PENSIONES OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA. SU INCREMENTO DEBE EFECTUARSE ANUALMENTE EN EL MES DE FEBRERO, CONFORME AL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) CORRESPONDIENTE AL AÑO CALENDARIO ANTERIOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 20 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ NÚÑEZ (PRESIDENTE), SERGIO GARCÍA MÉNDEZ, ARCELIA DE LA CRUZ LUGO Y GUILLERMO ERIK SILVA GONZÁLEZ. PONENTE: GUILLERMO ERIK SILVA GONZÁLEZ. SECRETARIO: CARLOS ALÁN GONZÁLEZ ARCE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito es competente legalmente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios emitidos por Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de este Cuarto Circuito.
Asimismo, este Pleno de Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver del asunto con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.
La resolución de la denuncia de contradicción de tesis se llevará a cabo de manera virtual y remota, haciendo uso de medios electrónicos, dada la contingencia por la que atraviesa actualmente el país por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que el numeral 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República señala que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de Circuito correspondiente; asimismo, el diverso artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo establece que las contradicciones a que se refiere la fracción III del artículo 226, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el fiscal general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron; y en el caso concreto, la denuncia de contradicción de tesis se formuló por la apoderada de uno de los quejosos en los juicios de amparo en los que se emitieron los criterios contradictorios.
TERCERO.—Criterios contendientes en la posible contradicción de tesis. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario conocer los argumentos y consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo determinó, al resolver el juicio de amparo directo número 1006/2018, en sesión plenaria de trece de junio de dos mil diecinueve, en lo que interesa, estableció:
"En otro contexto, en el tercer motivo conceptual, sostiene la apoderada jurídica del aquí inconforme, el tribunal de origen infringe sus derechos constitucionales, al efectuar una cuantificación incorrecta de la condena, pues incluyó el incremento correspondiente a los años dos mil catorce, dos mil quince y sucesivos, a pesar de que se efectúa en febrero de cada año, conforme al numeral 145 de la Ley del Seguro Social vigente al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.
"Es infundado el anterior argumento, habida cuenta que si bien, como lo alega la parte quejosa, el artículo 145 de la Ley del Seguro Social(1) señala que las pensiones aumentarán en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, ello se explica porque tal indicador se publica en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda, conforme al segundo párrafo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación.(2)
"Es decir, el porcentaje relativo al mes de enero, se conoce en los primeros diez días de febrero de cada año y así sucesivamente; de ahí que si el numeral 145 de la Ley del Seguro Social alude al mes de febrero de cada año, ello responde a que es en esa data que se conoce el factor aplicable al mes anterior (enero), a partir del cual deben computarse los incrementos.
"Luego, si en el laudo reclamado el incremento que se tomó en cuenta al cuantificar la pensión se ordenó desde el mes de enero de cada anualidad, ello se estima apegado a derecho, atendiendo a la forma en la cual se calcula y publica el índice del cual se obtiene la tasa aplicable.
"Igual criterio sustentó este Tribunal Colegiado, al fallar el juicio de amparo directo 292/2017, en sesión de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, 1483/2017, resuelto en sesión de quince de marzo y 1558/2017, en sesión de catorce de junio, ambos de dos mil dieciocho."
Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 416/2019, en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, consideró lo siguiente:
"El peticionario del amparo refiere toralmente en el sexto motivo de disenso, que la autoridad responsable conculcó en su perjuicio las garantías de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley consagradas en los artículos 14, 16 y 123 constitucionales, en relación con los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que efectuó una cuantificación incorrecta, dado que aplicó los incrementos al monto de la pensión a partir del uno de enero; no obstante que los mismos se efectúan en el mes de febrero de cada año.
"Es fundado lo alegado por el inconforme en la medida siguiente:
"En efecto, la Junta estimó procedente condenar al instituto demandado, al otorgamiento de la pensión de vejez en favor del actor, ahora tercero interesado, en los términos que se leen de la parte considerativa del laudo, transcrita en el considerando cuarto de la presente sentencia y en lo que interesa determinó:
"‘... y hasta que la demandada dé cumplimiento a la presente resolución y se cuantifica de la siguiente manera, así como aplicando los debidos incrementos:
"‘2016 - $**********
"‘2017- 3.9%= $**********
"‘2018- 3.9%= $**********
"‘31 de marzo al 31 de diciembre del 2016= 270 días x $********** = $**********
"‘Año 2017- 12 meses X $********** = $**********
"‘Año 2018- 6 meses X $********** = $**********
"‘TOTAL= $**********’ (énfasis añadido)
"Lo determinado por la responsable deviene ilegal, en el sentido de aplicar los incrementos a la pensión a partir del mes de enero de los años dos mil diecisiete y dieciocho, pues lo hizo multiplicando el factor de variación por doce meses, en el primer caso por doce meses y en el segundo por seis, lo que implica que aplicó el incremento a partir del mes de enero de cada uno de esos años.
"En efecto, el artículo décimo primero transitorio de las reformas y adiciones de la Ley del Seguro Social, conforme al decreto publicado el veinte de diciembre de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, respecto a la actualización de la pensión conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, en febrero de cada año, establece lo siguiente:
"‘Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. ... Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.—Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente: Decreto. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: Se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.—Artículo único: Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1995, en los términos siguientes: ... Décimo primero. La cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997 será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior. Esta disposición se aplicará a partir del 1o. de febrero de 2002 ...’ (publicación del Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 2001).
"De acuerdo con la transcripción del artículo décimo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno, se determinó que las pensiones otorgadas conforme a la legislación del instituto con vigencia al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, serían actualizadas en el mes de febrero de cada año, de manera que la Junta, al realizar los cálculos de la pensión de vejez, debió acudir a dicha disposición legal.
"Así es, pues el artículo décimo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno, establece, en lo que interesa, que la cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la legislación vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, será actualizada anualmente en el mes de febrero correspondiente al año calendario anterior, y esa disposición aplica desde el uno de febrero de dos mil dos, disposición que es de orden público y de observancia obligatoria.
"Similar criterio sostuvo este tribunal, al resolver los amparos directos 833/2017-I y 1796/2017-I, en sesiones de uno de diciembre de dos mil diecisiete y once de mayo del año en (sic) dos mil dieciocho, respectivamente."
Ahora, tal como se ve de la transcripción de las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, que obran a foja sesenta y siete del expediente formado con motivo de la presente contradicción de tesis,(3) el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito estimó, a propósito de la modificación de una pensión de incapacidad, los incrementos a dicha pensión debían efectuarse en enero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Lo anterior, al interpretar que el artículo 145 de la Ley del Seguro Social, vigente a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete, alude al mes de febrero de cada año, debido a que el porcentaje de inflación relativo al mes de enero se publica en los primeros diez días de febrero.
Mientras que el diverso Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Cuarto Circuito estimó, al resolver sobre el otorgamiento de una pensión de vejez también bajo el amparo de la Ley del Seguro Social derogada, según se advierte de la transcripción efectuada en la ejecutoria correspondiente que obra a foja dieciocho del expediente de contradicción,(4) determinó que los incrementos a esta pensión debían efectuarse en el mes de febrero, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente al año calendario anterior.
Esto, de conformidad con el artículo décimo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno, pues ahí se estableció que la cuantía de las pensiones otorgadas bajo la legislación derogada serían actualizadas en esos términos, a partir del uno de febrero de dos mil dos.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Conforme a los criterios previamente relatados, se concluye la existencia de la contradicción de tesis denunciada.
Cabe mencionar que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la existencia de la contradicción de criterios se encuentra condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias".
Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Esto, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho, como en los de hecho.
Luego, considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia.
Por tanto, se precisa que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas.
Lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
En ese sentido, la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que se pronuncien:
1) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y
2) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis, y no para buscar diferencias de detalle que impidan analizar dicha cuestión.
Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página siete del Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Establecido lo anterior, es necesario precisar que no constituye un impedimento para estimar actualizada la contradicción de tesis, el hecho de que los criterios discrepantes se basen en diferentes disposiciones jurídicas de la Ley del Seguro Social.
En efecto, de la confrontación de las ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se advierte que se trataron pensiones distintas, e incluso acciones diferentes, así como el fundamento legal utilizado, pues, se reitera, el Tercer Tribunal Colegiado se pronunció sobre la modificación de una pensión de incapacidad, tomando en cuenta el artículo 145 de la Ley del Seguro Social vigente a partir de julio de mil novecientos noventa y siete; mientras que el Primer Tribunal Colegiado lo hizo sobre el otorgamiento de una pensión de vejez, de conformidad con el artículo décimo primero transitorio del decreto que modificó diversas disposiciones de la citada legislación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno.
Sin embargo, el problema jurídico analizado por los Tribunales Colegiados de Circuito fue el mismo, a saber, a partir de cuándo deben incrementarse las pensiones otorgadas con base en la Ley del Seguro Social derogada.
En efecto, deben dejarse de lado las cuestiones fácticas diferentes, sobre las acciones intentadas, así como los requisitos particulares de las mismas, ya que la contradicción se centra en el análisis efectuado sobre el actuar de la Junta responsable, es decir, si fue correcto que condenara a incrementar las pensiones en enero.
Es así, ya que debe privilegiarse la razón de ser de las contradicciones de tesis, consistente en determinar la solución correcta de un caso, a fin de uniformar criterios y salvar la seguridad jurídica.
De lo contrario, sería un error que si dos Tribunales Colegiados de Circuito sostienen criterios distintos respecto de una misma cuestión jurídica, no se resuelva cuál de las conclusiones de los Colegiados es la correcta, o incluso si la correcta es otra solución, dado que entonces la seguridad jurídica quedaría en entredicho al quedar vigentes dos criterios diversos.
Máxime que el problema jurídico puede plantearse desde una óptica estrictamente positivista, como un problema de elección de norma aplicable, es decir, la elección de una disposición normativa distinta respecto de una misma hipótesis, pues ello deja al descubierto que cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito realizó su propia interpretación de las mismas y llegó a conclusiones opuestas, revelando justamente la existencia de la contradicción en estudio.
Se invoca el criterio 1a. LXIX/2003, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y ocho del Tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE AUN CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES DISCREPEN RESPECTO DE CUÁL ES LA NORMA APLICABLE A LA HIPÓTESIS PROCESAL QUE RESOLVIERON.—El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001 determinó que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos. Ahora bien, el hecho de que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan discrepado respecto de cuál era la norma aplicable a un supuesto específico que resolvieron, no es obstáculo para determinar la existencia de la contradicción de tesis planteada, pues la elección de una norma procesal distinta respecto de una misma hipótesis, implica que cada uno de dichos órganos jurisdiccionales realizó su propia interpretación y llegó a conclusiones opuestas."
Igualmente, se invoca por ilustrativo el diverso criterio 1a. CCXXXI/2007, también emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos diecinueve del Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE SU ESTUDIO CUANDO LOS TRIBUNALES SE APOYAN EN DIFERENTES DISPOSICIONES JURÍDICAS DE UNA MISMA LEY PARA LLEGAR A SU CRITERIO.—Cuando ante la misma legislación dos tribunales sostienen criterios distintos debido a que cada uno, utilizó, diversas disposiciones, en realidad se está decidiendo de manera diferente sobre una misma cuestión jurídica, generándose inseguridad para los gobernados, porque existen dos criterios con conclusiones diversas y dependiendo del tribunal al cual toque conocer será el sentido de la resolución. Al respecto, debe tomarse en cuenta que las contradicciones de tesis tienen como razón de ser la generación de seguridad jurídica y una de las situaciones que pretenden lograr es que, independientemente del tribunal al cual toque resolver, se tenga certeza de cómo se decidirá el conflicto de derecho. Así las cosas, debe privilegiarse esa razón de ser, pues considerar la inexistencia de la contradicción en esas situaciones implicaría que, a pesar de que dos Tribunales Colegiados de Circuito sostienen criterios distintos respecto de una misma cuestión jurídica, no se resuelva cuál de las conclusiones de los colegiados es la correcta o incluso si el criterio a seguir es otro distinto, con lo que la seguridad jurídica quedaría en entredicho."
QUINTO.—Materia de la contradicción. En las relatadas consideraciones, la presente contradicción de tesis versará sobre el mes en que deben efectuarse los incrementos a las pensiones de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
SEXTO.—Criterio que debe prevalecer. Este Pleno de Circuito determina que el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es en el sentido de que el incremento anual a las pensiones otorgadas al tenor de la Ley del Seguro Social anterior, debe aplicarse en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor relativo al año calendario previo.
Para resolver la problemática jurídica que nos ocupa, es necesario destacar que la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, respecto al incremento periódico de las pensiones otorgadas conforme a ese ordenamiento legal, establecía en los artículos 75, 76, 172 y 173, que la cuantía relativa debe ser revisada cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, aumentándose con el mismo incremento porcentual que corresponda al salario mínimo general del Distrito Federal.
A partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete, entró en vigor la "nueva" Ley del Seguro Social, la cual dio pie a un cambio sustancial a la manera en que debía aumentarse el monto de las pensiones otorgadas acorde con tal normatividad, pues al respecto prevé que será actualizado anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior, según deriva de los numerales 68, 69, 145, 157, 164 y 170, que dicen:
"Titulo segundo
"Del régimen obligatorio
"Capítulo III
"Del seguro de riesgos de trabajo
"Sección cuarta
"Del incremento periódico de las pensiones
"Artículo 68. La cuantía de las pensiones por incapacidad permanente será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior."
"Artículo 69. Las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes del asegurado por riesgos de trabajo serán revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda, en términos de lo dispuesto en el artículo anterior."
"Sección quinta
"De la cuantía de las pensiones de invalidez y vida
"Artículo 145. Las pensiones por invalidez y vida otorgadas serán incrementadas anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
"Capítulo VI
"Del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
"Artículo 157. Los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada. Para tal propósito podrá optar por alguna de las alternativas siguientes:
"I. Contratar con la institución de seguros de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, y ..."
"Sección tercera
"Del ramo de vejez
"Artículo 164. Los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de vejez. Para tal propósito podrá optar por alguna de las alternativas siguientes:
"I. Contratar con una compañía de seguros pública, social o privada de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, y ..."
"Sección sexta
"De la pensión garantizada
"Artículo 170. Pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de esta ley y su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general para el Distrito Federal, en el momento en que entre en vigor esta ley, cantidad que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, para garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión."
Posteriormente, el veinte de diciembre de dos mil uno se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, y en lo que interesa, en el artículo décimo primero transitorio se estableció que la cuantía de las pensiones otorgadas en términos de la legislación derogada (vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete), sería actualizada anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior, además, esa disposición se aplicaría a partir del uno de febrero de dos mil dos.
El precepto legal en cita prevé:
"Décimo primero. La cuantía de las pensiones otorgadas al amparo de la legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997 será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior. Esta disposición se aplicará a partir del 1o. de febrero de 2002."
Lo anterior evidencia que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social, las pensiones otorgadas al amparo de tal ordenamiento legal deben actualizarse de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor y no en términos del incremento que tuviera el salario mínimo, como se venía reali
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29598-5895b6ec/pensiones-otorgadas-al-amparo-de-la-ley-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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