EXPROPIACIÓN. LOS ARTÍCULOS 2o., FRACCIÓN II, 4o., PÁRRAFO SEGUNDO Y 20 BIS, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE JUNIO DE 2009, AL PREVER, RESPECTIVAMENTE, QUE LAS DECLARATORIAS DE UTILIDAD PÚBLICA Y LAS DE EXPROPIACIÓN, DE OCUPACIÓN TEMPORAL O DE LIMITACIÓN DE DOMINIO EMITIDAS POR EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE PUBLICARÁN EN EL INDICADO MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL Y EN UN DIARIO LOCAL, NO INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA NI DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos. Los señores Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas votaron con salvedades) FUNCIÓN LEGISLATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL. SU EJERCICIO ESTÁ ENCOMENDADO AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE ESA ENTIDAD, CONFORME A UN SISTEMA MIXTO DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos. Los señores Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas votaron con salvedades)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 69/2009. JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 22 DE AGOSTO DE 2011. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de agosto de dos mil once.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación. Por escrito recibido el cuatro de agosto del dos mil nueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, en su carácter de jefe de Gobierno del Distrito Federal, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
Autoridades demandadas:
a) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;
b) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;
c) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; y,
d) Secretario de Gobernación.
Actos reclamados:
a) La aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Expropiación, concretamente por cuanto a los artículos 2o., fracción II, 4o., párrafo segundo y 20 Bis, párrafo segundo.
b) La promulgación, refrendo y publicación del anterior decreto;
c) La ejecución del decreto impugnado, así como todos y cada uno de los actos que se deriven o que sean consecuencia de los anteriormente señalados.
SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La parte actora señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 14 y 16, en relación con el diverso 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso g), y apartado C, base segunda, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Antecedentes. La parte actora narró los siguientes antecedentes del caso:
"1. El día 17 de febrero de 2009, los senadores Ricardo García Cervantes, Tomás Torres Mercado y Fernando Castro Trenti integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 1o. de la Ley de Expropiación.
"2. El 23 de abril de 2009, se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera; con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Expropiación.
"3. En sesión del 23 de abril de 2009, la Cámara de Senadores LX Legislatura, aprobó el proyecto por el que se reforman los artículos 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 20 y 20 Bis y se adiciona un primer párrafo recorriéndose los demás párrafos, y una fracción III Bis al artículo 1o. de la Ley de Expropiación.
"4. Por oficio fechado el 23 abril de 2009, el senador José González Morfín, en su calidad de vicepresidente de la Cámara de Senadores, remitió a la Cámara de Diputados ‘Para los efectos constitucionales ... expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 20 y 20 Bis y adicionan un primer párrafo, recorriéndose los demás párrafos y una fracción III Bis al artículo 1o., todos de la Ley de Expropiación’.
"5. El 28 de abril de 2009, se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, con opinión de la Comisión del Distrito Federal de la propia Cámara de Diputados, la minuta antes señalada.
"6. En sesión del 30 de abril de 2009, la Cámara de Diputados, LX Legislatura, aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 20 y 20 Bis y se adiciona un primer párrafo, recorriéndose los demás párrafos, y una fracción III Bis al artículo 1o., todos de la Ley de Expropiación.
"7. En consecuencia, se remitió al Ejecutivo Federal para efectos de su promulgación.
"8. El 3 de junio de 2009, para su debida publicación y observancia, el Ejecutivo Federal expidió el decreto promulgatorio del Decreto por el que se reforman los artículos 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 20 y 20 Bis y se adiciona un primer párrafo, recorriéndose los demás párrafos, y una fracción III Bis al artículo 1o., todos de la Ley de Expropiación.
"9. El 5 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman los artículos 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 8o., 20 y 20 Bis y se adiciona un primer párrafo, recorriéndose los demás párrafos, y una fracción III Bis al artículo 1o., todos de la Ley de Expropiación."
CUARTO. Conceptos de invalidez. La parte actora formuló los conceptos de invalidez (fojas 10 a 23 del expediente principal) que estimó pertinentes, en los que esencialmente adujo:
1. El artículo 20 Bis, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Expropiación, así como los artículos 4o., segundo párrafo, de la propia ley, en la porción que dispone "en el Diario Oficial de la Federación", y 2o., fracción II, en la parte que dispone "en el Diario Oficial de la Federación", en su texto vigente a partir del seis de junio de dos mil nueve, violan los artículos 16, 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso g), y apartado C, base segunda, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El párrafo tercero del artículo 20 Bis, porque genera la obligación de publicar la declaratoria de utilidad pública y la declaratoria de expropiación en el Diario Oficial de la Federación y, con ello vulnera la obligación-atribución del jefe de Gobierno del Distrito Federal de publicar los actos administrativos de carácter individual en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, esto es, pretende obligarse a la autoridad ejecutiva local del Distrito Federal, a realizar la declaratoria de expropiación en los términos de la Ley de Expropiación.
La inconstitucionalidad dimana de que el Congreso de la Unión no puede obligar al Ejecutivo Local a que publique, cuando ello sea necesario, los actos propios de ejecución de una ley, en el Diario Oficial de la Federación, ya que para ello el propio Distrito Federal cuenta con un órgano de comunicación oficial.
Se invaden las atribuciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, porque el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso g), de la Constitución Federal, establece su facultad de legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos, y en el ejercicio de esta facultad expidió la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, que en su artículo 11, dispone: "Los actos administrativos de carácter general, tales como decretos, acuerdos, circulares y otros de la misma naturaleza, deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para que produzcan efectos jurídicos y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. ..."
Un decreto expropiatorio es un acto administrativo de carácter individual, el cual, en todo caso, deberá publicarse en el órgano informativo local denominado Gaceta Oficial del Distrito Federal, y sólo de manera residual (para su mayor difusión), en el medio de comunicación oficial del Gobierno Federal.
Lo anterior tiene como finalidad implícita que sea el propio órgano de Gobierno Local quien publique sus determinaciones, sin injerencia de un agente externo al que quede sujeto, tanto el conocimiento por parte del destinatario y de la sociedad en general, del contenido del decreto, así como en su caso, la entrada en vigor de la determinación tomada en el seno del Ejecutivo Local.
El artículo 20 Bis, segundo párrafo, de la Ley de Expropiación, al sujetar a las publicaciones de los decretos expropiatorios expedidos por el jefe de Gobierno a que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, restringe la esfera de facultades y atribuciones del órgano de Gobierno Local, pues pretende desconocer el contenido y alcance de lo que significan las materias de la administración pública, de régimen interno y de procedimientos administrativos, para el caso del Distrito Federal.
La invasión de atribuciones es tan grave, como pretender que los actos que lleven a cabo autoridades federales se les obligue a publicarlos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
La inconstitucionalidad de los preceptos impugnados dimana, no de que el Congreso de la Unión carezca de facultades para expedir una ley en materia de expropiación para el Distrito Federal, sino de que en el desarrollo de esa materia, invadió la esfera de competencias propias del órgano legislativo local, pretendiendo de esa manera obligar al Ejecutivo a sujetarse a preceptos viciados de origen y, por ello, inconstitucionales.
Una cosa es legislar respecto a la materia de expropiación y otra que en el desarrollo de la misma se involucre con materias ajenas a la misma.
La facultad del Congreso de la Unión para expedir la Ley de Expropiación para el Distrito Federal, de ninguna manera conlleva la de legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos, dado que ese no es uno de los contenidos propios de la Ley de Expropiación.
Si bien, el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en materia de expropiación, lo cierto es que no cuenta con facultades para regular lo relacionado con procedimientos administrativos locales, por lo que aun cuando ello lo haya realizado en una ley cuya materia sí es competente, es inconstitucional la regulación que realizó respecto a otra materia, la cual corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y cuya ejecución compete al jefe de Gobierno. Ello queda más en evidencia si se realiza una comparación entre el contenido del segundo párrafo del artículo 20 Bis en su texto vigente hasta el cinco de junio de dos mil nueve y el impugnado pues, hasta antes de la reforma a los preceptos impugnados, el Congreso de la Unión había respetado el ámbito de atribuciones y competencias de las autoridades locales del Distrito Federal.
De ahí que sea inconstitucional el artículo 20 Bis, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Expropiación, en su texto vigente a partir del 6 de junio del año en curso, lo que trae como consecuencia la inaplicabilidad del artículo 4o., segundo párrafo, de la propia ley, en la porción que dispone "en el Diario Oficial de la Federación", y en su caso, del artículo 2o., fracción II, en la parte que dispone "en el Diario Oficial de la Federación".
Con la finalidad de salvar lo constitucionalidad de las normas impugnadas haciendo congruente el texto legal, deberá interpretarse que cuando en la Ley de Expropiación se diga "en el Diario Oficial de la Federación", deberá entenderse como "en la Gaceta Oficial del Distrito Federal".
2. El artículo 20 Bis, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Expropiación, así como los artículos 4o., segundo párrafo, de la propia ley, en la porción que dispone "en el Diario Oficial de la Federación", y 2o., fracción II, en la parte que dispone "en el Diario Oficial de la Federación", violan los artículos 16, 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Congreso de la Unión invade la esfera de competencias exclusivas del jefe de Gobierno del Distrito Federal, pues la ejecución de las leyes relativas al Distrito Federal, expedidas por el Congreso Federal como legislador local del Distrito Federal, le corresponde en exclusiva al jefe de Gobierno.
El procedimiento que dará lugar a la expedición de un decreto expropiatorio, así como la ejecución de éste, con todos sus efectos y consecuencias, son actos de ejecución de la Ley de Expropiación, por lo que son exclusivos del titular del Ejecutivo Local del Distrito Federal.
La declaratoria de una causa de utilidad pública, que dará lugar a la expropiación, así como la emisión del decreto que declare la expropiación, son actos de ejecución de la Ley de Expropiación, que por su propia naturaleza se ubican dentro del ámbito de atribuciones y competencias del Ejecutivo Local.
Al tratarse de un procedimiento administrativo del Ejecutivo Local, se encuentra fuera de la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión el precisar en qué medio de difusión, ya sea oficial u otro, deberán publicarse, en su caso, tanto la declaratoria de utilidad pública como la declaratoria de expropiación, pues dicha facultad corresponde al órgano legislativo local, en términos del artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso g), constitucional.
Por mandato de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Ejecutivo Local se encuentra constreñido a publicar los decretos en los que se declare la expropiación de un bien de propiedad particular, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y sólo para el caso de que se le quiera dar mayor difusión, será en el Diario Oficial de la Federación.
La Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, y la Ley de Expropiación, gozan del mismo rango jerárquico, si bien, la primera fue expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y la segunda por el Congreso de la Unión, esta última se expidió en uso de una facultad extraordinaria conferida al legislador federal, quien para el Distrito Federal se convierte en un legislador local.
Constitucionalmente el Distrito Federal cuenta con dos órganos legislativos, uno federal y otro local, pero no puede sostenerse que la Ley de Expropiación prevalezca sobre disposiciones relacionadas con procedimientos administrativos, competencia del Ejecutivo Local.
QUINTO. Trámite. Mediante proveído de presidencia de cinco de agosto de dos mil nueve se ordenó formar y registrar el asunto bajo el número 69/2009 y se designó a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento, quien por auto del seis de agosto del indicado año, le reconoció personalidad al jefe de Gobierno del Distrito Federal para representar a la parte actora y admitió a trámite la controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como, del presidente de la República y del secretario de Gobernación, a quienes ordenó emplazar para que contestaran la demanda.
SEXTO. Contestación de la demanda. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil nueve, dio contestación a la demanda (fojas 67 a 95 del expediente principal) en los términos siguientes:
1. La parte actora carece de interés legítimo porque cuestiona una facultad que le corresponde de manera clara y sin litis alguna al Congreso de la Unión, es decir, no tiene interés para que la autoridad decrete una sentencia sobre facultades que no le corresponden y, por esto, la norma impugnada no le causa perjuicio alguno.
La actora reconoce que la norma impugnada es competencia del Poder Legislativo Federal, de lo que deriva que el promovente no tiene atribuciones respecto de la norma reclamada, por tanto, no hay un perjuicio en su ámbito de competencia.
De lo anterior, es evidente que la parte actora debe resentir un agravio en la esfera de sus atribuciones; sin embargo, el propio promovente reconoce que no existe competencia constitucional a su favor respecto de la norma impugnada.
La parte actora de manera clara e inobjetable señala que no reclama las atribuciones constitucionales de la parte demandada en relación a la norma impugnada, por tanto, reconoce que no existen atribuciones constitucionales que reclamar, con lo cual la acción resulta inviable, ya que la norma impugnada no afecta el ámbito de sus atribuciones y tal circunstancia revela de una forma clara e inobjetable la improcedencia de la vía.
La expropiación es un acto de carácter administrativo y las leyes que la regulan y sus procedimientos administrativos respectivos son creados por el Congreso de la Unión y las Legislaturas Estatales, las normas impugnadas sobre expropiación son expedidas en virtud de las facultades constitucionales reservadas al Congreso en su doble calidad, como Poder Legislativo Federal para toda la República y Poder Legislativo Local para el Distrito Federal; por tanto, los órganos de Gobierno Locales del Distrito Federal carecen de facultades constitucionales para regular la materia, por lo que no existe invasión a las atribuciones de las autoridades del Distrito Federal.
La Ciudad de México es el Distrito Federal, capital de los Estados Unidos Mexicanos y asiento de los Poderes Federales, conforme a lo que establece el artículo 44 constitucional, esto significa, que es sede de los Poderes de la Unión.
Es por ello que el Distrito Federal está gobernado por los Poderes Federales, los cuales tienen plenas facultades y atribuciones constitucionales sobre dicha entidad, así se reconoce en la primera parte del primer párrafo del artículo 122 constitucional.
La Ciudad de México es, a la vez, asiento de los órganos de las autoridades locales a saber: Asamblea Legislativa, jefe de Gobierno y Tribunal Superior de Justicia, los cuales han sido dotados de facultades expresas y exclusivas sobre ciertas materias.
El Distrito Federal no llega a ser un Estado de la Federación, pero sí una entidad federativa de acuerdo con los artículos 42, fracción I, 43 y 44 de la Constitución Federal y 2o. del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
El Congreso de la Unión, al realizar sus tareas legislativas sobre el Distrito Federal, no invade competencias del órgano local, como lo es la Asamblea Legislativa, ya que participa de la doble naturaleza, ya que actúa como Congreso Local del Distrito Federal en ciertas materias y como Legislatura Federal.
El Congreso como órgano local tiene una competencia abierta o enunciativa y cuando actúa como legislatura nacional, su competencia es cerrada o limitada, en el primero de los supuestos tendrá facultades en todas aquellas materias que por exclusión no están previstas constitucionalmente por modo explícito a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, según el artículo 122 constitucional; por otra parte sí actúa como Legislatura Federal, su competencia se deriva de los principios del artículo 124 constitucional, que establece el sistema de facultades expresas para autoridades federales y reservada para los Estados de la Federación, por lo que, dependiendo de la función del Congreso de la Unión, es como tendrá facultades expresas y limitadas o facultades residuales y abiertas.
El artículo 122 constitucional, señala expresamente la competencia constitucional de la Asamblea Legislativa, y lo que no esté expresado se tendrá reservado al Congreso de la Unión, por tener competencia legislativa original sobre el Distrito Federal.
El Congreso de la Unión como órgano legislativo local del Distrito Federal, tiene la facultad expresa y la obligación de expedir el Estatuto de Gobierno de dicha entidad, y la Asamblea Legislativa sólo podrá legislar en lo expresamente conferido, pero en los términos del Estatuto de Gobierno, lo que evidencia que la asamblea como órgano legislativo local, está sometido a un acto legislativo del Congreso de la Unión, ya que el referido estatuto opera como Ley Fundamental para el Distrito Federal.
La materia de expropiación es competencia del Congreso de la Unión, debido a que en esta materia no está señalada como facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa, ni en el artículo 122, base primera, de la Constitución Federal, ni en el artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por lo que el Congreso Federal legisla en el Distrito Federal en materia de expropiación, como una facultad residual y abierta.
La atribución para expropiar por causas de utilidad pública está contemplada en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y este dispositivo faculta para establecer causas de utilidad pública tanto al Congreso de la Unión como a las Legislaturas de los Estados, por tanto, les corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia, señalar los casos en que sea utilidad pública expropiar un bien.
Esto es así porque la Constitución Federal, no establece un concepto de utilidad pública, el que por abstracto, mutable y relativo es difícil de definir y sólo es determinable por las condiciones políticas, sociales y económicas que imperen en cierta época y lugar, así la Constitución otorga al Congreso y a las Legislaturas Estatales, la facultad de establecer en la ley y dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, las causas de esa utilidad pública.
Por ello, es claro que el Congreso de la Unión tiene facultades constitucionales para legislar en el Distrito Federal sobre la expropiación, por lo que no existe invasión a las facultades de la Asamblea Legislativa.
El actor señala en el fondo que el Congreso de la Unión sí tiene facultades para establecer las causas de utilidad pública, pero no para instaurar el procedimiento administrativo de expropiación de manera completa, es decir, se señala que el Congreso de la Unión no puede obligar al jefe de Gobierno a publicar el decreto expropiatorio en el Diario Oficial de la Federación, sino que el Congreso General debe estar a lo que la Asamblea Legislativa ha señalado en materia de procedimientos administrativos, esta afirmación se pretende basar en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso g), de la Constitución.
En este sentido, la Asamblea Legislativa tiene la facultad expresa de legislar en procedimientos administrativos, sólo respecto a la administración pública local, es decir, de las materias en las que tiene competencias expresas, y no respecto facultades que corresponden a la Federación.
Los ámbitos están delimitados y tiene sus propias facultades constitucionales sobre el Distrito Federal, por lo que pueden existir procedimientos administrativos regulados por la Asamblea Legislativa con base en sus facultades expresas, y procedimientos administrativos regulados por el Congreso de la Unión, atendiendo a sus facultades residuales y abiertas.
No se puede señalar que en materia de expropiación el Congreso de la Unión tiene la facultad de establecer las causas de utilidad pública, y en el procedimiento respectivo a lo establecido por la Asamblea Legislativa, ya que esta interpretación dejaría al Congreso Federal con facultades fragmentadas y, en este supuesto, sí existiría una vulneración, pero a las facultades de la Federación.
La expropiación en sí misma conlleva una regulación de procedimiento administrativo, y no sólo el establecimiento de causas de utilidad. Es un acto administrativo y sus elementos son: la autoridad expropiante, el particular afectado, el bien expropiado, la causa de utilidad pública que motiva el acto, la indemnización y el procedimiento.
Todos los elementos del acto expropiatorio, deben estar establecidos en una ley expedida por autoridad competente y en el caso que nos ocupa, el Congreso de la Unión es el único que puede crear la legislación correspondiente en el Distrito Federal, y establecer los elementos de la expropiación.
Los órganos locales deben acatar la legislación federal, pues la expropiación se realiza a través de procedimientos administrativos de índole federal y en este sentido se desarrolla la ley, quedando expeditas las facultades de la Asamblea Legislativa para legislar en los procedimientos administrativos de índole local.
Estos procedimientos administrativos locales no son desconocidos por la norma impugnada, ya que el artículo 2o., fracción II, del decreto que reforma la Ley de Expropiación, señala que la declaratoria de utilidad pública se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en un diario de la localidad de que se trata, es decir, se puede publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con lo cual se desprende que la norma impugnada no suprime procedimientos locales, ni invade atribuciones de la Asamblea Legislativa.
La Ley de Expropiación aplica para el Distrito Federal y para la Federación, por lo que, pretender que se interpreten las porciones normativas "en el Diario Oficial de la Federación" en el sentido de "en la Gaceta Oficial del Distrito Federal", sometería a las autoridades federales a la legislación local, en una materia que no lo es, lo que significaría una violación a la Constitución.
La expropiación es un acto de carácter administrativo, y las leyes que la regulan y sus procedimientos administrativos respectivos son creados por el Congreso de la Unión y las Legislaturas Estatales, por lo que las normas impugnadas sobre expropiación, son legisladas en virtud de las facultades constitucionales reservadas al Congreso de la Unión en su doble calidad de Poder Legislativo Local; por tanto, los órganos de Gobierno Local del Distrito Federal carecen de facultades constitucionales para regular la materia, por ello no existe invasión al ámbito de atribuciones de las autoridades locales del Distrito Federal.
Si el Congreso de la Unión tiene facultades constitucionales para regular el procedimiento de expropiación dentro del Distrito Federal, entonces legisla como órgano legislativo local y los órganos locales deben sujetarse a las normas generales que se expidan con base a las atribuciones del Congreso Federal.
El procedimiento que dará lugar a la expedición de un decreto expropiatorio debe estar regulado en ley, por tanto, el decreto y su ejecución, con todos sus efectos y consecuencias, son actos de ejecución de la Ley de Expropiación; en consecuencia, la autoridad administrativa facultada para realizar el procedimiento respectivo deberá ajustarse en todo momento a la referida Ley de Expropiación, incluyendo el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
El trámite de expropiación se trata de un procedimiento administrativo de índole federal realizado por autoridad local, por lo que el Congreso de la Unión dentro de sus atribuciones puede precisar el medio de difusión, ya sea oficial u otro, en el que deberán publicarse, en su caso, tanto la declaratoria de utilidad pública como la de expropiación.
Esto es así porque la publicación es lo que perfecciona todo el procedimiento administrativo, por tanto, la publicidad es parte de todo el procedimiento que necesariamente debe estar previsto en un mismo cuerpo normativo, a menos que la Ley de Expropiación remita a otra ley, para que se regulen las diversas etapas.
En otro aspecto, la Ley de Expropiación no altera ni suprime las atribuciones conferidas a la Asamblea Legislativa respecto a la administración pública local, al contrario, se respetan las estructuras creadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, tan es así, que el artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación, remite a la ley orgánica de la administración local para el trámite del expediente de expropiación respectivo.
SÉPTIMO. Contestación de la demanda. El secretario de Gobernación, al contestar la demanda (fojas 188 a la 194 del expediente principal) manifestó en esencia que el refrendo y la publicación no se combaten por vicios propios, ni son señalados como actos aislados de autoridad, por lo que con su emisión se cumplió con los requisitos de legalidad y seguridad jurídica previstos por el artículo 16 constitucional y con el proceso legislativo que señala el artículo 72 de la Carta Magna.
OCTAVO. Contestación de la demanda. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, al contestar la demanda (fojas 200 a la 207 del expediente principal) manifestó en esencia que la promulgación del decreto cuya invalidez se demanda a través del presente medio de control constitucional, fue realizada con estricto apego a la Norma Fundamental y, consecuentemente, goza de plena regularidad constitucional.
NOVENO. Contestación de la demanda. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al contestar la demanda (fojas 208 a la 241 del expediente principal) manifestó lo siguiente:
Se actualizan causales de improcedencia de la demanda de controversia constitucional por lo que se debe declarar el sobreseimiento del presente asunto, al sobrevenir circunstancias procedimentales que imposibilitan el estudio de fondo de la cuestión planteada, dado que el decreto expedido por el Congreso de la Unión no modificó el núcleo esencial de las normas de la Ley de Expropiación.
La reforma o adición realizada por el legislador no puede considerarse un acto legislativo nuevo que faculte su impugnación a través de la controversia constitucional, ya que no se está invadiendo la esfera de competencia constitucional del jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Es necesario distinguir entre enunciados normativos y normas jurídicas. Las normas jurídicas tienen enunciados fundamentales y enunciados subsidiarios, de forma tal que cuando se modifican los enunciados fundamentales, esta modificación conlleva una nueva expresión de la norma jurídica, al contrario, si se modifican enunciados subsidiarios, no se modifica la norma jurídica.
No toda manifestación del legislador constituye una norma general que pueda ser impugnada mediante la controversia constitucional, pues se debe recurrir al núcleo esencial de la disposición normativa, para efectos de determinar si estamos frente a un nuevo acto legislativo o no, en relación a la configuración jurídica de la norma, es decir, centrarse en su estructura normativa.
Cuando se reforma una disposición en su integridad o en una porción normativa, no se produce indefectiblemente un nuevo acto legislativo, esto ocurre en muchas ocasiones en relación con las porciones normativas, donde no se está alterando la esencia de la norma, lo que hace innecesario el control constitucional porque no se ha violentado la norma y, en consecuencia, no se invade la esfera de competencia de los sujetos que tienen que aplic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24097-718d7124/expropiacion-los-articulos-2o-fraccion-ii-4o-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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