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Modo: Corpus Pro

PRESTACIONES LABORALES APOYADAS EN UN DECRETO PRESIDENCIAL. CARGA DE LA PRUEBA. PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2000-SS. · Registro digital (IUS): 6585
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, , Pág. 238.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día dieciséis de junio del año dos mil.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito recibido el dieciocho de febrero del año dos mil en la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito denunció la posible contradicción entre la tesis número VIII.1o.22 L del rubro "PRESTACIONES EXTRALEGALES CONTENIDAS EN DECRETOS PRESIDENCIALES. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA.", emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el criterio sustentado por la mayoría de aquel tribunal, contenido en la tesis clave TC173001.9LA1, pendiente de publicar, de la voz "DECRETO PRESIDENCIAL SEÑALADO COMO APLICABLE EN UN JUICIO. NO NECESITA PROBARSE.".

SEGUNDO. Por acuerdo del veinticinco de febrero del año dos mil, el presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente y que se solicitara al presidente del Tribunal Colegiado mencionado en segundo término, copia certificada de las sentencias dictadas en los expedientes de su índice.

En proveído de treinta de marzo del mismo año, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que este órgano jurisdiccional es competente para conocer del asunto; ordenó que se abocara a su conocimiento y que se diera a conocer dicho acuerdo al procurador general de la República para que expusiera su parecer.

El once de abril del presente año, el subsecretario de Acuerdos de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que el plazo de treinta días concedido al procurador general de la República transcurría del doce de abril al treinta de mayo del mismo año.

El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción no formuló pedimento alguno.

En proveído de trece de abril siguiente, se turnaron los autos al Ministro Mariano Azuela Güitrón para que formulara el proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con apoyo en el punto segundo del Acuerdo Plenario 1/1997, de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete; lo anterior, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre los sustentados por dos Tribunales Colegiados de Circuito, a propósito de si corresponde al actor exhibir el decreto presidencial que dice contiene la prestación reclamada, a fin de que la Junta pueda resolver su procedencia, o bien, como el derecho no necesita probarse, basta que se invoque para que la citada autoridad analice si resulta o no aplicable, y por ende, dichos órganos colegiados se pronunciaron sobre aspectos relativos a la materia de trabajo, que es de competencia exclusiva de esta Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis es procedente, de conformidad con lo siguiente:

El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental establece, en la parte conducente:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

El precepto antes reproducido establece los lineamientos para la integración de la jurisprudencia por el sistema de unificación, a través de la resolución de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. El artículo 197-A de la Ley de Amparo establece que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes o los Magistrados que los integran o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieran sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios. Como se advierte, la enumeración de los órganos, servidores públicos o personas que pueden denunciar la contradicción es limitativa y se reduce a los anteriormente señalados.

En el presente caso, la contradicción de tesis es denunciada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, el que dictó la sentencia en el amparo directo laboral número 528/99 materia de la denuncia; consecuentemente, está facultado por la Ley de Amparo para hacerlo, dado que es integrante del órgano colegiado que emitió los criterios materia de la posible contradicción.

TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al fallar el veintisiete de enero del año dos mil el amparo directo 528/99 promovido por Antelmo Valdemar Hernández Nevarez, en la parte que interesa, consistió en lo siguiente:

"QUINTO. ... Por otra parte aducen los promoventes del amparo, que el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo obliga al tribunal laboral a aplicar los principios generales del derecho entre los cuales se encuentra el que reza ‘dame los hechos, que yo te daré el derecho’; que lo anterior significa que basta con que se invoquen en la demanda los hechos que constituyen la reclamación para que la autoridad aplique en su caso el derecho correspondiente; que si en la especie se mencionó la existencia del decreto presidencial, la autoridad responsable estaba obligada a analizar el contenido de tal decreto, que en términos genéricos constituye una ley que no requiere de prueba y que al pretender que la parte actora demuestre la existencia del contenido de dicho decreto, con ello viola las garantías, pues es una obligación de la autoridad responsable. Los anteriores argumentos resultan también esencialmente fundados porque, efectivamente, el derecho no necesita probarse, basta que se invoque para que el juzgador analice si resulta aplicable o no al caso concreto sometido a su decisión. Así que, si en la especie el actor señaló como aplicable el decreto presidencial que refiere expedido por Lázaro Cárdenas y publicado el veintinueve de julio de mil novecientos treinta y cinco, ello era suficiente para que la Junta responsable abordara su aplicación o no al caso concreto; pues, si no lo hizo así, es claro que violó con tal proceder en perjuicio del quejoso las garantías individuales que invoca."

El Magistrado Ángel Gregorio Vázquez González, integrante de dicho órgano colegiado, emitió por separado el siguiente voto particular:

"El suscrito Magistrado disiente del criterio de los Magistrados que votaron por mayoría este asunto pues estima que fue correcto que la Junta impusiera la carga de la prueba a la actora para que acreditara la existencia del decreto presidencial que invocó en su demanda; lo anterior porque el suscrito participa del criterio que contiene la tesis jurisprudencial que a continuación se cita: ‘PRESTACIONES EXTRALEGALES. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA SU PROCEDENCIA. Cuando se reclama una prestación extralegal, para que prospere la pretensión, el demandante debe cumplir los siguientes requisitos: primero, demostrar la existencia del derecho ejercitado, y segundo, que satisface los presupuestos exigidos para ello. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Octava Época: Amparo directo 5071/92, amparo directo 1391/93, amparo directo 1743/93, amparo directo 2173/93 y amparo directo 3131/93’, que aparece publicada con el número 842 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Parte TCC, página 581 correspondiente a la Octava Época; así como el diverso criterio ‘PRESTACIONES EXTRALEGALES CONTENIDAS EN DECRETOS PRESIDENCIALES. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA. No es al demandado a quien le corresponde la carga de la prueba relativa a la prestación extralegal, sino al actor acreditar la procedencia de la misma, esto es, demostrar la existencia del derecho ejercitado y satisfacer los presupuestos exigidos para ello. De consiguiente, la pretensión del trabajador de que se le cubra un sobresueldo equivalente al cincuenta por ciento, que no se encuentra previsto en la Ley Federal del Trabajo ni en el contrato colectivo que regula las relaciones laborales entre Ferrocarriles Nacionales de México y sus trabajadores, sino, alega, con base en un decreto presidencial, lo obliga a acreditar la existencia de ese derecho contenido en el decreto; de tal manera que si no llega a demostrarlo, resulta improcedente la prestación reclamada. Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. Amparo directo 859/97, amparo directo 833/97 y amparo directo 731/97’, visible con la clave VIII.1o.22 L del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 1048, Tribunales Colegiados de Circuito."

Las anteriores consideraciones sustentadas por la mayoría, originaron que el indicado Tribunal Colegiado de Circuito sustentara la siguiente tesis, aún no publicada:

"DECRETO PRESIDENCIAL SEÑALADO COMO APLICABLE EN UN JUICIO. NO NECESITA PROBARSE. El derecho no necesita probarse, basta que se invoque para que el juzgador analice si resulta aplicable o no al caso concreto sometido a su decisión. Así que, si en un juicio en el que la parte actora señala como aplicable un decreto presidencial, ello debe estimarse suficiente, para que quien conoce el asunto aborde su aplicación o no al caso concreto."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, cuatro y dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho los amparos directos laborales números 731/97, 833/97 y 859/97, promovidos por Ferrocarriles Nacionales de México, sostuvo, respectivamente, lo siguiente:

Amparo directo 731/97.

"IV. Las inconformidades que a manera de conceptos de violación expresa la quejosa, resultan ser fundados. En efecto, es fundado lo que alega la amparista al manifestar que la responsable indebidamente la condenó al pago de un 50% por ciento de sobresueldo, por el tiempo comprendido del 23 de agosto de 1993 al 20 de junio de 1994, como consecuencia de que al trabajador no se le jubiló al cumplir exactamente los treinta años al servicio de la amparista; ante todo cuando esa prestación que se reclama relativa, como se dijo, a un sobresueldo, la pretende sustentar dicho trabajador en unos decretos presidenciales de los CC. Expresidentes de la República, Lázaro Cárdenas del Río y Luis Echeverría Álvarez, publicados en el Diario Oficial de la Federación (foja 1 vuelta). Por lo que atento a esas condiciones, la conducta de la Junta responsable al resolver la procedencia de la aludida prestación, resulta incorrecta; ante todo cuando la demandada hoy amparista respecto a la reclamación de ese sobresueldo, se excepcionó aduciendo la falta de derecho del tercero perjudicado para exigirla, por no estar contemplada en la ley ni en el contrato colectivo de trabajo que regía las relaciones laborales entre el impetrante del amparo y el trabajador; y además porque en ese sentido, la parte actora demandante también adujo que esos decretos presidenciales eran inexistentes, y que el trabajador ninguna prueba ofreció de los mismos, obrando únicamente su dicho. De consiguiente, como bien lo alega la amparista, resulta improcedente la condena que se le impuso por el pago de dicho sobresueldo, pues respecto a ello el susodicho trabajador ninguna prueba ofreció para demostrar la existencia del derecho ejercitado, pues habiéndolo sustentado en los aludidos decretos presidenciales, los mismos sin embargo no los ofreció como prueba en el juicio laboral de mérito, más aún cuando la amparista los tachó de inexistentes. Debiéndose decir además, a mayor abundamiento, que siendo esa prestación del sobresueldo de carácter extralegal, por no estar contemplada en la Ley Federal del Trabajo, le correspondía en esas condiciones al trabajador tercero perjudicado el haber acreditado para la procedencia de la misma, primeramente la existencia del derecho ejercitado, y segundo, que satisface los presupuestos exigidos para ello. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 842, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Materia del Trabajo, páginas 581 y 582, que es del tenor literal siguiente: ‘PRESTACIONES EXTRALEGALES. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA SU PROCEDENCIA. Cuando se reclama una prestación extralegal, para que prospere la pretensión, el demandante debe cumplir los siguientes requisitos: primero, demostrar la existencia del derecho ejercitado, y segundo, que satisface los presupuestos exigidos para ello.’. No es óbice a lo anterior la tesis a que alude la responsable bajo el rubro ‘FERROVIARIOS, CONSECUENCIAS DE LA JUBILACIÓN DE LOS.’; ante todo cuando la misma, como así aparece en sus datos de identificación y ubicación, deriva del amparo en revisión número 2545/35, cuya resolución completa aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, número 6, páginas 1873 a 1881; y en cuya resolución de donde deviene la tesis citada, que teniéndola a la vista este Tribunal Colegiado, que si bien se concluye la procedencia del pago de un sobresueldo, ello lo hace analizando y tomando en consideración un Reglamento para Empleados de los Ferrocarriles Nacionales de México y Anexos, que se expidió de acuerdo con el decreto presidencial de fecha 24 de febrero de 1925, y que regía obviamente las relaciones laborales entre Ferrocarriles Nacionales de México y sus trabajadores para esa fecha, esto es, para el año en que se dictó la resolución de la que deviene la tesis mencionada, como lo fue en 1935; por lo que en esas condiciones, como lo alude correctamente la amparista, dicha tesis en que pretende la Junta laboral responsable sustentar su laudo, ya no es aplicable al caso, máxime cuando las relaciones laborales entre el trabajador tercero perjudicado y la demandada hoy quejosa se regían, en el tiempo en que se reclama el sobresueldo, como lo es en el periodo comprendido del 23 de agosto de 1993 al 20 de junio de 1994, por el contrato colectivo de trabajo para el bienio 1992-1994, y no por el aludido Reglamento para Empleados de los Ferrocarriles Nacionales de México y Anexos, que rigió obviamente en otra época y situaciones distintas. En mérito de lo anterior, y por todo lo ya expresado, debe de concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la amparista, para el efecto de que la Junta laboral responsable, dejando insubsistente el laudo combatido, y tomando en consideración las razones antes expresadas en este considerando, resuelva en un nuevo laudo que dicte que en la especie era improcedente la reclamación de un sobresueldo del 50% por ciento por el período comprendido entre el 23 de agosto de 1993 al 20 de junio de 1994, que como tal reclamaba el trabajador por no habérsele jubilado cuando cumplió con treinta años de servicio."

Amparo directo 833/97.

"CUARTO. Los conceptos de violación transcritos en el apartado que antecede, resultan esencialmente fundados y suficientes para concederle el amparo a la empresa quejosa. En efecto, le asiste la razón a la amparista, al manifestar que la responsable indebidamente la condenó al pago de un 50% de sobresueldo, por el tiempo comprendido del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro al quince de junio de mil novecientos noventa y cinco, como consecuencia de que el trabajador siguió laborando después de haber cumplido treinta años de servicios y no se le había jubilado, toda vez que, dicha prestación que se reclama, como se dijo, relativa a un sobresueldo, la pretende sustentar el trabajador en decretos presidenciales de los CC. Expresidentes de la República, Lázaro Cárdenas del Río y Luis Echeverría Álvarez, publicados en el Diario Oficial de la Federación. Y es el caso, que la actuación de la Junta responsable resulta incorrecta, en virtud de que la demandada hoy amparista respecto a la reclamación de ese sobresueldo, se excepcionó aduciendo la falta de derecho del tercero perjudicado para exigirla, por no estar contemplada en la ley ni en el contrato colectivo de trabajo que regía las relaciones laborales entre el impetrante del amparo y el trabajador; además de que, en ese sentido la empresa demandada hoy quejosa, también adujo que esos decretos presidenciales eran inexistentes; cuestiones todas estas que fueron soslayadas en el laudo, sin que en autos conste que el trabajador haya acreditado la existencia de los mencionados decretos presidenciales, obrando únicamente su dicho. De consiguiente, como bien lo alega el amparista, resulta improcedente la condena que se le impuso por el pago de dicho sobresueldo, pues respecto a ello el trabajador ninguna prueba ofreció para demostrar la existencia del derecho ejercitado, pues habiéndolo sustentado en los aludidos decretos presidenciales, los mismos no los ofreció como prueba en el juicio laboral, más aún cuando la contraparte los tachó de inexistentes según se puede apreciar de la parte final de la contestación y de la audiencia de demanda y excepciones, fojas 21 y 7, respectivamente. Debiendo de quedar establecido a mayor abundamiento, que siendo esa prestación del sobresueldo de carácter extralegal, por no estar contemplada en la Ley Federal del Trabajo, le corresponde en esas condiciones al trabajador tercero perjudicado el haber acreditado para la procedencia de la misma, primeramente la existencia del derecho ejercitado, y segundo que satisface los presupuestos exigidos para ello. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Materia del Trabajo, páginas 581 y 582, que es del tenor literal siguiente: ‘PRESTACIONES EXTRALEGALES. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA SU PROCEDENCIA. Cuando se reclama una prestación extralegal, para que prospere la pretensión, el demandante debe cumplir los siguientes requisitos: primero, demostrar la existencia del derecho ejercitado, y segundo, que satisface los presupuestos exigidos para ello.’. No pasa desapercibido que si bien el trabajador en la demanda laboral alude a una ejecutoria de la Suprema Corte, visible en la página 1884 del Semanario Judicial de la Federación, V Época, Tomo XLV de 1935, la que entre paréntesis la demandada estimó inaplicable, lo cierto es, que en la página y tomo mencionado, aparece una ejecutoria que se refiere a un tema distinto, concretamente, el de sindicatos ligados con patrones; debiendo de señalarse que en el tomo mencionado, pero a páginas 1873 a 1881, está publicada una tesis bajo el rubro: ‘FERROVIARIOS, CONSECUENCIAS DE LA JUBILACIÓN DE LOS.’, que deriva del amparo en revisión número 2545/35, de la que si bien se concluye con la procedencia del pago de un sobresueldo, ello obedece al análisis de un Reglamento para Empleados de Ferrocarriles Nacionales de México y Anexos, que se expidió de acuerdo con el decreto presidencial de fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos veinticinco, y que regía obviamente las relaciones laborales entre Ferrocarriles Nacionales de México y sus trabajadores para esa fecha, esto es, para el año en que se dictó la resolución de la que deviene la tesis mencionada, como lo fue en mil novecientos treinta y cinco; de lo que deriva que tal ejecutoria resulta inaplicable al caso, máxime cuando las relaciones laborales entre el trabajador tercero perjudicado y la demandada hoy quejosa se regían, en el tiempo en que se reclama el sobresueldo, del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro al quince de julio de mil novecientos noventa y cinco, por el contrato colectivo de trabajo vigente del primero de octubre de mil novecientos noventa y cuatro al treinta de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el que incluso fue ofrecido por el trabajador acompañando las cláusulas de interés para él. Finalmente, es pertinente advertir, que el criterio contemplado en este fallo ya fue sustentado por este tribunal al resolver por unanimidad de votos, el amparo directo laboral número 731/97, promovido también por Ferrocarriles Nacionales de México, en sesión celebrada el nueve de diciembre del año pasado. En mérito de lo anterior, y por todo lo expuesto, debe de concederse el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por el amparista, para el efecto de que la Junta laboral responsable, deje insubsistente el laudo combatido y tomando en cuenta las consideraciones expuestas en este apartado, resuelva en un nuevo laudo que es improcedente la reclamación de un sobresueldo del 50% por el periodo comprendido del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro al quince de julio de mil novecientos noventa y cinco."

Amparo directo 859/97.

"CUARTO. Los conceptos de violación que hace valer el apoderado jurídico de la quejosa Ferrocarriles Nacionales de México resultan esencialmente fundados y suficientes para concederle el amparo a la empresa quejosa. En efecto, le asiste la razón a la amparista, cuando manifiesta que la Junta responsable indebidamente le condenó al pago de la cantidad de $25,836.52 para cada uno de los actores David Fuentes Martínez y José Pilar Hernández Acosta, en concepto de 50% de sobresueldo, por el tiempo comprendido del primero de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro al treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, y del dieciséis de junio de mil novecientos noventa y cuatro al quince de junio de mil novecientos noventa y cinco respectivamente, como consecuencia de que los trabajadores siguieron laborando después de haber cumplido treinta años de servicios y no se les había jubilado; toda vez que, dicha prestación que se reclama, como se dijo, relativa a un sobresueldo, la pretenden sustentar los trabajadores en decretos presidenciales de los CC. Expresidentes de la República, Lázaro Cárdenas del Río y Luis Echeverría Álvarez, publicados en el Diario Oficial de la Federación. Y es el caso, que la actuación de la Junta responsable resulta incorrecta, en virtud de que la demandada hoy amparista respecto a la reclamación de ese sobresueldo, se excepcionó aduciendo la falta de derecho de los terceros perjudicados para exigirla, por no estar contemplada en la ley ni en el contrato colectivo de trabajo que regía las relaciones laborales entre el impetrante del amparo y los trabajadores; además de que, en ese sentido la empresa demandada hoy quejosa también adujo que esos decretos presidenciales eran inexistentes; cuestiones todas éstas que fueron soslayadas en el laudo, sin que en autos conste que los trabajadores hayan acreditado la existencia de los mencionados decretos presidenciales, obrando únicamente la manifestación que en la demanda se efectuó respecto a la existencia de los mismos. De consiguiente, como bien lo alega el amparista, resulta improcedente la condena que se le impuso por el pago de dicho sobresueldo, ya que respecto a ello los trabajadores ninguna prueba ofrecieron para demostrar la existencia del derecho ejercitado, pues habiéndolo sustentado en los aludidos decretos presidenciales, los mismos no los ofrecieron como prueba en el juicio laboral, más aún cuando la contraparte los tachó de inexistentes según se puede apreciar de la audiencia de demanda y excepciones, fojas 13 de autos; además en todo caso, la mencionada prestación de cincuenta por ciento de sobresueldo adquiere rango de extralegal y por lo mismo, debe contenerse en el contrato colectivo de trabajo, por lo que si no es así, la Junta responsable no actuó conforme a derecho al condenar a la aquí quejosa al pago de una prestación que carece de sustento legal. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver el amparo directo número 659/97 que dice: ‘SOBRESUELDO POR EL TIEMPO LABORADO DESPUÉS DE LA FECHA EN QUE SE TENÍA DERECHO A LA JUBILACIÓN. ES IMPROCEDENTE SI NO TIENE SUSTENTO LEGAL. Ni la Constitución General de la República, ni la Ley Federal del Trabajo, contemplan la prestación consistente en el pago del cincuenta por ciento de sobresueldo que debe cubrir el patrón al trabajador durante el tiempo que siguió laborando después de la fecha en que reunió los requisitos para ser jubilado; por esa razón, el indicado beneficio adquiere el carácter de prestación extralegal que debe contenerse en el contrato colectivo de trabajo, por ser el citado documento el que contiene tanto la voluntad de la parte patronal como la de los trabajadores, relacionada con todo aquello que puede afectar la pensión a que tiene derecho un trabajador que adquiere su jubilación; por tanto, es procedente concluir que si la indicada prestación carece de sustento legal, el laudo que condena por ese concepto es violatorio de garantías.’. Por otra parte, cabe decir que no pasa desapercibido que si bien los trabajadores en la demanda laboral aluden a una ejecutoria de la Suprema Corte, visible en la página 1884 del Semanario Judicial de la Federación, V Época, Tomo XLV de 1935, ella en todo caso sería aplicable para el año en que se dictó la resolución de la que deviene la tesis mencionada, como lo fue en mil novecientos treinta y cinco; de lo que deriva que tal ejecutoria resulta inaplicable al caso. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito que dice: ‘FERROCARRILEROS. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DEL CINCUENTA POR CIENTO SOBRE EL SALARIO DEL TRABAJADOR CUANDO CONTINÚA LABORANDO DESPUÉS DE ALCANZAR EL DERECHO A LA JUBILACIÓN. Según interpretación de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que con el rubro: «FERROVIARIOS, CONSECUENCIAS DE LA JUBILACIÓN DE LOS.» visible a foja mil ochocientos setenta y cuatro del Tomo XLV Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, el segundo párrafo del artículo 178 del contrato de reglamentación del trabajo, celebrado entre la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, Sociedad Anónima, y sus trabajadores, que estuvo en vigor en el año de mil novecientos veinticinco, establecía en favor del trabajador un derecho absoluto a retirarse del trabajo después de treinta años de haber prestado servicios, sin que la empresa pudiera hacer objeción alguna, de ahí que si optaba esta última por seguir utilizando los servicios de aquél, con su conformidad, debía pagarle no sólo su sueldo regular sino también la pensión jubilatoria correspondiente, constituida por el cincuenta por ciento del sueldo disfrutado durante los dos últimos años de servicios, pero como tal contrato no se encuentra a la fecha en vigor, ni el contrato colectivo de trabajo aplicable, en su capítulo de jubilaciones, contiene una cláusula con una disposición similar a la del precepto señalado que diera lugar a invocar por analogía el criterio aludido, es improcedente la prestación a que dice tener derecho el peticionario del amparo, consistente en la cantidad de dinero que resulte por los años que continuó laborando para la demandada después de haber cumplido treinta años de servicios, obligatorios para obtener el beneficio de la jubilación.’. Finalmente, es pertinente advertir, que el criterio contemplado en este fallo ya fue sustentado por este tribunal al resolver por unanimidad de votos, el amparo directo laboral número 833/97, promovido también por Ferrocarriles Nacionales de México. En mérito de lo anterior, y por todo lo expuesto, debe de concederse el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por el amparista, para el efecto de que la Junta laboral responsable, deje insubsistente el laudo combatido y tomando en cuenta las consideraciones expuestas en este apartado, resuelva en un nuevo laudo que es improcedente la reclamación de pago de sobresueldo del 50% por los periodos señalados por los actores en su demanda."

Las anteriores consideraciones originaron que el indicado Tribunal Colegiado de Circuito sustentara la tesis cuyos datos de identificación y texto son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VII, mayo de 1998

"Tesis: VIII.1o.22 L

"Página: 1048

"PRESTACIONES EXTRALEGALES CONTENIDAS EN DECRETOS PRESIDENCIALES. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA. No es al demandado a quien le corresponde la carga de la prueba relativa a la prestación extralegal, sino al actor acreditar la procedencia de la misma, esto es, demostrar la existencia del derecho ejercitado y satisfacer los presupuestos exigidos para ello. De consiguiente, la pre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6585-89a002f9/prestaciones-laborales-apoyadas-en-un-decreto-presidencial-carga · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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