ÍNDICE CRONOLÓGICO DEL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA EN LA QUE SE DICTA EL ACTO RECLAMADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 178, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SI AQUELLA DILIGENCIA NO SE CELEBRÓ POR NO HABERLO SOLICITADO LAS PARTES, NI CONSIDERADO PERTINENTE EL TRIBUNAL DE ALZADA, NO DEBE EXIGIRSE QUE SE ACOMPAÑE AQUÉL AL INFORME JUSTIFICADO.
AMPARO DIRECTO 103/2020. 21 DE ENERO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—En principio, y por razón de mandato constitucional, de manera preliminar conviene señalar que acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once siguiente, en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En ese tenor, debe decirse que este Tribunal Colegiado verificará la necesidad de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio, cuando se advierta que una norma es sospechosa o dudosa, de cara a los parámetros de control de los derechos humanos, para lo cual determinará si es indispensable una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, atendiendo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 4/2016 (10a.), visible en la página 430 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas», con número de registro digital: 2010954, de título y subtítulo:
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO."
Del estudio de la sentencia reclamada y de los conceptos de violación expresados en su contra, se advierte que son infundados.
Previo a demostrar lo anterior, se estima necesario acotar que dentro de las reglas que rigen la sustanciación del juicio de amparo directo en materia penal, el artículo 173 de la Ley de Amparo establece los supuestos jurídicos que actualizan, en los juicios del orden penal, una violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso.
Así, conforme a lo resuelto en el amparo directo en revisión 669/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, cada una con funciones específicas, las cuales se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que superada una no existe posibilidad de renovarla o reabrirla, de acuerdo con el principio de continuidad, previsto en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, que en el apartado B de dicho precepto permanecieron diversas hipótesis que no resultan acordes con la estructura, naturaleza y fines del sistema penal acusatorio, respecto al análisis de violaciones cometidas en etapas distintas a la de juicio oral, específicamente las fracciones VIII, IX, XII y XIII, donde se previeron como violaciones a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, supuestos que se materializan en las etapas preliminar o intermedia del juicio oral.
En ese sentido, con la finalidad de que el juicio de amparo funcione acorde con la estructura y naturaleza del procedimiento penal acusatorio y oral, conforme al citado artículo 20, de una interpretación conforme con la Constitución del artículo 173 mencionado, sólo podrán ser objeto de revisión constitucional en sede de juicio de amparo directo, las violaciones que se actualicen durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin que sea posible su estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal.
Por tanto, en consonancia con lo resuelto por la Primera Sala, se concluye que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir, exclusivamente, en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a situaciones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa, lo que es congruente con el artículo 75 de la ley referida, en el sentido de que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo se deberá apreciar el acto reclamado tal y como apareció probado ante la autoridad responsable, sin que sea posible admitir o tomar en consideración pruebas no rendidas ante ella, salvo cuando no se hubiere tenido la oportunidad de hacerlo; además, porque las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en la etapa correspondiente, así como a combatirlas a través de los medios de impugnación a su alcance; en el entendido que, de no hacerlo, se agota la posibilidad de solicitarlo y el hecho de que la exclusión de pruebas producto de la violación de derechos fundamentales no pueda plantearse de nueva cuenta en el juicio oral, no impide que la defensa del acusado cuestione el valor de las pruebas con la finalidad de desvirtuar la hipótesis de acusación.
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia PC.I.P. J/41 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada el viernes 13 de abril de 2018 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Tomo II, abril de 2018, página 962, materias común y penal, con número de registro digital: 2016595, de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO, SÓLO DEBEN ANALIZARSE LO ACTUADO Y LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE SE ACTUALICEN EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL, SIN ABARCAR ETAPAS PREVIAS."
Así como la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, página 175, materias común y penal, con número de registro digital: 2018868, de título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL."
A efecto de conocer el asunto, se estima oportuno acotar los hechos materia de acusación, que son del tenor literal siguiente:
"...el 19 de mayo de 2017, siendo aproximadamente las 10:15 horas, los acusados ********** y **********, se encontraban en el interior del inmueble ubicado en la calle **********, número **********, esquina con **********, de la colonia **********, de la delegación **********, lugar en donde **********, portando un arma de fuego, tipo escuadra, color negro, calibre ********** de la marca **********, amagaba y sometía a una persona del sexo femenino, mientras que **********, quien también portaba un arma de fuego, siendo ésta una tipo escuadra, de marca **********, calibre **********, con la cual amagaba y forcejeaba con las personas de nombres ********** y **********, momentos en los que llegaron elementos de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México **********, **********, ********** y **********, que al percatarse dichos imputados de la presencia de éstos, apuntaron sus armas hacia ellos y las accionaron; logran impactar en la humanidad del policía de nombre **********, que a consecuencia de dichas lesiones, dicho oficial perdió la vida y que una vez que acertaron, una vez que lograron darle en el cuerpo del policía antes mencionado, intentaron huir corriendo en diferentes direcciones, siendo que en (sic) primer nivel del inmueble, sobre las escaleras, se logró detener a **********, encontrándole en su poder, en su cintura, el arma de fuego, tipo escuadra, de color negro, calibre **********, de la marca **********; mientras que ********** fue asegurado en los momentos en que cayera de una barda, pues pretendía saltarse al domicilio contiguo, encontrándole en su poder un arma de fuego, tipo escudara, calibre **********, de la marca **********..."
Ahora bien, precisado lo anterior, contrario a lo alegado por el quejoso, no se advierte violación a lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, pues este tribunal observa que durante las audiencias se respetaron los principios en que se basa el sistema penal acusatorio, como son: la publicidad, la concentración, la continuidad, la contradicción y la inmediación, así como los correspondientes a la igualdad entre las partes, igualdad ante la ley, legalidad, debido proceso y defensa adecuada, contemplados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estando en todo momento presente el sentenciado, debidamente asistido por su defensa e informado de los hechos que se le imputan; fue juzgado por un tribunal imparcial que estuvo presente en todo momento durante el desahogo del juicio en sus diversas etapas; en este sentido, estuvo en oportunidad legal de desahogar pruebas conducentes a la pretensión de su defensa; durante el procedimiento se le trató como imputado, respetándose en todo momento el principio de presunción de inocencia, sin existir en actuaciones dato alguno sobre juicio seguido en su contra por los mismos hechos; en conclusión, se atendieron las reglas del debido proceso legal, razón por la cual se sostiene la legalidad del juicio oral que se llevó a cabo para juzgarlo.
De ahí que puede sostenerse que, en el caso, se dio cabal cumplimiento a los principios rectores del proceso penal acusatorio, lo que se comprueba con los discos de audio y video remitidos con el informe justificado y que son los que tuvo a la vista la autoridad responsable para la emisión del acto reclamado, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Amparo.
En efecto, de dichos instrumentos consta que las audiencias fueron de carácter público, lo que se constató con la observación de los discos de audio y video que fueron remitidos por la autoridad responsable con la demanda de amparo y que corresponden al registro de cada una de las diversas audiencias llevadas a cabo ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México y con la versión escrita de la sentencia de apelación.
De igual forma, se cumplió con el principio de contradicción, pues las partes debatieron los hechos y argumentos jurídicos de la contraparte y tuvieron la oportunidad de controvertir los medios de prueba de la contraria, para lo cual, hicieron comparecer a los policías preventivos, testigos y peritos, a quienes interrogaron y contrainterrogaron y, en el caso, el acusado, a través de su defensa particular, expresó las razones para debatir los hechos o los argumentos jurídicos del agente del Ministerio Público, tal como igualmente se advierte de los diversos discos de audio y video relacionados con la causa de origen.
Como se advierte del contenido de los aludidos discos de audio y video, las audiencias fueron continuas, en razón de que se desarrollaron sin interrupciones.
También se cumplió con el principio de inmediación, pues como puede observarse del contenido de los diversos discos de audio y video remitidos, el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento tomó conocimiento personal del material probatorio introducido en la audiencia del juicio oral, y escuchó directamente los argumentos de las partes, sin delegar sus funciones en persona o funcionario alguno; además, tanto el Juez del tribunal oral, el Ministerio Público, el asesor jurídico de las víctimas, la defensa y el acusado estuvieron presentes permanentemente en el desarrollo de las mismas.
En las referidas jornadas de audiencia las partes expusieron los argumentos de acuerdo con los intereses que representan; en los alegatos de apertura, formularon su teoría del caso, según correspondía, interrogaron y contrainterrogaron a los testigos, objetaron las preguntas de su contraria y el Tribunal de Enjuiciamiento, de manera inmediata, las resolvió sobre sus objeciones y planteamientos.
Asimismo, en el caso se buscó la solución del conflicto y que no quedara impune la conducta; por tanto, existe certidumbre jurídica que sí se respetaron y se cumplieron con los principios del debido proceso, hasta el dictado de la sentencia de primer grado, que fue apelada por el ahora quejoso, lo que evidencia que se impugnó a través del recurso ordinario previsto por la ley del acto; demostrando con ello que se respetó el derecho humano a que el fallo condenatorio sea sometido a un tribunal superior (recurso judicial), en los términos que prevén los numerales 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 2, incisos a) y b) (sic), así como 14, numeral 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 396 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, materias constitucional y común, con número de registro digital: 2005716 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas», de título y subtítulo:
"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO."
Además, la fundamentación y motivación constituyen un elemento básico del derecho humano a la legalidad en sentido amplio, reconocido en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la esencia del régimen jurídico de todo Estado de derecho, en la medida en que se sustenta en la idea de que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, es decir, todo acto de autoridad debe ser expresión del derecho, tiene como finalidad evitar que la autoridad actúe arbitrariamente y, en su caso, permite que el gobernado tenga la posibilidad de defenderse, la cual alcanza a través de la exigencia de que los actos de autoridad sólo se emitan cuando se cuente con un respaldo legal y exista un motivo para ello; por tanto, su cumplimiento deriva de explicitar la observancia de las exigencias legales que se establezcan para el acto de autoridad de que se trate; en ese sentido, se constata que la confirmación en dicha apelación de segunda instancia, se funda en la ley exactamente aplicable al caso, pues el tribunal de alzada, al no encontrar violación alguna, confirmó la sentencia primaria, lo cual resulta correcto.
Ahora bien, este órgano colegiado ha sostenido que el artículo 178, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dispone que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, tratándose del sistema procesal penal acusatorio, deberá acompañar un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes; de manera que la omisión de su envío, advertida durante el dictado de la sentencia de amparo, constituye una violación procesal en la tramitación del juicio de amparo directo, suficiente para ordenar su regularización y requerir a la autoridad responsable dicha remisión; máxime cuando la audiencia aludida no fue videograbada, toda vez que es en ese índice donde el Tribunal Colegiado de Circuito podrá percatarse si la audiencia referida se celebró en la forma prevenida por la ley, particularmente en el artículo 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y constatar si se respetaron las formalidades del procedimiento en la apelación; sin embargo, si no se celebró esa diligencia, en razón de que la defensa oficial del quejoso no solicitó en el escrito de interposición del recurso de apelación exponer oralmente alegatos aclaratorios, ni lo consideró pertinente la autoridad de alzada, según lo prevé el diverso numeral 476,(1) párrafo segundo, del código mencionado, no debe exigirse el acompañamiento del aludido índice al informe justificado, por lo que se estima correcto y apegado a la legalidad que la resolución que resolvió el recurso de apelación se haya dictado únicamente en forma escrita, y así deba ser analizado en cuanto a su constitucionalidad.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.9o.P.152 P (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado, visible en la página 2927 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo IV, junio 2017 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de junio de 2017 a las 10:29 horas», con número de registro digital: 2014618, de título y subtítulo:
""
En relación con lo alegado en el sentido de que se violó lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin precisar en qué consiste tal violación, en principio, debe decirse que el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica; estas etapas se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista la posibilidad de renovarlas o reabrirlas, lo que constituye el principio de continuidad previsto en dicho precepto constitucional, el cual disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide –investigación, intermedia y juicio– cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por ello, las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente pues, de lo contrario, se entiende, por regla general, que se ha agotado su derecho a inconformarse. Así, de acuerdo con lo previsto en la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, el Juez o Tribunal de Enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio, a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, lo cual se advierte fue respetado en el caso concreto. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto, sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas.
Por lo hasta aquí expuesto, se estiman infundados los conceptos de violación primero, segundo, tercero y cuarto, alegados por el quejoso, en cuanto a que existe violación a los artículos 14, 16 y 20 constitucionales.
Precisado lo anterior, este órgano de decisión constitucional advierte que es legal la sentencia reclamada, en la que se consideró acreditado el delito de homicidio calificado previsto en los artículos 123 (al que prive de la vida a otro), 124 (se tendrá como mortal la lesión cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados) y 289 (al que cometa un delito en contra de un agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones) del Código Penal para el Distrito Federal, así como por demostrada la plena responsabilidad penal del ahora quejoso en su comisión, con el carácter de coautor, a que se refiere la fracción II del dispositivo 22 del propio ordenamiento legal citado pues, para ello, la autoridad responsable analizó íntegramente la resolución reclamada y contestó los agravios respectivos, para lo cual calificó y compartió las consideraciones del Tribunal de Enjuiciamiento, quien valoró las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio oral, con base en las reglas de valoración de las pruebas establecidas en los artículos 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales consistieron en:
1. Declaración de José Alfonso Treviño García, policía preventivo de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, en audiencia de catorce de mayo de dos mil dieciocho, quien ante el personal actuante, a preguntas de la Ministerio Público, en lo que interesa, respondió: (marcador 47:27 a 1:09:50 CD 1) ser policía preventivo en la Ciudad de México, del Sector Quiroga; para el desempeño de sus funciones fue capacitado en preservación de lugar de los hechos, juicios orales y cadena de custodia; el motivo de su presencia ante ese tribunal fue por el homicidio de **********, del cual fue testigo; el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, a las diez horas con dieciocho minutos, patrullaba con ********** y vía radio les informaron que acudieran a las calles de ********** y **********, colonia ********** para que atendieran un llamado de alerta por detonaciones; llegaron al lugar y entraron por **********, que era un callejón; la gente les indicó que debían dirigirse "hacia el fondo", al domicilio tipo vecindad señalado con el número **********, escucharon mucho movimiento y gritos; afuera del domicilio observaron un taxi con vidrios rotos y casquillos percutidos de arma de fuego en el piso; su compañero ********** volteó y le dijo "pídete apoyo"; en ese instante observó que el joven, al que reconoció en esa sala de audiencias sentado al lado de la defensora pública, tenía a una señora amagada en el patio del interior (sic) del inmueble señalado con el número **********; por lo que solicitaron refuerzos e ingresaron con cautela al domicilio, debido a que éste se encontraba en "zigzag"; sin embargo, su compañero **********, Salvador Montes y el declarante, fueron sorprendidos por disparos que realizó **********; decidieron salir del inmueble y repelieron de igual forma la agresión; vio que ********** accionó su arma en contra de **********, quien no accionó su arma y cayó muerto, debido a dos impactos de bala en el rostro; entraron y aseguraron a los acusados con la fuerza necesaria para trasladarlos; él detuvo a ********** cuando intentó escapar por un techo de lámina que se rompió y facilitó su aseguramiento; le realizó una revisión preventiva en la que encontró un arma escuadra (sic) que resguardó sin guantes y aseguró en su chaleco, debido a la premura de la situación para su posterior resguardo; desconoció lo que ocurrió con la persona que se encontraba amagada, pues la perdió de vista, porque priorizó la captura de quienes les dispararon; al momento de lo ocurrido, sólo se encontraban junto a él, José Salvador Montes Torres, ********** y, detrás, su compañero José Luis Arzate Godoy, quien llamó a la ambulancia que llegó posteriormente; vio que al otro acusado lo aseguró José Salvador Montes Torres, y reconoció a las personas presentes en la sala de audiencias como las mismas que participaron en el lugar de los hechos; observó que los acusados accionaron sus armas en contra de su compañero occiso; a preguntas del asesor jurídico respondió: le realizó una revisión preventiva en la que encontró un arma de fuego tipo escuadra; sin guantes la sujetó con dos dedos y la introdujo en su chaleco para su resguardo, la entregó junto con su arma al Ministerio Público para que la Fiscalía de homicidios realizara las pruebas periciales correspondientes; a preguntas de la defensora pública de **********, respondió: a fin de que no le hicieran daño a la persona amagada, entraron; sin embargo, ********** y la otra persona les dispararon, por lo que repelió la agresión accionando su arma Bloc 9 mm (sic), la cual entregó al Ministerio Público de la Fiscalía de homicidios para que realizara las pruebas correspondientes; en respuesta al reporte de peligro y riesgo inminente entró de inmediato, y observó que a siete metros estaban amagando a la señora que indicaron, y su compañero occiso se encontraba a medio metro de él, su compañero no accionó su arma de fuego; a preguntas de la defensa particular del quejoso **********, respondió: él, su compañero ********** y Arzate Godoy se encontraban a siete metros de distancia de la persona que fue amagada; ********** fue el primero que realizó disparos; posteriormente, los dos, pues ambos estaban armados; su compañero cayó a menos de un metro de la puerta de entrada, pues apareció (sic) que el quejoso les empezó a disparar; a preguntas de la agente del Ministerio Público respondió: no portaba guantes, pues por la premura de la situación, era obvio que no trajeran guantes puestos, no pensaron que estuvieran en una situación de esa magnitud; de momento, la institución no les proporciona guantes, ellos los compran; al momento del aseguramiento se abocó a la detención de la persona, su compañero a la otra y Arzate Godoy pidió ambulancia (sic) para que recibiera los primeros auxilios su compañero **********, y en la confusión de la situación, desconoce para dónde se hayan ido los demás; su visión siempre fue al frente, pues estaba ahí el riesgo; a preguntas del asesor jurídico respondió: el lugar en el que sucedieron los hechos era el área común de la casa, la entrada de la vecindad tenía una puerta de dos hojas, un pasillo largo en zigzag, la parte de la entrada estaba techada y la parte en la que ven a los sujetos amagando a la mujer estaba a la intemperie; los sujetos se ubicaban a siete metros hacia adentro del domicilio; a preguntas de la defensora pública respondió: sólo vio disparar a **********. (marcador 1:09:50 CD 1)
2. Declaración de José Salvador Montes Torres, policía adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, de ocho de junio de dos mil dieciocho, ante el personal actuante, a preguntas de las partes, en lo que interesa respondió: (marcador 15:15 a 37:20 CD 5) el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, a las diez horas con quince minutos, se encontraba en su sector, ubicado en calle **********, colonia ********** de la ********** esperando a su director; en ese momento, escucharon en el radio de la corporación sobre la emergencia de disparos en la calle **********, abordaron la patrulla y se dirigieron al domicilio, al llegar observaron que se encontraba otra unidad, sus ocupantes, por indicación de los vecinos, se dirigían a un domicilio que les señalaban, por lo que corrió y alcanzó a **********, entraron a la vecindad por el lado derecho y el declarante por la izquierda, se encontraron con tres sujetos, uno de ellos vestía playera blanca y se encontraba del lado derecho frente a su compañero (en ese momento, en la audiencia, reconoció a dicho sujeto como el que ahora sabe responde al nombre de ********** que usaba playera blanca) y tenía amagada a una mujer y, en la otra mano, portaba una pistola negra y del lado izquierdo estaba otro sujeto con una capucha negra (sujeto que reconoció en la sala de audiencias con playera café **********), sin mediar palabras, les empezaron a disparar; sin embargo, las detonaciones las realizaron directamente a su compañero **********, en cuestión de segundos, su compañero cayó hacia atrás; de inmediato los sujetos "abaniquearon" sus armas hacía él para dispararle, por seguridad de la mujer, que todavía estaba amagada, consideró no utilizar su arma, por lo que únicamente se protegió detrás del zaguán, mientras siguió escuchando las detonaciones; del lado izquierdo observó a sus compañeros Treviño y Godoy, quienes hicieron algunas detonaciones; posteriormente, ingresó Treviño, que persiguió al de capucha negra y él por el lado izquierdo, al sujeto de playera blanca de tirantes, y en el pasillo del primer nivel le indicó que se detuviera, éste levantó las manos y le realizó una revisión preventiva y, a la altura de la cintura, entre sus ropas, encontró una pistola con cachas negras, un celular color plata; lo aseguró junto con los objetos descritos, bajaron las escaleras hacia la unidad de cargo, haciéndole de su conocimiento sus derechos y el motivo por el cual fue detenido y sería traslado a la agencia ministerial; recopilaron información sobre los cuatro detenidos, que fueron dirigidos a la agencia ministerial; a preguntas de las partes, respondió: que su jefe era Fabián Moreno; los policías que ya estaban en el lugar eran ********** y su compañero de labor Treviño García, en el domicilio calle **********, con un zaguán que estaba abierto; no se percató dónde fueron los impactos de los disparos que hicieron los sujetos a su compañero; el arma del sujeto con playera de tirantes era negra, con cachas negras y la otra "medio" cromada, la cual no volvió a ver; del momento que entraron al inmueble mencionado al momento de la detención, transcurrieron quince minutos; desconoce cómo fue asegurado el otro sujeto; no vio salir del domicilio a su compañero **********, pues se quedó en el piso; el sujeto de playera blanca de tirantes sujetaba del lado derecho a la mujer mencionada y del lado izquierdo, enfrente del declarante, estaba el sujeto de capucha negra (que en la sala de audiencias identificó como el sujeto de playera café –quejoso–); no pudo dar la media filiación de la mujer que estaba amagada, sólo consideró que tenía de treinta y cinco a cuarenta años; en todo momento tuvo a la vista a la persona que detuvo, después de que salió del domicilio, hasta que hizo la detención; no accionó su arma, por seguridad de la persona que se encontraba amagada, aunque sus otros compañeros sí lo hicieron; el sujeto que amagó por el cuello a la mujer lo hizo por el lado izquierdo y en la mano derecha portaba un arma, tipo escuadra, negra, calibre **********, cartuchos **********, con bala expansiva, arma que aseguró guardándola en su ropa, sin llevar guantes; al momento de los hechos, durante los quince minutos en los que transcurrieron los hechos, mencionó que despué
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29747-2c709e2f/indice-cronologico-del-desahogo-de-la-audiencia-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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