciten con motivo de la determinación del monto que corresponde a la indemnización por una expropiación; sin embargo, una revisión histórica-progresiva de la cuestión demuestra que sobre el tema en análisis, actualmente los artículos 122, base quinta, constitucional y 31, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, establecen reglas posteriores y específicas que dotan precisamente al aludido tribunal de la atribución para conocer de ese tipo de controversias a través de la tramitación del juicio contencioso administrativo, en casos como el que se analiza, al haber sobrevenido la expedición de reglas especiales y posteriores que regulan el supuesto en análisis.

Lo anterior, sin embargo, no excluye la intervención de los tribunales federales de amparo una vez que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal haya tramitado y resuelto el juicio contencioso administrativo, como acontece en la especie, en que se promovió el presente juicio de amparo directo.

Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 4/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 312, Tomo XXXI, enero de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

"RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DECRETADA POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.-Del artículo 14, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establece que este órgano jurisdiccional conocerá de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal, a través del juicio contencioso administrativo regulado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se concluye que la rescisión administrativa de contratos públicos decretada con fundamento en los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es impugnable en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se declara ante su incumplimiento; a su vez, la sentencia definitiva emitida en el juicio referido podrá reclamarse en amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, con fundamento en los artículos 44, 46, 158 y 159 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual ejercerá un control constitucional sobre lo resuelto respecto de la rescisión administrativa."

En consecuencia, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente la resolución reclamada y emita otra, en la que de manera fundada y motivada examine los argumentos cuyo análisis de fondo omitió; esto es, los que combaten tanto el dictamen de diecinueve de agosto de dos mil diez, por el cual se acordó lo relativo a la procedencia de la indemnización reclamada y se sentaron las bases para fijar su monto, como el avalúo con número secuencial **********, y progresivo *********, de veintitrés de noviembre de dos mil diez y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda.

Sin que se esté en el caso de que este órgano colegiado se sustituya en el estudio de los argumentos referidos, dado que al no haber un pronunciamiento al respecto de dicha Sala, ese proceder queda reservado a su potestad, a efecto de que determine lo que en derecho proceda, lo que desde luego impide a este órgano colegiado analizar los restantes conceptos de violación, debido a que en ellos se plantean precisamente los tópicos que la a quo no estudió en el fondo.

A lo anterior es aplicable, por identidad de razón, el criterio establecido en la jurisprudencia 2a./J. 6/91, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 48, Tomo VIII, noviembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.-El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituye medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la substitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, ‘se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...’, ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas."

Asimismo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 123, Volúmenes 157-162, Tercera Parte, materia administrativa, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente:

"SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER TODOS LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR NUEVO FALLO.-Las sentencias de las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación deben contener el examen de los conceptos de nulidad y las consideraciones que hace valer la actora, es decir, el análisis de los argumentos que se hacen valer en la demanda de nulidad. Al dejar de estudiar la Sala responsable algún concepto de nulidad, debe concederse al quejoso el amparo para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia combatida y la Sala responsable dicte otra en que analice además el concepto de nulidad omitido."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el resultando primero y, en términos de lo expuesto en el último considerando, ambos de esta resolución.

Notifíquese, con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos a la Sala de origen y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos de la Magistrada María Simona Ramos Ruvalcaba y del Juez de Distrito comisionado como Mag

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24848-e0082f73/expropiacion-la-inconformidad-prevista-en-el-articulo-11 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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