TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO LABORAL. EL AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR A JUICIO A QUIEN LAS PARTES SEÑALAN CON TAL CARÁCTER SÓLO PUEDE RECLAMARSE POR ALGUNA DE ELLAS EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN CONTRA EL LAUDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO) Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día dieciséis de junio del año dos mil.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escrito recibido el veinticinco de enero del año dos mil en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, denunció la posible contradicción entre la tesis número III.T.1 K, de rubro: "TERCERO INTERESADO. NEGATIVA A SU LLAMAMIENTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.", emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito) y el criterio sustentado por aquel tribunal, al resolver los amparos en revisión (improcedencias laborales) números 285/99 y 286/99 (página 1).
SEGUNDO.-Por acuerdo del treinta y uno de enero del año dos mil, el presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó que se formara y registrara el expediente y que se solicitara al presidente del Tribunal Colegiado mencionado en segundo término, copia certificada de la sentencia dictada en el asunto antes señalado (foja 33).
En proveído de veinticinco de febrero del mismo año, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que este órgano jurisdiccional es competente para conocer del asunto; ordenó que se abocara a su conocimiento y que se diera a conocer dicho acuerdo al procurador general de la República para que expusiera su parecer (foja 51).
El veintisiete de marzo del presente año el subsecretario de Acuerdos de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo de treinta días concedido al procurador general de la República, transcurría del nueve de marzo al veinticuatro de abril del mismo año (foja 57).
El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción no formuló pedimento alguno.
En proveído de veinticuatro de marzo, se turnaron los autos al Ministro Mariano Azuela Güitrón para que formulara el proyecto de resolución (foja 57).
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente contradicción de tesis atento a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 1/1997 del Tribunal Pleno, relativo a la determinación de la competencia por materia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que se presenta una denuncia de contradicción de tesis en materia laboral.
SEGUNDO.-La presente denuncia de contradicción de tesis es procedente, de conformidad con lo siguiente:
El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental establece, en la parte conducente:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.-La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.-La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
El precepto antes reproducido establece los lineamientos para la integración de la jurisprudencia por el sistema de unificación, a través de la resolución de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. El artículo 197-A de la Ley de Amparo establece que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito o los Magistrados que los integran o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieran sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios. Como se advierte, la enumeración de los órganos, servidores públicos o personas que pueden denunciar la contradicción es limitativa y se reduce a los anteriormente señalados.
En el presente caso, la contradicción de tesis es denunciada por la presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el que dictó las sentencias en los amparos en revisión 285/99 y 286/99, materia de la denuncia; consecuentemente, está facultada por la Ley de Amparo para hacerlo, dado que es integrante del órgano colegiado que emitió los criterios materia de la posible contradicción.
TERCERO.-Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito), al fallar el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y seis el recurso de revisión 107/95, interpuesto por la Comisión Federal del Electricidad, en la parte que interesa, consistieron en lo siguiente:
"TERCERO.-Resulta fundado el agravio esgrimido por el recurrente.-Efectivamente, del escrito en que se promueve el juicio constitucional (fojas 2 a 11), como lo aduce la quejosa, el acto reclamado se hizo consistir, por una parte, en la resolución sobre un incidente de nulidad y, por la otra, en la negativa de la responsable a llamar al juicio laboral, como tercero interesado, al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Sin embargo, el Juez Federal al proveer en relación a la admisión de la demanda de amparo, proveyó que la misma debía desecharse de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, en consideración a que la resolución combatida decidía un incidente de nulidad; lo que si bien así aparece de la instancia constitucional, como lo hace notar el recurrente, el Juez de Distrito inadvirtió que el acto controvertido comprendía los dos aspectos mencionados, que como ya se dijo, uno de ellos fue precisamente aquél mediante el cual la Junta responsable negó llamar a la contienda natural al organismo profesional de referencia, pues sólo se ocupó el propio Juez del amparo, del rechazo de que fue objeto, por parte de la Junta, de un incidente de nulidad, generándose así el agravio que se invoca en los motivos de desacuerdo, por cuanto que se dejó de tener en cuenta que la demanda de garantías no sólo comprendía la cuestión en cuyo torno se pronunció, sino también el diverso que se ha comentado, que por cierto, de una vez debe decirse, admite para su impugnación el juicio de amparo en la vía indirecta ante el Juez de Distrito.-En efecto, la resolución pronunciada por la Junta de Conciliación y Arbitraje en la que acuerda no haber lugar a llamar como terceros interesados a las personas designadas por las partes, es una violación de procedimiento que es impugnable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción VI (sic), de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto de imposible reparación, toda vez que tal autoridad, al pronunciar el laudo, no podrá involucrar a quienes no fueron llamados a juicio, ni tuvieron alguna intervención en el mismo, pues atendiendo al principio de congruencia que contiene el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, no puede fincar condena respecto de una determinada persona, si previamente no la ha tenido como parte, dado que al establecer esa norma que los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, es indiscutible que en el laudo sólo pueden quedar involucradas las personas llamadas a juicio. De consiguiente, si la ahora quejosa y recurrente, en su calidad de demandada en el juicio laboral, solicitó que se llamara a juicio al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, por considerar que pudiera afectarle la resolución que en el mismo se pronunciara, y la responsable se negó a tal petición, indudablemente que ese proceder de la instructora encuadra, para ser impugnable, en lo que dispone el artículo 114, fracción VI (sic), de la Ley de Amparo, y así, el Juez de Distrito debió proveer lo conducente a la admisión de la demanda de garantías por lo que a ese acto corresponde.-Consecuentemente, al resultar fundado el agravio analizado, lo procedente es modificar el auto mediante el cual el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa desechó de plano la demanda de garantías, a fin de que provea sobre la admisión de la demanda, en cuanto al acto reclamado consistente en la negativa de la autoridad responsable de llamar al juicio al tercero interesado, siempre que en el caso no exista alguna causa notoria de improcedencia que lo impida, distinta de la examinada."
Las anteriores consideraciones originaron que dicho Tribunal Colegiado de Circuito sustentara la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IV, julio de 1996
"Tesis: III.T.1 K
"Página: 429
"TERCERO INTERESADO. NEGATIVA A SU LLAMAMIENTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.-La resolución pronunciada por la Junta de Conciliación y Arbitraje en la que acuerda no haber lugar a llamar como terceros interesados a las personas designadas por las partes, es una violación de procedimiento que es impugnable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto de imposible reparación, toda vez que tal autoridad, al pronunciar el laudo, no podrá involucrar a quienes no fueron llamados a juicio ni tuvieron alguna intervención en el mismo." (Amparo en revisión [improcedencia] 107/95. Comisión Federal de Electricidad. 22 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Jesús Rafael Aragón).
CUARTO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito al resolver el trece de enero del dos mil, los recursos de revisión 285/99 y 286/99, interpuestos por el Ingenio La Gloria, Sociedad Anónima de Capital Variable, sostuvo, respectivamente, lo siguiente:
Recurso de revisión 285/99.
"III.-Son inatendibles los agravios antes transcritos.-En efecto, con independencia de que el apoderado de la persona moral quejosa no expresa por qué estima violado en perjuicio de su poderdante lo dispuesto en la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo, como era su obligación por ser la parte patronal y, por ende, el amparo de estricto derecho en el que no cabe la suplencia de la queja, no es de acogerse lo que se aduce en el sentido de que las tesis que apoyan el sentido del acuerdo recurrido carecen de obligatoriedad por no constituir jurisprudencia, ya que la segunda de esas tesis sí constituye jurisprudencia en términos de lo establecido por el artículo 192, in fine, de la propia ley de la materia, por haberla emitido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 47/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, y en cuanto a la ejecutoria que también se invoca, al margen de cualquiera otra consideración que pudiera hacerse al respecto, debe significarse que no existe precepto legal que impida citarla para normar el criterio del juzgado, acorde con la diversa jurisprudencia que bajo el número 245, puede consultarse a fojas ciento sesenta y cuatro, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘EJECUTORIAS DE LA CORTE APLICADAS POR LOS JUECES DE DISTRITO.-Los Jueces de Distrito no violan el artículo 193 de la Ley de Amparo al invocar una ejecutoria aislada de las Salas de la Suprema Corte de Justicia, no obstante que no constituye una jurisprudencia obligatoria, pues lo que establece dicho precepto legal es que los propios Jueces Federales deben obedecer la jurisprudencia obligatoria del Alto Tribunal, pero no les prohíbe que orienten su criterio con los precedentes de la propia Corte, ya que es práctica generalmente reconocida la de que los tribunales inferiores adecuen su criterio al de mayor jerarquía.’, esto sin dejar de tomar en cuenta que en todo caso, con ningún razonamiento jurídico se desvirtúa la aplicación, en el caso concreto, de las tesis de que se trata.-Tampoco es de acogerse lo que se argumenta acerca de que procedía el llamamiento de los terceros interesados, como lo propuso el apoderado del disconforme, por así desprenderse de la demanda laboral que originó el juicio relativo de donde deriva el acto reclamado, el cual ‘sí constituye un acto procesal de ejecución irreparable, toda vez que de llegar a prosperar la acción intentada por el tercero perjudicado, llegaría a condenarse al hoy quejoso a pagar en forma indebida una jubilación que por disposición del Contrato-Ley de la Industria Azucarera debe ser calculada y cubierta por la Comisión de Jubilaciones, lo que traería graves perjuicios económicos a mi representada e implicaría una modificación sustancial del contrato-ley invocado mediante la vía de un conflicto individual lo que de acuerdo a la jurisprudencia y al derecho no es factible’, cuenta habida de que, además de que esos supuestos ‘graves perjuicios’ se hacen derivar del laudo con el que en su caso y momento concluya el juicio laboral, lo que acarrearía que tal impugnación procediera hacerla en la vía de amparo directo contra el propio laudo, resulta evidente que en forma alguna se evidencia que la determinación reclamada, mediante la que se negó el llamamiento de los referidos terceros interesados, tenga en la persona o bienes del promovente del amparo una ejecución que sea de imposible reparación, por afectar de modo directo e inmediato alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, en contra de lo estimado por la Juez de Distrito, lo que implica que esta consideración y los fundamentos legales que la apoyan deban quedar subsistentes para seguir rigiendo el sentido del acuerdo recurrido, máxime que tampoco se pone de manifiesto que sean aplicables en beneficio del quejoso las tesis que se invocan al final de los agravios que se analizan, por actualizarse en la especie tal ejecución irreparable, aunque no está por demás indicar, que no se ve en qué forma ese acto reclamado que contiene la negativa a que los terceros sean llamados a juicio, puede afectarle de modo directo e inmediato alguno de sus derechos subjetivos públicos, si el disconforme, al quedar emplazado a juicio en su carácter de demandado, está en posibilidad de ser oído y, por ende, de hacer valer aquellos argumentos contra la procedencia de la referida jubilación demandada, de aportar las pruebas que estime pertinentes para la defensa de sus intereses, y de alegar lo que a su derecho convenga, todo lo cual conduce a estimar correcta la determinación de la a quo, con independencia de que el amparo indirecto se estime procedente en los supuestos en que pudiera actualizarse la ejecución irreparable de que se habla.-En estas condiciones, procede confirmar el acuerdo recurrido, acorde con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia que bajo los números 29 y 36, pueden consultarse en las páginas diecinueve, veintitrés y siguiente, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra, respectivamente, dicen: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.-Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre, y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión, que no constituyen su materia, toda vez que ésta se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes.’ y ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.-Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida.’, circunstancia esta que no se actualiza en la especie por tratarse de un amparo promovido, como ya se dijo, por la parte patronal, siendo de significarse que igual criterio se sostuvo al resolverse en sesión de esta misma fecha, por mayoría, el juicio de amparo en revisión número 286/99.-En términos de lo antes puntualizado y ante la posible contradicción de tesis que pudiera suscitarse entre el criterio sustentado por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en la ejecutoria que bajo el número III.T.1 K, puede consultarse en la página cuatrocientos veintinueve, Tomo IV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y seis, del tenor literal siguiente: ‘TERCERO INTERESADO. NEGATIVA A SU LLAMAMIENTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.-La resolución pronunciada por la Junta de Conciliación y Arbitraje en la que acuerda no haber lugar a llamar como terceros interesados a las personas designadas por las partes, es una violación de procedimiento que es impugnable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto de imposible reparación, toda vez que tal autoridad, al pronunciar el laudo, no podrá involucrar a quienes no fueron llamados a juicio ni tuvieron alguna intervención en el mismo.’, y el criterio de mayoría del que ahora resuelve en el sentido de que, respecto de la negativa a llamar al juicio laboral a los terceros interesados, es procedente el amparo indirecto en los supuestos en que esa determinación tenga en la persona o bienes del promovente del amparo una ejecución que sea de imposible reparación, por afectar de modo directo e inmediato a alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución General de la República, procede, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, hacer la denuncia correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lo que tenga a bien disponer.-Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 85 y 90 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-Se confirma el acuerdo dictado el tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, en el cuaderno auxiliar de amparo número 515/99, formado con motivo de la demanda instaurada por el licenciado Alejandro Pérez Carmona, en su carácter de apoderado del Ingenio La Gloria, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto y la autoridad que se puntualizan en el resultando primero de esta ejecutoria, mediante el cual se desechó de plano tal demanda por motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio que se pretendía instaurar al través de ella.-SEGUNDO.-Hágase la denuncia de posible contradicción de tesis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo ordenado en el último párrafo del considerando tercero de esta ejecutoria.-Notifíquese como corresponda; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.-Así, por mayoría de votos de los Magistrados Graciela Guadalupe Alejo Luna y Manuel Francisco Reynaud Carús, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, contra el voto particular del Magistrado Eliel E. Fitta García, quien sostiene su proyecto en los siguientes términos: ‘Disiento de la responsable opinión de la mayoría, porque considero que mi proyecto es correcto, pues está ajustado al criterio de la entonces Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso particular, de que por tratarse de la negativa a llamar a juicio a un tercero interesado procede el amparo indirecto y no el juicio de garantías directo como esencialmente se sostiene en el proyecto de la mayoría, por lo que la ejecutoria debió engrosarse en el siguiente sentido: III.-Es esencialmente fundado uno de los motivos de desacuerdo transcritos.-En efecto, tal y como se argumenta es incorrecto el desechamiento de plano de la demanda de garantías por los motivos que expuso la a quo, al margen de cualquiera otra consideración, cuenta habida de que el acuerdo mediante el cual la Junta responsable señaló que no había lugar a llamar a juicio como terceros interesados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, Sección Veinte, así como a la Comisión de Jubilaciones, que constituye el acto reclamado, además de que no produce efectos intraprocesales, ni se encuentra comprendido en alguna de las fracciones del artículo 159 de la Ley de Amparo, no podrá ser examinado por el laudo que se pronuncie, sea favorable o desfavorable a la parte quejosa, por lo que tiene una ejecución sobre las personas o las cosas de imposible reparación que viene a ser el presupuesto que contempla la fracción IV del artículo 114 de la invocada ley, para la procedencia del amparo indirecto, sin que sea dable considerar que no es de imposible reparación, pues expresamente así lo ha sostenido la entonces Cuarta Sala del más Alto Tribunal del país, en la tesis que bajo el rubro: «TERCERO INTERESADO, AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR AL (VIOLACIÓN PROCESAL).» invoca y transcribe la disconforme, la cual a la letra dice: «La resolución pronunciada por la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la que acuerda no haber lugar a llamar como terceros interesados a las personas designadas por las partes, es una violación de procedimiento que no es atacable en un juicio de amparo directo, por no quedar comprendida en el artículo 159 de la Ley de Amparo, sino que es impugnable en un juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114 fracción (sic) de la propia ley, por tratarse de un acto de imposible reparación, toda vez que la Junta de Conciliación y Arbitraje no puede revocar su determinación al pronunciar su laudo.», y de igual modo la diversa tesis del epígrafe: «TERCERO INTERESADO EN LOS JUICIOS DE TRABAJO.», consultable en la página trescientos setenta y ocho del Tomo CII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: «El acuerdo negando intervención como tercer perjudicado, al sindicato quejoso, en un juicio en que se controvertía ante la Junta responsable la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, no constituye un acto de procedimiento que deba ser reclamado cuando se promueva el amparo contra el laudo definitivo que se dicte, ya que en los términos de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, causa un perjuicio de imposible reparación.», criterio reiterado por los Tribunales Colegiados, entre otras, en la tesis que bajo el número III.T.1 K y voz: «TERCERO INTERESADO. NEGATIVA A SU LLAMAMIENTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.», que también alude la propia disconforme, y que se consulta en la página cuatrocientos veintinueve del Tomo IV, del propio Semanario, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y seis, y que dice: «La resolución pronunciada por la Junta de Conciliación y Arbitraje en la que acuerda no haber lugar a llamar como terceros interesados a las personas designadas por las partes, es una violación de procedimiento que es impugnable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto de imposible reparación, toda vez que tal autoridad, al pronunciar el laudo, no podrá involucrar a quienes no fueron llamados a juicio ni tuvieron alguna intervención en el mismo.».-En esas condiciones, sin necesidad de analizar lo demás alegado debe revocarse el auto recurrido a fin de que la a quo acuerde lo que corresponda en derecho.’."
Recurso de revisión 286/99.
"TERCERO.-Son inatendibles los agravios antes transcritos.-En efecto, con independencia de que el apoderado de la persona moral quejosa no expresa por qué estima violado en perjuicio de su poderdante lo dispuesto en la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo, como era su obligación por ser la parte patronal y, por ende, el amparo de estricto derecho en el que no cabe la suplencia de la queja, no es de acogerse lo que se aduce en el sentido de que las tesis que apoyan el sentido del acuerdo recurrido carecen de obligatoriedad por no constituir jurisprudencia, ya que la segunda de esas tesis sí constituye jurisprudencia en términos de lo establecido por el artículo 192, in fine, de la propia ley de la materia, por haberla emitido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 47/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, y en cuanto a la ejecutoria que también se invoca, al margen de cualquiera otra consideración que pudiera hacerse al respecto, debe significarse que no existe precepto legal que impida citarla para normar el criterio del juzgador, acorde con la diversa jurisprudencia que bajo el número 245, puede consultarse a fojas ciento sesenta y cuatro, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘EJECUTORIAS DE LA CORTE APLICADAS POR LOS JUECES DE DISTRITO.-Los Jueces de Distrito no violan el artículo 193 de la Ley de Amparo al invocar una ejecutoria aislada de las Salas de la Suprema Corte de Justicia, no obstante que no constituye una jurisprudencia obligatoria, pues lo que establece dicho precepto legal es que los propios Jueces Federales deben obedecer la jurisprudencia obligatoria del Alto Tribunal, pero no les prohíbe que orienten su criterio con los precedentes de la propia Corte, ya que es práctica generalmente reconocida la de que los tribunales inferiores adecuen su criterio al de mayor jerarquía.’, esto sin dejar de tomar en cuenta que en todo caso, con ningún razonamiento jurídico se desvirtúa la aplicación, en el caso concreto, de las tesis de que se trata.-Tampoco es de acogerse lo que se argumenta acerca de que procedía el llamamiento de los terceros interesados, como lo propuso el apoderado del disconforme, por así desprenderse de la demanda laboral que originó el juicio relativo de donde deriva el acto reclamado, el cual ‘sí constituye un acto procesal de ejecución irreparable, toda vez que de llegar a prosperar la acción intentada por el tercero perjudicado, llegaría a condenarse al hoy quejoso a pagar en forma indebida una jubilación que por disposición del Contrato-Ley de la Industria Azucarera debe ser calculada y cubierta por la Comisión de Jubilaciones, lo que traería graves perjuicios económicos a mi representada e implicaría una modificación sustancial del contrato-ley invocado mediante la vía de un conflicto individual lo que de acuerdo a la jurisprudencia y al derecho no es factible’, cuenta habida de que, además de que esos supuestos ‘graves perjuicios’ se hacen derivar del laudo con el que en su caso y momento concluya el juicio laboral, lo que acarrearía que tal impugnación procediera hacerla en la vía de amparo directo contra el propio laudo, resulta evidente que en forma alguna se evidencia que la determinación reclamada, mediante la que se negó el llamamiento de los referidos terceros interesados, tenga en la persona o bienes del promovente del amparo una ejecución que sea de imposible reparación, por afectar de modo directo e inmediato alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, en contra de lo estimado por la Juez de Distrito, lo que implica que esta consideración y los fundamentos legales que la apoyan deban quedar subsistentes para seguir rigiendo el sentido del acuerdo recurrido, máxime que tampoco se pone de manifiesto que sean aplicables en beneficio del quejoso las tesis que se invocan al fina
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6577-017dd6cf/tercero-interesado-en-el-proceso-laboral-el-auto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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