PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL DE 1997. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESTABA FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA ENVIARLOS A LA ENTONCES ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE ESA ENTIDAD PARA SU APROBACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 255/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto, del Acuerdo Plenario 5/2001, en tanto que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
TERCERO. Ante todo, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados que participan de esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios presuntamente divergentes.
Así, debe señalarse que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el catorce de noviembre de dos mil seis, el amparo en revisión **********, sustentó, en la parte que interesa al caso, lo siguiente:
"SEXTO. Siguiendo el orden de ideas planteado, en el segundo agravio manifiesta la recurrente, que la Juez de Distrito omitió hacer un debido estudio de los argumentos que propuso en el primer concepto de violación de la demanda de garantías, en el que impugnó la inconstitucionalidad del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón de mil novecientos noventa y siete, porque la iniciativa de dicho programa delegacional no fue enviada a la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal por la autoridad competente. Ello, en virtud de que la iniciativa fue enviada a la Asamblea de Representantes por el presidente de la República, quien carecía de facultades para ello, pues esa facultad correspondía al entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, en términos del artículo 23 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente en mil novecientos noventa y siete, conforme al procedimiento previsto para la creación de los programas delegacionales, que establece un procedimiento específico para su elaboración, aprobación e inscripción, así como también en apego al artículo cuarto transitorio de dicho ordenamiento legal, lo cual omitió tomarlos en consideración la a quo. Es fundado el agravio que se contesta, en virtud de que en el considerando séptimo de la sentencia recurrida la Juez de Distrito se limitó a estudiar los conceptos de violación, únicamente en lo relativo a la falta de promulgación del decreto por parte del presidente de la República, por el que se aprobaron los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de abril de mil novecientos noventa y siete, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el diez del mismo mes y año; así como de los requisitos de expedición, promulgación y refrendo, fundamentación y motivación de dichos programas delegacionales (fojas 570 vuelta a 591 vuelta, de los autos). Sin embargo, en parte alguna de dicho considerando (último), el a quo se pronunció, concretamente, respecto de la incompetencia planteada por la quejosa en el primer concepto de violación de la demanda de garantías, en cuanto a la autoridad que correspondió la facultad de enviar la iniciativa a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, de los dieciséis Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que estimó que no fue al presidente de la República, sino al entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y el artículo cuarto transitorio de la misma ley. Es por ello que, también con apoyo en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, ya citado, este tribunal, se ocupará de ese concepto de violación omitido. SÉPTIMO. En dicho concepto de violación adujo la quejosa lo siguiente: (se transcribió). Es fundado lo que se aduce, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 23, fracción VI, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y seis, en lo que interesa establece: ‘Artículo 23. ... VI.’ (se transcribió). Por su parte, el transitorio cuarto de dicha ley, estatuye: ‘Cuarto. ...’ (se transcribió). Mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil seis, ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, la quejosa ofreció pruebas, y en el punto siete, señaló: (se transcribió). La copia certificada del oficio mencionado, es como sigue: (se transcribió). Los artículos 119 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 23, fracción VI y 24 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con que fundamenta el presidente de la República el oficio inserto, establecen: ‘Artículo 119. ...’ (se transcribió). ‘Artículo 23. ... VI. ...’ (se transcribió). ‘Artículo 24.’ (se transcribió). De todo lo anterior se puede concluir que el presidente de la República carecía de facultades legales para remitir a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con el carácter de iniciativa, los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicado (sic) en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de abril de mil novecientos noventa y siete, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el diez del mismo mes y año. Toda vez que de conformidad con el artículo 23, fracción VI, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en relación con el artículo cuarto transitorio, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y seis, transcritos, correspondió esa facultad al entonces jefe del Departamento del Distrito Federal y no al presidente de la República. Máxime que de conformidad con el artículo 119 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, con el que fundamenta el presidente de la República el oficio de fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y seis, inserto con anterioridad, los programas de desarrollo urbano serán formulados y sometidos a la aprobación de Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el jefe de Gobierno del Distrito Federal; así como de acuerdo con los artículos 23, fracción VI y 24 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en que también fundó dicho oficio, correspondió al entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, remitir a la asamblea, con el carácter de iniciativa, los programas de desarrollo urbano. Ahora bien, si en el caso los referidos programas no fueron remitidos a la asamblea por el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, sino por el presidente de la República, como ya se vio del oficio inserto, es claro que el proceso legislativo se encuentra viciado de origen, y por ende, las demás etapas de ese proceso, lo que conlleva a la inconstitucionalidad de la aprobación, inscripción y publicación de dichos programas, entre ellos, el de la delegación Álvaro Obregón. Consecuentemente, ante lo fundado del concepto de violación, se impone conceder el amparo demandado, para el efecto de que no se le apliquen a la quejosa los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de abril de mil novecientos noventa y siete y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez del mismo mes y año. La protección concedida se hace extensiva a los certificados de zonificación y uso de suelo reclamados, viciados de la inconstitucionalidad del Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, publicado en el año de mil novecientos noventa y siete, que no se reclama por vicios propios, razón por la que las autoridades deberán dejarlos sin efectos y emitir otros en su lugar en los que no apliquen el programa de que se trata, al ser inconstitucional de origen ...".
Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veinticuatro de junio de dos mil diez, el amparo en revisión ********** sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:
"SEXTO. ... Los agravios antes sintetizados se analizan de manera conjunta por estar vinculados entre sí, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Son infundados los agravios que hace valer la recurrente, por las consideraciones que enseguida se pasan a exponer: En primer término, se analiza lo que sostiene la recurrente en el sentido de que la sentencia es legal (sic) porque contrario a lo sostenido por la Juez de Distrito, el presidente de la República no estaba facultado para presentar ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, puesto que no tenía facultad para emitir iniciativas de los citados programas delegacionales, sino exclusivamente de leyes y decretos, y es el caso que los citados programas delegacionales tienen su propia naturaleza jurídica y no pueden ni deben ser considerados una ley o decreto, pues siguen un proceso de creación muy distinto a los de aquélla; que el proceso de creación de los citados programas, se encuentra previsto en forma específica por el artículo 23 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y su origen deriva de esa propia ley, y una ley no puede establecer proceso ni facultades para la emisión de otras leyes. Que los citados programas delegacionales no pueden ser considerados como un decreto, toda vez que los decretos son actos unilaterales del ejecutivo, creados sin el consenso de un cuerpo colegiado, como el Poder Legislativo, el cual tiende a crear o extinguir situaciones concretas de derecho y no generales, abstractas e impersonales como la ley. Que los programas delegacionales de desarrollo urbano, no son leyes ni decretos, sino un ordenamiento general, abstracto e impersonal que tiene un proceso de creación y finalidad propia, específica y diversa de los de aquellos, para cuya emisión el presidente de la República carece de la facultad de iniciativa. Ahora bien, en razón de los argumentos que hace valer la recurrente, en primer lugar hay que determinar la naturaleza jurídica de los programas delegacionales reclamados, y en segundo lugar, en base a esa naturaleza que se determine, analizar si es correcta o incorrecta la determinación de la Juez Federal al sostener que el presidente de la República sí tenía facultades para presentar ante la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la iniciativa que dio origen al proceso de creación de los citados programas delegacionales. Para ello, es conveniente dejar establecida, la diferencia entre acto administrativo y acto legislativo, y la diferencia entre decreto y ley. A ese respecto, ilustra la tesis de jurisprudencia número P./J. 23/99, visible en la página 256, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, Pleno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL.’ (se transcribió). Para mayor claridad, se estima conveniente transcribir en su parte conducente, la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia que antecede: (se transcribió). De la ejecutoria transcrita se aprecia que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales, y que la ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables. Que el acto administrativo, en cambio, crea situaciones jurídicas particulares y concretas, no posee los elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad de que goza la ley. Y que la diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones particulares, concretas e individuales. Es decir, mientras que la ley es una disposición de carácter general, abstracto e impersonal, el decreto es un acto particular, concreto e individual. Precisado que ha quedado lo anterior, es necesario atender al contenido de los programas delegacionales que se reclaman para poder precisar debidamente su naturaleza. ‘... Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que la honorable Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se ha servido dirigirme el siguiente decreto: «La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, Primera Legislatura, Decreta: Decreto por el que se aprueban los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.» (se transcribió). «Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.» (se transcribió). «Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.».’ (se transcribió). De lo transcrito se aprecia, que los programas delegacionales impugnados, en específico el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Álvaro Obregón y Tlalpan, versión mil novecientos noventa y siete, tienen como finalidad, entre otras, evitar los asentamientos humanos en las áreas de mayor vulnerabilidad, en las áreas riesgosas y en las áreas de conservación; optimizar el ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo; la conservación del medio natural, de la flora y fauna silvestre en el territorio de la delegación; la restauración de la salubridad de la atmósfera, del agua (sic) el suelo y el subsuelo; la adecuada interrelación de la naturaleza con la delegación y la posibilidad de su aprovechamiento y disfrute por parte de los habitantes; la conservación y consolidación de la fisonomía propia y de su patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural; el mejoramiento de las zonas habitacionales deterioradas física o funcionalmente, donde habita la población de bajos ingresos; generar actividades económicas, procesos de reorganización urbana y alternativas ligadas a la inserción de amplios sectores sociales en actividades tecnológicas de punta y en labores creativas de conservación ecológica, etcétera. Por tanto, dicho programa delegacional es una regla general, abstracta e impersonal, y por ende semejante a una ley, dado que regula y ordena los asentamientos humanos y es obligatorio para las autoridades y para los particulares, dentro de sus respectivos ámbitos de aplicación, rige para un número indeterminado de gobernados y es de carácter permanente, en tanto no agota su aplicación en un caso concreto sino que su finalidad es la de regir un número de casos también indeterminado, por lo que constituye una norma de carácter general. Además, se trata de un acto proveniente de una autoridad legislativa de efectos generales (entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal), ya que no es una norma individualizada relativa a una situación particular y específica que afecte y beneficie a determinados sujetos claramente identificados, pues es una regla de conducta en abstracto, que es aplicable a situaciones abstractas que, eventualmente, pueden o no, acontecer referida a múltiples destinatarios. En otras palabras, el programa delegacional de referencia, posee todos los atributos que caracterizan a los preceptos legales, como son su generalidad, abstracción y permanencia, no obstante que reglamenta una situación determinada, pero no concreta que afecte a personas determinadas y estimadas individualmente, sino por el contrario, establece situaciones abstractas y generales que comprenden a todos los individuos que se encuentren en los supuestos establecidos por el citado programa. Derivado de ello, se llega a la conclusión de que, la facultad del presidente de la República de presentar iniciativas de leyes o decretos ante la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal, está prevista en los artículos 122, fracción II, inciso e), y quinto transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32, fracción VIII, y 46, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, vigentes en el año de mil novecientos noventa y siete, puesto que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el programa delegacional reclamado por la quejosa, es un acto proveniente de una autoridad legislativa de efectos generales, y por tanto, semejante a una ley. Lo anterior, se corrobora con la transcripción que enseguida se hace de los artículos mencionados: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘Artículo 122. ... II. ... e) ...’ (se transcribió). ‘QUINTO. ...’ (se transcribió). Estatuto de Gobierno del Distrito Federal: ‘Artículo 32. ... VIII. ...’ (se transcribió). ‘Artículo 46. ... II. ...’ (se transcribió). Luego, si la facultad que tenía el presidente de la República de presentar iniciativas de leyes o decretos ante la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal en el año de mil novecientos noventa y siete, es aplicable para presentar iniciativas de Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano como el que es reclamado en el juicio de amparo materia de este recurso de revisión, entonces, aun en el supuesto de que, el artículo 23 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, establecía que la facultad para presentar la iniciativa para la creación de esos programas correspondía al entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, ello no es suficiente para considerar contrariada la facultad constitucional del presidente de la República a la que se ha hecho referencia, prevista en el artículo 122, fracción II, inciso e), de la Carta Magna, pues de acuerdo al principio de supremacía constitucional, ningún ordenamiento legal secundario puede estar por encima de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de que, la facultad del presidente de la República para presentar iniciativas de leyes o decretos ante la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal en el año de mil novecientos noventa y siete, también se encontraba establecida en los artículos 32, fracción VIII y 46, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, vigentes en ese año, según se advierte de la transcripción que de dichos preceptos se hizo con anterioridad. A mayor abundamiento, conviene precisar que los artículos 23, fracción VI, 24 y cuarto transitorio de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el artículo 119 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigentes al once de diciembre de mil novecientos noventa y seis, que fue la fecha en que se remitió por el Ejecutivo Federal a la otrora Asamblea de Representantes del Distrito Federal (actualmente Asamblea Legislativa del Distrito Federal), la iniciativa correspondiente a los dieciséis Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establecen lo siguiente: Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. ‘Artículo 23. ... VI. ...’ (se transcribió). ‘Artículo 24. ...’ (se transcribió). ‘Cuarto. ...’ (se transcribió). ‘Artículo 119. ...’ (se transcribió). Por otro lado, pero en la misma temática, los artículos primero y quinto transitorios del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, establecen lo siguiente: ‘Primero. ...’ (se transcribió). ‘Quinto. ...’ (se transcribió). De los preceptos transcritos, se tiene que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal en vigor en mil novecientos noventa y seis, establecía que era el jefe del Departamento del Distrito Federal a quien le correspondía remitir con carácter de iniciativa a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los programas delegacionales. Sin embargo, lo anterior no implica que el presidente de la República fuera autoridad incompetente para remitir a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal el once de diciembre de mil novecientos noventa y seis, la iniciativa de los dieciséis programas delegacionales de desarrollo urbano, ya que de acuerdo con el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, en esa fecha (once de diciembre de mil novecientos noventa y seis) el Gobierno del Distrito Federal se encontraba a cargo del presidente de la República. Lo anterior, en virtud de que el primer nombramiento para el cargo de jefe del Distrito Federal, en los términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, se verificaría hasta el mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete, concluyendo el dos de diciembre de dos mil, por lo que, en tanto dicho jefe no asumía el encargo, era el presidente de la República quien debía ejercer los actos de Gobierno del Distrito Federal. Es decir, el Ejecutivo Federal, contaba con facultades constitucionales para remitir con carácter de iniciativa, el once de diciembre de mil novecientos noventa y seis, a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los dieciséis Programas Delegacionales del Distrito Federal, pues tales facultades se las confirió el artículo quinto transitorio de la propia Constitución Federal, con relación a los artículos 23, fracción VI, 24 y cuarto transitorio, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el artículo 119 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Esto es, si el Gobierno del Distrito Federal se encontraba a cargo del presidente de la República el once de diciembre de mil novecientos noventa y seis, hasta en tanto no asumiera el cargo el jefe del Distrito Federal en el mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete, de conformidad con el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, que entró en vigor el veinticinco de noviembre siguiente, de conformidad con el primero transitorio del referido decreto; es inconcuso que el Ejecutivo Federal estaba facultado para ejercer las atribuciones que las leyes le conferían al jefe del departamento o jefe del Distrito Federal, como son las establecidas en los artículos 23 y 24 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y en el artículo 119 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de ahí que los agravios hechos valer por la recurrente son infundados ..."
CUARTO. Precisado lo anterior, es pertinente significar que no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la contradicción de tesis denunciada, la circunstancia de que ninguno de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes haya integrado jurisprudencia, ni se hubiera expuesto formalmente como tesis, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para dirimir una contradicción de tesis, no exigen dicho requisito.
Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifica y transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
QUINTO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.
En ese tenor, es importante destacar que para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a la existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en las tesis que a continuación se señalan y transcriben, cabe destacar la jurisprudencia P./J. 72/2010, aprobada en sesión del doce de julio del presente año:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22451-19c80a51/programas-delegacionales-de-desarrollo-urbano-del-distrito-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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