DECRETOS QUE CONTIENEN PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DE LAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SU PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA Y NO IMPRESA EN LA GACETA OFICIAL RELATIVA, VIOLA EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LAS NORMAS JURÍDICAS ESTATALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN, CUARTO, QUINTO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO NOVENO Y VIGÉSIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VEINTE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, MARÍA ANTONIETA AZUELA GÜITRÓN, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ, FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA, RICARDO OLVERA GARCÍA, ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, HUGO GUZMÁN LÓPEZ Y MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO. PONENTE: IRMA LETICIA FLORES DÍAZ. SECRETARIOS: MÓNICA LEÓN ROBLES Y FERNANDO OJEDA MALDONADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 6o., 9o., 13, fracción VII, 17, fracción III, 18 y primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; puesto que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia fueron del conocimiento de Tribunales Colegiados de la misma materia y Circuito; sin que obste el hecho que uno de los criterios fue emitido por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán, puesto que lo realizó en apoyo a las labores del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; pues fue formulada por la Magistrada presidenta del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien resolvió el amparo en revisión **********, donde se estableció uno de los criterios contendientes.
TERCERO.-Criterios contendientes. Los antecedentes y las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son los siguientes:
I. Los Tribunales Colegiados Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno, Décimo Segundo, y Vigésimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán, en auxilio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, coincidieron, en lo que interesa, en lo siguiente:
• Que la publicación de las normas de carácter general emitidas por la administración pública, constituye una exigencia para que sean incorporadas al ordenamiento jurídico vigente, por ser la manera en que se da a conocer a los destinatarios su contenido, ya que de no publicarse no podrían ser observadas por desconocimiento de su existencia.
• Que del análisis a los artículos 122, Base Segunda, fracción II, inciso B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 49 del Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, se desprende únicamente la obligación impuesta a los órganos del Estado competentes para dar difusión al contenido de tales normas, sin que se encuentre regulada la manera en que debe hacerse dicha publicación, esto es, no refieren si debe realizarse de manera impresa o si es factible realizarla electrónicamente, a través de archivos digitales anexos a la versión impresa.
• Que del análisis gramatical del artículo 23 de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México -en cuanto dispone que el Jefe de Gobierno "ordenará publicar el programa en la Gaceta Oficial del Distrito Federal"-, se advierte el uso de la palabra "publicación", la cual es definida por la Real Academia Española como "1. f. Acción y efecto de publicar., 2. f. Escrito impreso, como un libro, una revista, un periódico, etc., que ha sido publicado."
• Que atendiendo a la redacción del citado precepto, es dable considerar que los Programas Delegaciones, deben darse a conocer de manera impresa a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; interpretación que cobra fuerza ante el hecho de que tradicionalmente en México, la publicación de todo tipo de normas generales se ha realizado de manera escrita, ya sea a través de la propia Gaceta Oficial de la Ciudad de México e incluso en el Diario Oficial de la Federación. Esto, a partir de la tradición de derecho escrito que se ha consolidado en nuestro sistema jurídico, puesto que resultaba innecesario que existiera una norma que obligara a los órganos estatales a realizar la publicación de actos de observancia general a través de medios escritos, pues ello era implícito a la labor de difusión, al no existir otra forma de hacerlo.
• Que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha provocado que aquello que se entendía indiscutible en una época reciente, ahora ya no lo sea o al menos no resulte tan evidente, cuando se trata de dar a conocer a la población la actividad de los órganos gubernamentales, pues en ciertas actividades económicas o para ciertos estratos de la población, los medios electrónicos pueden ser una herramienta que incluso llega a ser más eficiente que los medios escritos para lograr una comunicación mayormente fluida y eficiente.
• Que el uso de medios tecnológicos ha cobrado tal relevancia, que existen preceptos legales que imponen a los órganos del Estado a difundir por vía electrónica -dígase Internet-, toda aquella información que se considera relevante para informar a la opinión pública.
• Que el desarrollo tecnológico impone a todos los actores de la sociedad civil y a los órganos estatales, la necesidad de discutir si la difusión realizada a través de medios electrónicos merece tener el mismo tratamiento que las leyes han concedido a las comunicaciones escritas.
• Que, tratándose de normas generales, como son los Programas Delegaciones de Desarrollo Urbano, resulta insuficiente que su difusión se realice de manera electrónica -a través de un archivo anexo en formato "pdf"- pues con ello no se genera certeza de su contenido. Lo anterior, ya que si el deber de cumplir una disposición general y la consecuente prohibición de invocar su desconocimiento parte de la presunción de que a través de la publicación las normas son conocidas por todos, es lógico considerar que la difusión debe realizarse de modo tal que todos los destinatarios puedan acceder a su contenido.
• Que si bien el uso de nuevas tecnologías permite a cierto sector de la sociedad acceder de una manera más fácil y directa a la información que requiere, también resulta innegable que la utilización de nuevas tecnologías no está generalizada en la población, como lo está el uso de medios escritos, pues aquél está sujeto, entre otras variables, al acceso a los equipos e instrumentos para la conectividad y al conocimiento para utilizarlos, debe privilegiarse la difusión de las normas generales por medios escritos, sobre aquella que se realice electrónicamente en un archivo digital.
• Que si bien es cierto que en la página de Internet de la Consejería del Gobierno de la Ciudad de México se puede localizar el archivo digital que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, lo cierto es que ello resulta insuficiente para tener por solventado el requisito de publicación a que se refiere el artículo 122, Base Segunda, fracción II, inciso B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 49 del Estatuto Orgánico de la Ciudad de México y 23, fracción XII, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal ahora Ciudad de México, toda vez que tal difusión debió hacerse de manera escrita.
• Que en esas condiciones, si el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano no aparece en la versión escrita de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con ello se transgrede en perjuicio de los quejosos, el derecho de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, habida cuenta que la publicación efectuada de manera electrónica no otorga certeza jurídica de que en la citada publicación se haya difundido el programa delegacional reclamado, de manera que todos los gobernados estuvieran en posibilidad de conocer el contenido íntegro de éste.
II. Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
• Que los artículos 122, párrafo sexto, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo para la Ciudad de México; 93 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa; 38, fracción XXIII, de la Ley de Desarrollo Urbano; 8o., fracción XI, del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano y 114, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública, todos ordenamientos de esta entidad, establecen a cargo del Jefe de Gobierno de la ahora Ciudad de México la obligación de publicar el contenido de las normas generales que expida la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, sin embargo no precisan cuáles son los requisitos que debe reunir la publicación que se realiza a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Requisitos que tampoco son contemplados en el "Acuerdo por el que se reglamenta la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y siete y que aún se encuentra en vigor.
• Que si bien en el artículo 4o. del citado Acuerdo, se dispuso que el Jefe del Departamento del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) "deberá emitir un manual en el que se establezcan las bases particulares sobre las cuales funcione la Gaceta mencionada", de la búsqueda realizada a las páginas http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Paginas/Legislacion.aspx y http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes, que compilan tanto la legislación federal como local, sus reglamentos, acuerdos y demás ordenamientos, no se encontró manual alguno en el que se establecieran las bases particulares sobre las cuales funcione la Gaceta Oficial de la ahora Ciudad de México.
• Que en ese sentido, era necesario desentrañar el alcance de la expresión a que hace referencia el artículo 122, Base Segunda, fracción II, inciso B), de la Constitución Federal, respecto a que el Jefe de Gobierno de la ahora Ciudad de México, debe "publicar las leyes que expida la Asamblea", para lo cual, aludió a los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis ********** y el diverso que sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver el juicio de amparo directo en revisión **********.
• Destacó que del análisis de la edición impresa de la Gaceta con número de publicación cuatrocientos treinta, Décima Séptima Época, de veintinueve de septiembre de dos mil ocho, sólo se indicó en el índice el rubro del "Decreto que Contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc", seguido de la leyenda "CUAUHTEMOC PDF. Mientras que en la edición electrónica o digital de la Gaceta en referencia, en el apartado principal señalado como "No. 430 PARTE 1", únicamente se indicó en el índice el rubro del "Decreto que Contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc", seguido de la leyenda "CUAUHTEMOC PDF.", sin que se reprodujera su contenido, pero que de una revisión de los anexos con los que cuenta, se desprende que en un diverso apartado señalado con el "No. 430 ANEXO 1", se plasmó el contenido del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, constante de ciento cincuenta y un páginas.
• Estableció que la difusión del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, se hizo únicamente de manera electrónica o digital, a través de un archivo "PDF" anexo que forma parte de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con número de publicación cuatrocientos treinta, Décima Séptima Época, de veintinueve de septiembre de dos mil ocho, lo que consideró suficiente para tener por satisfecha la formalidad de la publicación.
• Acotó que de conformidad con los criterios citados con antelación en la propia ejecutoria, emitidos por el Máximo Tribunal del País, el requisito relativo a la publicación de las normas emitidas por la administración pública de carácter general, constituye una exigencia para que sean incorporadas al ordenamiento jurídico vigente, por ser la manera en que se da a conocer a los destinatarios su contenido, siendo que de no publicarse no podrían ser observadas, asimismo reconoció que en nuestro País seguimos el principio de publicación formal, donde sólo es necesario insertar el contenido de la ley en un medio de difusión oficial, como es el caso de la Gaceta Oficial de esta ciudad.
• Bajo ese contexto, estableció que no se encuentra regulada la manera en que debe hacerse la publicitación relativa, esto es, no existe disposición alguna que refiera si la publicación de las normas emitidas por la administración pública de carácter general, debe realizarse de manera impresa o si es factible realizarla de manera electrónica, lo que da lugar a estimar que la publicación de un ordenamiento puede ser en cualquiera de las modalidades, escrita, electrónica o digital.
• En las relatadas condiciones, el tribunal de amparo estimó que la publicación de Decreto reclamado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con numero de publicación cuatrocientos treinta, Décima Séptima Época, de veintinueve de septiembre de dos mil ocho, versión impresa, otorga seguridad jurídica a los particulares a la que va dirigida, pues en el citado medio impreso se incluyeron los elementos necesarios para ello, como lo son: la inclusión de la norma general en el índice de la Gaceta Oficial de esa fecha; el señalamiento de la existencia de un archivo "PDF" correspondiente al ordenamiento y, sobretodo, la indicación de que el aludido medio de difusión es consultable en la página de Internet http://www.consejeria.df.gob.mx/gaceta/index, pasos que una vez realizados, dan conocimiento de su contenido.
• Concluyó que tratándose de normas generales, como son los Programas Delegaciones de Desarrollo Urbano, su difusión de manera electrónica -a través de un archivo anexo en formato "PDF", como aconteció en el caso- no transgrede el derecho fundamental de seguridad jurídica, debido a que la publicación efectuada en los términos citados otorga certeza jurídica de que en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, relativa al veintinueve de septiembre de dos mil ocho, se publicó el "Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc", de manera que todos los gobernados estuvieran en posibilidad de conocer el contenido íntegro del referido programa.
III. Finalmente, es menester preciar que el Décimo Nnoveno Tribunal Colegiado en Materias Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, no analizó la problemática jurídica de fondo, toda vez que en el recurso de revisión la recurrente sólo expuso agravios encaminados a evidenciar la actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo.
CUARTO.-Existencia de la contradicción. Cabe señalar, que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, no constituyen jurisprudencia debidamente integrada,(14) ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis o, establecer si existe la contradicción planteada y en su caso, cuál criterio debe prevalecer.
Tienen aplicación, por analogía, los criterios sustentados por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, correspondientes a la Octava y Novena Épocas, respectivamente, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.-Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."(15)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."(16)
Precisado lo anterior, debe establecerse si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su integración correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(17)
El criterio jurisprudencial transcrito, refiere a la figura jurídica de la contradicción de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Ese mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.
Así, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual, es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
En tales condiciones, de conformidad con el criterio relacionado con antelación, puede verse que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia;
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
Asentado lo anterior, conviene precisar en lo que interesa para la fijación de esta contradicción, las posiciones de los tribunales contendientes, que consisten en las siguientes:
I. Posición 1:
Los Tribunales Colegiados Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno, Décimo Segundo, y Vigésimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en la Ciudad de Morelia, Michoacán, en auxilio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, determinaron esencialmente que, si bien es cierto en la página de Internet de la Consejería del Gobierno de la Ciudad de México se puede localizar el archivo digital que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, ello es insuficiente para tener por solventado el requisito de publicación a que se refiere el artículo 122, Base Segunda, fracción II, inciso B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 49 del Estatuto Orgánico de la Ciudad de México y 23, fracción XII, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal ahora Ciudad de México, toda vez que tal difusión debió hacerse de manera escrita y al no ser así, se transgrede en perjuicio de los quejosos el derecho de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, habida cuenta que la publicación efectuada de forma electrónica no otorga certeza jurídica de que en la citada publicación se haya difundido el programa delegacional reclamado, de manera que todos los gobernados estuvieran en posibilidad de conocer el contenido íntegro de éste.
II. Posición 2:
Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, resolvió que tratándose de normas generales, como son los Programas Delegaciones de Desarrollo Urbano, su difusión de manera electrónica -a través de un archivo anexo en formato "PDF"- no transgrede el derecho fundamental de seguridad jurídica, sino que es acorde con el mismo, ya que la publicación efectuada en los términos citados otorga certeza jurídica de que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se publicó el Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano correspondiente de manera que todos los gobernados estuvieran en posibilidad de conocer el contenido íntegro del referido programa.
Del análisis de lo expuesto, este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito estima que:
Atendiendo a la precisión efectuada en el considerando tercero de la presente resolución, no existe contradicción por lo que hace al criterio que sostuvo el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en mérito de que -como se indicó- no analizó la problemática de fondo toda vez que sólo se pronunció sobre los agravios de la recurrente que se ciñeron a evidenciar la actualización de causas de improcedencia.
Sustenta lo anterior la tesis 2a. CLXXIII/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su integración correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES, AL RESOLVER, DECLARA INOPERANTES LOS ARGUMENTOS RELATIVOS Y EL OTRO LOS ESTUDIA.-De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo que regulan específicamente las hipótesis en que existe contradicción entre las tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito y del contenido de la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha interpretado dichos artículos, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, se sigue que se presenta la contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos, siempre que exista oposición entre ellos respecto de una misma cuestión jurídica; que dicha oposición se suscite en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas y, además, que los criterios en oposición deriven del examen de los mismos elementos. Consecuentemente, cuando uno de los tribunales en conflicto no entra al fondo de la controversia planteada, por haber declarado inoperantes los argumentos expuestos en la instancia relativa y el otro órgano colegiado sí aborda la litis propuesta, es claro que no se da la oposición de criterios, ya que en las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito no se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, ni se sostuvieron criterios contradictorios, por lo cual debe declararse que no existe contradicción de tesis."(18)
Por otro lado, sí existe la contradicción de tesis denunciada respecto a lo sostenido por el resto de los tribunales contendientes, puesto que los Tribunales Colegiados arribaron a conclusiones distintas respecto al mismo tema en estudio, esencialmente el relativo a que si resulta suficiente o no el hecho que en la página de Internet de la Consejería del Gobierno de la Ciudad de México se puede localizar el archivo digital que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, para tener por solventado el requisito de publicación a que se refiere el artículo 122, Base Segunda, fracción II, inciso B), de la Cons
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27656-7703c7ed/decretos-que-contienen-programas-de-desarrollo-urbano-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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