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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO NO. 74, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 16, 78 Y 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 146/2020 Y SUS ACUMULADAS 149/2020, 151/2020 Y 162/2020. · Registro digital (IUS): 29627
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-01-29
Promovente: PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, Pág. 13.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 146/2020 Y SUS ACUMULADAS 149/2020, 151/2020 Y 162/2020. PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: JORGE F. CALDERÓN GAMBOA Y SANTIAGO JOSÉ VÁZQUEZ CAMACHO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS, para resolver las acciones de inconstitucionalidad identificadas al rubro; y,

Sentencia

Mediante la que se resuelven la acción de inconstitucionalidad 146/2020 y sus acumuladas 149/2020, 151/2020 y 162/2020, promovidas, respectivamente, por el Partido de Baja California, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra del Decreto número 74, mediante el cual se aprobó la reforma de los artículos 16, 78 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, número 33 especial, Tomo CXXVII, publicado en el Periódico Oficial del referido Estado el dieciséis de junio de dos mil veinte.

Resultando:

1. PRIMERO.—Demandas. Las cuatro demandas de las respectivas acciones de inconstitucionalidad se promovieron en contra del Decreto Número 74 (supra), las cuales fueron presentadas de la siguiente manera:

Ver manera de presentación

2. SEGUNDO.—Autoridades demandadas. Las aprobaciones y promulgaciones a las reformas a la Constitución Local impugnadas se emitieron por el Poder Legislativo o XXIII Legislatura del Congreso o Congreso y se promulgó por el Poder Ejecutivo o gobernador,(2) todos del Estado Libre y Soberano de Baja California.

3. TERCERO.—Normas generales impugnadas: Se hace notar que los cuatro partidos políticos actores impugnan la invalidez del Decreto No. 74, mediante el cual se aprobó la reforma a los artículos 16, 78 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, número 33 especial, tomo CXXVII, publicada en el Periódico Oficial del citado Estado el dieciséis de junio de dos mil veinte, los referidos artículos textualmente señalan lo siguiente:

"Artículo 16. ...

"...

"Para ser electo diputado de manera consecutiva, no será necesario que el funcionario interesado, solicite licencia para separarse del cargo.

"Durante los periodos de campaña respectiva, quien pretenda reelegirse de manera consecutiva, debe ponderar los siguientes supuestos:

"I. No podrá recibir emolumentos o salarios, dietas, apoyos para gestión social o cualquier otra que se le asimile, independientemente de la obligación de continuar en el desempeño del cargo para el cual ha decidido participar en elección consecutiva.

"II. No podrá utilizar recursos públicos que les correspondan por el ejercicio de su encargo para promover o influir de manera alguna en el voto a su favor o en contra de algún candidato.

"III. No podrá ocupar al personal adscrito a la nómina del Congreso del Estado durante su horario laboral para realizar actos de campaña.

"IV. No podrá estar presente en actos públicos relacionados con la entrega de beneficios derivados de programas sociales promovidos en su encargo.

"V. No podrá condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos en ninguna circunstancia.

"VI. No podrá promocionar o publicar las acciones de beneficio social realizadas en el periodo que comprende, desde el inicio de las campañas hasta la conclusión de la jornada electoral.

"VII. Las demás prohibiciones o limitaciones que determinen las leyes aplicables en la materia. ..."

"Artículo 78. ...

"...

"Para ser electo presidente municipal, regidor o síndicos de un Ayuntamiento, de manera consecutiva, no será necesario que el funcionario interesado, solicite licencia para separarse del cargo.

"Durante los actos de precampaña o campaña respectiva, quien pretenda participar en una elección consecutiva, deberá abstenerse del uso de recursos públicos en los términos que prevé el artículo 16 de esta Constitución y 9 Ter de la Ley para el Régimen Municipal para el Estado de Baja California, además en el periodo de campaña, no podrán recibir emolumentos o salarios, dietas, apoyos para gestión social o cualquier otra que se le asimile, independientemente de la obligación de desempeñar el cargo para el cual ha decidido participar en elección consecutiva. ..."

"Artículo 80. ...

"I a la III. ...

"IV. No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o Municipal, en los organismos descentralizados municipales o estatales, e instrucciones educativas; salvo que se separen, en forma provisional, noventa días antes del día de la elección.

"Tratándose de la elección consecutiva, se estará a lo que establece el artículo 78 de esta Constitución.

"V. ..."

"Transitorios

"Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

"Dado en el salón de sesiones ‘Lic. Benito Juárez García’ del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil veinte."

4. CUARTO.—Concepto de invalidez y contexto. Los promoventes, en sus conceptos de invalidez, manifestaron, en síntesis, que:

5. I. Acción de inconstitucionalidad 146/2020. Partido de Baja California.

• Hechos: En el Estado de Baja California, antes de marzo de dos mil veinte, los procesos electorales iniciaban en septiembre anterior a la fecha de las elecciones, ello conforme a lo previsto en el artículo 5o., párrafo quinto, de la Constitución Política del citado Estado. El dieciséis de junio del citado año, se publicó en el Diario Oficial de la entidad el Decreto No. 74, mediante el cual se aprobó la reforma a los artículos 16, 78 y 80 de la referida Constitución, en donde se estableció que los funcionarios públicos que quisieran reelegirse en el cargo que ocupan, no están obligados a separarse de su cargo mientras contienden por su reelección.

• Solicitó, conforme a lo previsto en el artículo 9o. Bis de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se resuelva si el presente caso encuadra en alguno de los supuestos señalados en tal precepto y, en caso de ser así, resuelva urgentemente la acción de inconstitucionalidad; es decir, si no se resuelve urgentemente podría resolverse después del periodo que tendrían los funcionarios públicos, que opten por reelección en caso de declarase la inconstitucionalidad de la norma impugnada.

• El Partido Político de Baja California participa en el proceso electoral de dos mil veintiuno y que el decreto impugnado le causa perjuicio, ya que éste trae como consecuencia que los funcionarios públicos que quieran reelegirse en el cargo en el que ocupan, no tienen la obligación de separarse del cargo mientras contienden por su reelección.

Concepto de invalidez

• Primero. El decreto impugnado, que tiene como consecuencia la no separación del cargo de los diputados y miembros de los Ayuntamientos actuales, en caso de que optaran por la reelección de su cargo, violenta el principio de irretroactividad, previsto en el artículo 14 constitucional,(3) así como la obligación de legislar de los Congresos Locales de forma correcta conforme a lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Federal,(4) especialmente, en el transitorio único de la reforma que se declara su inconstitucionalidad,(5) por existir omisión legislativa; pues de los referidos artículos se desprende que a ninguna norma se le dará efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la norma de fondo le beneficie al reo; además, que las Legislaturas de los Estados deben crear leyes conforme a los principios establecidos en la Constitución Federal, por lo que si el transitorio único de la ley impugnada establece que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado, se advierte que el legislador omitió aclarar que tal norma, conforme al principio de irretroactividad de las leyes, adquiría vigencia el día siguiente de su publicación y que la misma no puede ser aplicada a los diputados de la Legislatura que la aprobaron.

• Conforme al criterio del Tribunal Pleno, al resolver la controversia constitucional 14/2005, resuelta el tres de octubre de dos mil cinco por unanimidad de diez votos, en la que se determinó que existen cuatro supuestos en los cuales las Legislaturas pueden incurrir en omisiones legislativas y que en el caso concreto existió una omisión relativa ante una competencia potestativa, es decir, que en ejercicio de sus facultades el Congreso modificó la Constitución del Estado de Baja California, sin embargo, lo hizo de forma incompleta, al incumplir con un mandato constitucional, como lo es el de respetar el principio de irretroactividad.

• La omisión legislativa, respecto al transitorio único de la reforma combatida, violenta el principio de irretroactividad de las normas, porque debió aclararse que la reforma en cita no sería aplicable a los legisladores y presidentes municipales que están actualmente en el cargo, porque éstos, al aceptar y protestar su cargo, les eran aplicables las reglas vigentes al momento del inicio del cargo; es decir, la norma que establecía que debían separarse de su cargo cuando menos 90 días en caso de reelección antes del inicio de la campaña electoral, por lo cual, el querer aplicar dicha norma reformada sobre actos pasados, violenta el artículo 14 de la Constitución Federal.

• SEGUNDO.—Los artículos 16, 78 y 80 de la Constitución Política del Estado de Baja California reformados mediante el decreto impugnado, son inconstitucionales ante los vicios presentados en el proceso legislativo, violando los artículos 29 y 30 del mismo ordenamiento legal, así como los diversos numerales 120 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de ese Estado y, en consecuencia, vulnera los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Tales vicios consistieron en que no fueron citados el Instituto Estatal Electoral ni el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial, ambos del Estado de Baja California a comisiones, para que emitieran su punto de vista respecto a la reforma en materia electoral, no fue discutida debidamente dado que no existió debate dentro del Congreso Local ni dentro de comisiones.

6. II. Acción de inconstitucionalidad 149/2020. Partido de la Revolución Democrática.

• Antecedentes: Señaló que el diez de junio de dos mil once se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, en específico, las que refieren a que cada Estado debe reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mediante un control de convencionalidad ex officio en consonancia con un modelo de control difuso.

• El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia política–electoral, entre ellos, las disposiciones relativas a la figura de la reelección. El veintitrés de mayo del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

• El dieciséis de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial del Estado de Baja California el Decreto Número 74, tomo CXXVII, número 33, número especial, mediante el cual se aprobó la reforma a los artículos 16, 78 y 80 de la Constitución Política del citado Estado.

• Previo a exponer los conceptos de invalidez, señaló que el Decreto No. 74, mediante el cual se aprobó la reforma a los artículos 16, 78 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, número 33 especial, tomo CXXVII, publicada en el Periódico Oficial del citado Estado el dieciséis de junio de dos mil veinte, es ilegal, al dar un trato desigual a los contendientes a ocupar un cargo de elección popular, dado que existen personas que participen por primera vez, quienes se enfrentarán con diputados que cuentan con carrera política dentro de un Congreso.

• La reforma está basada en disposiciones que regulan tratos diferentes entre los participantes a ocupar el mismo puesto en el mismo proceso electoral, lo que vulnera la equidad e imparcialidad en las competencias electorales, ya que las reglas para los diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores que pretendan reelegirse se les permite permanecer en su cargo durante el proceso electoral, lo que irrumpe la equidad en la contienda con aquellos candidatos que se encuentran en su misma situación corriendo el riesgo fundado de que su participación sea ilegal en la equidad de la contienda, además de que se pretende hacer imparcial usos de recursos públicos del Estado provocando una competencia en ventaja frente a los que contienden en el proceso electoral a ocupar el cargo por primera ocasión.

Concepto de invalidez

• Único. Conforme a lo previsto en los artículos 115, fracción I y 116, fracción II, de la Constitución Federal, los Estados deberán incluir en sus constituciones la figura de reelección consecutiva tomando como parámetro lo que la norma superior establece, sin que ello implique que en ejercicio de sus facultades configurativas puedan establecer precisiones y reglas que sean tomadas a partir de un contexto electoral sin afectar lo dispuesto por la norma de mayor jerarquía, pues en caso de no tomar en cuenta las disposiciones constitucionales existe la colisión de normas afectando las contiendas electorales, y para evitar daños se han dado criterios como lo es que los servidores públicos deben separarse del cargo durante el proceso electoral y no empañar las reglas del proceso electoral.

• Lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Baja California reformado, respecto a que el servidor público que pretenda reelegirse como diputado no será necesario su separación del cargo que ocupa, transgrede los principios de equidad, certeza, imparcialidad, igualdad y objetividad, ya que en la contienda electoral permite que los servidores que tengan un cargo de diputado se presenten al Congreso por la mañana a trabajar o durante las comisiones y, posteriormente, salir a la calle con la misma investidura a realizar proselitismo frente a la ciudadanía y realizar gestiones ante las autoridades administrativas, jurisdiccionales u otras y, con ello, existe favoritismo frente a los órganos de gobierno ante quienes gestione alguna problemática o necesidad que se le haya solicitado, existiendo desigualdad entre los servidores públicos y aspirantes a obtener una candidatura por primera ocasión.

• La reforma a la Carta Magna que introduce la figura de la reelección no establece especificaciones que la regulen, de tal manera que su aplicación no transgreda principios básicos electorales, por lo que se considera que la Legislatura Estatal, al momento de reformar dicho mandato, debió atender las circunstancias contextuales que se exigen para tener reglas claras como la separación del cargo por parte del diputado, presidente municipal, regidor y síndico que pretendan reelegirse, pues atendiendo a la certeza, objetividad e imparcialidad que rigen la materia electoral, es que el Poder Constituido debe tomar en cuenta principios que rigen la materia electoral en beneficio de la colectividad quienes en algún momento se verán afectados en la incertidumbre de que un servidor público se presenta a laborar en el Congreso y en las comisiones u otro que exija su encargo como diputado, presidente municipal, síndico o regidor y, por el otro, en el mismo periodo del proceso electoral se presenten como candidatos, realizando proselitismo electoral contendiendo para el mismo espacio de gobierno.

• Es inequitativo, desigual e imparcial que un candidato que se registra por primera ocasión en la contienda se vea en desventaja frente a quienes se pretenden reelegir para ocupar el mismo puesto cuando ha tenido la oportunidad de demostrar en radio, televisión y en eventos como lo es la presentación de su informe de gobierno u otro, por ello, debe exigirse que dichos funcionarios dejen su cargo durante el proceso electoral y sea la ciudadanía quien decida si refrenda su trabajo o lo reprueba el día de la jornada electoral.

• Para que la figura de reelección sea clara y funcional, el Constituyente, en los artículos 115 y 116 de la Constitución Federal, estableció que las reelecciones de presidentes municipales, síndicos o regidores sería por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo no fuera superior a tres años, asimismo, que la postulación sólo podría realizarse por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieran postulado o que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato; aspectos que cumplen con los principios de certeza, imparcialidad y objetividad que rigen la materia electoral.

• Las disposiciones anteriores establecen variantes que se regulan dado que son supuestos que se considera afectan la certeza, imparcialidad y objetividad entre los contendientes en los procesos electorales por lo que se les da atención, sin que ello sea una limitante para que el Congreso en el Estado adopte criterios que considere puedan resultar perjudiciales y es el caso que aunque el Congreso Federal no haya previsto la separación del cargo de diputados, síndicos o regidores durante el proceso electoral, el Poder Constituido en el Estado tampoco reguló el riesgo evidente de transgresión a la norma, máxime que el órgano jurisdiccional de la materia ha emitido pronunciamiento respecto del daño que se ocasiona al permitir que una persona en su calidad de diputado pueda participar en la contienda electoral en ventaja y desigualdad frente a los ciudadanos que aspiran ocupar el cargo de diputados en el Estado.

• Los intereses personales de los servidores públicos que desempeñan un cargo de elección popular, son superados por el interés colectivo, por lo que es importante que se exija la separación del cargo durante el proceso electoral, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de razonar nuevamente su voto para que el día de la jornada electoral lo refrende o lo modifique ejerciendo su voto libremente.

• Lo dispuesto en la reforma a los artículos 16, tercer párrafo y 78, cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Baja California que contempla la figura de reelección deben ser estudiadas por este Alto Tribunal con el objeto de declarar inválidas las porciones normativas en cita, por vulnerar los principios de equidad, certeza, imparcialidad y objetividad que debe regir en las contiendas electorales e impedir la desigualdad entre los candidatos a ocupar el cargo de diputado, presidentes municipales, regidores y síndicos a través de la reelección y entre aquellos candidatos que por primera ocasión participan para ocupar alguno de los cargos previamente mencionados.

7. III. Partido Acción Nacional (acción de inconstitucionalidad 151/2020).

• Hechos: El veinte de enero de dos mil veinte se presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Baja California, iniciativa de reforma de los artículos 16 y 76 de la Constitución Política de dicho Estado.

• El veinte de abril de dos mil veinte la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aprobó el Dictamen Número 37 relativo a la iniciativa en cuestión.

• En sesión de once de mayo de dos mil veinte, por dieciocho votos a favor y seis votos en contra, se aprobó el referido dictamen y con una reserva en lo particular.

• A los Ayuntamientos de Playas de Rosarito, Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali, les fue solicitado su voto en relación con la aprobación realizada por el Pleno del Congreso del Estado del Dictamen No. 37 impugnado, de los cuales sólo el primero y el tercero de los Ayuntamientos mencionados dieron respuesta.

• El dieciséis de junio de dos mil veinte se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California número 33 especial tomo CXXVII, el Decreto Número 74, mediante el cual se aprobó la reforma a los artículos 16, 78 y 80 de la Constitución de ese Estado, mismo que carece de firma del gobernador del Estado y del secretario general de Gobierno.

Conceptos de invalidez

• Único. El Decreto Número 74 viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por constituir un acto legislativo inválido debido a que carece del requisito esencial de firma del gobernador del Estado y del secretario general de Gobierno, que para su validez y observancia constitucional exigen los artículos 33; 34; apartado C, párrafo segundo; 48; 52, fracción I, y 49, fracción I, de la Constitución Local.

• La firma del gobernador y secretario general de Gobierno, ambos del Estado de Baja California, en los decretos promulgatorios de reformas a la Constitución Local, representa la orden o mandamiento de formalizar la incorporación al orden jurídico local de la norma general contenida en el decreto respectivo y la autorización o refrendo de éste que se envió por parte del Congreso del Estado al Ejecutivo para publicarse, por lo que sin la firma carece de validez el decreto impugnado.

• Conforme a lo previsto en el artículo 13, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Administración Púbica del Estado de Baja California, para que un decreto promulgatorio de ley o de reforma resulte válido y obligatorio para los gobernados, debe estar firmado por el gobernador del Estado y por el titular de la Secretaría General de Gobierno.

• Existen diversos criterios jurisprudenciales de este Alto Tribunal en el sentido de que para que un decreto promulgatorio de una ley o reforma sea válido y de observancia constitucional, debe contener la firma del titular del Ejecutivo Estatal y por el titular de la Secretaría General de Gobierno, como en el caso lo prevé el orden jurídico del Estado o por el secretario del ramo que se trate en lugar de este último, de así estar regulado en la legislación local correspondiente.

• Si en el caso concreto el Decreto No. 74 impugnado carece de la firma del gobernador del Estado, éste no adquirió válidamente el carácter de norma general, conforme a lo previsto en los artículos 33 y 34, apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Local; por ello es que tal decreto transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica ante la falta de firma por el gobernador y por el secretario general de Gobierno.

• Este Alto Tribunal, al resolver los recursos de reclamación 139/2019-CA, 148/2019-CA y 128/2019-CA, relativos al Estado de Baja California, estableció que una norma general requiere agotar las etapas que permitan arribar a la promulgación y publicación, porque es hasta ese momento en que los actos que integran el procedimiento legislativo adquieren definitividad.

• Solicitó a este Alto Tribunal que declare la invalidez de la norma impugnada por vulnerar los artículos 14, párrafos primero y segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, por carecer del requisito esencial de firma del gobernador y del secretario general de Gobierno, ambos del Estado de Baja California, que para su validez y observancia es obligatoria conforme a lo previsto en los artículos 33, 34, apartado C, párrafo segundo, 48, 52, fracción I y 14, fracción I de la Constitución Local y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

8. IV. Acción de inconstitucionalidad 162/2020. Partido Revolucionario Institucional.

• Antecedentes: El diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia política electoral que modificó la fracción I del artículo 115 constitucional, en donde se dispuso que las entidades federativas tienen la obligación de integrar a sus Constituciones Locales el principio de reelección de los presidentes municipales, regidores y síndicos para el mismo cargo siempre y cuando los mandatos de los Municipios no excedieran tres años y la postulación se realizara por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

• De igual manera, en el citado decreto se modificó la fracción II, párrafo segundo, del artículo 115 constitucional, en el que se dispuso que las entidades federativas están obligadas a introducir en sus ordenamientos constitucionales la elección consecutiva de los diputados de sus Legislaturas, siempre y cuando las elecciones fueran hasta por cuatro periodos y que la postulación del diputado a reelegirse fuera realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato teniéndose implícitamente que la postulación podrá hacerse vía candidatura independiente siempre y cuando haya sido electo mediante tal mecanismo de participación política.

• Este Alto Tribunal, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 76/2016 y sus acumuladas 79/2016, 80/2016 y 81/2019, que trataron sobre el tema de elección consecutiva, se determinó que con motivo de la reforma constitucional de dos mil catorce las entidades federativas estaban obligadas a introducir en sus ordenamientos constitucionales la elección consecutiva de los diputados de sus Legislaturas, estableciéndose dos limitaciones impuestas constitucionalmente, teniendo los Estados de la república libertad de configuración legislativa para regular el régimen de la elección consecutiva, siempre y cuando se respetaran los criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

• En el texto de la Constitución de Baja California, reformado por Decreto No. 245, publicado en el Diario Oficial del Estado el nueve de junio de dos mil ocho se estableció que quienes pretendían reelegirse en los cargos municipales, regidores, síndicos y diputados locales, debían separarse del cargo cuando menos un día antes del inicio de la campaña electoral.

• El veinte de enero de dos mil veinte un diputado independiente presentó iniciativa de reforma a los artículos 16 y 78 de la Constitución del Estado. En sesión ordinaria celebrada por la XXIII Legislatura del Estado de Baja California se dio curso legal a la iniciativa turnándose a la Comisión de Gabinete, Legislación y Puntos Constitucionales, misma que fue dictaminada bajo el Dictamen Número 37.

• Ante la problemática de salud relativa al virus Covid-19 tanto este Alto Tribunal, en diversos acuerdos generales, y la XXIII Legislatura del Estado de Baja California, en diversas circulares, informaron que se suspendían labores.

• En sesión de once de mayo de dos mil veinte la Legislatura del Estado aprobó el Dictamen Número 37 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, dictamen por medio del cual fue aprobada la iniciativa de reforma a los artículos 16, 78 y 80 de la Constitución de Baja California.

• En el mismo día se remitieron diversos oficios suscritos por los diputados presidente y secretaria de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura del Estado y recibidos por los Ayuntamientos de Playas de Rosarito, Tijuana, Ensenada, Tecate y Mexicali. El trece de mayo de dos mil veinte fue solicitado el sentido de su voto en relación con la aprobación realizada por el Pleno del Congreso del Estado del Dictamen No. 37 antes referido.

• El doce de junio de dos mil veinte el Ayuntamiento de Tecate presentó ante la legislación del Estado, certificación del acta de sesión de Cabildo celebrada en la citada fecha en la que informó que por votación de mayoría absoluta no aprobó el Dictamen 37 impugnado. El dieciséis del mismo mes y año el Ayuntamiento de Playas de Rosarito presentó certificación del punto de acuerdo, relativo a la aprobación por mayoría de votos del citado decreto.

• En sesión de dieciséis de junio de dos mil veinte la Legislatura XXIII del Estado de Baja California llevó la declaratoria de validez de la reforma de los artículos 16, 78 y 80 de la Constitución del Estado, mediante la expedición del Decreto No. 74, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 33, número especial, tomo CXXVII, asimismo, hizo saber que los Ayuntamientos de Tijuana, Mexicali y Ensenada, no manifestaron expresamente el sentido de su voto, respecto de la reforma impugnada.

Conceptos de invalidez

• Primero. La reforma a los artículos 16, 78 y 80 de la Constitución del Estado de Baja California permite a los diputados locales, presidentes municipales, regidores o síndicos de un Ayuntamiento que pretendan ser reelectos en elecciones consecutivas, la posibilidad de que no se separen de su cargo, siendo ello un beneficio sólo para aquellos servidores públicos; pues tal beneficio no aplica para los demás servidores públicos que estén ejerciendo un cargo, condicionándolos a separarse de éste con un cierto tiempo de anticipación al día de las elecciones para competir por alguno de los cargos de elección popular, sin encontrar razonabilidad en la distinción de trato si el servidor público pretende reelegirse o va a postularse para un puesto distinto del que ejerce, a pesar de que todos son servidores públicos, con responsabilidades en sus funciones que son de valor e importancia en la dirección del gobierno, y el desempeñar las funciones que le correspondan con el sentido de responsabilidad que amerita, dando cumplimiento a las mismas desde el mome

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29627-9f6e7996/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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