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Modo: Corpus Pro

VISITA DOMICILIARIA. CUANDO EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL O EN LA FINAL, EL VISITADOR VALORA LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS QUE EXHIBA EL CONTRIBUYENTE COMO PRUEBA PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, SE CONFIGURA UNA INFRACCIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN QUE, AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL, GENERA LA NULIDAD DE ÉSTA PARA EFECTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2020. · Registro digital (IUS): 29613
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-01-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 82, Enero de 2021, Tomo II, Pág. 1188.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 24 DE NOVIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUILLERMO TAFOYA HERNÁNDEZ, YOLANDA ISLAS HERNÁNDEZ, CARLOS MANUEL APONTE SOSA Y DAVID PÉREZ CHÁVEZ. PONENTE: CARLOS MANUEL APONTE SOSA. SECRETARIO: JORGE ALBERTO CASTAÑEDA RENTERÍA.

CONSIDERANDO

III. PRESUPUESTOS PROCESALES.

7. Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(1) 41 Bis(2) y 41 Ter, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; toda vez que se trata de una contradicción sustentada entre criterios de los Tribunales Colegiados de este Circuito.

8. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto que fue formulada por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de este Trigésimo Circuito.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

9. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son:

a) En la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en sesión celebrada el seis de marzo de dos mil veinte, en el amparo directo administrativo 511/2019, los Magistrados, por unanimidad de votos, consideraron, en esencia:(4)

• Que la ilegalidad detectada por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistió en que los visitadores, durante el procedimiento de fiscalización, específicamente en la última acta parcial y en el acta final de la visita domiciliaria, valoraron la documentación aportada por la contribuyente, sin que ello esté dentro de las facultades que les confiere el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación;(5) violación que trascendió a la resolución determinante del crédito fiscal, porque la autoridad hacendaria hizo suya la valoración de las pruebas que efectuó el personal verificador.

• Que dicha infracción, constituye un vicio del procedimiento que no involucra cuestiones de fondo de la resolución impugnada, ni de la determinante del crédito fiscal, por lo que sólo da lugar a la nulidad para efectos, como lo decretó la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

• Que es infundado lo aducido por la quejosa, en el sentido de que tal vicio produzca la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y de la determinante del crédito fiscal, pues es equivocado lo que sostiene en el sentido de que la razón por la que se decretó la nulidad, es la incompetencia del funcionario que dictó, ordenó o tramitó el procedimiento del que derivan tales resoluciones y que, por ende, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción I,(6) del artículo 51, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

• Que no fue la incompetencia del personal verificador lo que llevó a la Sala Regional a declarar la nulidad de la resolución controvertida, sino el haber analizado y valorado documentos sin facultades para ello; esto es, una actuación en exceso de facultades, y no una actuación sin competencia.

• Que no deben entenderse competencia y facultad como sinónimos, pues basta acudir a la definición jurídica de tales conceptos, para advertir que se trata de cuestiones diversas.

• Que ciertamente el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece la incompetencia del funcionario que haya tramitado el procedimiento del que deriva, como uno de los supuestos en los que se declarará que una resolución es ilegal, pero que, en ese sentido, ninguna duda existe en cuanto a que los visitadores son competentes para desahogar la orden de visita, de ahí que cualquier actuación que realicen dentro de ésta, no será una actuación de autoridad incompetente, sino, en su caso, exceso en el uso de sus atribuciones, lo que, de existir, debe ser materia de valoración en la resolución determinante.

• Que con lo anterior no se contradice el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 1/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS, QUE COMO PRUEBA EXHIBA EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, NO PUEDEN SER VALORADOS POR LOS VISITADORES, PUES SÓLO LES COMPETE DETALLARLOS Y HACER CONSTAR HECHOS U OMISIONES EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS."(7)

• Que por el contrario, del propio contenido de la ejecutoria que dio origen a dicha jurisprudencia, se puede deducir que, justamente, la circunstancia de que los visitadores pudieran haber valorado las pruebas que el contribuyente hubiera ofrecido durante la práctica de una visita domiciliaria, no da origen a la nulidad lisa y llana, pues ello no constituye la causa determinante del crédito fiscal.

• Que conforme al texto de la ejecutoria en comento, es evidente que sólo en el caso de que los visitadores hubieran determinado el crédito fiscal, existiría una nulidad lisa y llana de la resolución, por no ser competentes para ello.

• Que si el exceso consistió en valorar las pruebas que durante la visita ofreció la contribuyente, pero sin determinar el crédito fiscal, no puede hablarse de una resolución emitida por autoridad incompetente, pues como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria aludida, los visitadores no determinan créditos fiscales.

• Que fue el administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" quien realizó la determinación del crédito fiscal, como consta en la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, contenida en el oficio **********, que fue materia de estudio en el recurso de revocación que constituyó la resolución impugnada en el juicio de nulidad.

• Que por tanto, fue correcto que la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, declarara la nulidad para los efectos que precisó, ya que al no involucrarse cuestiones de fondo, existe posibilidad de que la autoridad hacendaria emita una nueva resolución en la que corrija tales vicios; que la anterior determinación, es acorde al criterio emitido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 133/2014 (10a.), de título y subtítulo: "NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS."(8)

• Que incluso de convenirse con la postura planteada por la quejosa, en cuanto a que competencia y facultad deben entenderse como sinónimos, ello de ninguna manera ocasionaría la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada ni de la determinante del crédito fiscal, puesto que en ese caso, la razón por la que se habría decretado la nulidad de la resolución impugnada, habría sido la incompetencia material de los visitadores, pero únicamente para efectuar la valoración de las pruebas ofrecidas por la contribuyente durante el procedimiento de fiscalización, y no para llevar a cabo dicho procedimiento y realizar el resto de los actos para los que sí se encuentran facultados por el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, lo que llevaría a decretar la nulidad únicamente para que al momento de emitirse la resolución determinante del crédito fiscal, la autoridad hacendaria prescindiera de tomar en cuenta la valoración de pruebas efectuada por los visitadores y para la cual carecían de competencia material.

• Que aunque es cierto que ya no será posible practicar otra acta final de visita domiciliaria en las mismas circunstancias de tiempo y modo en que se había practicado la diversa que contiene los vicios formales por los que se declaró la nulidad para efectos controvertida, ello de ninguna manera constituye una razón fáctica ni jurídica para estimar que debió declararse una nulidad lisa y llana, puesto que de cualquier forma, la autoridad fiscalizadora podrá llevar a cabo otra acta final de visita conforme a las facultades legales que tenga y en la que atienda los lineamientos contenidos en la sentencia que constituyó el acto reclamado, sin que sea requisito para que tal acta pueda considerarse legal, el que deba practicarse en idénticas circunstancias de tiempo, modo y lugar que la declarada nula, pues no existe disposición legal que así lo prevenga.

b) Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 385/2019, en sesión celebrada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, determinó, por voto de la mayoría de sus integrantes, sustancialmente lo siguiente:(9)

• Que la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de la resolución administrativa controvertida, toda vez que el visitador que elaboró tanto la última acta parcial, como la final, valoró algunos de los elementos probatorios exhibidos por la contribuyente visitada aun y cuando el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, no establece como facultad de los visitadores valorar las pruebas, pues sólo les compete hacer constar su exhibición, levantando el acta circunstanciada donde se asiente la existencia de los documentos aportados.

• Que de lo expuesto se deduce que el vicio de nulidad decretado en el fallo reclamado, es atinente a que la resolución impugnada en el juicio de nulidad es ilegal, por provenir de un procedimiento de fiscalización viciado de origen por incompetencia de los funcionarios que tramitaron parte del procedimiento del que deriva la resolución impugnada.

• Que el tipo de nulidad aplicable a cada caso, depende directamente de la causa de la ilegalidad que al efecto se estime actualizada; que por tanto, es preciso diferenciar las violaciones a los principios de fundamentación y motivación, por vicios de forma, de los de fondo; para lo cual, el Tribunal Colegiado trascribió parte de la resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/2006-PL, de la que derivó la tesis aislada P.XXXIV/2007 de rubro: "NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE ORIGINARON LA ANULACIÓN."(10)

• Que por su parte el artículo 51(11) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece las causales que generarán la nulidad de las resoluciones administrativas.

• Que la hipótesis que interesa al caso analizado, se contiene en la fracción I de la citada disposición, la cual se refiere a un presupuesto esencial de validez de todo acto de autoridad, cuyo estudio es preferente por referirse a una cuestión de orden público.

• Que la relevancia de la causa de anulación derivada de la incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución, ha sido destacada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al determinar que la actualización de la hipótesis señalada produce la nulidad lisa y llana del acto controvertido.

• Que la fundamentación de la competencia de la autoridad que dicta el acto de molestia, descansa en el principio de legalidad consistente en que los órganos o autoridades sólo pueden hacer aquello que expresamente les permite la ley, por lo que la autoridad tiene que fundar en derecho su competencia y, por tanto, no basta la cita global del ordenamiento jurídico en que se le confiere, sino que es necesario citar en el documento que lo contenga, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación competencial.

• Que por tanto en el caso analizado sí se actualiza la causa de anulación prevista en la fracción I del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

• Que ello es así, ya que en la sentencia reclamada, la Sala Regional responsable declaró la ilegalidad de la resolución controvertida, al determinar que los visitadores excedieron sus facultades, ya que tanto en la última acta parcial, así como en la final, valoraron la documentación aportada para desvirtuar los hechos y omisiones asentados en éstas, cuando el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, no establece como facultad de éstos valorar las pruebas que el contribuyente ofrezca durante la práctica de una visita domiciliaria con la finalidad de desvirtuar irregularidades detectadas, ya que sólo les compete hacer constar su exhibición, levantando el acta circunstanciada donde se asiente la existencia de los documentos aportados, pues como auxiliares, no cuentan dentro de sus atribuciones con la de determinar créditos fiscales a través de la valoración de los documentos, libros o registros que exhiba el particular.

• Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 2509/98, estimó que de una interpretación sistemática de los artículos conducentes del Código Fiscal de la Federación, la visita domiciliaria inicia con la asistencia de los visitadores designados en el lugar y fecha señalados y termina con el levantamiento del acta final, en la que los auditores asienten los hechos u omisiones que conocieron, actuación que es analizada y calificada con posterioridad por la autoridad fiscal para, en su caso, determinar el crédito fiscal correspondiente; que así, la visita domiciliaria concluye con el levantamiento del acta final y no con la emisión de la resolución administrativa que por lo general determina un crédito fiscal en contra del visitado.

• Que la referida Segunda Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria que emitió en la contradicción de tesis 39/2000-PL, que las actas de visita de auditoría fiscal, únicamente sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión terminal que, en su caso, se manifestará con el establecimiento de una liquidación o la imposición de una obligación.

• Que de conformidad con el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, las actas parciales forman parte integrante del acta final de la visita, aunque dicha circunstancia no se señale expresamente en esta última. Que al respecto, es menester destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que la fracción I del artículo 46 del código en cita, exige que todas las actas circunstanciadas que al efecto se levanten durante la visita, deben detallar o pormenorizar, en forma concreta, los datos de los libros, registros y demás documentación que integren la contabilidad del contribuyente visitado, así como de los discos, cintas o cualquier medio de procesamiento de datos que éste tenga en su poder, o bien, de los objetos y mercancías que se encontraron en el domicilio visitado y de la información proporcionada por terceros, que hagan posible la identificación particular de cada uno de los hechos u omisiones que conocieron los auditores durante el desarrollo de la visita, pues basta que expongan al contribuyente pormenorizadamente los hechos u omisiones relacionados con el posible incumplimiento de sus obligaciones fiscales para que esté en posibilidad de conocer sus consecuencias jurídicas y así estar en aptitud de corregir su situación fiscal.

• Que, derivado de ello, los hechos o abstenciones consignados tanto en las actas parciales, como en el acta final se tendrán por ciertos si el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia, no señala el lugar en que se encuentren, o no prueba que se localizan a disposición de diversa autoridad, antes del cierre del acta final, siempre que la visita se haya llevado a cabo en el domicilio fiscal o en el lugar autorizado para llevar la contabilidad.

• Que hay una diferencia entre todas las actas parciales y la última acta de este tipo, pues en la misma fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, se establece que en la última acta parcial se hará mención expresa de los hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, que desde luego, debieron consignarse en forma circunstanciada en las actas parciales previas, y de los diversos hechos u omisiones que se conozcan de terceros.

• Que el objeto de esta disposición, es que el visitado pueda presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen esos hechos u omisiones, o bien, opte por corregir su situación fiscal, motivo por el cual, en la citada fracción IV, se prevé que, entre la última acta parcial y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos, veinte días.

• Que en ese orden de ideas, se obtiene que el acta final con la que concluye la visita domiciliaria es de suma trascendencia para el crédito fiscal que llegue a determinarse, pues en ella es donde los visitadores establecen las probables consecuencias legales de los hechos u omisiones que hubieren conocido durante el transcurso de la visita, los cuales servirán a la autoridad fiscal como motivación a la resolución que emita una vez calificados los hechos circunstanciados en el acta aludida.

• Que de las constancias que integran el procedimiento del que deriva la resolución impugnada, se obtiene que tanto en la última acta parcial de la visita domiciliaria, como en la final, los visitadores no solamente realizaron una valoración a las documentales contables exhibidas por la contribuyente visitada, sino que también determinaron la situación fiscal de diversos dividendos distribuidos por la diversa contribuyente **********, y calificaron de inexistentes las operaciones que las originaron; ello, aún y cuando el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, no establece como facultad de los visitadores valorar las pruebas que el contribuyente ofrezca durante la práctica de una visita domiciliaria con la finalidad de desvirtuar irregularidades detectadas.

• Que, en ese contexto, fue correcto que la Sala Regional determinara que fue ilegal la actuación del personal visitador durante el procedimiento de fiscalización, máxime que al momento de emitir la resolución determinante, la autoridad fiscal hizo suya tal valoración.

• Que no obstante lo anterior, lo incorrecto de lo determinado por la referida Sala, estriba en que considerara que se actualizaba la causa de ilegalidad prevista en la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (sic), que se refiere a vicios del procedimiento que afectan las defensas del particular y trascienden al sentido de la resolución impugnada, ya que dada la irregularidad cometida por los visitadores, al haber valorado la documentación aportada por el contribuyente, la ilegalidad advertida en el fallo reclamado debió ubicarse en la diversa fracción I del aludido precepto, tomando en cuenta que se relaciona con la competencia de la autoridad que tramitó parte del procedimiento del que deriva la resolución impugnada, pero fundamentalmente porque la autoridad fiscalizadora hizo suya la ilegal valoración que de las pruebas hicieran los visitadores tanto en la última acta parcial, como en el acta final de visita domiciliaria y, con base en éstas, emitió la resolución determinante.

• Que si la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1", tuvo como razón medular para desestimar los diversos dividendos con los que pretendió justificar sus ingresos la contribuyente, precisamente la valoración que de éstos hicieron los visitadores tanto en la última acta parcial, como en la diversa final, haciendo suya la determinación de la situación fiscal de los dividendos distribuidos por la diversa contribuyente **********, que calificaron de inexistentes, resulta inconcuso que la resolución determinante adolece de un vicio de fondo y no de uno de forma que pueda ser subsanado con la reposición del procedimiento de fiscalización, pues si bien se vincula con la competencia de los visitadores, lo importante es que la actuación trascendió a la determinación del crédito fiscal. Determinación que apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 174/2011 (9a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INAPLICABILIDAD DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISO D), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."(12)

• Que, por tanto, la Sala responsable debió declarar la nulidad lisa y llana y no para efectos, pues la ilegalidad advertida se ubica en la fracción I del artículo 51 en estudio, ya que se pronunció sobre la competencia de los funcionarios que tramitaron el procedimiento del que deriva la resolución impugnada, de manera específica dentro del acta final de visita domiciliaria.

• Que lo expuesto implica que la resolución administrativa quedará totalmente sin efectos, y que la autoridad fiscalizadora no podrá ocasionar nuevos actos de molestia a la contribuyente respecto del ejercicio o ejercicios revisados, ya que sólo podrá efectuar una nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 157/2011 (9a.), de rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA DIRIGIDA A UN CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON CONTRIBUCIONES, APROVECHAMIENTOS, PERIODOS Y HECHOS MATERIA DE UNA PRIMERA ORDEN, DECLARADA NULA POR INDEBIDA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN RESPECTO DE LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CONTRAVIENE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008)."(13)

V. BASES PARA LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS.

10. Para las contradicciones de tesis se requiere una discrepancia de criterios; es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley de Amparo.

11. El Pleno del Alto Tribunal consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de la Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien: a) sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y, b) que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

12. La finalidad de dicha determinación es definir un criterio que dé seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada la figura de la contradicción de tesis desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

13. Para que exista una contradicción de tesis es necesario que se cumplan las condiciones siguientes:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1679, publicada en la página 1904, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Décima Cuarta Sección–Jurisprudencia, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, con número de registro digital: 1003558, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

14. El Alto Tribunal del País también ha establecido que el hecho de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, no es un obstáculo para definir si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

15. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 27/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, con el número de tesis 1704, Tomo II. Procesal constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Décima Cuarta Sección-Jurisprudencia, página 1934, con número de registro digital: 1003583, de contenido siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS.

16. Como se advierte de la reseña de los criterios contendientes, existe contradicción entre el adoptado por el Segundo Tribunal Colegiado y el que sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado, ambos de este Circuito, pues:

a) Resolvieron una cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo (primer requisito).

• Los órganos jurisdiccionales analizaron una sentencia emitida por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se declaró la nulidad de la resolución administrativa controvertida, toda vez que durante el procedimiento de fiscalización, específicamente en las actas última parcial y final, los visitadores que practicaron la visita domiciliaria, valoraron las pruebas que fueron aportadas por los contribuyentes para desvirtuar las irregularidades detectadas; a fin de establecer si la ilegalidad detectada genera una nulidad para efectos, al subsumirse en la hipótesis prevista por la fracción III del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esto es, una infracción a las leyes del procedimiento que afectó las defensas del particular y trascendió a la resolución determinante del crédito fiscal; o bien, una nulidad lisa y llana, al actualizarse el diverso supuesto a que se refiere la fracción I, del numeral en comento, ante la incompetencia de uno de los funcionarios que tramitó el procedimiento del que derivó la resolución controvertida.

a) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos, se encuentre algún punto de toque (segundo requisito).

• El Segundo Tribunal Colegiad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29613-0f0580bc/visita-domiciliaria-cuando-en-la-ultima-acta-parcial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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