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Modo: Corpus Pro

CONFLICTO INDIVIDUAL DE SEGURIDAD SOCIAL INCOADO CONTRA EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (IPEJAL). NO RESULTA APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 899-A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2019. · Registro digital (IUS): 29608
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-01-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, Pág. 773.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS SIERRA LÓPEZ, GUADALUPE MADRIGAL BUENO, MIGUEL LOBATO MARTÍNEZ Y FRANCISCO JAVIER MUNGUÍA PADILLA. DISIDENTE: JESÚS VALENCIA PEÑA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MIGUEL LOBATO MARTÍNEZ. SECRETARIA: YURIDIA ARIAS ÁLVAREZ.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, correspondiente al veintisiete de octubre de dos mil veinte, por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

En la que se resuelve la contradicción de tesis 6/2019.

RESULTANDO:

I. Denuncia de la contradicción de tesis.

Los Magistrados Griselda Guadalupe Guzmán López, Julio Eduardo Díaz Sánchez y Francisco Javier Munguía Padilla, integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante escrito de seis de diciembre de dos mil diecinueve, denunciaron la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por ese Tribunal Colegiado de Circuito al fallar el amparo directo 694/2018, y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 715/2018.

II. Trámite de la denuncia de contradicción de tesis.

El presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, y la registró con el expediente número 6/2019; con el fin de integrar el expediente, solicitó al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, copia certificada de la sentencia que motivó el criterio discrepante; del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, fue remitida con el escrito de denuncia; asimismo, requirió a los órganos jurisdiccionales contendientes, informaran si el criterio contendiente continuaba vigente.(1)

III. Turno del asunto.

Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se turnaron los autos a la ponencia del Magistrado Miguel Lobato Martínez, para la formulación del proyecto de sentencia.(2)

CONSIDERANDO:

I. Competencia.

Este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos séptimo y décimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, párrafo segundo y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis, y 41 Quáter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1, 3 y 9, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

II. Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados Griselda Guadalupe Guzmán López, Julio Eduardo Díaz Sánchez y Francisco Javier Munguía Padilla, integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(3)

III. Criterios contendientes.

Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos y las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

Amparo directo 715/2018.

Antecedentes:

1. Un trabajador por propio derecho, demandó del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el reconocimiento de antigüedad y estado de invalidez derivado de un accidente de trabajo, así como el otorgamiento de la correspondiente pensión.

2. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se avocó al conocimiento de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 al 124 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3. Seguido el juicio laboral por todas sus etapas legales, el tribunal burocrático local, condenó al instituto demandado al reconocimiento de antigüedad del trabajador actor y le absolvió del otorgamiento de pensión de invalidez.

4. Inconforme con el laudo, el actor promovió juicio de amparo directo en contra de esa determinación, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quien lo registró con el número de expediente 715/2018 y lo admitió a trámite. Se turnaron los autos a la ponencia a cargo del Magistrado Fernando Cotero Bernal, para la elaboración del proyecto de sentencia, quien fue sustituido por el Magistrado Jesús Valencia Peña.

5. El doce de junio de dos mil diecinueve, se resolvió el amparo directo que motivó el criterio contendiente y en la parte que interesa, se consideró:

"Cuarto.—Son fundados los conceptos de violación, pues efectivamente se advierte que en el juicio laboral, se transgredieron en perjuicio del quejoso, los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al tramitarse en la vía incorrecta el procedimiento.

"En efecto, de las constancias que integran el juicio laboral se desprende, se demandó al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, entre otras cuestiones, por el reconocimiento del estado de invalidez y otorgamiento de la pensión relativa.

"Mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se radicó el asunto, conforme a los artículos del 121 al 124 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, misma que se llevó a cabo el once de mayo de dos mil diecisiete, en la que se tuvo dando contestación a la demanda; a la parte actora, dada su incomparecencia, por ratificado su escrito inicial, por perdido el derecho a replicar y a ofrecer pruebas. Se admitieron las propuestas por la parte demandada y se señaló fecha para su desahogo. En su oportunidad se dictó laudo, en que se absolvió de todo lo reclamado.

"Proceder que se aparta del orden legal, puesto que la acción ejercida se ajustaba a lo previsto por el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, a la que remite la Ley para los Servidores del Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme al artículo 66 de esa ley, así como el diverso 77 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que dicen:

"‘Artículo 66. Los riesgos de trabajo y enfermedades profesionales que sufran los servidores públicos se regirán por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; pero las incapacidades que con este motivo se autoricen, serán con goce de sueldo íntegro.’

"‘Artículo 77. Corresponde al Instituto la declaración y calificación del estado de invalidez, así como la valuación de la misma, debiendo sujetarse, en lo conducente, a las disposiciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo.—Las secuelas de los riesgos de trabajo serán tomadas en cuenta para determinar el grado de la inhabilitación, conforme a los criterios médicos, técnicos y científicos de la salud ocupacional.—El Instituto estará obligado a resolver en un término de noventa días hábiles la declaración y calificación del estado de invalidez, así como la valuación de la misma.’

"Ahora, el aludido artículo 899-A, de la Ley Federal del Trabajo, dice: ‘Los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en materia de seguridad social.—La competencia para conocer de estos conflictos, por razón de territorio corresponderá a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios.—En caso de que se demandan únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de fondos para el retiro y vivienda, corresponderá la competencia a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente.’

"Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa donde se encuentre el último centro de trabajo del derechohabiente.

"Disposición legal que resultaba aplicable, al demandarse del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, organismo encargado de las prestaciones de seguridad social, como son las pensiones y prestaciones accesorias para los sujetos del régimen obligatorio (todos los servidores públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado y sus dependencias centralizadas) y sus afiliados o pensionados; por el otorgamiento de la pensión de invalidez; esto es, una prestación de aquellas que componen el régimen obligatorio de seguridad social, como lo es la prevista en el artículo 27, inciso c), del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, al establecer:

"‘Artículo 27. Las prestaciones y servicios que otorga el régimen de las entidades centralizadas, salvo pacto en contrario con la entidad pública patronal, son: I. Pensiones:... c) Por invalidez; y...’

"Luego, en razón de que se reclamó por el reconocimiento del estado de invalidez y por consecuencia, el pago de una pensión de esa naturaleza, entonces la contienda tenía que tramitarse en la vía especial, de conformidad con los artículos 899-A y 899-B, de la Ley Federal del Trabajo, a la cual nos remite tanto la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, como la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, respectivamente.

"Por lo que si de los artículos 892 a 899 de la Ley Federal del Trabajo, correspondientes a los procedimientos especiales, se deduce que cuando se tramite un conflicto individual de seguridad social con motivo de la aplicación, entre otros artículos del 899-A de esa legislación, deben aplicarse las disposiciones especiales que ahí se prevén.

"Se cita por analogía, la contradicción de tesis 410/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias 2a./J. 89/2011, de rubro: ‘ANTIGÜEDAD GENÉRICA Y DE CATEGORÍA. LOS CONFLICTOS EN LOS QUE SE RECLAME SU RECONOCIMIENTO SE RIGEN POR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 892 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ y 2a./J. 90/2011; publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de dos mil once, respectivamente en las páginas 183 y 325, ésta última de rubro y texto: ‘PROCEDIMIENTOS ESPECIAL U ORDINARIO EN EL JUICIO LABORAL. SU TRAMITACIÓN EN LA VÍA INCORRECTA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR AFECTAR LAS DEFENSAS DE LAS PARTES Y TRASCENDER AL RESULTADO DEL LAUDO.—Del estudio comparativo de las reglas para el trámite de los procedimientos ordinario y especial establecidas en la Ley Federal del Trabajo, se aprecia que presentan aspectos similares y diferentes, orientados básicamente a la celeridad y concentración del último, al prever plazos más cortos y eliminar etapas como la réplica y contrarréplica; sin embargo, existe una diferencia que determina que la tramitación en la vía incorrecta constituya una violación procesal que afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del laudo, la cual deriva del distinto apercibimiento formulado a la demandada en cada uno de los procedimientos para el caso de que no comparezca a juicio y que no sólo puede afectarle a ella, sino también a la parte actora. Así, tratándose del ordinario se apercibe a la demandada de que se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, probando únicamente que su contraparte no era su trabajador, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos asentados en la demanda; mientras que en el especial el apercibimiento consiste en que se tendrán por admitidas las peticiones de la actora, salvo las contrarias a la ley. Entonces, dependiendo del tipo de procedimiento seguido puede ser distinta la fijación de la carga procesal y las pruebas que pueden rendirse, lo que determina que si una acción se sustancia en una vía que no es la idónea provoca reducción a los derechos adjetivos y particularmente de defensa de las partes, ya que, de proseguirse en la vía especial, no se dará oportunidad a la demandada de probar en contrario como sí ocurre en la ordinaria, en la que la carga procesal se le atribuye directamente, liberando a la actora; y cuando el asunto se ventila en la vía especial, automáticamente se tiene por acreditado el derecho del reclamante, sin conceder a la contraparte la posibilidad de rendir pruebas, ya que sólo podrá dictarse un laudo absolutorio cuando las pretensiones sean contrarias a derecho. En ese tenor, es obvio que al verse modificadas sustancialmente la fijación de la carga procesal y la defensa de las partes, se constituye una violación procesal reclamable en la vía directa, contra la que no puede invocarse el retardo en la solución del asunto como causa para no conceder el amparo por el hecho de que el objetivo perseguido en el procedimiento especial es la celeridad en la solución del asunto, dado que lo relevante es la afectación de las defensas de las partes, no sólo de la demandada, sino también de la actora, tanto por la modificación de la carga procesal y de las pruebas susceptibles de rendirse en uno y otros casos, así como por la trascendencia al resultado del laudo provocado por la tramitación en vía incorrecta del juicio laboral.’

"Así, la tramitación del juicio laboral en una vía incorrecta, constituye una violación procesal que afectó las defensas del quejoso y trascendió al resultado del laudo, lo que da lugar a la reposición del procedimiento, tal como lo prevé la jurisprudencia con clave de identificación 2a./J. 90/2011, previamente transcrita.

"De igual forma sustenta lo anterior, la jurisprudencia identificada como 1a./J. 74/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107, Tomo XXII, agosto de 2015 (sic), Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.—La existencia de diversas vías para lograr el acceso a la justicia responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador para que establezca mecanismos que aseguren el respeto a la garantía de seguridad jurídica, la cual se manifiesta como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica será modificada sólo a través de procedimientos regulares, establecidos previamente en las leyes, esto es, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, el solo hecho de que se tramite un procedimiento en la vía incorrecta, aunque sea muy similar en cuanto a sus términos a la legalmente procedente, causa agravio al demandado y, por ende, constituye una violación a sus derechos sustantivos al contravenir la referida garantía constitucional que inspira a todo el sistema jurídico mexicano, ya que no se está administrando justicia en los plazos y términos establecidos en las leyes.’

"Por lo que la autoridad responsable deberá examinar integralmente el escrito de demanda inicial, a efecto de verificar que la misma satisfaga los requisitos previstos en el artículo 899-C, de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con la normativa que regula lo relativo a la pensión de invalidez pretendida, contenida en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; de no ser así, se requiera a la parte actora por la precisión de los datos y/o elementos faltantes, para la debida integración de la litis, que constituyan requisitos de procedencia de la acción de otorgamiento de pensión de invalidez.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada como 2a./J. 50/2018 (10a.), consultable en la página 1328, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 54, Tomo II, mayo de 2018, que dice:

"‘CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. SI BIEN LA DEMANDA PRESENTADA POR EL ACTOR DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO DEBE CONTENER AQUELLOS QUE SEAN PROPIOS DE LA ACCIÓN INTENTADA. De las jurisprudencias 2a./J. 52/2017 (10a.) y 2a./J. 58/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que en los conflictos individuales de seguridad social, la demanda debe cumplir con los requisitos especificados en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, al no tratarse de simples informes que el actor debe proporcionar, sino de datos de tal manera relevantes que se erigen al rango de presupuestos esenciales y necesarios para que la acción quede correctamente configurada en los hechos; en armonía con lo anterior y conforme al sistema procedimental que regulan los conflictos de seguridad social, en el ejercicio de las diversas acciones no es necesario que la demanda relativa contenga la totalidad de las exigencias ahí previstas, sino únicamente los requisitos que sean propios de las acciones correspondientes, y para determinarlos deberán tomarse en cuenta la naturaleza de la prestación reclamada y los requisitos que el ordenamiento legal aplicable establece para la procedencia de la acción. De esta manera, una vez integrada la litis y distribuidas las cargas probatorias, se permite que la autoridad del trabajo cuente con los elementos necesarios y suficientes para dirimir la controversia de manera expedita, pero sin que esto último implique excluir de la regulación especial las reglas procedimentales generales, ya que el fin perseguido no se limita a obtener una solución rápida, sino también completa, imparcial y efectiva en relación con el específico problema planteado.’

"Asimismo, la jurisprudencia con clave de identificación 2a./J. 32/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1809, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 64, Tomo II, marzo de 2019, página 1809, que dice:

"‘CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN Y LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN DEBEN OFRECERSE Y EXHIBIRSE CON LA DEMANDA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. En diversos precedentes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que las demandas relativas a los conflictos individuales de seguridad social deben satisfacer los requisitos previstos en el precepto legal mencionado, siempre y cuando se trate de aquellos que sean acordes con la naturaleza de la acción; y entre los requisitos que dichas demandas deben cumplir, se encuentran los establecidos en las fracciones VI, VII y VIII del artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, relativos a la exhibición de diversos medios de prueba. Así, en atención a que el propósito del legislador al establecer los requisitos citados, fue satisfacer la necesidad de que la autoridad laboral cuente con los elementos suficientes para dirimir la controversia, se colige que la obligación de cumplir con éstos no se limita a la simple exhibición de los documentos y pruebas respectivas, sino que además, el asegurado deberá ofrecerlas desde la presentación de la demanda. Ahora, esa obligación únicamente se encuentra relacionada con el ofrecimiento de aquellos medios de convicción tendientes a demostrar la procedencia de la acción y de los hechos que la sustentan, lo que no impide que excepcionalmente pueda ofrecer nuevos medios de convicción en la etapa probatoria, pues cuando del resultado de la contestación de la demanda advierta que el demandado controvirtió los hechos que afirmó y además ofreció pruebas que sustenten sus excepciones, podrá ofrecer nuevos elementos de convicción tendientes a desvirtuar la eficacia probatoria de las pruebas aportadas por el demandado, o bien, cuando se trate de pruebas supervinientes. Finalmente, cuando el tribunal de amparo advierta que el actor omitió ofrecer y exhibir alguna de las pruebas mencionadas, debe analizar si es o no necesario conceder el amparo para que la autoridad reponga el procedimiento a efecto de que lo prevenga para que las exhiba, pues en todo caso, en atención al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habrá de privilegiar la solución de fondo sobre la violación adjetiva.

"Además, la jurisprudencia con clave de identificación 2a./J. 58/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 43, Tomo II, junio de 2017, página 890, de rubro (sic) y texto:

"‘CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE PREVENIRSE AL ACTOR PARA QUE SUBSANE LAS IRREGULARIDADES ADVERTIDAS. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el precepto citado, que condicionan la procedencia de la acción intentada en los conflictos individuales de seguridad social, no es ajeno al contexto regulador del proceso laboral en que se halla inmerso; por el contrario, guarda total armonía con la normativa de la que forma parte, de manera que, sin detrimento de la expedites (sic) a cargo de los tribunales para impartir justicia dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y a que se refiere el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también debe hacerse como la norma constitucional lo indica, es decir, de manera completa -efectiva en relación con el problema planteado-; de ahí que para lograr este ulterior objetivo, debe observarse complementariamente lo dispuesto en los artículos 873, párrafo segundo y 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, esto es, de ser el caso –que el actor sea el trabajador o sus beneficiarios y se advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda–, la Junta señalará los defectos u omisiones en que se hubiere incurrido y prevendrá para que se subsanen dentro del plazo de 3 días; y en el supuesto de que no se realice, llegada la etapa de demanda y excepciones, la Junta prevendrá al actor para que lo haga.’"

Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

Amparo directo 694/2018.

Antecedentes:

1. Un trabajador demandó del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el reconocimiento de antigüedad, estado de invalidez y otorgamiento de la correspondiente pensión.

2. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se avocó al conocimiento de la demanda y seguido el juicio laboral por todas sus etapas legales, dictó laudo.

3. Inconforme con el laudo, el actor promovió juicio de amparo directo en contra de esa determinación, del cual correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que lo registró con el número de expediente 694/2018 y lo admitió a trámite. Se turnaron los autos a la ponencia a cargo del Magistrado Julio Eduardo Díaz Sánchez, para la elaboración del proyecto de sentencia. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se planteó la incompetencia para conocer del asunto, al considerar que la relación con la demandada era de carácter administrativo, por lo que se ordenó su remisión al tribunal especializado en esa materia.

4. Correspondió conocer del asunto al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sin embargo ese órgano colegiado no aceptó la competencia declinada para conocer del asunto, por lo que remitió los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que determinara cuál tribunal colegiado debía conocer y resolver el juicio de amparo. El Alto Tribunal, al resolver el conflicto competencial de referencia, determinó que era legalmente competente para conocer y resolver del juicio de amparo el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

5. Resuelta la competencia laboral, se turnó nuevamente el asunto al Magistrado Julio Eduardo Díaz Sánchez, para la formulación del proyecto correspondiente.

6. El seis de noviembre de dos mil diecinueve, se resolvió el amparo directo que motivó el criterio contendiente y en la parte que interesa, se consideró:

"Que la autoridad responsable viola el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, al no acatar lo ahí ordenado –transcribe lo que refieren tales numerales–.

"Es inoperante el concepto de violación antes sintetizado en razón de que sólo contiene manifestaciones que no revelan en que estriba la inconstitucionalidad del acto reclamado, en la medida en que simplemente en él se aduce que el tribunal responsable viola lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales por no acatar lo ahí ordenado.

"Sin embargo no explica en esa inconformidad, como es que la autoridad incurrió en las conductas que le son atribuidas, es decir, que cuestiones específicas no observó que incidieran en la violación de las disposiciones que menciona, lo cual en todo evento era necesario a fin de elucidar lo correcto o no de las consideraciones vertidas en el laudo reclamado, de ahí la inoperancia del concepto de violación de que se trata.

"1. Que le genera agravio el hecho de que el tribunal responsable no se haya ajustado a las formalidades esenciales del procedimiento, o sea, que haya inobservado los principios rectores del procedimiento especial ya que el actor reclamó prestaciones de carácter social; que el artículo 10 de la ley burocrática estatal permite la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo; que la ley mencionada en primer término no contiene un procedimiento que regule y ventile las diferencias entre las Instituciones de Seguridad Social del Estado de Jalisco y sus burócratas, por lo que al ser algo no previsto en la ley, y atendiendo a lo que prevé el numeral 10 citado, debe seguirse el procedimiento especial que prevén los artículos 893, 894 a 896 y 899-A de la Ley Federal del Trabajo, ello en forma supletoria, es decir, que deben aplicarse las disposiciones de un procedimiento especial; que si la autoridad responsable estaba obligada a aplicar los principios procesales correspondientes a ese procedimiento para dirimir la controversia y no lo hizo, puesto que se ciñó a un procedimiento ordinario con ello, violó sus derechos humanos.

"2.1 Que desde que se admitió la demanda, se hizo de forma equivocada porque no se inició bajo la óptica de que lo que se reclama eran prestaciones de seguridad social, es decir, que debió seguirse el proceso como un procedimiento especial. Invocó para soportar lo anterior, los criterios «2a./J. 58/2017 (10a.), VII.2o.T. J/36 (10a.), 2a./J. 48 /2018 (10a.) y 2a./J. 50/2018 (10a.)» de rubros (sic):

"‘CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE PREVENIRSE AL ACTOR PARA QUE SUBSANE LAS IRREGULARIDADES ADVERTIDAS.’

"‘CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE CERCIORARSE DE QUE EL TRABAJADOR EXHIBA JUNTO CON LA DEMANDA EL ÚLTIMO ESTADO DE CUENTA DE AHORRO PARA EL RETIRO QUE REFLEJE LAS CANTIDADES DE LA SUBCUENTA QUE RECLAMA, Y NO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO, ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’

"‘CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.’

"‘CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. SI BIEN LA DEMANDA PRESENTADA POR EL ACTOR DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO DEBE CONTENER AQUELLOS QUE SEAN PROPIOS DE LA ACCIÓN INTENTADA.’

"2.2 Que al haber dado inicio al procedimiento laboral de manera irregular, sin sujetarse a las reglas del proceso especial, el tribunal responsable decide la litis, cuando que debió dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo; que por tanto su laudo falta a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y congruencia. Citó para soportar lo anterior el criterio «PC.IV.L J/16 L (10a.)» de rubro:

"‘CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. CUANDO SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN DE OSCURIDAD DE LA DEMANDA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ACTOR A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO SE DEBE ABSOLVER RESPECTO DE LAS PRESTACIONES RELACIONADAS, SINO DEJAR A SALVO SUS DERECHOS PARA QUE LOS HAGA VALER EN DIVERSA OPORTUNIDAD.’

"2.3 Que existen claras diferencias en el procedimiento que se sigue en la vía ordinaria y especial y que en el caso atendiendo a las prestaciones reclamadas debió seguirse el procedimiento especial, ya que sus reclamos constituyen prestaciones sociales; que la tramitación de un asunto en la vía incorrecta constituye una violación procesal que afecta las defensas del quejoso ya que se modifican las carg

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29608-0ec0b0ac/conflicto-individual-de-seguridad-social-incoado-contra-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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